Horacio González Hernández

Expediente 938/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
938/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Horacio González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numerales 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y carece de relevancia documental Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió a este juicio, sin que sea necesario que acuse por su recibo por tratarse de copias certificadas.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de marzo de año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por Ministerio de Ley, al cual adjuntó diversas documentales relativas al expediente laboral J.2/3/2019, de su índice. En ese sentido, es dable recordar que el quejoso Horacio González Hernández reclama lo siguiente: * El proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente J.2/3/2019, a través del cual, se fijaron las ocho horas con quince minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba testimonial. Del informe con justificación y anexo recibidos, se advierte la existencia del citado acto reclamado. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Sentado lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 77 de la misma legislación, aplicado este último a contrario sensu; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Se considera lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin embargo, en nuestro sistema judicial, existen supuestos, como el que nos ocupa, en que por distintas razones, se torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en consecuencia, resulta ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora, en el presente asunto, el quejoso se reclama que la responsable no ha cumplido con su obligación constitucional de impartir justicia dentro de plazos fijados en la ley que rige el acto, ya que por acuerdo veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido en el expediente J.2/3/2019, fijó las ocho horas con quince minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la pruebas testimonial ofrecida por la contraparte del aquí quejoso; lo cual estima contraviene el plazo de diez días establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, para que tenga verificativo dicha audiencia. Ahora, aun en el caso de que fuera procedente conceder el amparo para efecto de que la Junta responsable dejará sin efectos el auto reclamado, únicamente en lo concerniente a la fecha fijada para el desahogo de la prueba testimonial y, se le ordenara que señale hora y fecha para la misma en el plazo que establece el citado numeral 883 de la Ley Federal del Trabajo; se estima que no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. En efecto, dado que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno, de llevarse a cabo y dictarse la resolución concediendo el amparo solicitado, se notificaría el dieciséis de marzo siguiente, seguido, deberían mediar los diez días que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para que, de no ser recurrida declarar el ejecutoria el seis de abril de dos mil veintiuno, posteriormente, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la citada legislación, habría de requerirse su cumplimiento a la autoridad responsable dentro del plazo de tres días; mismo que culminaría el nueve de abril del año en curso; aunado que la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el proveído reclamado en la parte en que fijó la fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial en el juicio de origen y, en su lugar, dictara otra, en el que fijara nueva fecha para su celebración; de ahí que, y ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, pues se insiste, sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 77 a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto del proveído de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. Sin que ello implique dejar al quejoso en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia y el resultado del fallo sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Intégrese el oficio singado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de esta capital; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. PRUEBAS Por otra parte, de conformidad con el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que exhibe relativas al expediente laboral ********************, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Fórmese el anexo respectivo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional en el asunto se encontraba prevista para las doce horas con cuarenta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, no fue posible su celebración en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19. REANUDACIÓN DE PROCEDIMIENTO No obstante, en acatamiento al diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Comisión Especial del referido consejo, se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado y, para tal fin, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no se ha podido notificar tercero interesado a *** con domicilio ***. Por tanto, en virtud de que tal domicilio se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el domicilio referido y emplace a juicio al mencionado tercero interesado Mario Fernández Torres, debiendo correrles traslado con el escrito de demanda, auto admisorio, el escrito de ampliación de demanda y el presente proveído. De igual forma, deberá requerirle, para que en el momento de dicha diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca o su zona conurbada (Metepec), con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Por otra parte, se advierte que el Actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Noveno de lo Familiar en la Ciudad de México, no ha enviado su informe justificado que le fue requerido en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; de lo anterior, requiérase nuevamente a la oficiante el informe antes descrito, para lo cual se comisiona al actuario judicial de la adscripción realice tal diligencia a través del correo electrónico oficial juz.familiar39@tsjcdmx.gob.mx. Bajo apercibimiento que de ser omisa a lo ordenado, de conformidad con el arábigo 260, fracción II, de la ley de la materia se le impondrá una multa a su titular de cien Unidades de Medida y Actualización. La información puede ser enviada al fax 722 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite4@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.

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