Horacio Flores Gutierrez
Expediente 1040/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Horacio Flores Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del catorce de marzo al cinco de abril de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, relativas a las copias certificada de las constancias que integran el proceso 429/2007-8 de su índice (anteriormente 429/2007 del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla), con las que se ordenó formar los anexos I y II, devuélvase las mismas autoridad responsable. . No ha lugar a requerir el acuse de recibo de dichas documentales, toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que exhibió anexos a su escrito de demanda y que ofreció como medios de prueba, apercibido que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente, los cuales les serán devueltos, previa copia certificada que obre en autos y constancia de su entrega.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que hayan presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que, con los elementos que obran en autos, se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. Se explica. Mediante sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres) contra el auto de formal prisión dictado en su contra el doce de octubre de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Melitón Morales Quiterio; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Así las cosas, en auto de veintitrés de enero pasado, este órgano jurisdiccional declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, el juez responsable remitió copia certificada del auto de término constitucional emitido el treinta de enero del actual, en el que se decretó, de nueva cuenta, auto de formal prisión en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la participación -en su comisión- del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, 323, 326, fracciones II y IV, y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Melitón Morales Quiterio. Una vez analizada dicha resolución, en proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, el suscrito estimó que la ejecutoria de amparo no se encontraba totalmente cumplida, pues no obstante que el juez había dejado sin efectos el acto reclamado, no había atendido a diversas consideraciones de la sentencia de amparo. Ciertamente, se consideró que la responsable no había realizado lo siguiente: ° Respecto al cuerpo del delito. a) No identificó de forma separada todos los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado, pues únicamente hizo alusión a algunos medios de convicción, pero no precisó con cuáles de ellos tuvo por acreditado cada uno de los elementos del delito de homicidio calificado en estudio; y, b) Si bien tuvo por acreditadas las calificativas previstas en las fracciones II y IV del artículo 326 del Código Penal para el Estado de Puebla, y por cuanto de la diversa prevista en la fracción III, señaló que no se tuvo por acreditada; lo cierto es que, omitió hacer pronunciamiento de la calificativa prevista en la fracción I, del artículo indicado. ° En atención a la probable responsabilidad. a) No señaló cómo fue que el accionante de amparo por haber correteado al pasivo, puso la condición para que se aprovechara el momento y el lugar en que fue acribillado dicho pasivo, y sostener que de no haber realizado la aludida actividad -corretear a la víctima (e incluso golpearlo)-, no se hubiera perpetrado el homicidio que fue a consecuencia de un disparo de arma de fuego; y, b) No precisó cómo se acreditó que el quejoso, en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito. Esto es: 1. Cómo se avaló que haya existido un acuerdo para ejecutar al pasivo, previo o concomitante al hecho; 2. Cómo el quejoso por haber correteado al pasivo, puso la condición para que se aprovechara el momento y el lugar en que fue acribillado, y sostener que de no haber realizado la aludida actividad de corretear a la víctima (e incluso golpearlo), no se hubiera perpetrado el homicidio que fue a consecuencia de un disparo de arma de fuego; y, 3. Cómo es que se acreditó que Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres), en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito, pues para ello, debió tomarse necesariamente en cuenta, las condiciones concretas en que se desplegó la conducta de privar de la vida al pasivo con un arma de fuego. En otras palabras, se dijo que no había motivado, cómo es que el citado quejoso, actuó con el autor material de la detonación, por concierto previo, o cómo fue que dicho acuerdo se dio en forma concomitante al evento, para matar al pasivo; pues debió tomarse en cuenta que el activo que disparó bien pudo haberlo hecho sin aquella actividad del quejoso -corretearlo y golpearlo-, dada el arma de fuego que portaba. Por