Hortencia Palomino Cortez

Expediente 24/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
24/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Hortencia Palomino Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del auto de once de marzo de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo hubieran hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al punto decimoprimero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en párrafos que anteceden, prevéngase a la parte quejosa, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de la documental que exhibió para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será destruido con el presente expediente. Finalmente, hágaseles del conocimiento a las autoridades responsables el presente proveído, sin que sea necesario que acusen de recibo, pues obrará en autos el acuse de la notificación correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, en la que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional asentó la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa Hortencia Palomino Cortez y/o Hortencia Palomino Cortes el proveído de once de marzo del año en curso, por los motivos ahí expuestos; al respecto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), se ordena notificar por lista de acuerdos a la parte en cuestión, el presente proveído, así como el diverso de once de marzo de dos mil diecinueve, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, en tanto no señale otro domicilio en esta ciudad para oírlas y recibirlas. Xalapa Enríquez, Veracruz, a once de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación dada a su escrito de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, del índice de la responsable, transcurrió del dieciocho de febrero al ocho de marzo de dos mil diecinueve, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido acuerdo, y se seguirá la secuela del presente juicio, conforme al acto señalado en su demanda de garantías. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el acto que en esta vía reclama la quejosa lo es: La falta de respuesta a la solicitud que realizó mediante escrito de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, a las autoridades responsables Delegación Regional 31 Veracruz Norte, Subdelegación 02 Xalapa, Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 02 Xalapa y Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación 02 Xalapa, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que se le otorgaran copias certificadas del expediente del señor Matías Castillo Capistran, con número de seguridad social 6573460177-9, y de la documentación y peticiones realizadas por la CC. Maria Olivia Hernandez García y/o Leonor Castillos Capistran y/o Ana María Castillo Capistran en el mismo expediente. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables por conducto de su Apoderado y Representante Legal, en relación al acto ya mencionado y en justificación del mismo, se advierten los siguientes datos: Que el dieciséis de noviembre del año pasado, la aquí quejosa solicitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Xalapa, Veracruz, Departamento de Pensiones: Copia certificada del expediente del señor Matías Castillo Capistran, con número de seguridad social 6573460177-9. Copia certificada de la documentación y peticiones realizadas por la CC. María Olivia Hernandez García y/o Leonor Castillos Capistran y/o Ana María Castillo Capistran en el citado expediente. *Acto reclamado Mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Xalapa del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional Veracruz Norte, se le dio contestación a la aquí quejosa en el sentido de negarle la reproducción de dichas constancias con la fundamentación que la autoridad creyó pertinente, oficio que le notificó a la quejosa el seis de febrero de dos mil diecinueve, tal y como consta de autos y del que también pudo tener acceso al consultar los presentes autos. Contestación a la solicitud de la que se duele en este juicio. Constancias que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no objetadas por las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo antes narrado, se evidencia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Esto porque han cesado los efectos del acto reclamado por la quejosa, debido a que en lo preciso la quejosa se duele de la falta de respuesta por parte de las autoridades responsables Delegación Regional 31 Veracruz Norte, Subdelegación 02 Xalapa, Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 02 Xalapa y Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación 02 Xalapa, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a su solicitud de otorgarle copia certificada del expediente del señor Matías Castillo Capistran, con número de seguridad social 6573460177-9, entre de ellas la documentación y peticiones realizadas por la CC. Maria Olivia Hernandez García y/o Leonor Castillos Capistran y/o Ana María Castillo Capistran en el citado expediente, mismas que solicitó a través del escrito de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, presentado en la oficina de la autoridad responsable el mismo día, según consta del sello de recibido que está impreso en el mismo, esto, debido a que le fue informado que ya no se le pagaría la pensión por viudez que recibe como concubina del aludido Castillo Capistrán, ya que se había apersonado ante la autoridad responsable la citada Hernandez García, quien también había reclamado los derechos como concubina; sin embargo, la autoridad de referencia ya se pronunció al respecto; es decir, dio contestación a la aquí quejosa en el sentido de negarle la reproducción de dichas constancias con la fundamentación que la autoridad creyó pertinente, mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, y además notificó a la quejosa dicha determinación el seis de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta claro que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -diez de enero de dos mil diecinueve- la autoridad responsable acordó lo relativo a la petición de la quejosa, por tanto, se itera que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. Cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que acontece en los presentes autos, ya que se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo a la quejosa, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL " Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que, lo determinado por la autoridad responsable no haya sido conforme a los intereses de la quejosa, puesto que conforme al artículo 17 Constitucional el Juzgador debe actuar con apego a la norma aplicable y no a las pretensiones de las partes, pues de hacerlo así su determinación sería parcial contraviniendo el principio de impartición de justicia imparcial, además, de que al encontrarse integrada la quejosa a la relación procesal se encontró en la posibilidad de combatir la contestación si no fuera favorable a sus intereses, y es factible sostener que el oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, por medio del cual la autoridad notificó a la quejosa la razón de su negativa para otorgarle las copias solicitadas, pudo haber sido señalado como acto reclamado por la quejosa, en el presente controvertido no obstante que tuvo la oportunidad de señalarlo y no lo hizo, en términos del artículo 111 en relación con el 117 de la Ley de Amparo. En efecto, de autos se advierte que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se le requirió a la quejosa para que en el término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efecto la notificación de dicho acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la contestación dada a su solicitud en el oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve; apercibida que en caso de no desahogar dicho requerimiento, se seguiría la secuela procesal del presente juicio, únicamente conforme al acto que señaló en su escrito inicial de demanda. Ahora, tras ser notificada el catorce de febrero de dos mil diecinueve de dicho auto, hasta la fecha no expresó su voluntad para ampliar la demanda de amparo, por lo que en esta fecha se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se les conminó. Por lo expuesto, se concluye que en la especie actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la contestación dada a su escrito de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, del índice de la responsable, transcurrió del dieciocho de febrero al ocho de marzo de dos mil diecinueve, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el referido acuerdo, y se seguirá la secuela del presente juicio, conforme al acto señalado en su demanda de garantías. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que el acto que en esta vía reclama la quejosa lo es: La falta de respuesta a la solicitud que realizó mediante escrito de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, a las autoridades responsables Delegación Regional 31 Veracruz Norte, Subdelegación 02 Xalapa, Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 02 Xalapa y Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación 02 Xalapa, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para que se le otorgaran copias certificadas del expediente del señor Matías Castillo Capistran, con número de seguridad social 6573460177-9, y de la documentación y peticiones realizadas por la CC. Maria Olivia Hernandez García y/o Leonor Castillos Capistran y/o Ana María Castillo Capistran en el mismo expediente. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables por conducto de su Apoderado y Representante Legal, en relación al acto ya mencionado y en justificación del mismo, se advierten los siguientes datos: Que el dieciséis de noviembre del año pasado, la aquí quejosa solicitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Xalapa, Veracruz, Departamento de Pensiones: Copia certificada del expediente del señor Matías Castillo Capistran, con número de seguridad social 6573460177-9. Copia certificada de la documentación y peticiones realizadas por la CC. María Olivia Hernandez García y/o Leonor Castillos Capistran y/o Ana María Castillo Capistran en el citado expediente. *Acto reclamado Mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Jefe de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Xalapa del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Regional Veracruz Norte, se le dio contestación a la aquí quejosa en el sentido de negarle la reproducción de dichas constancias con la fundamentación que la autoridad creyó pertinente, oficio que le notificó a la quejosa el seis de febrero de dos mil diecinueve, tal y como consta de autos y del que también pudo tener acceso al consultar los presentes autos. Contestación a la solicitud de la que se duele en este juicio. Constancias que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no objetadas por las partes. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo antes narrado, se evidencia que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Esto porque han cesado los efectos del acto reclamado por la quejosa, debido a que en lo preciso la quejosa se duele de la falta de respuesta por parte de las autoridades responsables Delegación Regional 31 Veracruz Norte, Subdelegación 02 Xalapa, Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación 02 Xalapa y Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegación 02 Xalapa, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a su solicitud de otorgarle copia certificada del expediente del señor Matías Castillo Capistran, con número de seguridad social 6573460177-9, entre de ellas la documentación y peticiones realizadas por la CC. Maria Olivia Hernandez García y/o Leonor Castillos Capistran y/o Ana María Castillo Capistran en el citado expediente, mismas que solicitó a través del escrito de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, presentado en la oficina de la autoridad responsable el mismo día, según consta del sello de recibido que está impreso en el mismo, esto, debido a que le fue informado que ya no se le pagaría la pensión por viudez que recibe como concubina del aludido Castillo Capistrán, ya que se había apersonado ante la autoridad responsable la citada Hernandez García, quien también había reclamado los derechos como concubina; sin embargo, la autoridad de referencia ya se pronunció al respecto; es decir, dio contestación a la aquí quejosa en el sentido de negarle la reproducción de dichas constancias con la fundamentación que la autoridad creyó pertinente, mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, y además notificó a la quejosa dicha determinación el seis de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, resulta claro que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -diez de enero de dos mil diecinueve- la autoridad responsable acordó lo relativo a la petición de la quejosa, por tanto, se itera que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. Cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que acontece en los presentes autos, ya que se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo a la quejosa, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL " Sin que obste a lo anterior la circunstancia de que, lo determinado por la autoridad responsable no haya sido conforme a los intereses de la quejosa, puesto que conforme al artículo 17 Constitucional el Juzgador debe actuar con apego a la norma aplicable y no a las pretensiones de las partes, pues de hacerlo así su determinación sería parcial contraviniendo el principio de impartición de justicia imparcial, además, de que al encontrarse integrada la quejosa a la relación procesal se encontró en la posibilidad de combatir la contestación si no fuera favorable a sus intereses, y es factible sostener que el oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, por medio del cual la autoridad notificó a la quejosa la razón de su negativa para otorgarle las copias solicitadas, pudo haber sido señalado como acto reclamado por la quejosa, en el presente controvertido no obstante que tuvo la oportunidad de señalarlo y no lo hizo, en términos del artículo 111 en relación con el 117 de la Ley de Amparo. En efecto, de autos se advierte que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se le requirió a la quejosa para que en el término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efecto la notificación de dicho acuerdo, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la contestación dada a su solicitud en el oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve; apercibida que en caso de no desahogar dicho requerimiento, se seguiría la secuela procesal del presente juicio, únicamente conforme al acto que señaló en su escrito inicial de demanda. Ahora, tras ser notificada el catorce de febrero de dos mil diecinueve de dicho auto, hasta la fecha no expresó su voluntad para ampliar la demanda de amparo, por lo que en esta fecha se le hizo efectivo el apercibimiento con el que se les conminó. Por lo expuesto, se concluye que en la especie actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que se encuentra transcurriendo el termino de quince días concedido mediante proveído de ocho de febrero de la presente anualidad, a fin de que la parte quejosa esté en oportunidad de ampliar su demanda y manifieste si desea señalar como acto reclamado la contestación dada mediante oficio 31910330110/0466 de cinco de febrero de dos mil diecinueve, del índice de la autoridad responsable, el cual fue notificado el pasado catorce de febrero, por lo que dicho plazo transcurrirá del dieciocho de febrero al ocho de marzo del presente año; en mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma.

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