Hubel Estrada Dichi

Expediente 976/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
976/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Hubel Estrada Dichi

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Atendiendo al estado procesal de los autos y a la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, archívese este expediente como asunto concluido. [...]. De igual forma, se indica que conforme a la certificación que antecede en este expediente no existen documentos considerados originales... Notifíquese.

  2. Principal

    Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 976/2019. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, este Juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por Hubel Estrada Dichi, pues de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo se considera que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. Ahora, del estudio integral de la demanda se revela que Hubel Estrada Dichi, plantea como acto reclamado de manera destacada el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 694/2012, del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito del Centro, Oaxaca, en el cual se ordenó a la actuaria judicial que le notificara a la parte demandada Hubel Estrada Dichi -aquí quejoso- dicho proveído y lo requiriera para que hiciera pago a la cantidad a la que fue condenado a través de la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil quince y para el caso de que no lo hiciere, le embargara bienes suficientes de su propiedad que garanticen el pago por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En la especie, el acto reclamado, carece de definitividad para los efectos del amparo, toda vez que en su contra procede el recurso de revocación, en términos de los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, por tratarse de un auto no apelable. De igual manera, es obvio que el acto que reclama el amparista, no se encuentra dentro de los contemplados por el artículo 15 de la ley de la materia, lo que implica que esas actuaciones no actualizan los supuestos precisados en el dispositivo invocado (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Máxime, que es evidente que el auto que reprocha el quejoso no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ni la entrega de los bienes rematados. En ese contexto, se demuestra que la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de defensa legal por el cual el acto reclamado puede ser revocado, modificado o nulificado e incluso obtener la suspensión del mismo y al no haberlo hecho así, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el presente juicio de garantías. En razón de lo antes expuesto, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y por autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a Noel Valdivieso Tapia, debido a que esta dado de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos con el fin de tomar fotografías en el presente asunto de conformidad con lo previsto en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

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