Hortensia Beatriz Mendiola Inclan

Expediente 973/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
973/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Hortensia Beatriz Mendiola Inclan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desechada de plano la demanda de amparo; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria actuante hizo constar que se incorporaron cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo; por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Quejosa pretende desistirse del juicio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado electrónicamente por la quejosa ********************mediante el cual manifiesta que es su deseo desistirse del presente juicio de amparo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo legal para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de septiembre del año en curso. No ha lugar. Atento a lo anterior, dígasele a la promovente que no ha lugar acordar de conformidad con su petición, puesto que, mediante determinación de veintiocho de septiembre pasado, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la mencionada quejosa, por los motivos ahí expuestos, de ahí que no sea procedente tenerla por desistida del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de octubre de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista el acuerdo de veintiocho de septiembre de este año, a la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de ley de amparo, en virtud de no haber compareció a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal; que al letra dice: Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Ratifica escrito aclaratorio. Vista la comparecencia que antecede, se advierte que la quejosa Hortensia Beatriz Mendiola Inclan, ante presencia judicial, ratificó el escrito aclaratorio de demanda marcado con folio 14138. Cumple prevención. Atento a lo anterior, se le tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada en autos, puesto que del mencionado ocurso se aprecia que el juicio ordinario civil (acción de nulidad de juicio concluido) con número 1254/2022, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, promovido por la aquí quejosa, se encuentra en trámite. Desechamiento. Una vez analizados los escritos de demanda y aclaratorio del mismo, así como sus anexos, se advierte que debe desecharse de plano la mencionada demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: TANIA AGUILAR HERRERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.8b.31 27/10/23 20:27:21 a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones. Mientras que lo indudable, se actualiza cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sustenta lo anterior la tesis II.2o.C.T.19 K1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y 1 Visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página: 618. manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 6 K (9a.)2, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de 2 Visible en la página 3772, del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro IUS 160553. manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto." Actos reclamados. En el caso, de una lectura íntegra a la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el mismo3, se obtiene, que la promovente de amparo, esencialmente reclama: ? La omisión del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, en dar cumplimiento a la suspensión de la ejecución de sentencias y convenios judiciales dentro del juicio ejecutivo mercantil 613/2015 de su índice, con motivo de la medida cautelar decretada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil (acción de nulidad de juicio concluido) con número 1254/2022, de la estadística del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, promovido por la aquí quejosa Hortensia Beatriz Mendiola Inclan, y como consecuencia de ello, la ejecución de las sentencias y convenios judiciales dentro del juicio ejecutivo mercantil en cita. Al respecto, este órgano de control constitucional estima de forma oficiosa la actualización del motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes. 3 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 40/20003, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el primer artículo y fracción indicados con antelación, se prevé que además de los supuestos considerados casuísticamente en cada uno de los apartados del ordinal 61 de la ley de la materia, la improcedencia de la instancia constitucional puede tener sustento en alguna otra disposición de ese cuerpo legislativo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la referida legislación, precisa que el juicio de amparo en la vía indirecta, procede contra actos de tribunales judiciales emitidos dentro de un juicio, solamente si se generan consecuencias de imposible reparación. Es conveniente patentizar que a partir del tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la ley de la materia aplicable, se proporcionó una mayor seguridad jurídica en cuanto a la procedencia del proceso constitucional bi-instancial que se hace valer en contra de actos susceptibles de ser catalogados como de imposible reparación. Ello es así, ya que el legislador definió que las actuaciones de esa clase, necesitan producir una afectación material en los derechos sustantivos reconocidos en sede constitucional o convencional, lo cual implica que sus consecuencias deban ser de tal gravedad que impidan en forma real y actual el ejercicio de algún derecho de la naturaleza mencionada; de ahí que no sea suficiente la circunstancia de que provoquen una lesión de índole formal que pueda o no trascender al resultado del fallo. Por consiguiente, los actos de imposible reparación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procedimental, además, afectar bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En suma, la procedencia del juicio tutelar de derechos humanos en el supuesto examinado, se encuentra condicionada a que las prerrogativas dañadas sean necesariamente sustantivas, expresión antagónica a los derechos de origen formal, donde la atentación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender en el desenlace del procedimiento con una resolución desfavorable, momento en que sus secuelas pueden consumarse de manera efectiva. Consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)4, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulteri or recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador 4 Registro digital: 2006589; Décima Época; Materia(s): Común; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39. secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario establecer los antecedentes más relevantes establecidos en la demanda de amparo y escrito aclaratorios: 1. La promovente Hortensia Beatriz Mendiona Inclan, manifestó que, en Tijuana, Baja California, presentó demanda en la vía ordinaria civil ejerciendo la acción de nulidad de juicio concluido en contra del procedimiento ejecutivo mercantil 613/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad de México, a quien por razón de turno le tocó conocer al Juzgado Quinto de lo Civil, en esta ciudad, radicándolo bajo el número 1254/2022. 