Horacio Publio Carcaño Dominguez
Expediente 745/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Horacio Publio Carcaño Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. I.FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.En consecuencia, en cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y SE NEGÓ LA DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como acorde a lo dispuesto en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de veintiséis de agosto de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.Y, por lo que respecta al DUPLICADO del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 745/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Horacio Publio Carcaño Domínguez, por propio derecho. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Horacio Publio Carcaño Domínguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1. Karla Ivonne Munguía Olmos, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. En auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Horacio Publio Carcaño Domínguez, con el número de juicio de amparo indirecto 745/2022; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente:"ÚNICO. Manifieste con exactitud cuál es la denominación actual y correcta de las autoridades que señaló como: "(.) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIUDAD JUDICIAL... (..) C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDA DE INVESTIGACIÓN DE SANTA CLARA OCOYUCÁN..(.)". En virtud que es un hecho notorio para el suscrito juzgador, que las autoridades que refiere, no existen con esas denominaciones, por lo que, deberá señalar los nombres completos y correctos de las autoridades que refiere señalar como responsables. Lo anterior es así, pues resultan imprecisas las denominaciones señaladas por el promovente, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirlas, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a la(s) autoridad(es) responsable(s) su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad.(.)". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 22 y 23), se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual llevó a cabo tal desahogo, por lo que en diligencia de dieciséis de agosto del año que transcurre, el quejoso ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevención, razón por la que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 45). TERCERO. Cita para audiencia. En acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, previo diferimiento, se señalaron las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, cuya ejecución se atribuye a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. Mediante proveído dictado el dos de septiembre del año en curso, se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables "22. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Ciudad Judicial (San Andrés Cholula) y 23. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación San Pedro Cholula", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas; toda vez que el quejoso fue omiso en atender la vista que se le dio en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por el término de tres días, contado a partir de que quedara legalmente notificado del referido acuerdo, a fin que precisara la denominación completa y correcta de las citadas autoridades responsables, ante la imposibilidad asentada por la actuaria judicial adscrita a órgano jurisdiccional, en las razones de dieciocho de agosto de la anualidad en curso, para notificar los oficios 745/2022-22 y 745/2022-23 dirigidos a la referidas potestades, derivado del acuerdo admisorio de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:"AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente" TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Horacio Publio Carcaño Domínguez, reclama: 1. Las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente:"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 - 8 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de Todas las Regiones Judiciales del Estado (Isaí Rivas López) por sí y en contestación a los informes requeridos a los diversos jueces de control: 1. Karla Ivonne Munguía Olmos; 2. Fernando Alberto Martínez Mijangos; 3. Ana Alicia Ponce Frías; 4. Enrique López Criollo; 5. Magally Escamilla Rodríguez; 6. Aarón Hernández Chino; 7. Karla Patricia Ambrosio Vargas; y 8. Javier Vázquez Fernández. Niega (foja 46) 9 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (foja 47) 10 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (foja 82) 11 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (foja 49) 12 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (foja 65) 13 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega (foja 66) 14 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Zona Metropolitana Centro. Niega (foja 50) 15 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Chapulco. Niega (foja 96) 16 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Margarita. Niega (foja 67) 17 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Popular. Niega (foja 89) 18 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Norte. Niega (foja 83) 19 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Oriente. Niega (foja 90) 20 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Sur. Niega (foja 68) 21 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Pablo Xochimehuacan -en su denominación correcta-. Niega (foja 69) 24 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Santa Clara Ocoyucan. Niega (foja 37) 25 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación Sanctorum de la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Niega (foja 51) 26 Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Cuautlancingo. Niega (foja 52) 27 Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Niega (foja 95) 28 Dirección de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado de Puebla -por su representación-. Niega (foja 71) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este resolutor, que al rendir el informe justificado solicitado, la autoridad responsable 10. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, señaló que en la estadística del extinto Juzgado Sexto de lo Penal, se instruyó la causa penal 28/2015-6 contra el aquí quejoso Horacio Publio Carcaño Domínguez, por el delito de fraude genérico en agravio de Victoriano Rangel Rodríguez y Denis Rangel Rosas, sin embargo, dicho antecedente no incide en el sentido del presente fallo, debido a que de acuerdo a lo señalado por la referida potestad, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, los agraviados otorgaron el perdón legal al mencionado inculpado y otros, motivo por el cual, se declaró extinta la acción penal en su favor y, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo de la citada causa penal; de ahí que no existe algún mandato de búsqueda, aprehensión ni detención librado en contra del peticionario de amparo. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó la quejosa en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Horacio Publio Carcaño Domínguez, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Martha Graciela Lemus Barajas, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Pablo. En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, en términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 745/2022, promovido por Horacio Publio Carcaño Domínguez, por propio derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan el escrito de demanda presentado por Horacio Publio Carcaño Domínguez (fojas 2 a 8), acuerdo preventivo (fojas 10 a 17), desahogo de la prevención (foja 20 y 21), acuerdo en el que se ordena la ratificación del escrito aclaratorio (fojas 22 y 23); diligencia de ratificación del ocurso por el que se llevó a cabo el desahogo de tal prevención (fojas 27); auto admisorio (fojas 29 a 31), informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 37, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 82, 83, 89, 90, 95 y 96) y proveídos en que se recibieron (fojas 40, 53, 72, 84, 91 y 97). Asimismo, la secretaria certifica: - Que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, abierto el período probatorio, la secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Acto continuo, el Juez acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I A
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintidós. I. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, de lo que se advierte, que en proveído de treinta y uno de agosto del presente año, se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables: 15. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Chapulco y 27. Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, con los que se dio vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese orden, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se encuentran señaladas las nueve horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que es evidente que entre la fecha de notificación al quejoso Horacio Publio Carcaño Domínguez -uno de septiembre de dos mil veintidós-, de los informes justificados de referencia y la de la celebración de la audiencia constitucional, no median los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la citada audiencia y, en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191995; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese por lista a las partes.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Horacio Publio Carcaño Domínguez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero.
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