Horacio Galindo Andrade
Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Horacio Galindo Andrade
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Finalmente, se devuelve al 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, un disco versátil digital que contiene diversas constancias y videograbaciones que integran la causa de control 1685/2022, que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por la 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual informa que el cinco de los actuales, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, remitiendo al efecto el disco versátil digital que contiene diversas constancias y videograbaciones que integran la causa control ---/2022 resolución de la que se ordena obtener una impresión para que obre como corresponda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba el disco versátil digital que adjunta al oficio de cuenta. En el entendido que al tratarse de una prueba documental pública, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del informe de cuenta y de sus anexos se advierte que el cinco de septiembre del año en curso, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso ***, por el delito de HOMICIDIO CON LA MODIFICATIVA AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON VENTAJA, en agravio de la víctima que refiere. Por tanto, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; conforme al criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, se precisa que respecto a los siguientes actos reclamados: 1) la omisión de poner al impetrante a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; 2) omisión de señalar fecha y hora para la audiencia inicial para resolver la situación jurídica del quejoso; y, 3) orden de detención; se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia consistente en el cambio de situación jurídica, prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis con número de registro 918214, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, cuyo epígrafe y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En principio, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo último y primordial fin, es restituir en el pleno goce de los derechos humanos al gobernado que se duele del proceder del órgano del Estado, en su carácter de autoridad. Por su parte, el legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia que el fallo protector se concrete y trascienda en la esfera jurídica de quien lo promueve, de tal manera que se repare la afectación que resintió. Ahora bien, al dictarse dicho auto de vinculación a proceso al quejoso durante la tramitación de este juicio de amparo, es inconcuso que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues es patente que esa nueva resolución adquirió vida jurídica, sustituyendo procesalmente a los actos combatidos y sus consecuencias, lo que configura la causal de improcedencia invocada. Ello así, permite válidamente concluir que la situación jurídica dentro del expediente en el que se emitió ha cambiado, ya que al haberse dictado dicho auto de vinculación a proceso al impetrante, no es procedente abordar el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, dado que se afectaría la nueva situación jurídica creada. Sustenta a lo anterior, por identidad de razón jurídica la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), registro 2017544, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Página: 2482, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Así como la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, registro 171841, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Novena Época, Materias(s): Penal, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas del seis de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, no se soslaya el hecho que la parte quejosa adujo en su demanda ser sujeto de actos de incomunicación, acto que lo hizo depender del diverso relativo a la privación de su libertad; sin que se desprenda de autos la certeza de tales circunstancias, sino por el contrario, se advierte que en la constancia de notificación practicada por el fedatario de la adscripción en cumplimiento a lo ordenado en auto de uno septiembre del presente año, de este índice, el fedatario asentó que no se encontraba incomunicado el impetrante. Lo que se corrobora de las constancias que adjuntó la 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que a su vez le fueron enviadas por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (registro 14484), de las que se desprende que recabó del Subjefe de Custodia, el informe con el que avisó que el detenido -aquí quejoso-, no se encontraba incomunicado, que no tenía los números telefónicos de su familia, pero que el dos de septiembre de dos mil veintidós tuvo su primera audiencia en la que estuvieron presentes su esposa, su hermano y su defensa. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio remitido por la 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual informa las acciones realizadas en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por auto de uno de septiembre de la presente anualidad; Asimismo, se tienen recibidas las constancias que a su vez le fueron enviadas por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, respecto al requerimiento que le formuló por cuanto hace a la medida cautelar otorgada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense los oficios signados por el 3. Coordinador de la Policía de Investigación de la Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en su denominación correcta (por duplicado), y la 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mediante los cuales informan las acciones realizadas en cumplimiento a la suspensión de plano decretada por auto de uno de septiembre de la presente anualidad; de lo que se toma conocimiento. Consecuentemente, se toma conocimiento de lo informado por la 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, respecto a que: 1. Se decretó la detención de *** a las quince horas con un minuto, la cual se hizo retroactiva a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. 2. El uno de septiembre de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público, solicitó por escrito el señalamiento de la audiencia inicial para la formulación de imputación por cumplimiento de la orden de aprehensión, misma que fue fijada y tuvo verificativo a las catorce horas del día dos de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior en cumplimiento a la orden de aprehensión solicitada por el Agente del Ministerio Publico contra Horacio Galindo Andrade y otro, por su probable participación en el hecho delictuoso de Homicidio Calificado por haberse cometido con ventaja en agravio de la víctima ***, la cual fue librada y registrada con el número de aprehensión ***, radicándose por tal motivo, la causa control ***. 3. Que el agente del ministerio público peticionó la vinculación a proceso, y dicho quejoso solicitó se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, señalándose las diecisiete horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para la continuación de la audiencia respectiva; de igual forma, se le impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se le requiere a la 2. Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México para que dentro del término de tres días, para que informe la resolución relativa a la situación jurídica del imputado, en el entendido que deberá adjuntar las constancias respectivas con las que acredite su dicho; haciéndole de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en auto de uno de septiembre del año en curso. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar la imposibilidad jurídica que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior con fundamento en los artículos 260, fracción II y 238, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentran compelida a dar cabal cumplimiento. Notifíquese.
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