Hortensia Herrera Alvarez

Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
594/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
30/11/2023

Partes del expediente

  • Hortensia Herrera Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que transcurrió el plazo para recurrir el acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintitrés, por virtud del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, y toda vez que es a la parte quejosa a quien pudiera causarle perjuicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En ese orden de ideas, el expediente principal es destruible, en términos del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual transcribe la literalidad de la ejecutoria dictada el once de octubre de dos mil veintitrés, en el toca Q.A. 302/2023, en la que resolvió: "ÚNICO. Son infundados los recursos de queja". Acúsese recibo de estilo por así solicitarlo la Superioridad; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se levanta la reserva decretada en proveído de trece de septiembre y se reanuda el procedimiento. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, de la que se advierte que reclama diversas disposiciones del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación dos de marzo del dos mil veintitrés. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este órgano judicial, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, que en sesión pública del veintidós de junio del dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 y, por mayoría de nueve votos, declaró la invalidez, precisamente, del mencionado Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación dos de marzo del dos mil veintitrés. En efecto, de la consulta a la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7408), del expediente correspondiente a la acción de constitucionalidad mencionada y sus acumuladas, este Tribunal Colegiado advierte que quedó invalidado el decreto impugnado porque existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las que la Corte hizo consistir en las siguientes. 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Esas iniciativas comprenden seis leyes y más de quinientos diez artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad, a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Los puntos resolutivos de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, establecen. "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas. - - - SEGUNDO. Se declara la invalidez del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de esos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados VI y VII de esta decisión. - - - TERCERO. Publíquese esta resolución". De la referencia que antecede, es de advertir que la declaratoria de invalidez surtió sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, lo que ocurrió el veintitrés de junio del año en curso. Asimismo, se advierte que al declarar la invalidez del decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo del dos mil veintitrés. Lo anterior pone en evidencia que los efectos y consecuencias del decreto del cual forman parte las normas aquí reclamadas, cesaron en sus efectos de forma total e incondicional, como si fuera otorgado el amparo y las normas no hubieran invadido la esfera jurídica de la quejosa; máxime cuando no se mencionad ni se observa la existencia de algún acto concreto de aplicación de aquéllas, que pudiera subsistir para justificar con la continuación de este juicio, por lo que este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Así, se patentiza que han cesado los efectos del acto reclamado, lo que motiva el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo; ya que la causa de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, por lo que es innecesario esperar la data de audiencia para decretar el sobreseimiento de mérito. Consecuentemente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico. Por último, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio, tanto a la parte quejosa como a las autoridades responsables. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa -o en forma electrónica, de así haberse acordado-, por oficio a las autoridades y al Fiscal Ejecutivo de manera electrónica.

  3. Principal

    Agréguese a los autos los oficios del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales informa que no cuenta con la solicitud de suficiencia presupuestal, ni con el presupuesto disponible para otorgar la misma al quejoso; asimismo, indica que solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas y Congreso de la Ciudad de México, para el proceso de análisis y aprobación del paquete económico. Asimismo, con fundamento en los artículos 192, último párrafo, y 193, de la Ley de Amparo, requiérase a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acredite que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizó lo señalado en párrafos precedentes; asimismo, acredite que le ordenó acatar lo anterior, remitiendo la constancias que lo garantice; o bien, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de cumplir con lo solicitado. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el que rinde su informe justificado, señala domicilio y designa delegados. Sin que en el caso se realice mayor pronunciamiento, toda vez que por proveído de diecinueve de este mes y año, se tuvo por recibido, acordándose lo conducente. Por otra parte, intégrense los oficios del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales informa el contenido de los autos de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, pronunciados en los tocas relativos a los recursos de queja ********************, mediante los cuales informa que admitió a trámite dichos medios de impugnación. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está a la espera de que la superioridad emita la resolución que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE ASUNTO, y de deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que en el caso se interrumpan los plazos establecidos en la normatividad aplicable para el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos procesales de las partes, ni los diversos plazos otorgados a éstas en el presente juicio de amparo, pues debe considerarse que lo que se suspende son las actuaciones judiciales y no las labores del órgano jurisdiccional, por lo que de ser el caso, el acuerdo relativo a la presentación de los ocursos correspondientes se reservará hasta en tanto se levante la suspensión del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 1a./J.87/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE SU INTERPOSICIÓN NO INTERRUMPE EL TÉRMINO CON QUE CUENTA EL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA". Ahora, en caso de que las autoridades a las que se les deba notificar las presente determinación por medio de oficio se encuentren en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que los resguarde y entregue dichas comunicaciones una vez que reanuden sus labores. Notifíquese.

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