Horacio Ruiz Soriano
Expediente 495/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Horacio Ruiz Soriano
- HORACIO RUIZ SORIANO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo". En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las doce horas con treinta y tres minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 495/2021, promovido por Sergio Gabriel de Paz, Ernesto Alonso Morales Isguerra, Saúl Armando Contreras Florín, Alejandro Andalon Navarro y José Cristofher Pedroza Melchor, en audiencia pública, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Carlos Alberto García López, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid19). Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo y su aclaración, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, así como el informe justificado de las autoridades responsables. De igual manera, CERTIFICA que al día de hoy no se encuentra transcurriendo plazo alguno; y que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio. El Juez acuerda: se tiene por realizada la relación de constancias para los efectos legales procedentes. Respecto de la certificación de cuenta, se tiene al Secretario informando de la misma, por lo que continúese con el trámite de la presente audiencia. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que las partes no los formularon y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito no formuló intervención ministerial. El Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y por precluido el derecho del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito para formular intervención ministerial. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Baldomero Velázquez Castillo, Sergio Gabriel de Paz, Ernesto Alonso Morales Isguerra, Jaime Amador Díaz Altamirano, Saúl Armando Contreras Florín, Alejandro Andalon Navarro y José Cristofher Pedroza Melchor, por su propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. - - - La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - - - Policía de la Ciudad de México. - - - La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. IV. ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: - - - No otorgar a los quejosos la autorización o permiso con goce sueldo y demás prestaciones que perciben, para no laborar de manera presencial en las instalaciones y en los sectores que son asignados para el desarrollo de funciones por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-02 (COVID-19) al pertenecer los quejosos a un grupo de situación vulnerable por ser personas con hipertensión arterial y diabetes, las cuales se consideran de alto riesgo de contagio y muerte por el COVID 19" SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes de los actos reclamados; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formularon los conceptos de violación que estimaron conducentes a su reclamo. TERCERO. Admisión. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno la registró con el número 495/2021; no obstante, en ese mismo acuerdo previno a la parte quejosa para que precisara a qué funcionario se le atribuían los actos reclamados; siendo necesario proporcionar datos suficientes que permitan su identificación; así como para que, bajo protesta de decir verdad, narraran de manera cronológica e individualizada los hechos y antecedentes del acto reclamado por cada una de las personas que ostentan el carácter de parte quejosa, en virtud que del capítulo correspondiente no se advertían. Por su parte, en el acuerdo en cita, se concedió la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables únicamente autorizaran a los quejosos el ausentarse de su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna, y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubrían con motivo de su cargo, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se les asignaran actividades inherentes a su cargo y que pudieran llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración de los padecimientos a los que fueron diagnosticados. CUARTO. Desahogo y nueva prevención. Mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, Horacio Ruiz Soriano quien se ostentó como representante común de los quejosos pretendió desahogar las prevenciones formuladas en autos; sin embargo, por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se previno al promovente a efecto de que precisara el carácter con que se ostentaba al no ser quejoso en el presente asunto; asimismo, de acudir en representación de los peticionarios de amparo, debía exhibir documento idóneo y suficiente, para acreditar la personalidad con que se ostentaba para hacerlo. Subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno. QUINTO. Desahogo. Mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito el trece de mayo de dos mil veintiuno, la parte quejosa desahogó las prevenciones que le fueron realizadas, señalando como autoridades responsables a las siguientes: 1. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 2. Subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México; y, 3. Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Asimismo, precisaron los antecedentes de los actos reclamados. SEXTO. Desechamiento parcial y admisión. Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de la parte quejosa; sin embargo, en ese mismo acuerdo, se admitió a trámite la demanda únicamente respecto de Sergio Gabriel de Paz, Ernesto Alonso Morales Isguerra, Saúl Armando Contreras Florín, Alejandro Andalon Navarro y José Cristofher Pedroza Melchor, desechándose la misma por lo que hace a los demás promoventes al no estar firmado por ellos el escrito de desahogo. Asimismo, se requirió a las responsables su informe justificado, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito la intervención que le corresponde y se señaló fecha de audiencia constitucional. SÉPTIMO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que para ese efecto se levantó, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de naturaleza administrativa que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito respecto de éstas. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo y su aclaración, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Secretario de Seguridad Ciudadana, Subsecretario de Operación Policial y del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, todos de la Ciudad de México: La negativa verbal de proporcionar a la parte quejosa un resguardo domiciliario a fin de prevenir un contagio por el virus covid-19, a pesar de pertenecer al grupo de personas vulnerables ante el virus SARS-CoV2 (Covid-19). TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados al Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía de la Ciudad de México, ya que así lo expresó al rendir su informe justificado (fojas 105 a 109 del expediente en que se actúa). En todo caso, dicha responsable refirió no existía relación laboral entre los quejosos y la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, ya que esa relación laboral se establecía con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México al fungir ésta como patrón. En todo caso, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México que administra y otorga prestaciones y servicios a, entre otros, la Policía Preventiva de esta Ciudad; por lo que no existía una relación laboral entre la dependencia y los peticionarios de amparo. Determinación que la parte quejosa fue omisa en desvirtuar y mucho menos acreditar que dicha responsable haya emitido el acto reclamado. Por otra parte, no son ciertos los actos atribuidos al Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, consistente en la emisión de la orden reclamada; lo anterior, pues de esta forma lo señaló al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario tendente a desvirtuar esa negativa (fojas 98 a 101 del expediente en que se actúa). Lo anterior, máxime que dicha autoridad no cuenta con atribuciones para otorgar el permiso solicitado. En efecto, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se advierten como atribuciones del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México las siguientes: "5. El trámite y resolución de los asuntos corresponde originalmente a la persona titular de la Secretaría, quien para la correspondiente atención y despacho de los mismos, se auxiliará de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, en los términos previstos en este Reglamento. La persona titular de la Secretaría podrá delegar sus atribuciones en las personas titulares de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas Policiales de la misma, sin perjuicio de la posibilidad de su ejercicio directo, esta delegación se hará mediante Acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México". "6. El mando directo de la Policía le corresponde a la persona titular de la Secretaría, quien lo ejercerá por sí y por conducto de las personas titulares de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, en los términos establecidos en este Reglamento y demás disposiciones en la materia, así como en los acuerdos, circulares y órdenes que emita. El ejercicio de las atribuciones a cargo de las personas titulares de las Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas Policiales, no impide el ejercicio directo de las mismas por parte de la persona titular de la Secretaría cuando lo estime necesario. Las atribuciones señaladas en este Reglamento y conferidas a las Subsecretarías, Oficialía Mayor, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas Policiales y demás que integren la Secretaría, serán ejercidas por las personas que detenten su titularidad, con excepción de señalamiento expreso al respecto". "7. Corresponde a la persona titular de la Secretaría ejercer las facultades generales que para los titulares de las Dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México se hallan previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México". "8. Son atribuciones de la persona Titular de la Secretaría: I. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría; II. Ejercer el mando directo, operativo y funcional de las policías adscritas a la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables; III. Expedir los acuerdos, circulares, instructivos y bases, conducentes para el buen despacho de las funciones de la Secretaría; IV. Ordenar y supervisar las líneas de investigación, acciones y operaciones para obtener, analizar y procesar información conducente a la prevención y persecución de delitos, en el ámbito de competencia de la Secretaría; V. Determinar los lineamientos para la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información que genere la Secretaría, a fin de establecer los sistemas de información de la Institución; VI. Establecer mecanismos para la atención integral a víctimas u ofendidos del delito, coordinándose con las autoridades competentes en la materia; VII. Establecer