Horeb Nayshui Molina Morales
Expediente 1110/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Horeb Nayshui Molina Morales
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, suscritos por las autoridades responsables, mediante los cuales rinden su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que menciona, y en cuanto a la solicitud de uso de medios electrónicos como son cámaras, grabadores o lectores ópticos, para imponerse de los acuerdos, deberá estarse a lo determinado en proveído de once de diciembre actual. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1110/2019. R E S U L T A N D O : PRIMERO. En proveído de once de diciembre del dos mil diecinueve, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Horeb Nayshui Molina Morales, contra actos reclamados al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, Titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Comisionado de la Policía Estatal, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Titular de la Fiscalía de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca de la Mesa I, Titular de la Fiscalía de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca de la Mesa II y Titular de la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistentes en orden de citación o aprehensión, así como su ejecución. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables sus informes previos, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : ÚNICO.- Las autoridades responsables, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos reclamados; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo vigente, el primero interpretado en sentido contrario, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual deba recaer dicha medida cautelar. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 237, que dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario" El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se oponen a ésta. Por su parte, si bien no obra constancia de notificación al Titular de la Fiscalía de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca de la Mesa I, al Titular de la Fiscalía de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca de la Mesa II, al Titular de la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, y al Comisionado de la Policía Estatal, también lo es que los Jueces señalados como ordenadores, negaron los actos reclamados; por lo que no es el caso presumir cierto el acto que se le reclama, en términos del artículo 142 de la Ley de la materia, en virtud de que las ordenadoras, negaron la emisión del acto reclamado; por consiguiente, resulta inconcuso que las autoridades omisas no pueden ejecutar una orden inexistente; por tanto, subsiste la negativa decretada. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 693, Tomo CII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INFORME PREVIO, OMISIÓN DEL, POR PARTE DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Aun cuando la autoridad ejecutora haya dejado de informar sobre los actos que le atribuyen los quejosos, no procede declarar presuntivamente probados dichos actos, si la autoridad ordenadora los negó categóricamente, puesto que aquélla no pudo ejecutar una orden que no fue dictada por ésta." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada por Horeb Nayshui Molina Morales, en términos de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el cuaderno principal, por auto de esta fecha, con dos copias de la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión del juicio de amparo, con inventario número 1110/2019, promovido por Horeb Nashui Molina Morales, contra actos del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y otras autoridades. Pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, como lo establece el artículo 138, fracción III, antes invocado; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha del presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Dígase a las autoridades responsables que si desea rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 951 502 3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, respecto a la suspensión provisional solicitada del acto reclamado consistente en la orden de citación o aprehensión librada en contra de Horeb Nashui Molina Morales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 129, 166 y 168 de la Ley de Amparo, dado que en el caso existe petición de la parte quejosa, formulada en su demanda, y no se advierte que el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada cause perjuicio al interés social o contravenga disposiciones de orden público, se estima procedente otorgar la medida cautelar solicitada, para los efectos siguientes: Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se prive al quejoso de su libertad personal ambulatoria con motivo de la orden que aduce se emitió en su contra, hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando el o los delitos por los que, en su caso, se haya librado la orden de aprehensión reclamada, no estén considerados entre los que merecen prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 Constitucional. Ahora, como el artículo 162 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional de amparo tomara las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, se imponen como medidas de eficacia las siguientes obligaciones: a).- Dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, la parte quejosa deberá exhibir, ante este órgano jurisdiccional, garantía por la cantidad de dos mil pesos ($2,000.00), en cualquiera de las formas establecidas por la ley; cantidad que se fija de manera discrecional, al ponderar que la parte recurrente no señaló el delito que se le atribuye, además, hasta ahora, no existen datos de los que puede establecerse si se trata de un delito del fuero federal o local, ni se advierte si causó un perjuicio susceptible de cuantificarse como de reparación del daño, así también, no se aprecian datos objetivos que revelen la situación económica de la parte quejosa, como son su ocupación, el salario que percibe, edad y si tiene o no dependientes económicos. Por lo que, con base en esos parámetros, se considera que es suficiente para evitar que pretenda utilizar la medida cautelar para sustraerse de la acción de la justicia y así evadir el proceso que podría seguirse en su contra; por lo que dicha garantía económica la debe exhibir para que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional. b). En caso de que alguna de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras acepte la existencia del acto reclamado, se impone a la parte quejosa la obligación de asistir ante la misma, dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del acuerdo en el cual se tenga por rendido el informe en ese sentido, a fin de responder de los cargos que se le atribuya, debiéndolo acreditar ante este juzgado de Distrito, dentro de las veinticuatro horas siguientes; asimismo, deberá acudir las veces que sea requerida por la misma autoridad para la práctica de cualquier diligencia relacionada con el expediente correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir con cualquiera de los requisitos señalados, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y las autoridades responsables estarán en completa aptitud de ejecutar al acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, además se hará efectiva la garantía que, en su caso se llegue a exhibir. En tanto que si los delitos por los que se instruye el proceso a la parte quejosa, amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al numeral 19 de la Constitución Federal, la suspensión provisional sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido el aquí quejoso, quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del Juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia incidental, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizado con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Alejandro Sánchez Guzmán, toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, o sus autorizados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Como lo solicita el quejoso, expídasele copia certificada de esta determinación, teniéndose por autorizada para recibirla a la persona que refiere, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Horeb Nayshui Molina Morales, contra actos del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y otras autoridades; con registro de este Juzgado 1110/2019; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado; pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA O CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Dígase a las autoridades responsables que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 951 502-3565, o al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá una multa entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a las autoridades responsables por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, por autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, únicamente a Roberto Alejandro Sánchez Guzmán (único registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales), y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que señala en su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este órgano jurisdiccional encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, o proporcionen los datos correspondientes Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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