Hortencia Luna Ramírez

Expediente 101/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
101/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Hortencia Luna Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual informa que ha quedado firme el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mismo que desechó el recurso de revisión 85/2022, de su índice; asimismo, devuelve los autos en un tomo del presente juicio de amparo; acúsese recibo de estilo. Ahora bien, toda vez que dicho Tribunal desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la quejosa HORTENSIA LUNA RAMÍREZ, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo e informa que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la quejosa HORTENSIA LUNA RAMÍREZ; lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por HORTENCIA LUNA RAMÍREZ, contra actos de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y otra autoridad; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 101/2022. Ahora bien, es importante destacar que de la demanda respectiva se aprecia que señala como autoridades responsables a la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez y del Comisariado Ejidal del Ejido de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, a las que reclama el citatorio de dieciocho de enero de dos mil veintidós suscrito por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido de Pueblo Nuevo, Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito de Centro mediante el cual se le cita para que comparezca a las veinte horas del veintidós de enero de esta anualidad. Respecto a dichas autoridades responsables, a juicio de este juzgador, opera la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, con los diversos arábigos 1° fracción I y 5 fracción II, interpretado a contrario sentido, ambos, de la Ley de Amparo, ya que éstos, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio constitucional ni unos emitidos por un particular que se le pueda equiparar. Conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal (ente público o privado), y atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Los artículos 21, 32 y 33 de la Ley Agraria, establecen la figura de la Asamblea y del comisariado ejidal, sus facultades y obligaciones; señala que la Asamblea es el órgano supremo del ejido en la que participan todos los ejidatarios y el comisariado es un órgano del ejido encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como la representación y administración de aquél. Es decir, es una figura creada por la legislación, cuyas atribuciones están encaminadas hacia el óptimo funcionamiento del ejido. Por su parte, el diverso 27 del propio ordenamiento dispone que las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes; en caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. De lo anterior se advierte, por una parte, que las facultades del comisariado se limitan a las de representación y administración de los bienes comunes del núcleo; facultades que, de acuerdo al mencionado artículo 33, son equivalentes a las de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. En este tenor, la relación de supra a subordinación entre la Asamblea y el comisariado y los miembros del ejido es inexistente, ya que el órgano ejidal actúa en un plano de coordinación respecto de sus miembros, y por lo tanto, no emite actos que cuenten con las características propias de uno de autoridad para efectos del juicio de amparo; es decir, no son De este modo, los actos reclamado no tiene las características propias de un acto de autoridad ni es equivalente, ya que por sus propias particularidades el referido comisariado ejidal despliega actos que si bien podrían afectar al impetrante, lo hace en un terreno de igualdad, entre particulares; esto es, sin imperio ni bajo norma legal que lo faculte para desplegar esa actuación, sino motu proprio. En estas condiciones, se estima que a la Asamblea General y al referido comisariado ejidal no les asiste el carácter de autoridad para la procedencia del juicio de garantías, en virtud de que, por las razones expuestas, sí se surte una causa de improcedencia manifiesta e indudable, tal y como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. [Época: Décima Época, Registro: 2008595, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: XXVII.3o. J/18 (10a.), Página: 2184] En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo por lo que hace a las citadas autoridades responsables. Téngase a la parte quejosa señalado el domicilio que indican, para recibir sus notificaciones correspondientes, y por autorizadas únicamente para tales efectos a las personas que refiere, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este juzgado encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Asimismo, hágase del conocimiento de la oficiante que los correos electrónicos proporcionados, únicamente serán considerados como medios de comunicación no procesal, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ya que la reanudación de labores presenciales de los órganos jurisdiccionales incluye la práctica de las notificaciones en las formas, términos y plazos contenidos en la Ley de Amparo. Con respecto a las notificaciones que solicita le sean realizadas mediante a los correos electrónicos antes indicado, no ha lugar a lo que solicita, pues esa vía no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo para la práctica de notificaciones. Por lo que, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta al promovente para que durante la tramitación de este asunto, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de Datos. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. Hágase saber a las partes que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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