Hortensia Hernández Meza

Expediente 1448/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1448/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Hortensia Hernández Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1448/2023-V. HECHO NOTORIO. Es un hecho notorio para este Juzgado, el cual puede ser invocado de oficio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el juicio de amparo ********************, de éste índice, la quejosa ********************, promovió contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y otras autoridades; siendo que en la misma señaló, bajo protesta de decir verdad: "En fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), aproximadamente a las dieciséis horas (16:00 hrs) al llegar a mi domicilio ubicado CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, NÚMERO DOSCIENTOS UNO (201), COLONIA FRANCISCO MUNGUÍA, ANTERIORMENTE COMO COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA; ESTADO DE MÉXICO, me percato que por debajo de mi puerta obra una hoja doblada en cuatro partes, al momento de revisarla me doy cuenta que es un documento con fecha treinta y uno (31) de julio del año en curso, en donde el mismo está suscrito por el LIC. CARLOS AMADOR HERRERA ASCENCIO, en donde se establece que la suscrita he hecho una invasión al inmueble propiedad del Ayuntamiento de Toluca; además se requiere la entrega inmediata voluntaria del inmueble o en caso contrario se hará uso de la Fuerza Pública" Énfasis propio. También, en el citado juicio de amparo defidió el inmuebe ubicado en Ávila Camacho, número doscientos uno (201), de la Ciudad de Toluca, Estado de México, para acreditar la posesión o propiedad exhibió los siguientes documentos: "A su vez para acreditar que el inmueble es propiedad de la suscrita acompaño copias certificadas del INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 39025, VOLUMEN 413, FOLIO 01, DE FECHA VEINTITRÉS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO ROQUE RENE SANTIN VILLAVICENCIO, NOTARIO PÚBLICO UNO, DEL ESTADO DE MÉXICO, en donde como se advierte en el inciso g) del capítulo de Inventario, el inmueble denominado en ese entonces Casa 11, de la calzada de Garceza antes hoy Ávila Camacho, número 201, de la Ciudad de Toluca, Estado de México." Énfasis propio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que por esta vía se reclama: La orden de recuperación administrativa de bienes del dominio público o privado del municipio en el domicilio ubicado en calle Manuel Ávila Camacho, número doscientos uno (201), colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México y su ejecución. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, en el caso estudio, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, pues el acto que se reclama se encuentra consentido tácitamente. Esto es así, pues los citados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, se destaca que el artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, señala: "Artículo 28.- Las notificaciones surtirán sus efectos: I. Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas; II. Las que se efectúen por oficio o correo certificado, desde el día siguiente hábil al en que se reciban, salvo disposición legal en contrario; III. Las que se hagan por edicto, desde el día hábil posterior al de la publicación; y IV. El día siguiente hábil en que el interesado o su representante se haga sabedor de la notificación omitida o irregular. V. Las realizadas por vía electrónica, en el momento en el que la notificación se encuentre disponible en el domicilio electrónico de los solicitantes o las partes. Si dicho acuse no se recibe dentro del día hábil siguiente al en que se haya enviado la notificación, ésta surtirá efectos en términos del párrafo anterior. El notificador de la dependencia pública o el actuario del Tribunal agregarán al expediente la constancia respectiva." Por tanto, de un análisis del precepto transcrito, se aprecia que en el caso en concreto, el acto reclamado se conoció el dieciséis de agosto del año en curso, por lo que se notificó el mismo día, surtiendo sus efectos el diecisiete posterior. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Por tanto, como quedó evidenciado, la quejosa tuvo conocimiento el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, por ende, de conformidad con lo expuesto con antelación surtió efectos el diecisiete siguiente; lo cual se corrobora con el hecho notorio al que se hizo referencia en párrafos que anteceden en los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, en el que la quejosa manifestó: "En fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), aproximadamente a las dieciséis horas (16:00 hrs) al llegar a mi domicilio ubicado CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, NÚMERO DOSCIENTOS UNO (201), COLONIA FRANCISCO MUNGUÍA, ANTERIORMENTE COMO COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE TOLUCA; ESTADO DE MÉXICO, me percato que por debajo de mi puerta obra una hoja doblada en cuatro partes, al momento de revisarla me doy cuenta que es un documento con fecha treinta y uno (31) de julio del año en curso, en donde el mismo está suscrito por el LIC. CARLOS AMADOR HERRERA ASCENCIO, en donde se establece que la suscrita he hecho una invasión al inmueble propiedad del Ayuntamiento de Toluca; además se requiere la entrega inmediata voluntaria del inmueble o en caso contrario se hará uso de la Fuerza Pública". En ese sentido, el plazo de quince días con el que contaba la referida impetrante para presentar la demanda, transcurrió del dieciocho de agosto al siete de septiembre del año dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, dado que en el juicio de amparo ******************** y en el presente defiende el mismo bien inmueble ubicado en ********************. Por lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue presentada el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, y presentada en la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Por tales motivos, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, dada la certificación de cuenta y toda vez que así lo solicitó de forma expresa la quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "********************", con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia. Además, se autoriza a dicho usuario el acceso al expediente electrónico; por lo que, se comisiona al Oficial Judicial A de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se autoriza en términos amplios a ******************** por contar con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las diversas personas que se mencionan en términos restringidos por no contar con el registro correspondiente. En ese tenor, con fundamento en el artículo 12, téngase por autorizada en términos restringidos a ********************, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores por así haberlo solicitado la promovente. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, para obtener su firma firel. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano