Holda Laura Garma Monte de Oca

Expediente 1606/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1606/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Holda Laura Garma Monte de Oca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    (.) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (.)

  2. Principal

    (.) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (.)

  3. Principal

    AVISO....QUJOSA...Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1606/2021-VIII, promovido por Holda Laura Garma Monte de Oca, contra los actos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, por violación a los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por Holda Laura Garma Monte de Oca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integro de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La ilegal e inminente orden de corte o suspensión del servicio de agua potable El cobro o imposición de un adeudo por el servicio de agua potable, el cual corresponde a un diverso usuario. La negativa para la celebración de un nuevo contrato o bien el cambio de titular. La falta de aplicación a los lineamientos del programa de regularización de adeudos, publicados den el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 27 de enero de dos mil trece. La falta de oportunidad para condonar el adeudo o convenir el mismo Tercero. Inexistencia de actos. El Gerente Jurídico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, al rendir su informe justificado expresó que no es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la orden de suspender el servicio de agua potable que se prestan en el domicilio indicado por la parte quejosa, asimismo, negó el cobro y pago de los derechos del mencionado servicio, así como la negativa de cambiar a nombre de la quejosa el contrato de dicho servicio o bien celebrar un nuevo contrato a nombre de la quejosa. Sobre el particular, se tiene que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que a la responsable se atribuye. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Es aplicable a lo anterior, respecto del segundo supuesto, prueba directa de la existencia del acto reclamado, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, registro 210769, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 77, con número de registro 210769, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Asimismo, sirve de apoyo la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En este contexto, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, no existe alguna con la que se acredite que la autoridade responsable, haya emitido una orden del corte del suministro de agua potable, o bien le haya requerido de pago del adeudo por dicho servicio. Además, tampoco existe medio de convicción alguno, con el que se acredite que la autoridad responsable, haya rechazado la solicitud de la quejosa de contratar el servicio de agua potable sobre el predio 141, número 827 por calle 172 y calle 176 fraccionamiento Los Héroes, en Mérida Yucatán, o bien cambiar de titular a su nombre el servicio, pues para ello resultaba necesario que ofreciera los medios de prueba idóneos y contundentes a demostrar tales extremos, sin que lo hiciera; por lo que es vidente que no existe actuación alguna con la que se acredite que la autoridad responsable, emitió y ejecutó los actos respecto de los que niegan su intervención, pues la parte quejosa no ofreció medio probatorio alguno para desvirtuar las negativas que sostienen. De modo que si la solicitante del amparo, no ofreció algún medio de convicción idóneo con el que demuestre la existencia de los actos que aduce realizó la autoridad responsable y, de las constancias de autos no se advierte que exista prueba que demuestre su certeza, ni aun de manera presuntiva o indiciaria, por tanto, esos actos son inexistentes. Por lo tanto, al considerar la naturaleza de los actos reclamados, y al no haber aportado la solicitante del amparo medio de convicción alguno con el que se acredite fehacientemente que la autoridad los emitió y ejecutó, tiene sustento la negativa propuesta por ésta. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ella se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, pues es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar sus afirmaciones. Tiene sustento lo anterior, en la tesis sin número, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 14, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96, Sexta Parte, que literalmente dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, TEXTO DEL. NO SE ACREDITA CON LA DEMANDA DE AMPARO. Toda vez que la demanda de garantías contiene simples manifestaciones del quejoso, aunque en ella se transcriba el texto del acuerdo combatido, no es prueba idónea para acreditar ese extremo, a pesar de que la autoridad responsable no rinda informe justificado, sino que se requiere que se exhiba el documento fehaciente que contenga el propio acuerdo". De igual forma, es aplicable, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 193-198 Sexta Parte, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES. El hecho de que los quejosos, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, relaten bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, no demuestra la existencia de los mismos, pues para que sean estimados deben ser probados en el juicio constitucional por cualquiera de los medios probatorios que prevé el precepto 150 del citado ordenamiento legal". Asimismo, se aplica la tesis