tales razones, en el aludido auto de uno de febrero del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad responsable a fin de que subsanara tales deficiencias y para que dejara sin efectos tanto el acto reclamado como el auto de formal prisión de treinta de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, en cumplimiento el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el siete de febrero del año en curso, dentro de la causa penal de origen, en la que no logró subsanar algunas de las deficiencias señaladas. En efecto, primero identificó de forma separada los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado, al señalar que consistían en: a) Que alguien prive de la vida a otra persona, b) con ventaja, cuando el delincuente es superior a la víctima en fuerza física y éste no se halle armado, por el número de los que lo acompañan, cuando el ofendido se haya caído y el delincuente armado y c) la relación causal entre la conducta desplegada por el activo, y el resultado que se traduce en la trasgresión del bien jurídico más preciado que es la privación de la vida de la víctima. Así mismo, señaló que en la causa se habían desahogo los siguientes medios de convicción: I) Diligencia de levantamiento de cadáver; de la que obtuvo -principalmente- la existencia de una persona privada de su vida, al encontrarse inerte y sin signos vitales; II) Diligencia ministerial de reconocimiento, inspección y necropsia, de la que -señaló- probaba que el fallecimiento de dicha persona fue consecuencia de la lesión que le fue producida por un sujeto a través del accionar de un arma de fuego; III) Dictamen médico legal de reconocimiento y necropsia número 815, de la que concluyó que el pasivo falleció por el traumatismo craneoencefálico secundario provocado por el disparo de un proyectil con arma de fuego; IV) Diligencia de inspección ministerial al lugar de los hechos, a la cual le dio valor de indicio sobre la existencia del lugar en el que fue agredido el pasivo. V) Diligencias de reconocimiento de cadáver a cargo de Fabiana Neofita Morales Quiterio -hermana de la víctima- y de Asención Gonzalo Gutiérrez Navarro -cuñado de la víctima-, mismas que utilizó para establecer el conocimiento de la identidad del pasivo, así como la previa existencia de su vida y su subsecuente pérdida. VI) Los testimonios de Asención Gutiérrez Morales -sobrino de la víctima- (tres), Ciro Morales Quiterio -hermano de la víctima- y Zenen Plata Morales -sobrino de la víctima- (dos); con los cuales obtuvo que el sujeto pasivo apareció sin vida, previo a estar en el domicilio ubicado en la entrada de Santo Tomás Chautla, al ser agredido por Horacio Flores Gutiérrez, y al ser perseguido por él y diversos sujetos; VII) Las declaraciones de César Adrián Solís García y Rubén Ramírez Hernández -policías judiciales-, de las que destacó que sus dichos fueron obtenidos de las entrevistas practicadas a los testigos Asención Gutiérrez Morales y Zenen Plata Morales. VIII) Las declaraciones de Bernardo Navarro Mejía -coinculpado del quejoso-; de las cuales obtuvo que dicho sujeto fue testigo de cómo el ahora demandante constitucional participó, con él y otros sujetos, en la agresión de la que fue víctima el sujeto pasivo, desde su persecución hasta el empleo de la fuerza física con sus extremidades inferiores (patadas) cuando la víctima cayó al suelo, para que después fuera ultimada por diverso sujeto con un disparo proveniente de un arma de fuego. Así, con dichas probanzas el juez concluyó que el diecisiete de noviembre de dos mil siete, siendo aproximadamente las veintiún horas, el agraviado Melitón Morales Quiterio salió del domicilio ubicado en la entrada de Santo Tomás Chautla, donde se celebraba una fiesta, cuando el activo Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres) lo comenzó a agredir y, enseguida, se escucharon detonaciones con un arma de fuego. Razón por la que el pasivo, al sentir amenazada su integridad física, huyó del lugar con dirección al cruce con la barranca de dicha población, siendo perseguido por Horacio Flores Gutiérrez, José Luis Ramírez Navarro, Erick Reyes García, Bernardo Navarro Mejía, Moisés Flores Navarro, Guillermo Corona Gutiérrez, "Jhony", "Eugenio", "Gregorio" y Félix Navarro Juárez, hasta que cayó al pavimento, debido a la agresión de sus persecutores, el arrojamiento de piedras contra su persona y al esfuerzo empleado en el escape, provocando la reducción de su fuerza y resistencia. Una vez en el suelo, Horacio Flores Gutiérrez y sus coparticipes, empleando su fuerza física a través de sus extremidades inferiores, comenzaron a agredir a la víctima por medio de patadas; situación que -a decir de la responsable- fue aprovechada para que el autor material del delito accionara su arma de fuego en contra del pasivo, ocasionando su deceso. También, derivado de ello el juez de origen tuvo por acreditadas las agravantes previstas en las fracciones II y IV del artículo 326 del código punitivo estatal, al destacar que el autor material era superior al ofendido por el número de personas que lo acompañaban, por la reducción de su resistencia provocada por las agresiones de las que fue objeto, por la ubicación de la víctima (tirado en el suelo) y por el hecho de que aquél se encontraba armado. Agregó que la calificativa prevista en la fracción I, de dicho numeral, no se actualizaba, por considerar que, si bien era cierto que el sujeto activo se encontraba armado, no estaba demostrado que dicho sujeto era más fuerte que el agraviado. Sin embargo, no identificó de forma separada con qué elementos de prueba en particular se acreditaba cada uno de los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado en estudio, pues hizo sólo alusión a ellas, les concedió el valor probatorio que estimó conducente y señaló los hechos que se probaban con las mismas, sin establecer qué elemento del cuerpo del delito emergía de éstas por separado. Así mismo, tampoco se encontraban corregidas las deficiencias sobre la motivación de la probable responsabilidad. Ciertamente, el juez responsable estableció que las probanzas con las que -a su criterio- se probó el cuerpo del delito también servían para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, al señalar que con ellas se acreditaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas. Agregó que el autor material del delito se valió de un arma de fuego y aprovechó la situación en la que se encontraba la víctima (tirado en el suelo, golpeado y reducido en su resistencia), gracias que el quejoso participó activamente en golpear al agraviado y en vencer su fortaleza. Apuntó que el ofendido, de no haber visto amenazada su integridad física por el quejoso y los sujetos que lo acompañaban, no hubiera huido hacía el lugar en el que fue asesinado, donde fue atacado con patadas por sus persecutores cuando se encontraba vencido en el suelo. Así, indicó que el ahora quejoso estimó adecuado efectuar dicha acción (perseguir y golpear a la víctima en el suelo), por ser quien en un inicio agredió al agraviado y luego seguirlo, una vez que el éste vio amenazada su integridad después de escuchar detonaciones con arma de fuego. Concluyendo de esa forma, que no fue un acto espontáneo el efectuado por el peticionario del amparo, sino un acuerdo concomitante para realizarlo, ya que varios sujetos agredieron al ofendido mediante la persecución y golpes (patadas) cuando se encontraba tirado, logrando que su resistencia se mermara; situación que aprovechó diverso sujeto para dispararle con un arma de fuego. De ahí que el juez de origen considerara que por la acción típica que probablemente brindó el quejoso, era posible clasificar su coautoría en el hecho delictuoso, al conocer los elementos del tipo penal y queriendo el resultado prohibido por la ley. Empero, si bien el juez señaló que existió un acuerdo concomitante, no precisó cómo se acreditó que el quejoso, en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito. Esto es, cómo se avaló que existió un acuerdo para ejecutar al pasivo, concomitante al hecho; y, cómo es que se acreditó que Horacio Flores Gutiérrez, en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito, pues para ello, debió tomarse necesariamente en cuenta, las condiciones concretas en que se desplegó la conducta de privar de la vida al pasivo con un arma de fuego. En otras palabras, no motivó cómo es que el citado quejoso, actuó con el autor material de la detonación, por concierto previo en forma concomitante al evento, para matar al pasivo; pues debió tomarse en cuenta que el activo que disparó bien pudo haberlo hecho sin aquella actividad del quejoso -corretearlo y golpearlo-, dada el arma de fuego que portaba. Por tales motivos, en auto de once de febrero pasado, se requirió nuevamente a la responsable para que corrigiera las deficiencias apuntadas, es decir, se le vinculo para que realizara lo siguiente: 1. Dejará sin efectos la resolución reclamada, así como las diversas de treinta de enero y siete de febrero, ambas de dos mil diecinueve, con las que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo; 2. Diera cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, tomando en consideración lo precisado en el citado proveído de once de febrero del actual, esto es: a) Identificara de forma separada con qué elementos de prueba en particular se acreditaba cada uno de los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, 323, 326, fracciones II y IV, y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Melitón Morales Quiterio. Es decir, debía señalar con qué probanzas en específico se acreditaban los siguientes elementos a) Que alguien prive de la vida a otra persona, b) con ventaja, cuando el delincuente es superior a la víctima en fuerza física y éste no se halle armado, por el número de los que lo acompañan, cuando el ofendido se haya caído y el delincuente armado y c) la relación causal entre la conducta desplegada por el activo, y el resultado que se traduce en la trasgresión del bien jurídico más preciado que es la privación de la vida de la víctima. b) Respecto a la probable responsabilidad del quejoso y su coautoría, i) precisara cómo se acreditó que, en grado de certeza, tenía conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito y II) motivara cómo es que el quejoso actuó con el autor material de la detonación, por concierto previo en forma concomitante al evento, para matar al pasivo; pues debió tomarse en cuenta que el activo que disparó bien pudo haberlo hecho sin aquella actividad del quejoso -corretearlo y golpearlo-, dada el arma de fuego que portaba. En aras de cumplir con de lo anterior, mediante oficio 669, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió a este órgano de control constitucional copia certificada de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el proceso penal en cita, en la cual realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de doce de octubre de dos mil dieciocho, así como las diversas de treinta de enero y siete de febrero, ambas del año en curso, con las que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en la que consideró, que con los elementos de pruebas analizados, si bien -a su criterio- acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado, no tenían eficacia probatoria para establecer el grado probable, exigido por el artículo 19 Constitucional, de que Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres), participó en el ilícito que se le atribuye, atento a que su conducta no se adecuaba en la hipótesis contenida en la fracción I del numeral 21 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. En efecto, señaló que la coparticipación se da cuando varias personas concurren de manera consciente y voluntaria para la ejecución de la actividad delictiva y aun cuando no realizan el hecho principal, intervienen de forma accesoria en el hecho, realizado por el autor; de modo que, con su actuar indirecto, secundario e inmediato favorecen, facilitan o motivan a la consumación del ilícito. Por lo que, consideró que la conducta atribuida al inculpado, consistente en que momentos previos a que fuera ultimado el pasivo, junto con otros, correteó al hoy occiso, hasta una barranca, donde después fue agredido físicamente, y luego le dispararon con un arma de fuego, no podía establecerse que con dicha conducta intervino en forma consciente y voluntaria para la ejecución del homicidio de Melitón Morales Quiterio; de ahí que concluyó que no podía atribuirse al ahora quejoso responsabilidad por coparticipación en tal injusto, ni siquiera en forma probable. Agregó que la conducta desplegada por el quejoso no era dable para afirmar que éste tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del injusto de mérito, pues para ello -sostuvo- que debían tomarse necesariamente en cuenta las condiciones concretas en que se desplegó la conducta homicida. En esas condiciones, no se encontró acreditado que entre el inculpado y los otros individuos, y menos con el sujeto que disparó, haya existido un acuerdo para ejecutar al pasivo, ni previo ni concomitante al hecho. En tal virtud, dictó auto de libertad con reservas de ley en su favor, por no existir elementos de prueba suficientes para demostrar que Horacio Flores Gutiérrez o Horacio Flores Leyva o Horacio Flores Torres como se señaló en el acto reclamado participó en la realización del delito señalado. Por otra parte, agréguense a los autos con los oficios signados por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, secretaria del referido órgano jurisdiccional y, Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con los que en suma, las referidas autoridades responsables acompañaron las constancias relativas a la boleta de libertad de Horacio Flores Gutiérrez o Horacio Flores Leyva o Horacio Flores Torres de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, de la que consta que el aquí quejoso, fue puesto en libertad, con motivo de la orden del referido juez decretada mediante oficio 789, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo expuesto, se demuestra que quedaron satisfechos los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora y, por ende, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. (...)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que hayan presentado promoción alguna dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que, con los elementos que obran en autos, se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo. Se explica. Mediante sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres) contra el auto de formal prisión dictado en su contra el doce de octubre de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Melitón Morales Quiterio; para los efectos precisados en el propio fallo protector. Así las cosas, en auto de veintitrés de enero pasado, este órgano jurisdiccional declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, el juez responsable remitió copia certificada del auto de término constitucional emitido el treinta de enero del actual, en el que se decretó, de nueva cuenta, auto de formal prisión en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la participación -en su comisión- del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, 323, 326, fracciones II y IV, y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Melitón Morales Quiterio. Una vez analizada dicha resolución, en proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, el suscrito estimó que la ejecutoria de amparo no se encontraba totalmente cumplida, pues no obstante que el juez había dejado sin efectos el acto reclamado, no había atendido a diversas consideraciones de la sentencia de amparo. Ciertamente, se consideró que la responsable no había realizado lo siguiente: ° Respecto al cuerpo del delito. a) No identificó de forma separada todos los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado, pues únicamente hizo alusión a algunos medios de convicción, pero no precisó con cuáles de ellos tuvo por acreditado cada uno de los elementos del delito de homicidio calificado en estudio; y, b) Si bien tuvo por acreditadas las calificativas previstas en las fracciones II y IV del artículo 326 del Código Penal para el Estado de Puebla, y por cuanto de la diversa prevista en la fracción III, señaló que no se tuvo por acreditada; lo cierto es que, omitió hacer pronunciamiento de la calificativa prevista en la fracción I, del artículo indicado. ° En atención a la probable responsabilidad. a) No señaló cómo fue que el accionante de amparo por haber correteado al pasivo, puso la condición para que se aprovechara el momento y el lugar en que fue acribillado dicho pasivo, y sostener que de no haber realizado la aludida actividad -corretear a la víctima (e incluso golpearlo)-, no se hubiera perpetrado el homicidio que fue a consecuencia de un disparo de arma de fuego; y, b) No precisó cómo se acreditó que el quejoso, en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito. Esto es: 1. Cómo se avaló que haya existido un acuerdo para ejecutar al pasivo, previo o concomitante al hecho; 2. Cómo el quejoso por haber correteado al pasivo, puso la condición para que se aprovechara el momento y el lugar en que fue acribillado, y sostener que de no haber realizado la aludida actividad de corretear a la víctima (e incluso golpearlo), no se hubiera perpetrado el homicidio que fue a consecuencia de un disparo de arma de fuego; y, 3. Cómo es que se acreditó que Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres), en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito, pues para ello, debió tomarse necesariamente en cuenta, las condiciones concretas en que se desplegó la conducta de privar de la vida al pasivo con un arma de fuego. En otras palabras, se dijo que no había motivado, cómo es que el citado quejoso, actuó con el autor material de la detonación, por concierto previo, o cómo fue que dicho acuerdo se dio en forma concomitante al evento, para matar al pasivo; pues debió tomarse en cuenta que el activo que disparó bien pudo haberlo hecho sin aquella actividad del quejoso -corretearlo y golpearlo-, dada el arma de fuego que portaba. Por tales razones, en el aludido auto de uno de febrero del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad responsable a fin de que subsanara tales deficiencias y para que dejara sin efectos tanto el acto reclamado como el auto de formal prisión de treinta de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, en cumplimiento el juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el siete de febrero del año en curso, dentro de la causa penal de origen, en la que no logró subsanar algunas de las deficiencias señaladas. En efecto, primero identificó de forma separada los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado, al señalar que consistían en: a) Que alguien prive de la vida a otra persona, b) con ventaja, cuando el delincuente es superior a la víctima en fuerza física y éste no se halle armado, por el número de los que lo acompañan, cuando el ofendido se haya caído y el delincuente armado y c) la relación causal entre la conducta desplegada por el activo, y el resultado que se traduce en la trasgresión del bien jurídico más preciado que