los lineamientos conforme a los cuales la Secretaría proporcionará informes, datos y cooperación técnica y operativa a dependencias, entidades, municipios y demás instituciones públicas que lo soliciten; VIII. Establecer las políticas de manejo de la información relacionada con la comunicación social y atención ciudadana; IX. Aprobar el programa de profesionalización policial; X. Vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones del Servicio Profesional de Carrera Policial; XI. Autorizar los programas administrativos y operativos, así como los sistemas y procedimientos de control y evaluación de la actuación policial que se implementen en las Unidades Administrativas y en las Unidades Administrativas Policiales; XII. Nombrar y remover a los mandos policiales y personal de estructura de la Secretaría; XIII. Aprobar y remitir a la Secretaría de Administración y Finanzas para su revisión, dictamen y registro, el Manual Administrativo y de servicios al público necesarios para el mejor funcionamiento de la dependencia, así como disponer lo necesario para que éstos se mantengan actualizados y se publiquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; XIV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría; XV. Certificar copias de los documentos que obren en el archivo a su cargo; XVI. Suscribir las autorizaciones para la participación de servidores públicos de la Secretaría en actos o ante instancias internacionales, cuando se haga en representación de la misma y con cargo a su presupuesto; XVII. Otorgar con sujeción a las disposiciones aplicables, la representación de la Secretaría ante autoridades jurisdiccionales o administrativas, federales o locales, en procedimientos en que la misma sea parte; XVIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento y emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de competencia, que se presenten entre las Unidades Administrativas de la Secretaría; XIX. Suscribir los convenios para el suministro e intercambio de información a que hace referencia la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; XX. Autorizar la custodia a personas cuando las condiciones así lo demanden; XXI. Participar en las reuniones de Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; XXII. Suscribir los Acuerdos de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, que en materia de seguridad ciudadana, competan a la Secretaría; XXIII. Establecer las directrices para la instrumentación de los planes y acciones que competan a la Secretaría, derivadas de los Acuerdos de los Gabinetes de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, así como autorizar las estrategias y mecanismos para dar seguimiento a su cumplimiento; XXIV. Delegar una o varias de sus facultades, salvo aquéllas que tengan carácter de indelegables; XXV. Informar al Congreso de la Ciudad de México los resultados anuales de las acciones de la dependencia a su cargo, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable, y XXVI. Las demás que le atribuya la normatividad vigente". "9. Son atribuciones indelegables de la persona titular de la Secretaría: I. Las previstas en las fracciones II, III, VII, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 8 del presente Reglamento; II. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende la persona titular de la Jefatura de Gobierno". De lo anteriormente transcrito, se desprende que el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México carece de atribuciones para poder conceder o negar la autorización del permiso solicitado por los peticionarios de amparo; de ahí que no sean ciertos los actos reclamados a dicha responsable. Sin que exista prueba en contrario que desvirtúe la negativa expresada por las responsables en comento ni que se haya acreditado que debió actuar en el sentido que se reprocha, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos. Es cierto el acto reclamado al Subsecretario de Operación Policial de la Ciudad de México; ya que dicha responsable fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada como de autos se advierte (foja 95 del expediente en que se actúa); de ahí que con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los mismos. En todo caso, no debe perderse de vista que respecto del acto reclamado, la parte quejosa en su escrito aclaratorio precisó, bajo protesta de decir verdad, "5. No obstante lo anterior, y a pesar de la pandemia y de la enfermedad que padece el suscrito, que lo coloca en un grupo vulnerable, poniendo en grave riesgo su salud, con fecha 08 de abril de 2021, dichas autoridades que se señalaron como responsables informaron al suscrito que no obstante la pandemia que se vive en el país, no podían otorgar autorización o permiso con goce de sueldo y demás prestaciones que perciben, para no laborar de manera presencial en las instalaciones y en los sectores que son asignados para el desarrollo de las funciones por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con motivo de la contingencia provocada por la propagación del virus SARS-CoV-02 (COVID 19)" Lo que se traduce en una orden verbal, de ahí que se cumpla con la salvedad prevista en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, que dispone "Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de esta Ley", al ser el acto reclamado en sí mismo violatorio de los derechos humanos. Máxime que conforme al artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Subsecretario de Operación Policial de esa Dependencia ejerce el mando operativo de la Policía y emite las órdenes generales de operación, así como vigila, en el ámbito de su competencia, el debido funcionamiento de las diversas Unidades, Agrupamientos y servicios de la Policía; de ahí que cuente con las atribuciones para emitir o negar lo solicitado por los peticionarios de amparo. Por tanto, resuelta cierto el acto reclamado. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien subsiste el acto reclamado, el mismo no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. A fin de analizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, debe acudirse al contenido del precepto en cita, el cual dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" De la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Es decir, la improcedencia de que se trata, se sustenta en la imposibilidad de que los efectos o las consecuencias del acto reclamado se produzcan o generen porque dejó de existir su objeto o materia, no obstante de que subsista formalmente; lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Sobre el tema, resulta oportuno apuntar que esta causa de improcedencia se encontraba prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada el dos de abril de dos mil trece, cuyo texto coincide con el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente, por ende es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación anterior, en términos del artículo Sexto Transitorio del ordenamiento vigente y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." Ahora bien, a fin de lograr un mejor entendimiento respecto al alcance del motivo de improcedencia que nos ocupa, es conveniente citar las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 3044/1998, donde interpretó la causa de improcedencia en comento. Refirió que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y es precisamente este el que lo legitima para acudir al juicio de amparo para obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Apuntó que, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías (derechos fundamentales) que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de ese Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Destacó que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la ley de la materia (actualmente XXII del numeral 61), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, por los siguientes motivos: Porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien; Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Dichas consideraciones dieron lugar a la Jurisprudencia 2a./J.181/2006 con número de registro 173858 y rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Del contenido de la jurisprudencia invocada, además de las consideraciones relatadas con antelación, se advierte que la causa de improcedencia se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto reclamado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió. Expuesto lo anterior, es posible destacar los elementos que componen la improcedencia en estudio, a saber: 1) Que el acto reclamado subsista; 2) Que dicho acto no pueda surtir efecto legal o material alguno; y, 3) Que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sobre la subsistencia del acto reclamado como requisito para que opere la improcedencia que nos ocupa, es oportuno abundar al respecto que se refiere, en primer lugar, a la existencia del acto reclamado, es decir, que las autoridades responsables hayan expedido el acto cuya constitucionalidad se cuestiona y que además, aun cuando la autoridad no lo revoque, lo cierto es que por una situación ajena a su voluntad, el objeto o la materia del mismo ya no existen, tal como acontece, por ejemplo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional es una sentencia judicial que dirime un conflicto entre particulares, condenando a uno de éstos o, en su caso, a ambos, al cumplimiento de ciertas obligaciones y, posteriormente, las partes llegan a un convenio, supuesto en el cual el acto reclamado (sentencia) subsiste, pero ya no tendrá ningún objeto o materia su existencia, pues la controversia entre las partes se resolvió no conforme a lo decidido por la autoridad responsable sino por lo que éstas pactaron con posterioridad a su reclamo. Asimismo, como ejemplo, puede citarse el caso de destrucción de un bien mueble por caso fortuito, y cuya desposesión es materia de amparo, donde figura como acto reclamado; en este supuesto, subsiste el acto impugnado (desposesión); sin embargo, ya no es posible que surta sus efectos legales. En lo relativo al elemento de la improcedencia en estudio que se refiere a que el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, éste se configura cuando se presenta una imposible realización de los efectos del acto que se impugnó precisamente en la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de que surgió una modificación en el entorno en el cual éste se emitió, de tal manera que de declararlo inconstitucional, resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, o bien, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, porque las consecuencias materiales o jurídicas del acto no podrán concretarse. La no realización de los efectos del acto reclamado, como ya se señaló, deberá surgir de la extinción del objeto o materia del propio acto; sobre este punto, es importante hacer notar que dicha extinción recae precisamente sobre el acto impugnado y no en