número IX.1o.83 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 17147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Por tanto, al no haberse desvirtuado la negativa de los actos en mención, con fundamento en lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos que se les atribuyen. Sirve de fundamento, la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Cuarto. Improcedencia sobre actos existentes. Por otra parte, en relación con los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la falta de aplicación de los lineamientos del programa de regularización de adeudos, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el veintisiete de junio de dos mil trece, así como la falta de oportunidad para condonar el adeudo o convenir el mismo, si bien es cierto, la autoridad negó el acto reclamado, de sus manifestaciones se advierte su certeza, por tanto, se tienen por existentes. Este Juzgado Federal, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, concatenado con el numeral 5º, fracción I, de la invocada norma. Lo anterior es así dado que la parte quejosa no acredita resentir un agravio personal y directo, ni tampoco tiene interés jurídico para promover la presente controversia constitucional, ya que no exhibió documento alguno con el cual acredite ser titular o usuario de la cuenta de suministro de agua potable, pues como la propia quejosa afirma, el servicio de agua potable fue contratado por Luis Augusto Hoyos Solís, quien dice es progenitor de sus menores hijos, con quien se encuentra en un procedimiento de divorcio. En efecto, respecto de la titularidad del contrato del servicio de agua, la propia autoridad remitió copia certificada del contrato 0103361235, mediante el cual se advierte que Luis Augusto Hoyos Solís, es el titular de dicho servicio proporcionado en el predio ubicado en calle 141, número 827 por calle 172 y calle 176 fraccionamiento Los Héroes, en Mérida Yucatán. En efecto, del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. De manera ilustrativa, se cita la tesis de jurisprudencia 854, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 582, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, registro 394810, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De igual manera, sustenta lo dicho la tesis de jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 35, número 60, diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 217651, de rubro y texto: "INTERES JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, los siguientes criterios: Tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1736, libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003067, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 822, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002812, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamenteirrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. Así, debe acotarse que el interés legítimo, en el contexto del derecho administrativo, supone la facultad de acudir al juicio de amparo cuando un acto con esa naturaleza genera un perjuicio al gobernado (cualificado, actual y real), en virtud de su situación de hecho frente al ordenamiento jurídico y si bien es cierto que no cuenta con un elemento de exigencia (propio del derecho subjetivo), éste lesiona su esfera jurídica en sentido amplio. Ahora bien, en relación con lo que ha quedado expuesto, este juzgado Federal estima pertinente transcribir, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Como se advierte del numeral transcrito, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma (interés jurídico), o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto (interés legítimo), pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo indefectiblemente a los gobernados, acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Apoya lo anterior, la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, página 1391, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002326, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Ahora bien, en función del caso concreto, se debe determinar si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el interés legítimo, lo que implica atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión. En ese orden de ideas, de la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, el informe de la autoridad responsable, es dable determinar que el interés que la quejosa busca proteger es un interés jurídico, pues su pretensión es que se condone o reduzca un adeudo por el servicio de agua potable. Es así dado que conforme al artículo 3, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, el pago por consumo de agua constituye una contribución en su modalidad de derecho a cargo de los particulares y, por tanto, debe considerarse como un crédito fiscal, en atención a la legislación especial que rige el acto, en el caso, la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, que en sus artículos 10, 22 y 46, establece que la obligación de pago de las cuotas por consumo de agua tendrá el carácter de fiscal, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida de exentar o reducir un crédito fiscal, del cual la quejosa no es la obligada. Cabe señalar que no se está en posibilidad de examinar la afectación del interés legítimo y el interés jurídico en torno a un acto reclamado, en tanto que uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin que sea dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiera la quejosa, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. Una