Horacio Velazquez Zunun

Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 19 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
428/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
31/07/2023

Partes del expediente

  • Horacio Velazquez Zunun
  • Juez Primero del Ramo Civil, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito del quejoso Horacio Velázquez Zunún, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito 950763, que exhibió en los autos del incidente en que se actúa para garantizar la suspensión definitiva del acto reclamado; dado que el veintiséis de junio del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo y esa determinación causó ejecutoria el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Además que solicita se lleve a cabo esa devolución sin que medie el término de seis meses, dado que es una persona de escasos recursos, que con un préstamo garantizó la anotada suspensión definitiva y que requiere BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 2 de ese recurso para la operación de uno de los ojos de su menor hijo, suplicando benevolencia y devolución de dicho documento. En tales condiciones, dígasele al quejoso que no ha lugar a proveer de conformidad con su solicitud, dado que sobre la devolución del certificado de depósito que solicita, en el proveído de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno principal del que emana este incidente, se determinó lo conducente al destino del referido certificado de depósito. Determinación que se trae a la vista como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que fue emitido en el cuaderno principal del que emana el incidente en que se actúa, del que se tiene que en dicho auto se declaró la ejecutoria de la sentencia dictada en el juicio de amparo 428/2023 que decretó el sobreseimiento del sumario constitucional, se determinó el destino de ambos expedientes -principal e incidental- e inclusive del certificado de depósito cuya devolución solicita el quejoso, al indicarse: "Por otro lado, de autos se advierte que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito N 950763, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, residente en esta ciudad; por la cantidad de $10,000.00 [diez mil pesos 00/100 moneda nacional], exhibido por la parte quejosa en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio para garantizar la suspensión definitiva, conforme al artículo 132 de la Ley de Amparo, En tales condiciones, una vez transcurrido el término de seis meses a que refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, provéase lo conducente para su devolución a la parte quejosa, bajo el BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 3 Amparo indirecto 428/2023 ??????????????? apercibimiento establecido en el artículo 507 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación." Es decir, a la fecha no ha lugar a proveer de conformidad con su solicitud respecto que le sea devuelta la anotada garantía -aún por los motivos que expone- dado que en el presente asunto se encuentra transcurriendo el plazo a que alude el 156 de la ley de la materia Ley de Amparo. Reiterando a la parte quejosa que esa suma le fue fijada y la exhibió bajo el anotado certificado de depósito, a efecto de garantizar el daño o perjuicio a terceros con la concesión de la suspensión que obtuvo en el incidente en que se actúa; es decir, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la concesión de la suspensión, en su caso, se causaron. Además de que la garantía que le fue fijada en la resolución interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, lo fue por exigencia de la propia Ley de Amparo, con un fin específico y por lo tanto, al no encontrarse a disposición de los propios intereses, como lo establece el ordinal 1561 de la citada legislación, de no presentarse la reclamación dentro de los seis meses siguientes al día en que surte efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva puso fin al juicio, previa vista a las partes, se procederá a su devolución, en 1 Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36 4 su caso, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. De tal manera, que al encontrarse el presente asunto en el segundo de tales supuestos, es decir, transcurriendo el plazo a que alude el 156 de la ley de la materia Ley de Amparo, además de que no es dable a los órganos jurisdiccionales revocar sus propias determinaciones, no es procedente proveer de conformidad la solicitud de la devolución al quejoso Horacio Velázquez Zunun del billete de depósito N 950763, expedido de por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en esta ciudad, que por la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), exhibió para garantizar la suspensión definitiva concedida en la interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés: Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. RPCR/BEH/CCG

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de Clemente Miguel López Zepeda, autorizado del tercero interesado Elmar Eleazar Verdugo Roblero, mediante el cual solicita la devolución de la documental ofrecida como prueba a favor de su representado en el presente sumario. Atento a ello, como se lo solicita, previa razón y copia certificada que en su lugar sea cotejada y agregada al sumario en que se actúa, devuélvase a la citada parte procesal la documental que exhibió con su escrito registrado con folio 6923, consistente en la copia certificada de la escritura pública número mil quinientos doce, volumen veinte, de veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. En la inteligencia de que se tienen por autorizadas para su recepción, de manera indistinta, a las personas que al efecto designa, previa identificación ante este juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. RPCR/BEH/CCG* BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 24/01/27 13:33:36

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se INCIDENTE DE SUSPENSIÓN BILLETE DE DEPÓSITO DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS SI SI NO NO 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 2 declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 201 , fracción I del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó el 1 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; [.] 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 3 Amparo indirecto 428/2023 presente juicio de amparo y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 , del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme al artículo 343 del multicitado acuerdo general, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CONSERVABLE 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 3 Artículo 34. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable o Destruible. 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 4 Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 174 , fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el incidente de suspensión [único] que deriva del presente juicio es conservable, en virtud que, se concedió la suspensión definitiva. Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 255 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 4 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuestos: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: [.] b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. 5 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados electrónicamente. Los expedientes judiciales digitalizados o electrónicos generados con o sin la FIREL, serán administrados por el Área coordinadora de archivos a través del SISE, SIGE o el sistema de gestión judicial aplicable, una vez que hayan sido transferidos o destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Por cuanto hace a este proceso, no será necesario realizar actividad alguna diversa a la relacionada con la obligación de digitalizar prevista en la normativa que regula al SISE, al SIGE o al sistema de gestión judicial aplicable, según corresponda. La persona servidora pública designada por la persona titular del órgano jurisdiccional, al emitir el acta de baja o transferencia documental, deberá hacer constar que los expedientes que se destruyen o transfieren a los depósitos documentales a cargo del Área coordinadora de archivos, se encuentran debidamente digitalizados y vinculados en los sistemas SISE, SIGE o el sistema de gestión judicial aplicable, según corresponda, de conformidad con la normatividad vigente. 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 5 Amparo indirecto 428/2023 Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 206 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DESTINO DE BILLETE DE DEPÓSITO Por otro lado, de autos se advierte que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito N 950763, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, residente en esta ciudad; por la cantidad de $10,000.00 [diez mil pesos 00/100 moneda nacional], exhibido por la parte quejosa en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio para garantizar la suspensión definitiva, conforme al artículo 132 de la Ley de Amparo, En tales condiciones, una vez transcurrido el término de seis meses a que refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, provéase lo conducente para su devolución a la parte quejosa, bajo el apercibimiento establecido en el 6 "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 6 artículo 507 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 428/2023. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda1 presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de la que correspondió conocer por razón de turno a este Juzgado, Horacio Velázquez Zunun, en su carácter de tercero extraño a juicio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que posteriormente se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés2, se admitió a trámite la demanda de amparo, se aperturó el incidente de suspensión, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo3, se reconoció el carácter de tercero interesado a Elmar Eleazar Verdugo Roblero, se dio vista para la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 1 Fojas 6 a 17 del expediente en que se actúa. 2 Fojas 18 a 21 ibídem. 3 "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: . b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. .". ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -2- TERCERO. Emplazamiento de la parte tercera interesada. El diecinueve de abril de dos mil veintitrés quedó emplazado a juicio Elmar Eleazar Verdugo Roblero, tal como se demuestra con la razón de lista que se encuentra agregada a foja cuarenta y dos del presente sumario constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. Previos diferimientos de veinticuatro de abril, once y treinta de mayo de mayo, todos de dos mil veintitrés4, a las once horas con cuarenta y tres minutos del doce de junio de dos mil veintitrés tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que precede y la cual, concluye con la emisión de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1 fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la 4 Fojas 46-47; 70-71 y 91-93. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -3- Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"5 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".6 Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula y la actuaria judicial de su adscripción los actos reclamados consistentes en: a) La falta de emplazamiento en el Juicio Ordinario Civil 934/2019 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula y, en consecuencia, la 5 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 6 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -4- nulidad de todo lo actuado, incluyendo la sentencia definitiva de trece de diciembre de dos mil veintiuno; actuaciones del toca civil 53/2022 del índice de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, del Distrito Judicial Zona Dos, en esta ciudad y amparo directo 325/2022 negado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Distrito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. b) El acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés dictado en el Juicio Ordinario Civil 934/2019 por el Juez responsable y su ejecución, por el que se ordenó el desalojo una porción de mil ochocientos setenta metros cuadrados del inmueble que ocupa en la carretera Nueva Alemania, kilómetro veintisiete, parada "El Polvorín" (también denominado "Gloria de María") hacia la ranchería Santa Rita, de este municipio. Actos que la parte quejosa consideró que transgreden sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula y actuaria judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su informe justificado7 aceptaron la existencia de los actos reclamados; por lo que así se les tiene para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 7 Fojas 37 y 38. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -5- al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917812, que a la letra refiere lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con el legajo de copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 934/2019 promovido por María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso) en contra de Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la cónyuge del quejoso) que remitieron en apoyo a su informe8 y respecto de las cuales se formó un tomo de pruebas constante de seiscientas noventa y cuatro fojas útiles. Medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de una documental pública, en términos de lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, al ser documentos expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 8 Respecto de las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas consistente de seiscientas noventa y cuatro fojas útiles. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -6- funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, de oficio se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XII del artículo 61, relacionada con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo toda vez que la parte quejosa no acredita su interés para comparecer al presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -7- Del primer párrafo del artículo 6 de la Ley de Amparo9, se deduce que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del párrafo primero de la fracción I, del artículo 5 de la misma ley10. Así, en el artículo 5, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se establece que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada ley11, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, de los citados numerales se colige que la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo; además, como éste tiene por objeto restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un agravio personal y directo que violente de manera directa la esfera jurídica del gobernado. Conviene precisar, que derivado de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, 9 "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". 10 "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". 11 "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -8- el seis de junio de dos mil once, en la parte que interesa, se reformó el contenido de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en ese tenor, según la reforma constitucional, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, y tendrá ese carácter el que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, excepto tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en cuyo supuesto, el quejoso deberá necesariamente, aducir ser titular de un derecho subjetivo que lo afecte de manera personal y directa. En principio, debe recordarse que todas las personas tienen la posibilidad de ser parte en un juicio por virtud de la personalidad jurídica, pero para impugnar un acto concreto no basta esa personalidad, sino que se requiere un interés personal en el asunto. Sin embargo, cuando el quejoso se duele de una afectación a su esfera jurídica que realmente no existe, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, por "agravio" o "afectación" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -9- ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente, pues solo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva, a fin de que se modifique o revoque una resolución. Por las razones jurídicas que informa, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.12 En esa tesitura, para pedir amparo, el gobernado debe resentir un perjuicio directo sobre su esfera jurídica con 12 168/2007, página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -10- motivo de un acto de autoridad, por lo que de los criterios transcritos es dable concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado, la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Así, es preciso señalar que, para la procedencia del juicio de amparo, la persona que lo instaure debe acreditar fehacientemente ser titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. En ese tenor, si una persona ya sea física o moral aduce que se pretenden afectar los derechos que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que esos derechos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa, que genere a su favor el derecho a la posesión originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, toda vez que la simple tenencia material de la cosa no es tutelada por el derecho fundamental de audiencia, previsto en el artículo 14 constitucional. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -11- Al respecto, ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -12- razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.13 Conforme a lo anterior, debe considerarse que la parte quejosa debe acreditar la titularidad del derecho que exige en el presente juicio de amparo, esto es, debe demostrar necesariamente que cuenta con un título legalmente sustentado que genere a su favor el derecho reclamado, esto es, la propiedad o posesión del bien inmueble que resulte ser el mismo que el objeto reclamado; de manera que se tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho sobre el citado en líneas precedentes, a la luz de los argumentos que expuso en la demanda de amparo y; por ende, que acreditó la afectación alegada a su interés jurídico. Sentado lo anterior, a efecto de evidenciar por qué se estima actualizada la causal de improcedencia en comento, es necesario traer a contexto los antecedentes que enseguida se indican: 1. Mediante escrito recibido el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso) demandó por la vía ordinaria civil la prescripción positiva al aquí tercero interesado Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la actora) respecto del inmueble consistente en una fracción de terreno con una superficie de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados del predio denominado "La Perla", ubicado en la 13 Tesis P./J. 1/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, registro 187733. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -13- carretera Nueva Alemania, kilómetro veintisiete, parada "El Polvorín", hacia la ranchería Santa Rita de este municipio14. 2. En auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda como Juicio Ordinario Civil 934/2019 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, ordenándose correr traslado y emplazar al demandado Elmar Eleazar Verdugo Roblero15 (tío de la actora). 3. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, tuvo a Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la actora) contestando la demanda instaurada en su contra y demandando en reconvención a María Beatriz Martínez Verdugo16. 4. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora principal dando contestación a la demanda reconvencional, se abrió el periodo probatorio y señaló fecha y hora para el desahogo de las pruebas admitidas17. 