Horacio Pérez Medel

Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
85/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Horacio Pérez Medel

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Quejoso cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito suscrito por el quejoso ***, a través del cual cumple con la prevención efectuada en auto de radicación, al respecto, narra los antecedentes del acto reclamado y señala que tuvo conocimiento del mismo el dieciocho de enero de dos mil veintidós. Análisis de la demanda y escrito aclaratorio. De la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se obtiene que, el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en el proveído emitido el diez de enero de dos mil veintidós, en el expediente 103/2020, por el cual el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en el Estado de Colima, no tuvo por acreditada la inasistencia de ***, en su carácter de asesora jurídica del demandado, aquí quejoso, a la audiencia de ley de contestación de demanda y ampliación, celebrada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno y, en consecuencia, se tuvo por contestada la demanda y su ampliación en sentido afirmativo, además, por precluido el derecho para ofrecer y aportar pruebas. Desechamiento de la demanda. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Constitución y al artículo 107, fracciones IV y VI de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De la interpretación de estos preceptos se obtiene que el amparo procede en los supuestos siguientes: A. Contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. B. Contra el acto que emane de un juicio que afecte a una persona que ostente la calidad de tercero extraño. Para comprender el alcance de estos supuestos de procedencia del amparo, a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actos procesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio y que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a las reglas de procedencia descritas en los incisos A y B, a través del amparo indirecto. En el caso del supuesto de procedencia mencionado en el inciso A, la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio es lo que justifica la procedencia del amparo. Para comprender el alcance interpretativo de esta norma con referencia a los actos de imposible reparación, conviene mencionar que han existido una gran variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", de tal suerte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el punto de vista jurisprudencial determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. En ese contexto, surgieron varios criterios que admitían la posibilidad de que el amparo resultara procedente contra violaciones procesales en grado predominante o superior, que sin afectar propiamente los derechos sustantivos de la persona, producían un perjuicio de similar magnitud que justificaba la procedencia del amparo. Sin embargo, a juicio del máximo tribunal del país esta situación ya no es así, pues a partir de la vigencia del actual artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se precisa el alcance de la expresión "imposible reparación", contra actos dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Al analizar la génesis de este precepto, se puede advertir que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión sólo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden resultar aplicables aquellas jurisprudencias de nuestro máximo tribunal del país en las que admitió la posibilidad de controvertir actos que afectaban derechos procesales o adjetivos en grado predominante o superior, ya que se originaron en el contexto de una legislación como lo fue la abrogada Ley de Amparo que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente se deben prescindir de dichas jurisprudencias para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor. En tal virtud, el amparo indirecto es procedente exclusivamente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por los que aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal, incluyendo las que produzcan una violación de carácter predominante, deberán reclamarse en su momento a través del amparo directo, o bien, del amparo adhesivo. Sustenta todo lo anterior, la jurisprudencia P./J. (10ª.) 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39. Por otro lado, en cuanto al supuesto de procedencia descrito en el inciso B, el elemento que lo materializa es la existencia de un tercero extraño que impugne un acto dentro de un juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al tercero extraño como aquella persona que desde el punto de vista material no formó parte en el proceso o juicio, por lo que sufre un perjuicio a sus derechos con motivo de la substanciación de éste o en la ejecución de sus resoluciones sin gozar de la oportunidad de defensa. El aspecto que permite identificarlo es su desconocimiento total de la existencia de un proceso o procedimiento seguido en forma de juicio y la forma en que se acredita se traduce en que la persona extraña y la que se equipara a ésta se entera del proceso o procedimiento después de la emisión de la sentencia. En ese sentido, si el afectado conoce el proceso o procedimiento antes del dictado de la resolución definitiva, no se le puede considerar persona extraña o por equiparación, porque la falta de emplazamiento o su ilegalidad no le ocasionó el desconocimiento total -que es precisamente el elemento de referencia que permite reconocer al tercero extraño y al que se le equipara-, en virtud de que está en aptitud de defender sus intereses en el juicio o procedimiento seguido en forma de aquél, del que debió formar parte. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero del 2012, tomo 2, página 1627. En el caso a estudio la parte quejosa reclama la determinación de diez de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 103/2020, a través de la cual el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 en el Estado de Colima, no tuvo por acreditada la inasistencia de ***, en su carácter de asesora jurídica del demandado, ahora quejoso, a la audiencia de ley de contestación de demanda y ampliación, celebrada el ocho de noviembre de dos mil veintiuno y, en consecuencia, se tuvo por contestada la demanda y su ampliación en sentido afirmativo, además, por precluido el derecho para ofrecer y aportar pruebas. De manera que en términos de la jurisprudencia P./J. (10ª.) 37/2014 -citada líneas arriba-, no produce una afectación irreparable a derechos sustantivos y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia P/J. 20/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 55, Julio de 1992. Por otro lado, tampoco se justifica la procedencia del juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, porque la directa quejosa figura como parte demandada en el juicio de origen, por lo que no tiene el carácter de tercera extraña. En tal virtud, la resolución reclamada no produce un daño irreparable a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ni ésta se ostenta con el carácter de persona extraña, por lo que es evidente que el amparo resulta improcedente, en términos del artículo 107, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que se no se podría desvirtuar la naturaleza y los efectos de carácter procesal que el acto reclamado origina. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracciones IV y VI, de la ley de la materia, interpretadas en sentido contrario. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Notificación personal.

  4. Principal

    Notificación personal.

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