vez establecido lo anterior, se expone que la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas de su parte, las siguientes: Copia simple de la credencial de elector a nombre de la quejosa Holda Laura Garma Montes de Oca, del que se aprecia el domicilio ubicado en calle ciento cuarenta y uno, número ochocientos veintisiete entre la calle ciento setenta y dos y ciento setenta y seis del Fraccionamiento Los Héroes. Copia simple de la consulta de saldo del servicio de Agua Potable respecto del domicilio ubicado en calle ciento cuarenta y uno, número ochocientos veintisiete entre la calle ciento setenta y dos y ciento setenta y seis del Fraccionamiento Los Héroes, a nombre Luis Augusto Hoyos Solís. Copia simple del estado de cuenta del crédito hipotecario del domicilio ubicado en calle ciento cuarenta y uno, número ochocientos veintisiete entre la calle ciento setenta y dos y ciento setenta y seis del Fraccionamiento Los Héroes, a nombre Luis Augusto Hoyos Solís. Copia simple de la cedula de notificación realizada a la quejosa Holda Laura Garma Montes de Oca, del proveído de trece de julio del año en curso, dictado en el expediente 500/2019, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por la aquí quejosa en contra de Luis Augusto Hoyos Solís, del índice del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Cabe puntualizar que la parte quejosa exhibió los citados documentos, en copias fotostáticas simples, las cuales debido a su modo de reproducción carecen por sí mismas de valor probatorio alguno, ya que no se encuentran adminiculadas con algún otro medio de convicción distinto para justificar los hechos que se pretenden demostrar. Se expone tal aserto, porque las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención o reproducción se efectúa por medio de la tecnología respectiva, por lo que no pueden formular convicción plena de la información que en ellas se contiene, dada la forma en que éstas fueron confeccionadas y atendiendo a los avances de la ciencia. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo en términos de su artículo 2°, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador, es evidente que éstas por sí solas carecen de valor probatorio pleno, ya que únicamente generan simple presunción de su existencia al no encontrarse adminiculados con otros elementos o medios de convicción distintos para justificar los hechos que se pretende demostrar con tales documentales. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia número IV.3o.J/23, publicada en la página quinientos diez, del tomo III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 193, aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la nación, página 132, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". En tal sentido, se considera que como la parte quejosa únicamente exhibió copias fotostáticas simples de las que se deprende que en el predio en el que dice la quejosa habita, existe un adeudo respecto del servicio de agua potable, del cual es titular la persona con quien dice se encuentra en un procedimiento de divorcio; sin embargo, dichas documentales no son pruebas idóneas para acreditar la afectación a su interés jurídico, puesto que con ellas no demuestra que sea la persona obligada al pago del adeudo e incluso no se acredita la vinculación de la solicitante del amparo con quien dice es títular del servicio prestado, o bien que habita en el domicilio respecto del cual se proporciona el servicio de agua potable, en el que se reporta un adeudo del que reclama se realice una condonación, cuestión que no puede tenerse por acreditada a base de presunciones y que al no haber sido acreditada la afectación a la quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente. Cabe señalar, que, respecto de la credencial de elector a nombre de la quejosa, además de haber sido exhibida en copia simple, y que por ello carece de valor probatorio pleno, es un documento de identificación que no tiene ningún alcance para acreditar ni aun de manera indiciaria para acreditar que la quejosa tenga su domicilio en la dirección ahí manifestada. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.1o.C. J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 986. "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." En efecto, los medios de convicción exhibidos por la quejosa no son pruebas idóneas para acreditar la afectación a su interés jurídico, porque con todas las pruebas documentales allegas, no se acredita que la quejosa sea el usuario y/o titular de la toma de agua que por esta vía constitucional defiende. En consecuencia, también se actualiza la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Holda Laura Garma Monte de Oca, contra los actos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, por los motivos vertidos en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García hasta el día de hoy dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado lo permitieron, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1606/2021-VIII, promovido por Holda Laura Garma Monte de Oca, contra los actos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, por violación a los artículos 1, 4, 5, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por Holda Laura Garma Monte de Oca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integro de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La ilegal e inminente orden de corte o suspensión del servicio de agua potable El cobro o imposición