5. Seguida la secuela procesal se abrió la fase de alegatos y por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se turnó el expediente para el dictado de la sentencia definitiva18. 14 Fojas 2 a 20 del Tomo de pruebas. 15 Fojas 21 a 23 ibidem. 16 Fojas 7 3 a 76 ibídem. 17 Fojas 197 a 203 ibídem. 18 Foja 387 ibídem. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -14- 6. El trece de diciembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia en los autos del Juicio Ordinario Civil 934/2019 al tenor de los resolutivos siguientes: "(.) PRIMERO.- Se ha tramitado en la VÍA ORDINARIA CIVIL, bajo el expediente número 934/2019, el juicio que para hacer valer la acción real de PRESCRIPCIÓN POSITIVA, promovió MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ VERDUGO, en contra de ELMAR ELEAZAR VERDUGO ROBLERO, en la que la actora no acreditó los elementos constitutivos de su acción. SEGUNDO.- Se declara IMPROCEDENTE la acción intentada y se absuelve al demandado de las prestaciones que le fueron reclamadas. TERCERO.- Ha procedido parcialmente en vía de reconvención el juicio que para hacer valer la acción REINVINDICATORIA, promovió ELMAR ELEAZAR VERDUGO ROBLERO, en contra de MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ VERDUGO, en el que primero justificó de forma parcial los elementos constitutivos de su acción y la reconvenida no acreditó sus excepciones. CUARTO.- Se declara que ELMAR ELEAZAR VERDUGO ROBLERO tiene pleno dominio sobre el predio denominado "GLORIA DE MARÍA" ubicado en la carretera Nueva Alemania, Kilómetro veintisiete, para El Polvorín, hacia la ranchería Santa Rita de este municipio, de la cual la actora reconvenida MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ VERDUGO, se encuentra en posesión de una fracción cuya superficie es de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al noroeste: Cincuenta metros con ERNESTO VELÁZQUEZ GÓMEZ; Al sureste: Setenta y cinco metros con ELMAR ELEAZAR VERDUGO ROBLERO; Al Sureste: Cincuenta metros con ELMAR ELEAZAR VERDUGO ROBLERO; y al Noreste: Setenta y cinco metros con HORACIO VELÁZQUEZ ZUNUN. QUINTO: Se condena a la actora reconvenida MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ VERDUGO a la desocupación y entrega de la fracción del ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -15- inmueble que ha quedado descrito en el resolutivo que antecede, a favor de ELMAR ELEAZAR VERDUGO ROBLERO, con todos sus frutos y accesiones, concediéndole para ello el término de cinco días, una vez que esta resolución cause ejecutoria y sea requerida para tal efecto, apercibida que de no hacerlo se procederá al lanzamiento a su costa(.)". 7.- Inconforme con la resolución anterior, María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso), interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado como Toca Civil 53- B/2022 del índice la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula de Córdova y Ordóñez, quien el siete de abril de dos mil veintidós confirmó la sentencia recurrida19. 8.- Posteriormente, María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso) presentó demanda de amparo contra las sentencias antes descritas y su consecuente ejecución, de la cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, la cual se radicó como amparo directo 325/2022 de ese índice y que en sesión ordinaria virtual de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés resolvió por unanimidad de votos negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida María Beatriz Martínez Verdugo 20. 9.- Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés dictado en autos del juicio ordinario civil 934/2019 el Juez responsable facultó a la actuaria de su adscripción para constituirse en el domicilio de la actora reconvenida y requerirle la entrega material del predio denominado "Gloria de María", ubicado en la carretera Nueva Alemania, Kilómetro veintisiete, para "El Polvorín", 19 Fojas 649 a 684 del tomo de pruebas. 20 Fojas 590 a 645 ibidem. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -16- hacia la Ranchería Santa Rita, de este municipio, y se hiciera la entrega real y material en favor de Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la cónyuge del quejoso)21 10.- Finalmente, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés dictado en el Juicio Ordinario Civil 934/2019 el Juez responsable ordenó el lanzamiento de cualquier persona que se encuentre en el predio denominado "Gloria de María", ubicado en la Carretera Nueva Alemania, kilómetro veintisiete, para El Polvorín, hacia la Ranchería Santa Rita, de esta ciudad, así como la entrega real y material de este a la parte actora en reconvención (fojas 693 y 694 del tomo de pruebas). 11.- A razón de lo anterior, el quejoso Horacio Martínez Velázquez promovió el presente sumario constitucional. Manifestaciones advertidas del cúmulo probatorio (Tomo de pruebas) - Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la cónyuge del quejoso) es legítimo dueño del predio rústico denominado "Gloria de María" con una superficie de dos hectáreas, tres áreas, veintidós centiáreas, ubicado en el Municipio de Tapachula, Chiapas, el cual se encuentra amparado al tenor de la escritura pública mil quinientos doce, volumen veinte, de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, pasada ante la fe del Notario Público número cuarenta y nueve de Tapachula, Chiapas, la cual está inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el número 132, libro I, volumen II, sección primera, de veintiuno de febrero mil 21 Foja 689 ibidem. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -17- novecientos ochenta y cuatro (fojas 59 a 61 del tomo de pruebas). - Dicho inmueble lo adquirió por una compraventa celebrada con Antonio Capurro Vela. - Que dentro de la superficie total del terreno, se ubica la fracción de terreno de tres mil quinientos setenta y cinco metros cuadrados reclamados por María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso). - El aquí tercero interesado Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la cónyuge del quejoso) otorgó permiso a su extinta madre María Beatriz Roblero Santiago (madre del tercero interesado) para habitar una fracción de su terreno. - Posteriormente, la señora María Beatriz Roblero Santiago (madre del tercero interesado) permitió que Eluvia Verdugo Roblero (hermana del tercero interesado) y su hija María Beatriz Martínez Verdugo (sobrina del tercero interesado y contraparte) llegaran a vivir al predio materia de la disputa. - Al paso de los años, fallecieron las señoras María Beatriz Roblero Santiago (madre del tercero interesado) y Eluvia Verdugo Roblero (hermana del tercero interesado) pero, su sobrina María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso) continuó viviendo sin la autorización de Elmar Eleazar Verdugo Roblero en el predio, pero ahora en compañía del padre de ésta Emilio Martínez Chávez y de su entonces concubino (Horacio Velázquez Zunun aquí quejoso). -De acuerdo al dicho de María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso) supuestamente Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la cónyuge del quejoso) donó a su madre María Beatriz Roblero Santiago la ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -18- totalidad del terreno en disputa y, a su vez, ésta donó de palabra a su hija Eluvia Verdugo Roblero y a Emilio Martínez Chávez (suegros del aquí quejoso) la fracción de terreno de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados que conforma el predio "María Gloria" en la Ranchería "Santa Rita", municipio de Tapachula, Chiapas. - Que el suegro del quejoso Emilio Martínez Chávez a quien supuestamente la abuela le donó la porción del terreno en disputa, celebra una compraventa con el aquí quejoso y le transfiere la propiedad de una porción de terreno de mil ochocientos metros cuadrados provenientes de la fracción total de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados que conforman el predio "María Gloria" en la Ranchería "Santa Rita", municipio de Tapachula, Chiapas, tal como se pretendió demostrar con la copia simple del contrato privado que obra agregado a foja veintisiete del expediente en que se actúa. Hasta aquí los antecedentes. Bajo ese orden de ideas, si el quejoso Horacio Velázquez Zunun, se ostentó con el carácter de tercero extraño, reclamando la falta de emplazamiento en el Juicio Ordinario Civil 934/2019 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, así como la orden de desalojo del inmueble materia de litis de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés y su ejecución, resulta innegable que dichos actos no afectan su interés jurídico, porque Horacio Velázquez Zunun es ajeno a la relación judicial establecida en el procedimiento que dio nacimiento a los actos que se impugnan, y por ende, no le irrogan ningún perjuicio. Al respecto se cita la jurisprudencia VI.2o.C.J/254, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -19- del Sexto Circuito, que se encuentra publicada en la página 1513, agosto de 2005, tomo XXII, materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo". Ello es así, pues de las constancias certificadas que fueran remitidas por el Juez civil responsable al rendir su informe con justificación se aprecia que la contienda se sostuvo únicamente entre María Beatriz Martínez Verdugo y Elmar Eleazar Verdugo Roblero. Sin que pase desapercibido para quien aquí resuelve, que al rendir el informe de ley las autoridades responsables Juez y actuaria judicial responsables manifestaron literalmente que ".el quejoso no fue llamado a juicio debido a que no fue señalado como demandado por la parte actora, ni se advirtió que debería ser llamado a juicio" (foja 38 del expediente en que actúa). Ciertamente, tomando en consideración la naturaleza de tercero extraño a juicio con la que se ostenta el solicitante de la protección federal y que de la narrativa de lo acontecido tanto en el expediente primario como en el toca de apelación y el amparo directo, se advierte que Horacio Velázquez ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -20- Zunun no fue parte de los mismos, tal como se expuso anteriormente, resulta indispensable que acredite fehacientemente el interés jurídico por el que dice tener el derecho de posesión del inmueble cuya desocupación reclama, pues es el supuesto básico en que se descansa su reclamación. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis VI.2o.C.570 C de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, octubre de 2007, página 3201, con número de registro 171148, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." Conforme a lo anterior, debe considerarse que la parte quejosa debe acreditar la titularidad del derecho que exige en el presente juicio de amparo, esto es, debe demostrar ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -21- necesariamente que cuenta con un título legalmente sustentado que genere a su favor el derecho reclamado, esto es, la propiedad o posesión del bien inmueble que resulte ser el mismo que el objeto reclamado; de manera que se tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho sobre el citado en líneas precedentes, a la luz de los argumentos que expuso en la demanda de amparo y; por ende, que acreditó la afectación alegada a su interés jurídico. En la especie, consta en autos que, en proveído de veintinueve de marzo de la presente anualidad, el quejoso para acreditar su interés jurídico allegó a este juicio de amparo las pruebas siguientes: I. Contrato privado de compraventa fechado seis de mayo de dos mil nueve, en el que Emilio Martínez Chávez (suegro del impetrante del amparo) vendió al quejoso Horacio Velázquez Zunun una fracción de terreno de mil ochocientos metros cuadrados del predio María Gloria, Ranchería Santa Rita, municipio de Tapachula (foja 27). II. Acta de matrimonio número 130, libro I, folio 7438981, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, expedida por el Oficial del Registro Civil, con residencia en Tapachula, Chipas, con datos de contrayentes Horacio Velázquez Zunun y María Beatriz Martínez Verdugo (foja 28). III. Acta de nacimiento número 754, libro 4, folio A07 0434531, de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos, expedida por la directora general del Registro Civil, con residencia en Tapachula, Chiapas, respecto al asentamiento de María Beatriz Martínez Verdugo (foja 29). IV. Acta de nacimiento número 180, libro 1, folio A07 0487 485, de fecha diez de agosto de mil novecientos ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -22- setenta y cinco, expedida por la directora general del Registro Civil, con residencia en Tapachula, Chiapas, respecto al asentamiento de Horacio Velázquez Zunun (foja 30) V. Acta de nacimiento número 126, libro 1, folio A07 3251234, de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, expedida por el director de Registro Civil del Estado de Chiapas, respecto al asentamiento de Juan Emilio Velázquez Martínez -hijo del quejoso y su cónyuge- (foja 31) VI. Acta de nacimiento número 1190, libro 6, folio A07 0022681, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, expedida por la directora general del Registro Civil, con residencia en Tapachula, Chiapas respecto al asentamiento de Kenner Abraham Velázquez Martínez -hijo del quejoso y su cónyuge- (foja 32). VII. Copia simple del Certificado Electrónico de Nacimiento expedido por la Secretaría de Salud con número de folio 20002E00002440, fecha trece de enero de dos mil veintitrés, expedido a favor de María Beatriz Martínez Verdugo respecto del nacimiento de un varón vivo y viable (foja 33). Sin embargo, tales medios de prueba son insuficientes para acreditar que el acto reclamado afecta el interés jurídico de la parte quejosa. En primer lugar, el contrato de compraventa ofrecido por el quejoso es ineficaz para tal efecto, al ser un documento privado que carece de fecha cierta, ello, debido a que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 133 y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 2290 y 2294 del Código Civil para el Estado de Chiapas, que a la letra dicen: ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -23- "ARTICULO 133.