Hortencia Bezares De la Rosa
Expediente 680/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 680/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/01/2016
Partes del expediente
- Hortencia Bezares De la Rosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la resolución emitida en el presente asunto, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Seguridad Pública Municipal de Xonacatlán, Estado de México, a través del cual rinde su informe justificado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe, para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de dar nueva cuenta con el mismo en la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales conducentes la constancia de notificación de cuenta, realizada al quejoso **, en la que se advierte que manifestó lo siguiente: *** En atención a las manifestaciones vertidas por el impetrante, dese vista a las autoridades responsables para que manifiesten lo que en derecho corresponda. Ahora, visto el estado que guardan los autos, se colige, que por auto de diecinueve de mayo del presente año, se requirió a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" para el efecto de que realizarán al quejoso Luis Alberto Colín Hernández, una nueva valoración integral por parte de medicina general; y, de ser necesario canalizarlo con el especialista que sugiera la valoración general; sin embargo, mediante oficio recibido el veintitrés de junio pasado, las autoridades de dicho centro penitenciario, omitieron remitir las constancias que acrediten que al citado quejoso se le ha realizado una dicha valoración. En tales circunstancias, este órgano constitucional advierte que no se ha dado cumplimiento al fallo protector y al advertirse que el objetivo primordial de las ejecutorias de amparo, es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de salud, no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; sobre todo en aquellos casos en que, como en el presente, la naturaleza del acto lo permite, y estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", para que informen de inmediato a este órgano de control constitucional, las gestiones que se encuentran realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en el entendido, que deberán remitir las constancias que acrediten que al quejoso se le ha realizado las valoraciones ordenadas, las cuales deberán ser posteriores al requerimiento de diecinueve de mayo del presente año, pues el ocho de junio de dos mil quince, comunicaron que el quejoso fue valorado por diferentes especialidades en un hospital de tercer nivel, incluyendo neurocirugía, sin expresar en qué fecha se llevó a cabo tal valoración y sin remitir las constancias que justificaran lo informado. Se apercibe a las autoridades en comento que de no hacerlo en el tiempo concedido, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere a su superior jerárquico Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que les ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, quien está obligado al cumplimiento de conformidad con el artículo 258, de la ley citada normatividad, y en caso de no demostrar que dio la orden de acatar la ejecutoria a su inferior, se le impondrá también una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual, en caso de incumplimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por falta de cumplimiento a las ejecutorias, en los mismos términos que la autoridad contra cuyo acto se concedió el amparo. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la ley de la materia. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley aplicable.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE.
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