es la privación de la vida de la víctima. Así mismo, señaló que en la causa se habían desahogo los siguientes medios de convicción: I) Diligencia de levantamiento de cadáver; de la que obtuvo -principalmente- la existencia de una persona privada de su vida, al encontrarse inerte y sin signos vitales; II) Diligencia ministerial de reconocimiento, inspección y necropsia, de la que -señaló- probaba que el fallecimiento de dicha persona fue consecuencia de la lesión que le fue producida por un sujeto a través del accionar de un arma de fuego; III) Dictamen médico legal de reconocimiento y necropsia número 815, de la que concluyó que el pasivo falleció por el traumatismo craneoencefálico secundario provocado por el disparo de un proyectil con arma de fuego; IV) Diligencia de inspección ministerial al lugar de los hechos, a la cual le dio valor de indicio sobre la existencia del lugar en el que fue agredido el pasivo. V) Diligencias de reconocimiento de cadáver a cargo de Fabiana Neofita Morales Quiterio -hermana de la víctima- y de Asención Gonzalo Gutiérrez Navarro -cuñado de la víctima-, mismas que utilizó para establecer el conocimiento de la identidad del pasivo, así como la previa existencia de su vida y su subsecuente pérdida. VI) Los testimonios de Asención Gutiérrez Morales -sobrino de la víctima- (tres), Ciro Morales Quiterio -hermano de la víctima- y Zenen Plata Morales -sobrino de la víctima- (dos); con los cuales obtuvo que el sujeto pasivo apareció sin vida, previo a estar en el domicilio ubicado en la entrada de Santo Tomás Chautla, al ser agredido por Horacio Flores Gutiérrez, y al ser perseguido por él y diversos sujetos; VII) Las declaraciones de César Adrián Solís García y Rubén Ramírez Hernández -policías judiciales-, de las que destacó que sus dichos fueron obtenidos de las entrevistas practicadas a los testigos Asención Gutiérrez Morales y Zenen Plata Morales. VIII) Las declaraciones de Bernardo Navarro Mejía -coinculpado del quejoso-; de las cuales obtuvo que dicho sujeto fue testigo de cómo el ahora demandante constitucional participó, con él y otros sujetos, en la agresión de la que fue víctima el sujeto pasivo, desde su persecución hasta el empleo de la fuerza física con sus extremidades inferiores (patadas) cuando la víctima cayó al suelo, para que después fuera ultimada por diverso sujeto con un disparo proveniente de un arma de fuego. Así, con dichas probanzas el juez concluyó que el diecisiete de noviembre de dos mil siete, siendo aproximadamente las veintiún horas, el agraviado Melitón Morales Quiterio salió del domicilio ubicado en la entrada de Santo Tomás Chautla, donde se celebraba una fiesta, cuando el activo Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres) lo comenzó a agredir y, enseguida, se escucharon detonaciones con un arma de fuego. Razón por la que el pasivo, al sentir amenazada su integridad física, huyó del lugar con dirección al cruce con la barranca de dicha población, siendo perseguido por Horacio Flores Gutiérrez, José Luis Ramírez Navarro, Erick Reyes García, Bernardo Navarro Mejía, Moisés Flores Navarro, Guillermo Corona Gutiérrez, "Jhony", "Eugenio", "Gregorio" y Félix Navarro Juárez, hasta que cayó al pavimento, debido a la agresión de sus persecutores, el arrojamiento de piedras contra su persona y al esfuerzo empleado en el escape, provocando la reducción de su fuerza y resistencia. Una vez en el suelo, Horacio Flores Gutiérrez y sus coparticipes, empleando su fuerza física a través de sus extremidades inferiores, comenzaron a agredir a la víctima por medio de patadas; situación que -a decir de la responsable- fue aprovechada para que el autor material del delito accionara su arma de fuego en contra del pasivo, ocasionando su deceso. También, derivado de ello el juez de origen tuvo por acreditadas las agravantes previstas en las fracciones II y IV del artículo 326 del código punitivo estatal, al destacar que el autor material era superior al ofendido por el número de personas que lo acompañaban, por la reducción de su resistencia provocada por las agresiones de las que fue objeto, por la ubicación de la víctima (tirado en el suelo) y por el hecho de que aquél se encontraba armado. Agregó que la calificativa prevista en la fracción I, de dicho numeral, no se actualizaba, por considerar que, si bien era cierto que el sujeto activo se encontraba armado, no estaba demostrado que dicho sujeto era más fuerte que el agraviado. Sin embargo, no identificó de forma separada con qué elementos de prueba en particular se acreditaba cada uno de los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado en estudio, pues hizo sólo alusión a ellas, les concedió el valor probatorio que estimó conducente y señaló los hechos que se probaban con las mismas, sin establecer qué elemento del