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129." "ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones". "ART. 2290.- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO REQUIERE PARA SU VALIDEZ FORMALIDAD ALGUNA ESPECIAL, SINO CUANDO RECAE SOBRE UN INMUEBLE".22 "ART. 2294.- TODA OPERACION DE COMPRAVENTA SOBRE BIENES INMUEBLES, SE HARA CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA, SALVO AQUELLAS OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL O CUALQUIER ORGANISMO PUBLICO TENDIENTE A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LAS QUE PODRAN CONSTAR EL INSTRUMENTO PRIVADO QUE FIRMARAN EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR ANTE DOS TESTIGOS".23 Del contenido de tales preceptos legales se establece que son documentos privados todos aquellos que no fueron expedidos por un funcionario público envestido de fe pública, y que, tratándose de operaciones de compraventa de un bien inmueble su validez queda condicionada a la formalidad que establece la propia ley, esto es, que se haga constar en escritura pública. Aunado a lo anterior, la oponibilidad frente a terceros queda sujeta a que el acto traslativo de dominio del bien inmueble sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio correspondiente. 22 Lo resaltado es propio. 23 Ibidem. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -24- Sobre el particular, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, Novena Época, registro 192662, señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales."24 Robustece lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/130, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 449 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, registro 196819, que a la letra dice: 24 Lo subrayado es propio. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -25- "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL SIMPLE CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD O POSESIÓN DEL BIEN, Y POR ENDE EL. Aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados hacen prueba plena, ello no tiene aplicación respecto de aquellos documentos en que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria, es indispensable que sean redactados ante notario público, para que puedan surtir efectos contra terceros. Y si bien es cierto que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otros casos, a la muerte de cualquiera de sus firmantes, de conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS. FECHA CIERTA DE LOS.", como quiera que sea, el contrato privado de compraventa que anexe el quejoso con su demanda de garantías, por sí mismo carece de eficacia probatoria, pues independientemente de que la única forma de demostrar la propiedad de un inmueble por virtud de la compraventa es mediante el instrumento notarial correspondiente, según se dijo, de todos modos ese documento debe de corroborarse con otros datos para justificar la propiedad o posesión que expresa tener sobre el inmueble en cuestión, y de esta forma tener plena certeza de que el acto de autoridad afecta el interés jurídico del quejoso, ya que éste debe demostrarse fehacientemente y no inferirse por presunciones".25 Entonces, de tales criterios jurisprudenciales se concluye que un contrato privado solo es apto para acreditar el interés jurídico o derecho pactado en él frente a terceros, cuando 1) se presenta ante un fedatario público, 2) se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, o 3) o muere alguno de los firmantes, de lo contrario se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por si, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuyo 25 Lo resaltado es propio. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -26- caso ese documento no podrá oponerse a terceros ajenos a él. Por tanto, cuando en el juicio de amparo se pretende justificar el interés jurídico sólo con la exhibición de un documento privado, es necesario que sea de fecha cierta para ser jurídicamente oponible a terceros ajenos porque su eficacia jurídica surge exclusivamente del requisito indispensable de fecha cierta, adquirido a través de alguna de las hipótesis mencionadas en el párrafo que antecede para conferirle esa calidad probatoria. Ciertamente, obra agregado en sobre cerrado al presente sumario constitucional el original del contrato de compraventa celebrado entre el quejoso Horacio Velázquez Zunun y Emilio Martínez Chávez respecto de una fracción de terreno de mil ochocientos metros cuadrados del predio María Gloria, Ranchería Santa Rita, municipio de Tapachula, el cual a simple vista se advierte que no fue celebrado o ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado y no obra constancia de que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni se demostró que alguno de los firmantes del mismo haya fallecido (copia simple del referido documento visible a foja 27 de autos). No obstante, en dicho documento se lee textualmente: ". le vendo al señor Horacio Velázquez Zunun una superficie de terreno de mil 1800 M2 derivado de una donación de palabra que nos hizo mi suegra María Beatriz Roblero Santiago ha (sic) Emilio Martínez Chávez y Eluvia Martínez Roblero, padres de María Beatriz Martínez Verdugo que fue la superficie de 3750 M2 del predio "María Gloria" (...) por la cantidad de 6.000 pesos M/N, haciéndome la aclaración que no tenía documento legal en cuanto lo legalizaran en (sic) lo daría". Aunado a los anterior, de la lectura total de las copias certificadas del Juicio Ordinario Civil 934/2019 no se advierte ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -27- medio alguno de prueba que acredite, que sobre María Beatriz Roblero Santiago (suegra del quejoso y madre del tercero interesado) recayera algún tipo de derecho para estar en aptitud legal de donar a su hija Eluvia Martínez Roblero y a su yerno Emilio Martínez Chávez la fracción de tres mil setecientos cincuenta metros cuadrados, de donde se desprende el predio materia de la contienda