Horacio Vazquez Ledesma

Expediente 1578/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1578/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Horacio Vazquez Ledesma

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. DEMANDA Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Horacio Vázquez Ledesma, por sí y en representación del menor de iniciales S.N.V.G, contra actos de la Subdirectora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar adscrita a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el consecutivo 1578/2022, V-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Analizada que fue la demanda que se trata, esta juzgadora considera que debe desecharse. Para ilustrar este aserto, primeramente, es menester dejar sentado que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Enseguida, es necesario transcribir el contenido de los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son de la literalidad siguiente: 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 2 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De la transcripción del primero de los preceptos invocados se colige, en la parte que nos interesa, que el juicio de garantías resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 3 ??????????????? Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, podrán ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Caso en el cual, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Ahora bien, en el caso particular Horacio Vázquez Ledesma, por sí y en representación del menor de iniciales S.N.V.G, reclama de la Subdirectora de Delitos Sexuales y Violencia Familiar adscrita a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en la Carpeta de Investigación C.I. 2438-089-0501-2019 de su índice, en el cual autorizó la facultad de abstenerse de investigar con relación a los hechos consignados por el impetrante del amparo. En ese contexto, resulta inconcuso que la determinación del Ministerio Público responsable, de abstenerse de continuar con su facultad de investigar, es susceptible de ser impugnada a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto que el Juez de Control competente revise la decisión del Ministerio Público de abstenerse de investigar los hechos consignados por la víctima u ofendido y, en caso de que estime de que su actuación es ilegal, deberá conminarlo a que reanude la investigación y practicar todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 4 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 27/2018, publicada en la página 945, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Luego, si la víctima u ofendido puede impugnar ante el 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 5 ??????????????? Juez de Control la abstención de la autoridad ministerial de continuar ejerciendo su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones de aquélla, resulta inconcuso que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad, y al no haberlo hecho, obliga al desechamiento de su demanda de amparo. Es aplicable al caso, la conclusión alcanzada por la Primera sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 28/2021, publicada en la página 943, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es la siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Horacio Vázquez Ledesma, por sí y en representación del menor de iniciales S.N.V.G, contra 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 6 actos de la Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales procedentes. Sin que esta determinación implique una violación al derecho humano del quejoso a un recurso efectivo, pues si bien es cierto que con la reforma al artículo 1 constitucional, de diez de junio de dos mil once, se modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso efectivo, previsto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia de la acción o para la interposición de cualquier medio de defensa, previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 487, con número de registro digital 2005717, titulada: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Y la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 7 ??????????????? Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772, con número de registro digital 2006485, de rubro: PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Luis Ramón Farrera Ortiz, ya que su cédula profesional está inscrita en el Sistema único de Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Y como autorizados en términos restringidos a las demás personas que señala en su ocurso de cuenta, por no contar con dicho registro. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte 20/09/23 18:04:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 8 de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Francisco Javier de los Santos Estrada, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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