Hortencia Alcaraz Briceño

Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
787/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Hortencia Alcaraz Briceño

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de julio de dos mil veintitrés, en que se tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa para cumplir con la prevención realizada en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 2º, 4º, párrafo cuarto,16, 17, 92, 115 y 133 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 787/2023-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se aprecia que la promovente aduce acudir por propio derecho y en representación de las niñas, adolescentes y mujeres residentes o que transitan por este país o ciudad. Sin embargo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, establecido en el artículo 5°, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que, con relación al principio de relatividad de la sentencias, aun modulado por el interés legítimo, debe quedar plenamente identificada la personas o personas a quien podría producirse un beneficio real y cierto con el juicio de amparo. En ese sentido, si la promovente persiste en promover el presente juicio en representación de diversas personas, deberá acreditar dicha personalidad en términos de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien la promovente refiere reclamar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de mayo de dos mil veintitrés, lo cierto es que de sus anexos se aprecia que adjuntó el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023, publicado el uno de junio del presente año. Por lo tanto, la parte quejosa debe especificar el acto que reclama, o bien, aclare si reprocha ambos actos destacados. En este mismo sentido, de reclamar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de mayo de veintitrés, resulta necesario requerir a la promovente para que exprese si es su deseo señalar como autoridad responsable al Presidente de la República, pues es un hecho notorio que dicha autoridad intervino en su proceso legislativo. Es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, página 36, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE. Según lo dispone el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo se deben expresar entre otros requisitos, la autoridad o autoridades responsables. Son autoridades responsables en un juicio de amparo en que se controvierte la constitucionalidad de una ley, las autoridades que la expiden, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, que considera autoridad responsable a la que dicta y ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Si en la expedición de la ley combatida intervino el Presidente de la República en uso de facultades otorgadas por el Congreso de la Unión, indudablemente que esa autoridad tiene el carácter de responsable en relación a la impugnación de la constitucionalidad que se hace, y consecuentemente debió llamársele a juicio, independientemente de que la inconstitucionalidad del aludido ordenamiento legal, no se haga en relación a la aprobación, promulgación, y publicación como actos formales en su colaboración, sino tan sólo en cuanto que se estima que su contenido es contrario a las disposiciones constitucionales. En cambio, dado que de la publicación del Decreto referido, únicamente se aprecia la participación del Presidente de la República y del Secretario de Gobernación, resulta preciso que manifieste si insiste en señalar como responsables a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues, insístase, no se aprecia su intervención en el proceso legislativo de la norma general combatida. Al margen de lo anterior, es necesario que aclare cuáles porciones normativas en específico reclama del decreto señalado, pues se advierten disposiciones que en modo alguno pudieran ocasionarle algún perjuicio y que, incluso, pudieran requerir necesariamente de un acto de aplicación. Por otra parte, no existe claridad si combate la normativa reclamada con motivo de su entrada en vigor, es decir, en su carácter de autoaplicativa, o si existe algún acto concreto de aplicación, esto es, que la combata como heteroaplicativa, por lo que deberá precisar ese rubro; además, toda vez que manifiesta tener un interés legítimo colectivo para combatir el decreto en cuestión, debe precisar cuál es la afectación que le genera en concreto la normativa reclamada, ya sea que lo promueva por su propio derecho o en representación de las personas a las que alude en el proemio de su escrito inicial, o sea, cómo es que se coloca en la hipótesis normativa prevista en la norma, que le irroga un perjuicio diferenciado al que tiene el resto de la sociedad en que las leyes sean en beneficio de la sociedad, pues en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal estableció que el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple, de tal manera que si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desecharse la demanda. El invocado criterio se publicó en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, junio de 2017, tomo II, página 1078, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Por último, del análisis de la boleta de turno de la presente demanda, expedida el veinte de junio de dos mil veintitrés, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, se aprecia que únicamente se exhibieron siete copias de la demanda de amparo. Así, de lo antes narrado se obtiene que la parte quejosa incumple con el requisito establecido en el artículo 110 de la Ley de Amparo, pues no exhibe copias suficientes de la demanda para correr traslado a cada una de las partes, pues son necesarias ocho copias de la demanda de amparo, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: [6] para las autoridades responsables, incluyendo al órgano del Estado que intervino en la promulgación de la norma general reclamada; [1] para el Agente del Ministerio Público de la Federación; y [1] para el incidente de suspensión que solicita. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones II, III, IV y V, en relación con el 108, fracciones I, III, IV y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: Precise si comparece a este juicio de amparo por propio derecho, o en representación de diversas personas. En caso de ser afirmativo lo segundo, deberá exhibir documento idóneo con el cual acredite dicha personalidad, con copias suficientes para correr traslado al resto de las partes. Especifique si reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de mayo de dos mil veintitrés, o bien, el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023, publicado el uno de junio del presente año. De reclamar el referido Decreto, exprese si es su deseo señalar como autoridad responsable al Presidente de la República, para lo cual, deberá ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Señale si también reprocha el refrendo y publicación de la norma general por vicios propios. Manifieste si insiste en señalar como autoridades responsables a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en virtud de que no se advierte que éstas hayan tenido participación en el proceso legislativo de la norma general combatida o, en todo caso, debe especificar el por qué pese a dicha circunstancia insiste en señalarlas como tales. Asimismo, especifique qué porciones normativas reclama en específico del Decreto señalado. En virtud de lo que fue especificado en el apartado previo, si combate la normativa reclamada con motivo de su entrada en vigor, es decir, en su carácter de autoaplicativa, o si existe algún acto concreto de aplicación, esto es, que la combata como heteroaplicativa. En atención al interés legítimo que defiende para combatir el decreto en cuestión, debe precisar cuál es la afectación que le genera en concreto la normativa reclamada, ya sea que lo promueva por su propio derecho o en representación de las personas a las que alude en el proemio de su escrito inicial, o sea, cómo es que se coloca en la hipótesis normativa prevista en la norma, que le irroga un perjuicio diferenciado al que tiene el resto de la sociedad. Exhiba una copia más de su demanda de amparo, para distribuirse en los términos preciados. Es aplicable, la tesis publicada en la página 102, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXII, Quinta Época, página 102, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." Asimismo, la jurisprudencia 151, publicada en el Apéndice 2000, en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, Página: 124, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. Además la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, Página 713, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable. En ese tenor, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa a la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los actos reclamados y antecedentes parte de la demanda, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos u actos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 210, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente, que dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, página 5, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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