de un adeudo por el servicio de agua potable, el cual corresponde a un diverso usuario. La negativa para la celebración de un nuevo contrato o bien el cambio de titular. La falta de aplicación a los lineamientos del programa de regularización de adeudos, publicados den el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 27 de enero de dos mil trece. La falta de oportunidad para condonar el adeudo o convenir el mismo Tercero. Inexistencia de actos. El Gerente Jurídico de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, al rendir su informe justificado expresó que no es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la orden de suspender el servicio de agua potable que se prestan en el domicilio indicado por la parte quejosa, asimismo, negó el cobro y pago de los derechos del mencionado servicio, así como la negativa de cambiar a nombre de la quejosa el contrato de dicho servicio o bien celebrar un nuevo contrato a nombre de la quejosa. Sobre el particular, se tiene que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que a la responsable se atribuye. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. La ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última, se actualiza a través del reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. Es aplicable a lo anterior, respecto del segundo supuesto, prueba directa de la existencia del acto reclamado, la jurisprudencia número VI.2o. J/308, registro 210769, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página 77, con número de registro 210769, cuyo rubro y texto, a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Asimismo, sirve de apoyo la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En este contexto, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, no existe alguna con la que se acredite que la autoridade responsable, haya emitido una orden del corte del suministro de agua potable, o bien le haya requerido de pago del adeudo por dicho servicio. Además, tampoco existe medio de convicción alguno, con el que se acredite que la autoridad responsable, haya rechazado la solicitud de la quejosa de contratar el servicio de agua potable sobre el predio 141, número 827 por calle 172 y calle 176 fraccionamiento Los Héroes, en Mérida Yucatán, o bien cambiar de titular a su nombre el servicio, pues para ello resultaba necesario que ofreciera los medios de prueba idóneos y contundentes a demostrar tales extremos, sin que lo hiciera; por lo que es vidente que no existe actuación alguna con la que se acredite que la autoridad responsable, emitió y ejecutó los actos respecto de los que niegan su intervención, pues la parte quejosa no ofreció medio probatorio alguno para desvirtuar las negativas que sostienen. De modo que si la solicitante del amparo, no ofreció algún medio de convicción idóneo con el que demuestre la existencia de los actos que aduce realizó la autoridad responsable y, de las constancias de autos no se advierte que exista prueba que demuestre su certeza, ni aun de manera presuntiva o indiciaria, por tanto, esos actos son inexistentes. Por lo tanto, al considerar la naturaleza de los actos reclamados, y al no haber aportado la solicitante del amparo medio de convicción alguno con el que se acredite fehacientemente que la autoridad los emitió y ejecutó, tiene sustento la negativa propuesta por ésta. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ella se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, pues es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar sus afirmaciones. Tiene sustento lo anterior, en la tesis sin número, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 14, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96, Sexta Parte, que literalmente dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, TEXTO DEL. NO SE ACREDITA CON LA DEMANDA DE AMPARO. Toda vez que la demanda de garantías contiene simples manifestaciones del quejoso, aunque en ella se transcriba el texto del acuerdo combatido, no es prueba idónea para acreditar ese extremo, a pesar de que la autoridad responsable no rinda informe justificado, sino que se requiere que se exhiba el documento fehaciente que contenga el propio acuerdo". De igual forma, es aplicable, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 193-198 Sexta Parte, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES. El hecho de que los quejosos, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, relaten bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, no demuestra la existencia de los mismos, pues para que sean estimados deben ser probados en el juicio constitucional por cualquiera de los medios probatorios que prevé el precepto 150 del citado ordenamiento legal". Asimismo, se aplica la tesis número IX.1o.83 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 17147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Por tanto, al no haberse desvirtuado la negativa de los actos en mención, con fundamento en lo que dispone el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos que se les atribuyen. Sirve de fundamento, la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Cuarto. Improcedencia sobre actos existentes. Por otra parte, en relación con los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la falta de aplicación de los lineamientos del programa de regularización de adeudos, publicados en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el veintisiete de junio de dos mil trece, así como la falta de oportunidad para condonar el