judicial. Mucho menos obra prueba alguna de que Emilio Martínez Chávez (suegro del quejoso) tuviera la propiedad - por adquisición o donación- de la totalidad o parte del predio objeto de la litis que lo facultara a realizar actos traslativos de dominio sobre el mismo, toda vez que nunca fue propietario, sino que únicamente se refiere que fue donatario de su suegra. En ese sentido, el contrato aportado por el quejoso debe valorarse como documento privado, debido a que únicamente intervinieron los suscribientes, lo que no arroja certeza de la fecha en la que se elaboraron y, en todo caso, solo podría surtir efectos entre los contratantes, sin tener el valor demostrativo suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. Por tanto, la posesión que el quejoso aduce tener respecto del inmueble que defiende, no puede ser protegida mediante el juicio de amparo, pues al carecer de las formalidades de ley - fecha cierta- el contrato de compraventa exhibido para sustentar su derecho, es insuficiente para acreditar su interés jurídico, al no ser posible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al acto reclamado. En otro aspecto, respecto de las actas de matrimonio y nacimiento ofrecidas por el quejoso y que para su resguardo también obran a agredas en autos en sobre cerrado pero que ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -28- se encuentran visibles en copias simples a fojas 28, 29, 30, 31 y 32 del expediente en que se actúa, se les otorgó pleno valor probatorio de conformidad a lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser documentos expedidos por un funcionado revestido de fe pública, en relación con los artículos 129, 197, 202 y 207 de la mencionada legislación, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, que al no haberse puesto en duda su exactitud por ninguna de las partes, hacen fe de la existencia de los originales. No obstante, respecto del acta número 130, libro 1, folio 7438981, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, expedida por el Oficial del Registro Civil de Tapachula Chiapas, que ampara el matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal contraído entre el quejoso Horacio Velázquez Zunun y María Beatriz Martínez Verdugo (actora en el juicio natural), solo se demuestra que posterior a que se entablara la contienda civil de origen 934/2019 el quejoso contrajo nupcias legales con la ahí actora y demandada en reconvención. Ello es así, porque la demanda ordinaria civil interpuesta por María Beatriz Martínez Verdugo (cónyuge del quejoso) contra el aquí tercero interesado Elmar Eleazar Verdugo Roblero (tío de la cónyuge del quejoso) fue admitida a trámite el once de diciembre de dos mil diecinueve y el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal fue celebrado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés mismo día que el Juez responsable dictó el auto que facultó a la actuaria de su adscripción para constituirse en el domicilio de la actora reconvenida y requerirle la entrega material del predio denominado "Gloria de María", ubicado en la carretera Nueva Alemania, Kilómetro veintisiete, para "El ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -29- Polvorín", hacia la Ranchería Santa Rita, de este municipio, y se hiciera la entrega real y material en favor de Elmar Eleazar Verdugo Roblero (actuaciones visibles a fojas 2 a 23 y 689 del tomo de pruebas y 28 del juicio de amparo). Dicho de otra forma, la exhibición por sí sola de un acta de matrimonio en el juicio de amparo es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, ello, porque de acuerdo a los criterios sostenidos por el Máximo Tribunal del país, dicho documento público debe acompañarse del título que acredite fehacientemente la propiedad que recae sobre el otro cónyuge y tampoco es jurídicamente viable para acreditar la posesión de un bien únicamente porque en dicha acta se asentó el régimen de sociedad conyugal. Bajo dicho contexto, el criterio sostenido en la jurisprudencia VIII.2o. J/7 de los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 598, Tomo IV, agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Civil, Registro digital 201622, soporta que: "SOCIEDAD CONYUGAL. INSUFICIENCIA DEL ACTA DE MATRIMONIO RELATIVA PARA ACREDITAR POR SI SOLA EL INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL BIEN QUE ASEGURA FORMA PARTE DE LA. Si en un juicio de amparo la quejosa exhibe como prueba de su parte la documental pública relativa a la copia certificada que contiene el acta de matrimonio que la une con el demandado en el juicio de origen, bajo el régimen de sociedad conyugal, para acreditar que el inmueble embargado y rematado pertenece a ésta; tal documental, por sí sola, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico, cuenta habida que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampare la propiedad del referido inmueble a nombre de su cónyuge, por lo ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -30- que evidentemente el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la impetrante y el juicio constitucional resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo".26 Así también, la tesis aislada I.7o.C.14 C, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1140, tomo VII, enero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil y Registro digital 197067 que señala: "POSESIÓN. EL ACTA DE MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA. El acta de matrimonio presentada en un juicio de amparo por un tercero extraño no comprueba, por sí sola, que éste tenga la posesión del bien inmueble materia del litigio, por el hecho de haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal; en consecuencia, el quejoso carece de interés jurídico". Partiendo de esa premisa, la exhibición del acta de matrimonio que realizó el quejoso Horacio Velázquez Martínez en el presente sumario constitucional no le aporta beneficio legal alguno, toda vez que tanto él como su cónyuge carecen de documento público que avale su propiedad sobre la porción de mil ochocientos metros cuadros cuadrados de la fracción total del predio en disputa, aunado a que el matrimonio lo contrajo hasta el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, cuando el litigio de origen ya se encontraba en su etapa de ejecución. Por lo que respecta a las actas de nacimiento de la actora reconvenida María Beatriz Martínez Verdugo, del quejoso Horacio Velázquez Zunun, y sus hijos Juan Emilio 26 Lo resaltado es propio. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -31- Velázquez Martínez y Kenner Abraham Velázquez Martínez, sólo hacen referencia al vínculo familiar que obra entre ellos, sin que sean eficaces para comprobar el accionar del solicitante del amparo. No se omite señalar, que el quejoso exhibió el Certificado Electrónico de Nacimiento expedido por la Secretaría de Salud, con número de folio 20002E00002440, fecha trece de enero de dos mil veintitrés, expedido a favor de María Beatriz Martínez Verdugo respecto del nacimiento de un varón vivo y viable; documento que carece de valor probatorio pleno por haber sido ofrecido en copia simple y no guardar relación alguna con los hechos que en esta sentencia estudian. Es así, que ninguna de las citadas probanzas, poseen la idoneidad necesaria para acreditar el derecho del quejoso Horacio Velázquez Zunun a poseer legalmente el bien inmueble que aduce tener; ya que uno de los elementos que debe acreditarse es la causa generadora de la posesión que se detenta sobre el bien inmueble que supuestamente está en su posesión. Así, el mencionado requisito no se encuentra justificado por el quejoso con prueba alguna de su parte, pues el contrato de compraventa que detenta carece de las formalidades de ley y no existe otro documento que acredite la propiedad del inmueble ni a su favor o el de su ahora cónyuge María Beatriz Martínez Verdugo, por lo que el lazo matrimonial que intenta relacionar con la posesión del bien tampoco le beneficia, menos aún, al constar en autos que éste fue contraído cuando el juicio ordinario civil de origen ya estaba en etapa de ejecución y no previo a la adquisición o posesión del bien inmueble materia de la litis. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -32- En ese sentido, las probanzas descritas carecen de suficiencia para demostrar la posesión legal del inmueble a favor de quejoso, dado que ninguna de éstas alude a la causa de esa posesión originaria, ni se advierte que se haya exhibido diversa prueba que sustente o haga presumir el derecho a poseer reclamado; por ende, debe concluirse que se trata de la simple detentación material del inmueble. Por tanto, al carecer el quejoso de un derecho propio que forme parte de su esfera legal, es inconcuso que ostentan la simple detentación material del inmueble que no constituye la posesión jurídica, porque solo esta última es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que, al actualizarse este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple que no autoriza a la parte quejosa para reclamar en la vía constitucional. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO. INTERÉS JURÍDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE. De acuerdo con el artículo 790 del Código Civil del Distrito Federal, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, tal poder de hecho necesariamente debe tener una causa u origen según se advierte de los propios términos del artículo 791 del referido código, pues si dicha causa, por su naturaleza jurídica, faculta al poseedor a usar, disfrutar y disponer de la cosa, se trata de la posesión originaria o en concepto de dueño; en cambio, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho, únicamente a usar y disfrutar del bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo. Ahora bien, si cualquiera de las dos clases de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -33- característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él), es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil común y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. De lo anterior, resulta inconcuso que el agraviado necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo a la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez del amparo los elementos objetivos necesarios para apreciar si ese poder de hecho constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Consecuentemente, si en el amparo indirecto el inconforme se reduce a manifestar que tiene el carácter de propietario del inmueble, del que dice que la autoridad responsable trata de desposeerlo sin haber sido oído y vencido en un juicio previo; pero no alude a la causa de esa posesión originaria, ni la demuestra en el juicio de garantías; resulta inconcuso que aun en el supuesto de que se hubiera acreditado con las pruebas que aportó, que ejerce un poder de hecho sobre el inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil común; y, por ende, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al sobreseer en el juicio de amparo, toda vez que lo actuado en el juicio natural respecto del que el recurrente afirma ser tercero extraño, jurídicamente tiene que pararle perjuicio, porque sólo la posesión jurídica es protegible, mas no la simple tenencia; por lo que si se está en este último caso, ello no implica la existencia de un interés jurídico, sino de un interés simple, que no autoriza al quejoso para reclamar en la vía constitucional.27 Corolario es, que si el juicio de garantías tiene por objeto, restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían antes de que se cometiera la violación; y, si en el caso no se evidenció el derecho reclamado, de lo que se obtiene que 27 Tesis I.5o.C.6 K , Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 613, registro 203885. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -34- tampoco la afectación de derechos sustantivos en su perjuicio que la legitime a promover el juicio de garantías, dado que su intención no tuvo sustento legal, es incuestionable que el juicio de amparo es improcedente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones".28 Y la diversa sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto".29 En las narradas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo del ordinal 63, fracción V, de la ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías; mismo que se hace extensivo a los actos reclamados de ejecución. 28 16/94, página 17, Tomo 82, octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. 29 Tesis 1/2002, página 15, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -35- Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la ley en la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Tiene aplicación, la jurisprudencia30 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Horacio Martínez Zunun, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, así como por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Anabel Teresa Gutiérrez Enríquez, secretaria del 30 Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Séptima Época; Volumen 24, Tercera Parte; página 49; Registro: 239006. ANABEL TERESA GUTIERREZ ENRIQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.09.d3 26/05/24 17:00:00 JUICIO DE AMPARO 428/2023 -36- Juzgado con quien actúa, hasta el día de hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

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