Hortensia Hernández Meza
Expediente 1310/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2023
Partes del expediente
- Hortensia Hernández Meza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido <desechamiento> (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. VISTA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Ahora tomando en consideración que obra documento original exhibido en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió; con el apercibimiento que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido. En el entendido de que, para la comparecencia, con el fin de recoger el documento de mérito, deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma para ser glosada a los autos. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, el escrito signado por ***** autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual desahoga en tiempo y forma la prevención formulada en proveído de veintiuno de los cursantes. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, es pertinente destacar que del escrito inicial de demanda, anexos adjuntados a ésta y escrito aclaratorio, se obtiene que los actos reclamados consisten esencialmente en: El oficio de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en el que se ordena la entrega voluntaria del inmueble propiedad del Ayuntamiento de Toluca (jardinera) o caso contrario, se presente ante la Consejería Jurídica en un plazo de tres días, los documentos legales que justifiquen la posesión del mismo, informando que en caso de omisión, se continuará con el procedimiento de recuperación de espacio público mediante el uso de la fuerza pública. Lo actuado en el periodo de información previa. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Ahora, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Hecha tal precisión, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, aducen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.)." El ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo que la jurisprudencia ha denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Luego, en el caso el acto consistente en el oficio de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Justicia Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en el que se ordena la entrega voluntaria del inmueble propiedad del Ayuntamiento de Toluca (jardinera) o caso contrario, se presente ante la Consejería Jurídica en un plazo de tres días, los documentos legales que justifiquen la posesión del mismo, informando que en caso de omisión, se continuará con el procedimiento de recuperación de espacio público mediante el uso de la fuerza pública. Precisado lo anterior, se verifica el primero de los requisitos antes señalados, consistente en que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; pues se advierte que el acto se atribuye a autoridades del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México. Por cuanto al requisito consistente en que contra el acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, este también se encuentra satisfecho tal como se expone a continuación. En el caso en estudio, conforme al artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la parte quejosa tiene la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo cual evidencia su obligación a promover alguno de dichos recursos o medios de defensa -el que elija de manera optativa-, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. En abundamiento, los artículos 125, 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, no exigen mayores requisitos que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; asimismo, se precisa que los citados ordinales de la Ley de Amparo son de idéntica redacción a los diversos 124 y 125 de la Ley de Amparo abrogada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.), publicada en la página 933, del Tomo 1, del Libro XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio del año dos mil trece, Décima Época, materia común, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. Asimismo, es aplicable la tesis II.1o.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1766, del tomo II, del Libro VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24). Este tribunal en la jurisprudencia II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitividad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." Máxime que el artículo 76 de la Ley de Bienes del Estado de México y Municipios- aplicable al caso-, establece que contra los actos administrativos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las autoridades administrativas del Estado y de los municipios, en la aplicación de dicha ley, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por último, se destaca que el oficio reclamado no carece de fundamentación, pues al respecto se invocan los preceptos legales 11, fracciones II y III, 22, 73 y 75 de la Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios; 120, 122, 187 y 192 del Código Penal de esta entidad; 1.1. del Código Administrativo del Estado de México; 19, fracción II, 134 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y 128 del Bando Municipal de Toluca, por lo el quejoso se encuentra obligado a agotar las medios ordinarios de defensa, en contra del acto que reclama. De la misma manera, la demanda de amparo resulta improcedente respecto del acto consistente en lo actuado en el período de información previa, pues de la propia documental consistente en el oficio de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés que la impetrante anexa a su ocurso inicial de demanda, se desprende que el mismo se encuentra en etapa de integración, e incluso se le otorga el plazo de tres días para que comparezca ante la Consejería Jurídica, de lo que se desprende que esa situación no le causa perjuicio puesto que el procedimiento de información previa que alude - se reitera- está en integración, esto es, constituye sólo un antecedente, para