adeudo o convenir el mismo, si bien es cierto, la autoridad negó el acto reclamado, de sus manifestaciones se advierte su certeza, por tanto, se tienen por existentes. Este Juzgado Federal, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, concatenado con el numeral 5º, fracción I, de la invocada norma. Lo anterior es así dado que la parte quejosa no acredita resentir un agravio personal y directo, ni tampoco tiene interés jurídico para promover la presente controversia constitucional, ya que no exhibió documento alguno con el cual acredite ser titular o usuario de la cuenta de suministro de agua potable, pues como la propia quejosa afirma, el servicio de agua potable fue contratado por Luis Augusto Hoyos Solís, quien dice es progenitor de sus menores hijos, con quien se encuentra en un procedimiento de divorcio. En efecto, respecto de la titularidad del contrato del servicio de agua, la propia autoridad remitió copia certificada del contrato 0103361235, mediante el cual se advierte que Luis Augusto Hoyos Solís, es el titular de dicho servicio proporcionado en el predio ubicado en calle 141, número 827 por calle 172 y calle 176 fraccionamiento Los Héroes, en Mérida Yucatán. En efecto, del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no generen una afectación a la parte quejosa, ya sea como titular de un derecho tutelado por una norma de derecho objetivo, o bien como titular de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. De manera ilustrativa, se cita la tesis de jurisprudencia 854, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 582, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, registro 394810, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De igual manera, sustenta lo dicho la tesis de jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 35, número 60, diciembre de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 217651, de rubro y texto: "INTERES JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por ello, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, los siguientes criterios: Tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1736, libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2003067, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Tesis aislada 1a. XLIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 822, libro XVII, febrero de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002812, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamenteirrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo hasta aquí expuesto, debe precisarse que no es factible equiparar ambas clases de interés (jurídico y legítimo), puesto que presentan diferencias substanciales a fin de establecer los entes que se encuentran legitimados para instar la acción de amparo. Ciertamente, mientras que en el interés jurídico es necesario un derecho subjetivo con su correspondiente potestad de exigencia, consagrado en la norma objetiva; en el interés legítimo, sólo basta la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, por afectarse la esfera jurídica ya sea directa o derivada de la situación del sujeto respecto del orden jurídico, sin la necesidad de que la norma establezca a favor del individuo alguna facultad expresa y directa de exigir. Así, debe acotarse que el interés legítimo, en el contexto del derecho administrativo, supone la facultad de acudir al juicio de amparo cuando un acto con esa naturaleza genera un perjuicio al gobernado (cualificado, actual y real), en virtud de su situación de hecho frente al ordenamiento jurídico y si bien es cierto que no cuenta con un elemento de exigencia (propio del derecho subjetivo), éste lesiona su esfera jurídica en sentido amplio. Ahora bien, en relación con lo que ha quedado expuesto, este juzgado Federal estima pertinente transcribir, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Como se advierte del numeral transcrito, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma (interés jurídico), o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto (interés legítimo), pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo indefectiblemente a los gobernados, acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Apoya lo anterior, la tesis aislada XXVII.1o.(VIII Región) 4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, página 1391, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002326, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Ahora bien, en función del caso concreto, se debe determinar si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el interés legítimo, lo que implica atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión. En ese orden de ideas, de la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, el informe de la autoridad responsable, es dable determinar que el interés que la quejosa busca proteger es un interés jurídico, pues su pretensión es que se condone o reduzca un adeudo por el servicio de agua potable. Es así dado que conforme al artículo 3, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Yucatán, el pago por consumo de agua constituye una contribución en su modalidad de derecho a cargo de los particulares y, por tanto, debe considerarse como un crédito fiscal, en atención a la legislación especial que rige el acto, en el caso, la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, que en sus artículos 10, 22 y 46, establece que la obligación de pago de las cuotas por consumo de agua tendrá el carácter de fiscal, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida de exentar o reducir un crédito fiscal, del cual la quejosa no es la obligada. Cabe señalar que no se está en posibilidad de examinar la afectación del interés legítimo y el interés jurídico en torno a un acto reclamado, en tanto que uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin que sea dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiera la quejosa, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. Una vez establecido lo anterior, se expone que la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas de su parte, las siguientes: Copia simple de la credencial de elector a nombre de la quejosa Holda Laura Garma Montes de Oca, del que se aprecia el domicilio ubicado en calle ciento cuarenta y uno, número ochocientos veintisiete entre la calle ciento setenta y dos y ciento setenta y seis del Fraccionamiento Los Héroes. Copia simple de la consulta de saldo del servicio de Agua Potable respecto del domicilio ubicado en calle ciento cuarenta y uno, número ochocientos veintisiete entre la calle ciento setenta y dos y ciento setenta y seis del Fraccionamiento Los Héroes, a nombre Luis Augusto Hoyos Solís. Copia simple del estado de cuenta del crédito hipotecario del domicilio ubicado en calle ciento cuarenta y uno, número ochocientos veintisiete entre la calle ciento setenta y dos y ciento setenta y seis del Fraccionamiento Los Héroes, a nombre Luis Augusto Hoyos Solís. Copia simple de la cedula de notificación realizada a la quejosa Holda Laura Garma Montes de Oca, del proveído de trece de julio del año en curso, dictado en el expediente 500/2019, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por la aquí quejosa en contra de Luis Augusto Hoyos Solís, del índice del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Cabe puntualizar que la parte quejosa exhibió los citados documentos, en copias fotostáticas simples, las cuales debido a su modo de reproducción carecen por sí mismas de valor probatorio alguno, ya que no se encuentran adminiculadas con algún otro medio de convicción distinto para justificar los hechos que se pretenden demostrar. Se expone tal aserto, porque las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención o reproducción se efectúa por medio de la tecnología respectiva, por lo que no pueden formular convicción plena de la información que en ellas se contiene, dada la forma en que éstas fueron confeccionadas y atendiendo a los avances de la ciencia. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo en términos de su artículo 2°, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador, es evidente que éstas por sí solas carecen de valor probatorio pleno, ya que únicamente generan simple presunción de su existencia al no encontrarse adminiculados con otros elementos o medios de convicción distintos para justificar los hechos que se pretende demostrar con tales documentales. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia número IV.3o.J/23, publicada en la página quinientos diez, del tomo III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 193, aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la nación, página 132, cuyo rubro y texto son: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". En tal sentido, se considera que como la parte quejosa únicamente exhibió copias fotostáticas simples de las que se deprende que en el predio en el que dice la quejosa habita, existe un adeudo respecto del servicio de agua potable, del cual es titular la persona con quien dice se encuentra en un procedimiento de divorcio; sin embargo, dichas documentales no son pruebas idóneas para acreditar la afectación a su interés jurídico, puesto que con ellas no demuestra que sea la persona obligada al pago del adeudo e incluso no se acredita la vinculación de la solicitante del amparo con quien dice es títular del servicio prestado, o bien que habita en el domicilio respecto del cual se proporciona el servicio de agua potable, en el que se reporta un adeudo del que reclama se realice una condonación, cuestión que no puede tenerse por acreditada a base de presunciones y que al no haber sido acreditada la afectación a la quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente. Cabe señalar, que, respecto de la credencial de elector a nombre de la quejosa, además de haber sido exhibida en copia simple, y que por ello carece de valor probatorio pleno, es un documento de identificación que no tiene ningún alcance para acreditar ni aun de manera indiciaria para acreditar que la quejosa tenga su domicilio en la dirección ahí manifestada. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.1o.C. J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 986. "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." En efecto, los medios de convicción exhibidos por la quejosa no son pruebas idóneas para acreditar la afectación a su interés jurídico, porque con todas las pruebas documentales allegas, no se acredita que la quejosa sea el usuario y/o titular de la toma de agua que por esta vía constitucional defiende. En consecuencia, también se actualiza la causa de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Holda Laura Garma Monte de Oca, contra los actos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, por los motivos vertidos en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García hasta el día de hoy dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado lo permitieron, secretaria que autoriza y da fe.

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