2. Dentro del juicio ordinario civil 1254/2022, la quejosa solicitó, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California y 737-D6 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se 5 ARTÍCULO 33.- El procedimiento se suspende: I.- Cuando en un procedimiento civil se denuncie un hecho que constituya delito, siempre que se llenen los siguientes requisitos: A) Que con motivo del ejercicio de la acción penal se libre orden de aprehensión; B) Que lo pida el Ministerio Público en el juicio civil; y C) Que los hechos denunciados sean de tal naturaleza, que si se llega a dictar sentencia en el juicio penal con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el juicio civil. El procedimiento civil, salvo disposición en contrario, sólo se suspenderá en la parte relacionada con el hecho delictuoso y la suspensión se mantendrá hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio penal, o antes, si se decretare libertad por falta de méritos o desvanecimiento de datos o el procedimiento concluya por cualquier motivo sin decidir sobre los hechos delictuosos denunciados. II.- Cuando el mismo u otro Juez deban resolver una controversia civil cuya definición sea previa a la decisión del juicio. Este podrá suspenderse total o parcialmente, según afecte la controversia todo o parte del fondo del negocio; III.- A petición de todas las partes interesadas, siempre que no se afecten derechos de tercero, y por un período que en ningún caso exceda de dos meses; y IV.- Cuando una de las partes interesadas o ambas, siempre que no se afecte el interés público o de terceros, solicite al Juzgador la mediación y conciliación hasta antes de la citación a sentencia, suspendiéndose el procedimiento por un período de dos meses en los términos previstos por la Ley de la materia; V.- En los demás casos en que la Ley lo determine. La suspensión se hará constar a petición de parte o de oficio y la reanudación del procedimiento una vez que cese la causa que motivó la suspensión, será ordenada por auto del Juez. Es aplicable en cuanto a la suspensión del procedimiento, lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo anterior. El auto que ordene la suspensión y el que levante será apelable en el efecto devolutivo. 6 Artículo 737 D.-En ningún caso podrá interponerse la acción de nulidad de juicio concluido: I. Si ha transcurrido un año desde que hubiere causado cosa juzgada la resolución que en ese juicio se dictó y; II. Si han transcurrido tres meses desde que el recurrente hubiere conocido o debió conocer los motivos en que se fundare la misma. Juicio de Amparo 973/2023-V decretara la suspensión de la ejecución de las sentencias y convenios judiciales que obraran dentro del juicio ejecutivo mercantil 613/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad de México, entre otros juicios. 3. En atención a ello, el Juzgado Quinto de lo Civil, en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil 1254/2022, mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, decretó la suspensión de la ejecución del juicio ejecutivo mercantil 613/2015, del índice de la mencionada autoridad responsable, entre otros juicios, ello hasta en tanto se resolviera el fondo de la nulidad planteada, y al efecto giró exhorto para que por conducto del juez competente, se le hiciera del conocimiento de tal determinación al Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad de México. 4. Asimismo, refirió que el mencionado exhorto, por razón de turno tocó conocer al Juez Trigésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad de México, el cual registró bajo el número 1094/2022 de su estadística. Posteriormente, lo devolvió a su lugar de origen el ocho de noviembre de dos mil veintidós, a su decir, por haber cumplido con lo ahí encomendado. 5. Sin embargo, manifestó la quejosa que, al no haber quedado acreditado en autos del juicio 1254/2022, que la autoridad aquí responsable Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad de México, hubiese cumplido con lo ordenado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, esto es, hubiese suspendido la ejecución de la sentencia y convenios judiciales dentro del juicio ejecutivo mercantil en cita; solicitó de nueva cuenta al Juez Quinto de lo Civil en esta localidad, para que girara un nuevo exhorto al juez competente de Ciudad de México. 6. El mencionado exhorto fue radicado ante el Juez Trigésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, quien lo registró bajo el número 685/2023; que por auto de cuatro de julio del año en curso, acordó devolverlo a su lugar de origen. 7. No obstante de ello, manifestó la quejosa que a la fecha de la presentación de la demanda -dieciséis de agosto de dos mil veintitrés-, hubiese dado cumplimiento la autoridad responsable con la suspensión de la ejecución de sentencia y convenios judiciales del multicitado juicio ejecutivo mercantil. 8. Cabe precisar que la parte quejosa refirió que, la ejecución del mencionado juicio ejecutivo mercantil, recae sobre los bienes inmuebles, que dice (sin que tal cuestión sea materia de éste juicio), son de su propiedad, los cuales se identifican como: 1) Lote 3, perteneciente a la manzana 3, Conjunto Urbano de Tipo Industrial denominado "Parque Industrial Ixtlahuaca", ubicado en el Barrio de San Pedro, perteneciente al Municipio y Distrito de Ixtlahuaca, Estado de México, y 2) Lote 4, perteneciente a la manzana 3, Conjunto Urbano de Tipo Industrial denominado "Parque Industrial Ixtlahuaca", ubicado en el Barrio de San Pedro, perteneciente al Municipio y Distrito de Ixtlahuaca, Estado de México. 