Horacio Melo Petrone

Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1092/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Horacio Melo Petrone

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, enviado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, mediante el cual acusa recibo del oficio número 33615/2019, por el que se le remitió el juicio de amparo 1092/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que acepta la competencia declinada; en consecuencia, archívese el presente expediente como concluido. Por tanto, tomando en consideración lo anterior y toda vez que el presente cuaderno de antecedentes no se considera de relevancia documental, ya que el presente asunto encuadra en las hipótesis establecidas por la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses se procederá a la destrucción del mismo.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Horacio Melo Petrone, contra los actos que reclama de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1092/2019-II-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.";Concordancia Descargar documento PDF y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del Toca 1934/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en la cual se confirma el auto de veintidós de mayo de esta anualidad, por el cual se le tiene al aquí quejoso por precluído el derecho para otorgar la escritura de los bienes embargados, dentro del juicio natural 4894/2016, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, y ordena su otorgamiento en rebeldía a través de dicho órgano jurisdiccional. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que ha quedado precisado el acto que en esta vía constitucional reclama el quejoso, lo procedente es analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, el que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Lo subrayado es propio). En ese orden de ideas, es inconcuso que la parte quejosa reclama un acto cuya ejecución material se encuentra fuera del territorio en donde este órgano tiene jurisdicción; por lo tanto, el suscrito advierte que carece de competencia para substanciar la demanda de amparo que nos ocupa. Para explicar lo anterior, resulta necesario profundizar en las reglas básicas que establece la Ley de Amparo para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo y, para tal efecto, se impone transcribir el contenido del artículo 37 del citado ordenamiento legal, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito contiene tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: I. Cuando el acto reclamado requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado II. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la resolución dictada el once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 1934/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través de la cual se confirma el proveído de veintidós de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio 4894/2016, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en el que le tuvo por precluído el derecho para comparecer y otorgar la escritura de los bienes embargados en dicho asunto, y se ordena hacer efectivo el apercibimiento con el que fue conminado, esto, el otorgamiento de la escritura de adjudicación firmada en rebeldía por el Juez natural. En esa tesitura, es importante advertir que si bien es cierto tradicionalmente las resoluciones de segunda instancia se han considerado actos meramente declarativos, también lo es que, excepcionalmente, se ha considerado que tienen ejecución material. Ahora bien, a fin de establecer la naturaleza de la adjudicación reclamada, esto es, si requiere o no de ejecución material, es necesario precisar los aspectos básicos del procedimiento de remate de bienes, de donde se deriva precisamente dicha figura de la adjudicación. El procedimiento de remate consiste en que la autoridad jurisdiccional, previo cumplimiento de las formalidades de ley en la fase de ejecución de la sentencia de un juicio, lleve a cabo la venta pública de un bien propiedad del vencido para poder cubrir, con el producto del remate, el pago ordenado en la sentencia a favor de una de las partes; o, en su caso, adjudicar bienes propiedad de la parte condenada en el juicio a favor de la parte acreedora para tenerse por pagado. Mediante el procedimiento relativo, el titular del derecho real del bien sujeto a remate es sustituido respecto de la facultad de su disposición, y esa potestad se transfiere a favor del Juez, el cual está autorizado por la ley para vender el bien como un medio ejecutivo de hacer cumplir una resolución judicial, y en su defecto para adjudicarlo a favor del rematante, en caso de que no concurran postores interesados en la compra del bien sujeto a remate. La mencionada sustitución y posterior cambio de propietario del bien en cuestión se lleva a cabo aun sin la voluntad del titular anterior, ya que la subasta presupone que este último ha sido oído y vencido en un juicio en su calidad de deudor, y condenado a pagar en favor del actor una suma determinada de dinero, respecto de lo cual, no obstante la existencia de una sentencia ejecutoriada que así se lo ordenó, se ha negado a darle cumplimiento y, por ello, dada su rebeldía, el Juez procede al remate de un bien propiedad de aquél para que con su producto sea pagado el acreedor que es parte en el juicio. Por lo demás, cabe precisar, que el remate y la adjudicación, si bien se tratan de figuras análogas; empero, lo cierto es que éstas no implican conceptos enteramente equivalentes, y no se deben confundir, ya que el remate del bien se finca en favor de uno o de varios de los postores, mientras que la adjudicación del bien se realiza a favor del acreedor contraparte del anterior titular que fue vencido en el juicio, siempre y cuando no se presenten postores interesados en adquirir el bien en cuestión. En ese sentido, debe convenirse que tanto el remate (venta judicial), como la adjudicación, consisten en la restricción al derecho de propiedad y una enajenación forzosa del bien correspondiente, y es por ello que la adjudicación, como la que se pretende reclamar en la demanda de amparo que nos ocupa, se trata de un acto propiamente de ejecución, esto es, que la ejecución se materializó justamente con el acto de adjudicación; lo que conlleva a la actualización de la primera regla de competencia que establece, que es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, si en el caso el juicio natural se tramitó en un juzgado del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, quien emitió el acto de adjudicación reclamado, y éste constituye propiamente el acto de ejecución, entonces, la competencia legal para conocer del juicio de amparo le recae precisamente al Juzgado de Distrito el que ejerza jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado se ejecutó, esto es, en Córdoba, Veracruz. En el contexto antes relatado, resulta patente para el suscrito juzgador que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Horacio Melo Petrone, contra la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 1934/2019, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad; siendo en términos de lo hasta aquí expuesto, que se considere que el Juez de Distrito competente para conocer del presente controvertido, lo es el Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Córdoba, Veracruz, en virtud de que la determinación de mérito, tendrá ejecución en el territorio en donde ejerce su competencia legal. Apoya en lo conducente a la anterior determinación, la tesis número 1.1°.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Córdoba, Veracruz; por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 1092/2019, así como las once copias de la demanda, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicitando el acuse de recibo respectivo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Renato A. Penichet Hernández, Oscar M. Penichet Ahumada y Marlene Rico Morales, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros 55376, 54093 y 145053, y con las limitaciones que señala el citado numeral a Karla Fabiola Hernández Vázquez, toda vez que no cuenta con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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