Horacio Jaime Acosta Medina

Expediente 1481/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1481/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Horacio Jaime Acosta Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede se agrega para que obre como corresponda el escrito del quejoso Horacio Jaime Acosta Medina, mediante el cual señala domicilio, número celular, y correo electrónico; asimismo, solicita se notifique a la autoridad responsable el inicio de su "queja", a fin que pueda beneficiarse del descuento que el Gobierno del Estado ha otorgado y pueda hacer el pago para recuperar su vehículo, al efecto se acuerda: Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su escrito de cuenta; asimismo, se tiene como teléfono celular y correo electrónico los proporcionados en el ocurso de mérito, únicamente como contacto de la parte quejosa, el cual se utilizara, con fines de localización, cuando no se pueda realizar las notificaciones por las vías legales ordinarias. Finalmente, respecto a que se notifique a la autoridad responsable a fin de que pueda realizar las gestiones de pago para la recuperación del vehículo, dígasele al promovente que no ha lugar a acceder a su solicitud, toda vez, que mediante proveído de diecinueve de febrero del año en curso se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, en virtud de que con libertad de decisión, la autoridad responsable dió respuesta por escrito a la petición que se le presentó el treinta de agosto de dos mil diecinueve. En efecto, en la sentencia ejecutoriada de que se trata, se concedió el amparo a la parte quejosa Horacio Jaime Acosta Medina, respecto de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán para que realizara lo siguiente: "(.) Con libertad de decisión, dar respuesta por escrito a la petición que se presentó el treinta de agosto de dos mil diecinueve, ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio del cual el quejoso solicitó la devolución del vehículo marca Chevrolet modelo 2017 spark ng paq. ISR, con placas ZBH-479B del Estado de Yucatán y número de serie KL8CJSCA911K786529. (.)" En virtud de lo anterior, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán remitió con sus oficios SSP/DJ/1055/2020 y SSP/DJ/4403/2020, de los que se advertía que el nueve de enero dos mil veinte le dio contestación al impetrante del amparo respecto de su ocurso de treinta de agosto de dos mil diecinueve, así se le informó que el vehículo en cuestión fue puesto a disposición de la Dirección General de Transporte del Estado, por no contar con la concesión respectiva, para prestar el servicio de transporte público, y que podía apersonarse a dicha dependencia para los trámites pertinentes; oficio que le fue notificado el veintiocho de enero del año en curso, en el domicilio que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones por conducto de su autorizado para ese efecto. De lo anterior, se advierte que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán se pronunció con libertad de jurisdicción respecto de la solicitud que el quejoso realizó a través del escrito de treinta de agosto de dos mil diecinueve, y esa contestación. Es así que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa dado que se encontraba totalmente concluido. Lo anterior pone en evidencia que la pretensión del ahora quejoso, formulada en su escrito de cuenta, en relación al pago que debe efectuar para lograr la recuperación de su vehículo, es totalmente ajena a la materia del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que el día tres de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudan los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado. En mérito de lo anterior, comuníquese a las partes que en el presente asunto se reanudan los plazos y términos legales, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en este asunto en su primer punto resolutivo se concedió el amparo solicitado a la parte quejosa, la cual se tuvo por cumplida por la autoridad responsable, en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Mariana Mariely Durán López, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las trece horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1481/2019-VIII, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante la secretaria Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria da cuenta con el escrito inicial de demanda, con el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, autoridad señala como responsable, y con la constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. A lo que el Juez acuerda: que se tenga por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presunciones en su doble aspecto legal y humano que ofreció en el mismo escrito; de igual manera se da cuenta con las copias las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tengan por admitidas las probanzas de referencia y por desahogadas en virtud de su propia naturaleza cerrándose dicho periodo. Seguidamente, se abre el período de alegatos, en el que se da cuenta con el pedimento ministerial que obra glosado en autos (fojas 26 a 29), a través del cual se formulan alegatos; por lo que el Juez acuerda que se tengan por hechas las manifestaciones de la representación social; con lo anterior se cierra este periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos de este juicio de amparo 1481/2019-VIII, que Horacio Jaime Acosta Medina promovió contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, por estimarlo violatorio de los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito que presentó el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Horacio Jaime Acosta Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo conforme al acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso el acto que se reclama es un acto omisivo, que no requiere ejecución material. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama: La falta de contestación al escrito de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, que dirigió a la autoridad responsable y que presentó el treinta del mismo mes y año, ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio del cual solicitó la devolución del vehículo marca Chevrolet modelo 2017 spark ng paq. ISR, con placas ZBH-479B del Estado de Yucatán y número de serie KL8CJSCA911K786529. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al rendir el informe justificado en representación de la autoridad responsable, refirió que es cierto el acto reclamado, en lo que respecta a la falta de contestación del ocurso presentado por el quejoso, en fecha treinta de agosto del año en curso, y adujo que no se ha pronunciado respecto del trámite solicitado, por la excesiva carga de labores de la Secretaría. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. Es esencialmente fundado el argumento esgrimido por la parte quejosa, que básicamente consiste en la violación por parte de la responsable del derecho contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir dar respuesta al escrito que presentó ante esa autoridad el treinta de agosto de dos mil diecinueve. Para dilucidar lo antedicho es menester señalar en primer término que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El dispositivo transcrito, contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar: a) Dictar el acuerdo correspondiente por escrito; y, b) Que se comunique en breve término ese proveído al peticionario. Derecho humano que opera, siempre y cuando la petición se le formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 42/2001, contenida en la página 126, Tomo XIII, de Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189914 que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Además, el derecho no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado. Entonces, no es suficiente que se dé respuesta por escrito a la petición que se le formuló a la autoridad, sino además, resulta necesario que ésta atienda de manera coherente y completa lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido negativo o positivo pero, resolviendo lo planteado. También cabe apuntar que una característica más que define al derecho humano en estudio estriba en que, de ser necesario llevar a cabo diversos trámites tendentes a satisfacer la solicitud elevada por el gobernado, la autoridad responsable debe igualmente, hacerle saber en breve término cada uno de los trámites relativos a las gestiones conducentes para estar en aptitud de otorgar la determinación definitiva. Lo antes aseverado encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 81, en la foja 91, tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice 2000, en que se lee: "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8° constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." Bajo ese contexto legal, como se dijo, resulta fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, toda vez que, como lo asevera, la responsable no ha dado respuesta a su petición en breve término como lo exige la norma constitucional, que presentó el treinta de agosto del año en curso, y a la fecha han transcurrido más de tres meses, sin que obre constancia que hubiese atendido la petición y que hubiese hecho del conocimiento del peticionario la respuesta que haya dado a la misma. Esas omisiones violan el derecho humano contenido en el artículo 8° Constitucional, pues como se anotó, ésta debe cumplirse no sólo proveyendo el escrito o solicitud respectiva, sino también dando a conocer a la parte interesada personalmente la respuesta que se emita y en breve término, para que a partir de esa fecha esté en aptitud de ejercer las defensas que considere oportunas contra la respuesta otorgada. Consecuentemente, lo que procede es conceder a Horacio Jaime Acosta Medina, el amparo y protección de la Justicia Federal. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En este caso, una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable, deberá actuar en los siguientes términos: Con libertad de decisión, dar respuesta por escrito a la petición que se presentó el treinta de agosto de dos mil diecinueve, ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio del cual el quejoso solicitó la devolución del vehículo marca Chevrolet modelo 2017 spark ng paq. ISR, con placas ZBH-479B del Estado de Yucatán y número de serie KL8CJSCA911K786529. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión ampara y protege a Horacio Jaime Acosta Medina, contra el acto que reclama de la autoridad responsable, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo, y para los efectos precisados en el quinto subsecuente. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial 769/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal, que en su caso se sobresea en el juicio, y se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente asunto. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas en el oficio de mérito, para ser tomadas en cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

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