9. Finalmente, la parte quejosa en el escrito aclaratorio de demanda registrado con folio 14138, hizo manifestaciones en el sentido de que el juicio ordinario civil relativo a la acción de nulidad de juicio concluido 1254/2022, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, se encuentra en trámite. Sentado lo anterior, se vuelve a recordar que en la especie, la quejosa reclama, "a su decir", la omisión del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, en dar cumplimiento a la suspensión de la ejecución de sentencias y convenios judiciales dentro del juicio ejecutivo mercantil 613/2015 de su índice, con motivo de la medida cautelar decretada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario civil (acción de nulidad de juicio concluido) con número 1254/2022, de la estadística del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, promovido por la aquí quejosa Hortensia Beatriz Mendiola Inclan, y como consecuencia de ello, la ejecución de las sentencias y convenios judiciales dentro del juicio ejecutivo mercantil en cita. Sin embargo, sin que implique un análisis de fondo, se destaca que lejos de aceptar que existe la "omisión" reclamada, lo cierto es que la accionante está en posibilidad de acudir, en su calidad de parte actora, dentro del juicio ordinario civil (acción de nulidad de juicio concluido) con número 1254/2022, de la estadística del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California. A fin de que la mencionada autoridad realice las acciones judiciales correspondientes, para cumplir con la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, que ella misma emitió como medida cautelar en favor de la aquí quejosa. Es decir, el acto reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación, a pesar de que la inconforme aduzca la negativa destacada entendida como un no hacer de la autoridad, empero ésta no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en el que la agraviada es parte y por ende, se encuentra facultada, se reitera, para instar ante la autoridad jurisdiccional correspondiente para que emita las actuaciones respectivas para lograr que la autoridad responsable, en el caso, Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, cumpla con lo decretado dentro del juicio ordinario civil (acción de nulidad de juicio concluido) con número 1254/2022. Más aún, pues la propia quejosa refirió que el juicio de origen se encuentra en trámite, por lo que, la medida cautelar de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós7, consistente en la suspensión de la ejecución de las sentencias y convenios judiciales que obraran dentro del juicio ejecutivo mercantil 613/2015, del índice del Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en Ciudad de México, entre otros juicios, sigue surtiendo efectos, pues la propia autoridad judicial Juez Quinto de lo Civil en Tijuana, Baja California, así lo decretó en el aludido proveído8. Consecuentemente, los actos reclamados no son de imposible reparación, toda vez que no afectan algún derecho sustantivo de la parte quejosa, esto es, no impiden el ejercicio de una prerrogativa fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Pues se insiste, la quejosa al ser parte actora dentro del juicio ordinario civil (acción de nulidad de juicio concluido) 1254/2022, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil en Tijuana, Baja California, puede hacer valer los derechos de defensa que le correspondan, en específico, solicitarle al mencionado juez, que se dé efectivo cumplimiento a lo decretado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, pues el juicio continúa en trámite y por ende, continúa surtiendo efectos la medida cautelar emitida en el proveído en cuestión. Por consiguiente, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Hortensia Beatriz Mendiola Inclan. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la promovente acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo, así como esperar a que la responsable rinda su informe con justificación y remita las constancias que sirvieron para emitir el acto reclamado, dado que, desde este momento procesal, esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes para determinar la improcedencia de la demanda de amparo, ya que dada la naturaleza del acto reclamado se advierte, éste no es de imposible reparación, y por ende, se actualiza la causal anteriormente estudiada, por lo que, aunque se admitiera la demanda, ninguna prueba o información proporcionada por las partes variaría el sentido de esta determinación. Capturas en sistema. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para los efectos administrativos correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria Tania Aguilar Herrera que firma y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la parte quejosa, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Subsiste prevención. Sin embargo, de un análisis al escrito de cuenta, no se aprecia que hubiese cumplido con la prevención, puesto que hizo diversa narrativa del juicio ordinario civil 1254/2022 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, sin que hubiese precisado con exactitud el estado procesal en que guardan dichos autos. Circunstancia que se insiste, se estima necesario tener certeza, a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y la autoridad esté en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado; además que, en todo caso, para estar en aptitud de proveer sobre la suspensión del acto que reclama. Por tanto, reitérese a la promovente que subsiste el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de los actuales. En consecuencia, ya que la presentación de su escrito aclaratorio interrumpió el plazo de cinco días que se le otorgó para dar cumplimiento, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, le restan tres días del plazo otorgado, a fin de cumplir con el aludido requerimiento, el cual empezará a computarse una vez que surta efectos la notificación del presente proveído; por tanto, subsiste la prevención realizada en el citado acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XXII.1o.8K (10ª.), cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. SU PRESENTACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en la prevención hecha en autos. Notifíquese personalmente a la promovente.

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