cuerpo del delito emergía de éstas por separado. Así mismo, tampoco se encontraban corregidas las deficiencias sobre la motivación de la probable responsabilidad. Ciertamente, el juez responsable estableció que las probanzas con las que -a su criterio- se probó el cuerpo del delito también servían para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, al señalar que con ellas se acreditaban las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas. Agregó que el autor material del delito se valió de un arma de fuego y aprovechó la situación en la que se encontraba la víctima (tirado en el suelo, golpeado y reducido en su resistencia), gracias que el quejoso participó activamente en golpear al agraviado y en vencer su fortaleza. Apuntó que el ofendido, de no haber visto amenazada su integridad física por el quejoso y los sujetos que lo acompañaban, no hubiera huido hacía el lugar en el que fue asesinado, donde fue atacado con patadas por sus persecutores cuando se encontraba vencido en el suelo. Así, indicó que el ahora quejoso estimó adecuado efectuar dicha acción (perseguir y golpear a la víctima en el suelo), por ser quien en un inicio agredió al agraviado y luego seguirlo, una vez que el éste vio amenazada su integridad después de escuchar detonaciones con arma de fuego. Concluyendo de esa forma, que no fue un acto espontáneo el efectuado por el peticionario del amparo, sino un acuerdo concomitante para realizarlo, ya que varios sujetos agredieron al ofendido mediante la persecución y golpes (patadas) cuando se encontraba tirado, logrando que su resistencia se mermara; situación que aprovechó diverso sujeto para dispararle con un arma de fuego. De ahí que el juez de origen considerara que por la acción típica que probablemente brindó el quejoso, era posible clasificar su coautoría en el hecho delictuoso, al conocer los elementos del tipo penal y queriendo el resultado prohibido por la ley. Empero, si bien el juez señaló que existió un acuerdo concomitante, no precisó cómo se acreditó que el quejoso, en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito. Esto es, cómo se avaló que existió un acuerdo para ejecutar al pasivo, concomitante al hecho; y, cómo es que se acreditó que Horacio Flores Gutiérrez, en grado de certeza, tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito, pues para ello, debió tomarse necesariamente en cuenta, las condiciones concretas en que se desplegó la conducta de privar de la vida al pasivo con un arma de fuego. En otras palabras, no motivó cómo es que el citado quejoso, actuó con el autor material de la detonación, por concierto previo en forma concomitante al evento, para matar al pasivo; pues debió tomarse en cuenta que el activo que disparó bien pudo haberlo hecho sin aquella actividad del quejoso -corretearlo y golpearlo-, dada el arma de fuego que portaba. Por tales motivos, en auto de once de febrero pasado, se requirió nuevamente a la responsable para que corrigiera las deficiencias apuntadas, es decir, se le vinculo para que realizara lo siguiente: 1. Dejará sin efectos la resolución reclamada, así como las diversas de treinta de enero y siete de febrero, ambas de dos mil diecinueve, con las que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo; 2. Diera cabal cumplimiento a todos los efectos de la sentencia protectora, tomando en consideración lo precisado en el citado proveído de once de febrero del actual, esto es: a) Identificara de forma separada con qué elementos de prueba en particular se acreditaba cada uno de los elementos constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, 323, 326, fracciones II y IV, y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Melitón Morales Quiterio. Es decir, debía señalar con qué probanzas en específico se acreditaban los siguientes elementos a) Que alguien prive de la vida a otra persona, b) con ventaja, cuando el delincuente es superior a la víctima en fuerza física y éste no se halle armado, por el número de los que lo acompañan, cuando el ofendido se haya caído y el delincuente armado y c) la relación causal entre la conducta desplegada por el activo, y el resultado que se traduce en la trasgresión del bien jurídico más preciado que es la privación de la vida de la víctima. b) Respecto a la probable responsabilidad del quejoso y su coautoría, i) precisara cómo se acreditó que, en grado de certeza, tenía conciencia y voluntad de cooperar en la realización del delito de mérito y II) motivara cómo es que el quejoso actuó con el autor material de la detonación, por concierto previo en forma concomitante al evento, para matar al pasivo; pues debió tomarse en cuenta que el activo que disparó bien pudo haberlo hecho sin aquella actividad del quejoso -corretearlo y golpearlo-, dada el arma de fuego que portaba. En aras de cumplir con de lo anterior, mediante oficio 669, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió a este órgano de control constitucional copia certificada de la resolución de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el proceso penal en cita, en la cual realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de doce de octubre de dos mil dieciocho, así como las diversas de treinta de enero y siete de febrero, ambas del año en curso, con las que pretendió cumplir la ejecutoria de amparo. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, emitió otra en la que consideró, que con los elementos de pruebas analizados, si bien -a su criterio- acreditaban cada uno de los elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado, no tenían eficacia probatoria para establecer el grado probable, exigido por el artículo 19 Constitucional, de que Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres), participó en el ilícito que se le atribuye, atento a que su conducta no se adecuaba en la hipótesis contenida en la fracción I del numeral 21 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. En efecto, señaló que la coparticipación se da cuando varias personas concurren de manera consciente y voluntaria para la ejecución de la actividad delictiva y aun cuando no realizan el hecho principal, intervienen de forma accesoria en el hecho, realizado por el autor; de modo que, con su actuar indirecto, secundario e inmediato favorecen, facilitan o motivan a la consumación del ilícito. Por lo que, consideró que la conducta atribuida al inculpado, consistente en que momentos previos a que fuera ultimado el pasivo, junto con otros, correteó al hoy occiso, hasta una barranca, donde después fue agredido físicamente, y luego le dispararon con un arma de fuego, no podía establecerse que con dicha conducta intervino en forma consciente y voluntaria para la ejecución del homicidio de Melitón Morales Quiterio; de ahí que concluyó que no podía atribuirse al ahora quejoso responsabilidad por coparticipación en tal injusto, ni siquiera en forma probable. Agregó que la conducta desplegada por el quejoso no era dable para afirmar que éste tuviera conciencia y voluntad de cooperar en la realización del injusto de mérito, pues para ello -sostuvo- que debían tomarse necesariamente en cuenta las condiciones concretas en que se desplegó la conducta homicida. En esas condiciones, no se encontró acreditado que entre el inculpado y los otros individuos, y menos con el sujeto que disparó, haya existido un acuerdo para ejecutar al pasivo, ni previo ni concomitante al hecho. En tal virtud, dictó auto de libertad con reservas de ley en su favor, por no existir elementos de prueba suficientes para demostrar que Horacio Flores Gutiérrez o Horacio Flores Leyva o Horacio Flores Torres como se señaló en el acto reclamado participó en la realización del delito señalado. Por otra parte, agréguense a los autos con los oficios signados por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, secretaria del referido órgano jurisdiccional y, Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con los que en suma, las referidas autoridades responsables acompañaron las constancias relativas a la boleta de libertad de Horacio Flores Gutiérrez o Horacio Flores Leyva o Horacio Flores Torres de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, de la que consta que el aquí quejoso, fue puesto en libertad, con motivo de la orden del referido juez decretada mediante oficio 789, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo expuesto, se demuestra que quedaron satisfechos los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora y, por ende, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que informa dio cumplimiento a lo ordenado por esta potestad federal mediante oficio B-93-1 y, para acreditar su dicho, remite copia certificada del acuse de recibo del diverso oficio número 789 de su estadística, dirigido al Director del Centro de Reinserción Social del Estado. En ese sentido, téngase a la autoridad oficiante, dando parcial cumplimiento al requerimiento efectuado por esta potestad federal en proveído de veintisiete de febrero de esta anualidad, pues si bien libró el oficio correspondiente al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, no acompañó copia certificada de la boleta de libertad respectiva. En consecuencia, requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano de control constitucional la boleta de libertad del quejoso Horacio Flores Gutiérrez (u Horacio Flores Leyva u Horacio Flores Torres), respecto de la causa penal 429/2007-8 de su índice. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con el que fue conminado en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
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