Hortencia Mora Martínez

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Hortencia Mora Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en este cuaderno incidental, se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 26/2021, promovido por **. ANTECEDENTES Según consta en autos, la quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables la aprobación y continuación de la obra denominada rehabilitación del nuevo panteón municipal en la zona poniente de la población de Zaachila, Oaxaca, sin contar con los estudios correspondientes, lo cual repercute en su salud. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ** presentó un escrito el catorce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades Cabildo Municipal y Presidente Municipal de la Villa de Zaachila, Oaxaca, Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca y Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, en su carácter de ordenadoras; y al Director de Obras Públicas Municipales de la Villa de Zaachila, Oaxaca, en su carácter de ejecutora; de quienes reclama la aprobación y continuación de la obra denominada rehabilitación del nuevo panteón municipal en la zona poniente de la población de Zaachila, Oaxaca. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 26/2021; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la quejosa esencialmente reclama lo siguiente: La aprobación, continuación y permisos otorgados para la obra denominada rehabilitación del nuevo panteón municipal en la zona poniente de la población de Zaachila, Oaxaca, sin contar con los estudios correspondientes, ya que ponen en riesgo su salud y la de los vecinos. Su ejecución material. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados negando la existencia de los actos reclamados, tal y como se expone en el cuadro siguiente: NO. AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME 1 Apoderado legal del Ayuntamiento de Villa de Zaachila, Oaxaca, en representación del Cabildo Municipal, Presidente Municipal y Dirección de Obras Públicas Municipales. Niega 2 Presidente Municipal de Villa de Zaachila, Oaxaca (ratificó informe). Niega 3 Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca. Niega 4 Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. Niega No pasa inadvertido que al ratificar su informe justificado el Presidente Municipal de Villa de Zaachila, Oaxaca, manifestó que la administración 2019-2021 de dicho Ayuntamiento, no ha emitido ninguna orden relacionada con la edificación de un nuevo panteón municipal; empero, que fue la administración anterior la que inició un proyecto relacionado con la construcción de un panteón en esa población y como consecuencia solicitaron diversos estudios e iniciaron distintos trámites con dependencias de gobierno, a los cuales únicamente se les ha dado seguimiento. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa dentro de los causes y formas previstas en la ley reglamentaria. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta, por medio del cual el autorizado de la quejosa Hortensia Mora Martínez, manifiesta que con motivo de la vista de la ratificación del informe justificado de la autoridad responsable Presidente Municipal de Villa de Zaachila y a fin de acreditar la existencia del acto reclamado y su interés jurídico ofrezco las pruebas de inspección judicial y la documental en vía de informes. Atento a lo anterior, dígasele a la promovente que su anunciación resulta extemporánea, ya que acorde a la certificación secretarial de cuenta, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, el último día que tuvo la parte quejosa para ofrecer dichos medios de convicción, fue el doce de febrero del dos mil veintiuno, tomando en consideración que la primera fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional fue el veintidós de febrero del año que transcurre; máxime que no se cumple con la hipótesis prevista en el párrafo cuarto del artículo 19 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, lo que en el caso no acontece, pues se advierte que pretende acreditar acontecimientos y circunstancias de los que tenía conocimiento desde la presentación de la demanda, por lo que no es válido ofrecerlas con fecha posterior. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ofreciendo diversos medios probatorios, entre ellos, la inspección judicial que nuevamente ofrece en distintos puntos de la población de Zaachila, Oaxaca, las cuales también fueron desechadas, en razón de que su anunciación resultó extemporánea. Por lo anterior, no ha lugar a admitir las pruebas de inspección judicial y de informe que ofrece la parte quejosa. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis aislada XXVII.1o.7 K (10a.), pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2644, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. OPORTUNIDAD DE SU OFRECIMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES NEGADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Desde que se presenta la demanda, el quejoso debe estar preparado para demostrar la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad, sobre todo en aquellos casos en que éste no le resulta desconocido, al exponer en la demanda sus particularidades; sin que con ello se desconozca que la negativa del acto por parte de la autoridad responsable, genera una consecuencia específica para el quejoso, pues le irroga la carga probatoria para acreditar su existencia. De ahí que se justifique que cuente con la posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes, respecto de lo cual, el artículo 119 de la Ley de Amparo, incluso regula la oportunidad con que deben ofrecerse la pericial, la testimonial y la inspección judicial, que guarda correlación con la fecha señalada para la audiencia constitucional, y una excepción aplicable cuando se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Ahora bien, si la autoridad se limita a negar el acto que se le reclama, en realidad no está aportando hechos o constancias novedosas, que no fueran del conocimiento del justiciable; por el contrario, sólo fija su postura, respecto de lo alegado en la demanda; por lo que en este caso no opera la excepción antes referida, para el ofrecimiento de las pruebas que requieren preparación, cuando la intención del oferente es acreditar el acto, con base en los hechos que eran de su conocimiento desde la presentación de la demanda, ya que debió ofrecer las que tuviera a su alcance, en un procedimiento en el que se privilegia su expeditez y se le brinda una amplia posibilidad de probar; sin que la consecuencia legal de presumir cierto el acto reclamado cuando la autoridad no rinde su informe justificado, sea una regla general a la que deba sujetar su oferta probatoria, sino un caso de excepción, que se reglamentó para hacer funcional un juicio de control constitucional, en un país en donde debe prevalecer el Estado de Derecho y en el que los actos de las autoridades se presumen constitucionales y de buena fe. En tal virtud, en supuestos como el que se refiere, no es dable supeditar la oportunidad en el ofrecimiento de pruebas, a uno diverso, como es la distribución de las cargas probatorias sobre la comprobación de la existencia del acto reclamado, si desde el escrito de demanda se externan las particularidades de éste, con base en hechos que el quejoso alega de su pleno conocimiento, y son precisamente los que se pretenden acreditar con el ofrecimiento de las pruebas; por ello, no se justifica su ofrecimiento inoportuno, bajo el argumento de que se pretende desvirtuar la negativa del acto reclamado contenida en el informe justificado. Lo que no se contrapone con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVO.", ya que en dicho criterio, si bien es cierto que se reconoce la posibilidad de desvirtuar en la audiencia constitucional la negativa del acto reclamado, también lo es que no permite que se lleve a cabo mediante el ofrecimiento inoportuno de las pruebas que se estimen pertinentes para tal finalidad. Así como el criterio sustentado en la diversa tesis aislada I.1o.A.E.67 K (10a.), pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad De México y Jurisdicción en Toda La República, visible en el libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, página 2898, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA DOCUMENTAL PÚBLICA QUE REQUIERA PREPARACIÓN, LE ES APLICABLE EL ARTÍCULO 119, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CUANTO A QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS I.1o.A.E.7 K (10a.)]. De los artículos 119, tercer párrafo y 121 de la Ley de Amparo se advierte la regla general en el sentido de que el ofrecimiento de cualquier prueba que requiera preparación específica, debe realizarse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para ésta; mientras que el cuarto párrafo del primero de los preceptos citados prevé que ese plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de dicha audiencia, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido conocerse por las partes con la oportunidad suficiente para ofrecer las pruebas oportunamente, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Por tanto, tratándose de la prueba documental pública que no se encuentre a disposición del interesado, se entiende como preparación, la solicitud dirigida al Juez de Distrito, al menos con la anticipación mencionada, para que requiera a la autoridad encargada de su custodia, la remisión de un determinado documento cuando el interesado pretenda ofrecerlo en juicio y acredite que, pese a haberlo solicitado, no lo ha obtenido, sin que pueda considerarse que la exigencia de formular el ofrecimiento de pruebas con dicha oportunidad se limite a las indicadas en el tercer párrafo del señalado artículo 119, que son la inspección, la pericial y la testimonial, y que la documental pública pueda considerarse ofrecida oportunamente si ello ocurre cinco días antes de la audiencia, cuando ésta ha sido diferida. De considerarse que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente prevista, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, se contravendrían los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo, en aras de lograr su sustanciación en el menor tiempo posible. En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe el criterio contenido en la tesis I.1o.A.E.7 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1861, de título y subtítulo: "SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO. LE ES INAPLICABLE LA CONDICIÓN TEMPORAL SEÑALADA EN EL DIVERSO PRECEPTO 119, CUARTO PÁRRAFO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con motivo de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las quince horas con quince minutos del veintiuno de mayo del año en curso, se difiere anticipadamente y se fijan las dieciséis horas con veinticinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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