probamente iniciar el procedimiento administrativo de recuperación de espacio público, ello dependiendo si la hoy quejosa no entrega de manera voluntaria el inmueble requerido (jardinera) o bien, no presenta los documentos legales que justifiquen su posesión, por lo que en su caso, la eventual violación deberá reclamarse una vez que, en su caso, se inicie o se dicte la resolución que ponga fin en el procedimiento de recuperación de espacio público, siempre y cuando la misma haya sido adversa a sus intereses. Esto es, el período de información previa, no infringe perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que en todo caso, este perjuicio se podría generar hasta que la autoridad correspondiente en su caso, determine en un momento dado si resulta procedente o iniciar el procedimiento administrativo de recuperación de espacio público, aunado a que, como se dijo con antelación, del oficio que se acompaña a su libelo constitucional se advierte que se le está dando su garantía de audiencia para que comparezca ante la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de esta ciudad, por lo que es sabedora del procedimiento que podría iniciarse ante la omisión de lo que le ha sido requerido en la aludida misiva y por tanto, se encuentra en posibilidad de acudir ante la autoridad municipal a deducir sus derechos y plantee los recursos e inconformidades de las actuaciones que estime no apegadas a derecho, pues se insiste, el periodo de información previa se encuentra en etapa de integración. Por tanto, no se transgreda en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tiene conocimiento del período de información previa que apenas se está integrando y puede acudir ante la autoridad administrativa a hacer valer sus derechos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por Hortensia Hernández Meza, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México y otras autoridades. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Toluca, estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1310/2023-VII. PREVENCIÓN. Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. Por ende, acorde con lo previsto en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el diverso 114, fracciones I y IV ambos de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al promovente para que dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Puntualice de manera concreta el acto que pretende reclamar en su demanda, es decir, si el acto que tilda de inconstitucional, es el oficio de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Justicia Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Toluca, por el que se le invita a llevar a cabo la entrega voluntaria del inmueble propiedad de dicho ayuntamiento (jardinera) o en su caso presentar en un plazo de tres días los documentos legales que justifiquen la posesión del mismo, o bien, reclama diverso acto reclamado, atribuible a otra autoridad. Lo anterior es así, porque acompaña a su ocurso inicial el original del citado oficio de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Justicia Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Toluca, dirigido al CIUDADANO A) PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL del DOMICILIO. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ESQUINA MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA FRANCISCO MURGUÍA, DELEGACIÓN CENTRO HISTÓRICO, DE ESTA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, del que se deprende que dicha misiva es la que en su caso le generaría perjuicio. Por otra parte, de su libelo constitucional se desprende que reclama todo actuado en la orden de recuperación administrativa del inmueble aludido, ostentándose como tercera extraña, empero, del contenido del oficio que adjunta y que se hace alusión, se advierte que dicho procedimiento no ha concluido, por el contrario, está en etapa de investigación, por lo que se le está invitando a que de manera voluntaria haga entrega de la jardinera, informándole que de no hacerlo, se continuará con el procedimiento respectivo. Motivo por el cual, deberá indicar cuál es el acto que en concreto pretende controvertir en esta vía. Es aplicable la XX.57 K, publicada en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, con número de registro 202853 cuyo contenido es: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". SEGUNDO. Una vez que precise el acto reclamado, deberá señalar de manera puntual, la autoridad o autoridades responsables, pues en su apartado relacionado con ellas, enuncia en su carácter de ordenadoras y ejecutoras a cinco autoridades, sin que se logre advertir la pertinencia o relación directa que existe entre las mismas con el acto que aparentemente desea reclamar. En la inteligencia que deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes respecto de su escrito aclaratorio, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO. En este contexto, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, dada la certificación de cuenta y toda vez que así lo solicitó de forma expresa la quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "********************", con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia. Además, se autoriza a dicho usuario el acceso al expediente electrónico; por lo que, se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación secretarial de cuenta, se autoriza en términos amplios a ******************** por contar con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las diversas personas que se mencionan en términos restringidos por no contar con el registro correspondiente. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre del año en curso, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "Juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, para obtener su firma firel. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.
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