el juicio en sí; además, obedece a razones naturales o como reflejo de otros actos jurídicos (modificación del entorno dentro del cual se emitió), como sucede en el caso de la sentencia que se reclama en un juicio y surge con posterioridad un convenio entre las partes. De lo anterior se desprende que una característica esencial de la inexistencia del objeto o materia del acto que se reclama en esta causa de improcedencia es que se presenta por causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, a este respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha señalado que tal particularidad es precisamente la que marca la diferencia entre la causa de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado y la relativa a la insubsistencia de su objeto o materia, pues en la mencionada en primer término se requiere la actividad o participación de la autoridad. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLVIII/98 registro 196442 de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." En atención a lo narrado, se advierte que la razón de la improcedencia que nos ocupa radica en el hecho de que si el fin último del juicio constitucional consiste en reparar las violaciones alegadas que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, dicho objetivo no se podría cumplir cuando, si bien subsiste el acto reclamado, éste no pudiera surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo en los términos que han quedado explicados, ya que en este caso, no tendría ningún efecto jurídico la declaratoria de inconstitucionalidad del acto que se reclama, tornando improcedente el juicio constitucional. El propósito de la causa de improcedencia que se analiza se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin, que precisamente justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, esto es, no existe motivo legal alguno para su resolución si no puede alcanzarse su objetivo protector, cuando el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica del quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno donde tuvo su origen, pues de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce de la garantía vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que otorgue la protección constitucional. Expuestas las anteriores consideraciones, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es indispensable destacar que derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, comúnmente denominado Covid-19, en lo que aquí interesa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expidió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus Covid-19", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que por razones de salud pública, instruyó a las personas servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en el supuesto de pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria; entre otros supuestos. Asimismo, dispuso que las personas que se encuentren en el referido supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrían que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda. De igual forma, indicó a los titulares de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México para que no ejerzan ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia, contra las personas servidoras públicas, bajo cualquier esquema de contratación. En sintonía con lo anterior, mediante el "Tercer acuerdo por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y propagación del Covid-19", publicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad el uno de abril de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ordenó la suspensión inmediata, del uno al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en esta ciudad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población de la Ciudad de México; por ende, estableció que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, entre las que se encuentran, las involucradas en la seguridad ciudadana. No obstante ello, dispuso que el resguardo domiciliario corresponsable se aplicaría de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato; o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente si su actividad laboral se considera esencial. Por su parte, el catorce de mayo dos mil veinte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; en el que se dispuso la reapertura de actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: Primera etapa. Inició el dieciocho de mayo de dos mil veinte, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19; Segunda etapa. Del dieciocho al treinta y uno de mayo del dos mil veinte, consistió en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud. Tercera etapa. Inició el uno de junio de dos mil veinte, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Aunado a lo anterior, señaló que el semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias, determina mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros; de la siguiente forma: Posteriormente, el veinte de mayo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, que establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que permitiera evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, y facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. A través del Sexto Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, y con la finalidad de contar con una estrategia para la reanudación de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema que permitiera evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reanudación de actividades de una manera gradual, ordenada, cuidadosa y eficiente, así como establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, expidió los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México con el objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México. Además, se dispuso que el color del Semáforo se daría a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. En concordancia con lo anterior, los referidos Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México precisaron que el Semáforo es un sistema categorizado de colores: rojo, naranja, amarillo y verde, que se determina en coordinación con el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se llevará a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales. Importa destacar que en el referido Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, se previó para las actividades esenciales relativas a la seguridad, un Protocolo de medidas sanitarias para el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que se establece, a partir del semáforo en color rojo, la preparación para la reapertura y regreso a laborar del personal de seguridad ciudadana que no lo estaba realizando de manera presencial. Asimismo, por lo que hace al semáforo en color amarillo, en el sector Gobierno, se estableció retomar actividades presenciales todas las oficinas de gobierno, continuando con el proceso de digitalización de trámites y el esquema de citas en las ventanillas de atención, indicando que las personas vulnerables pueden realizar salidas necesarias extremando precauciones de higiene y distancia. En relación con el semáforo color verde, "la nueva normalidad", el referido Plan, por lo que hace al sector Gobierno se estableció que todas las oficinas retoman actividades de manera presencial y que las personas vulnerables pueden salir libremente, manteniendo precauciones. De tal forma, atendiendo a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, las actividades correspondientes al sector "gobierno" y "personas vulnerables", en la "etapa verde", se contempló la llamada "Nueva normalidad", en la que se continúa privilegiando la atención por canales digitales y con mantenimiento de medidas de distanciamiento e higiene para contención. Por otra parte, mediante el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad", que pueden desarrollar una situación de vulnerabilidad o morir por Covid-19, en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veinte, se señaló la dirección electrónica (sitio web) www.coronavirus.gob.mx. De tal forma, de una consulta realizada a la referida página electrónica, se localizó que las personas trabajadoras que cumplen con el valor de vulnerabilidad ahí establecido, se reincorporan a partir de semáforo amarillo en áreas NO COVID (lugares de atención médica que no atienden pacientes con COVID), excepto: lactancia (se incorpora al final del periodo de incapacidad por maternidad, en cualquier color de semáforo) y cáncer (se incorpora hasta semáforo verde); la referida información se desprende del cuadro, que para mayor referencia, se inserta a continuación en la parte que aquí interesa: Como se desprende de la reproducción digital que antecede, las personas cuya condición las sitúa en vulnerabilidad, pueden regresar a sus labores en áreas NO COVID a partir del semáforo color amarillo (riesgo intermedio) -salvo aquellas personas que se encuentren en periodo de lactancia y quienes padezcan cáncer- y se establece un "regreso completo" a partir del semáforo en color verde ("cotidiano"). Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sustenta lo anterior, la tesis I. 3o. C. 35 K, de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Mediante el Septuagésimo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a amarillo, a partir del seis de septiembre de dos mil veintiuno. Por su parte, mediante el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Acciones de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el quince de octubre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a verde. Finalmente, mediante el Octogésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se indicó que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanecería en verde, el cual subsistiría hasta que se emitiera una nueva determinación. Precisado lo anterior, conviene recordar que la parte quejosa sustancialmente reclama la negativa verbal de proporcionar a la parte quejosa un resguardo domiciliario a fin de prevenir un contagio por el virus covid-19, a pesar de pertenecer al grupo de personas vulnerables ante el virus SARS-CoV2 (Covid-19) En ese orden de ideas, es evidente que el objeto o materia del acto reclamado, esencialmente consiste en la negativa a otorgar permiso o autorización para no laborar de manera presencial en las instalaciones y en los sectores asignados con motivo de la contingencia por Covid-19, a pesar de encontrarse en el semáforo epidemiológico del color naranja (al momento en que sucedió el acto reclamado) en la Ciudad de México, y pertenecer a un grupo vulnerable. De tal forma, la parte quejosa acude a la presente vía en búsqueda de una prerrogativa, a saber: que se les otorgue resguardo domiciliario, con motivo de los padecimientos que refieren tener (Hipertensión y Diabetes Melitus) que los sitúa en un estado de vulnerabilidad frente al virus SARS-CoV2 (Covid-19), hasta en tanto el color del semáforo epidemiológico y los criterios respectivos permitieran la reanudación completa de actividades y, por ende, su reincorporación laboral. No obstante ello, la situación jurídica de la que emanaba la referida posibilidad conforme a los Acuerdos de la Ciudad de México fue modificada a través de los diversos ordenamientos de carácter general y criterios previamente referidos, en los que, en esencia, se estableció que la Ciudad de México se encuentra en la etapa relativa a la "Nueva normalidad", con un riesgo bajo, conforme al semáforo epidemiológico en color verde (sin restricciones), supuesto en el cual los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que pueden desarrollar una situación de vulnerabilidad o morir por Covid-19 (entre los que se encuentran las personas que padecen hipertensión arterial u obesidad), en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo, prevén y permiten el regreso total a los centros de trabajo, esto es, se elimina la necesidad de realizar el resguardo domiciliario a las referidas personas en situación de vulnerabilidad. De tal forma, aunque subsista la negativa reclamada, lo cierto es que, por una situación ajena a la voluntad de las autoridades que emitieron el acto reclamado, el objeto o la materia de la misma ya no existe - otorgar resguardo domiciliario-, pues la posibilidad de otorgar ese beneficio fue sustituida, no conforme a lo decidido por la autoridad responsable, sino porque cambiaron las condiciones fácticas respecto de las cuales podía ser decretada, es decir, se verificó una modificación en su entorno -como lo es el establecimiento del color verde en el referido semáforo, supuesto que permite la reactivación de la totalidad de actividades y, en consecuencia, la reincorporación a los centros de trabajo de las personas en estado de vulnerabilidad frente a la enfermedad Covid-19, como los aquí quejosos-. Lo anterior es así, porque la posibilidad de otorgar un resguardo domiciliario dependía del riesgo epidemiológico que se determinara de acuerdo con el color de semáforo que semanalmente se asigna con base en indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, conforme al cual se lleva a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales; por lo que si en la actualidad se ha fijado un "semáforo verde", es inconcuso que la prerrogativa o beneficio dejó de tener vigencia, al no existir ya las condiciones que la originaron o que permitían su subsistencia. En ese orden de ideas, como ya se dijo, el juicio de amparo constituye un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, por ende, la procedencia del juicio de amparo se encuentra condicionada a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, pues precisamente esto último justifica su importancia y trascendencia; sin embargo, ante la posibilidad de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Así, la eventual concesión del fallo protector implicaría la insubsistencia de la orden reclamada, para el efecto de que las autoridades responsables otorguen el resguardo domiciliario (con las restricciones establecidas en ley); no obstante ello, la existencia fáctica de un "semáforo verde" implica que, incluso, las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, regresen en forma completa a sus actividades laborales o continúen realizándolas. Máxime que a la fecha en que se resuelve, los padecimientos que sostienen les fueron diagnosticados no son considerados como una condición de vulnerabilidad que le impida ejercer o regresar a las labores que venían desempeñando en sus centro de trabajo. A mayor abundamiento, es de hacerse notar que algunos quejosos manifestaron que cuentan con su esquema completo de vacunación; en tanto que otros refirieron que les faltaba una inoculación. Sin embargo, respeto de estos últimos (Sergio Gabriel de Paz y José Cristofher Pedroza Melchor) debe precisarse que son personas respecto de los cuales el Plan de Vacunación los coloca en el rango de personas que pueden acceder a la aplicación de la vacuna para combatir el virus de referencia; y, con lo cual dejarían de considerarse vulnerables; de conformidad con lo establecido en el ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, al acreditarse que en el caso subsisten los actos reclamados pero no pueden surtir efectos legales o materiales por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, esta órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la orden reclamada y su ejecución, por lo que procede sobreseer en el juicio en términos de lo previsto por los artículos 61, fracción XXII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por las consideraciones expuestas en los párrafos anteriores. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 26, fracciones II, inciso a); y III, de la Ley de Amparo. Lo resolvió Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe, el mismo día en que concluye la audiencia constitucional. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. En virtud de lo anterior, y a fin de que las autoridades responsables tengan conocimiento de la adscripción como Titular de este Órgano Jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, al que suscribe, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las doce horas con treinta y tres minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como Titular de este Órgano Jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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