Hipolito Martínez Calderón
Expediente 1146/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Hipolito Martínez Calderón
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mismo que establece: "...ANOTACIONES Vista la demanda de garantías promovida por...regístrese bajo el número 1146/2018-III-B. ACTO RECLAMADO Ahora bien, el análisis de los actos reclamados por el gobernado que acude en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, para así estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte impetrante con respecto a tales actos; y una vez hecho lo anterior, poder determinar válidamente tanto la competencia del Órgano de Control Constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amaro indirecto. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de fecha veintidós de junio del año dos mi dieciocho dictado en el expediente número 45/2016, del índice del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, determinación que ordena turnar los autos al ejecutor adscrito a dicho juzgado para requerir al quejoso la entrega voluntaria del bien inmueble materia de la litis en el juicio de origen. Lo que reclama a las autoridades responsables señaladas por el quejoso como: Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ejecutor Adscrito al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México. DESECHAMIENTO Así, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: . "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)" De los artículos invocados se advierte, que como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de los actos dictados en un procedimiento judicial en la etapa de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, donde podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. En ese sentido, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa, son determinaciones que dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no son la última resolución, como presupuesto de procedencia de esta vía biinstancial, cuya improcedencia se estudia en primer orden. En el caso a estudio, es necesario precisar que en el juicio de origen del reclamado, ya existe sentencia emitida contra el aquí quejoso, pues así se advierte del escrito de demanda cuando el promovente del amparo afirma que se dictó sentencia definitiva, incluso fue resuelta en segunda instancia, así como en amparo directo, por tanto el acto que por esta vía reclama (auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho), forma parte del procedimiento de ejecución del procedimiento respectivo. Entonces, si en el caso a estudio se trata de un juicio en el que la sentencia emitida tiene la calidad de cosa juzgada, como culminación de ese juicio en el que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento, las resoluciones dictadas u omisiones en el procedimiento de ejecución, sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en dicha sentencia que es la verdad legal. Esto es así, porque el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el significado de la expresión "última resolución" a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, dictada en la fase ejecutiva del procedimiento de ejecución de sentencia, como aquella en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en la que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, el acto que por esta vía reclama el quejoso no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues aún no se trate de aquella en que se tenga por cumplida la sentencia, o en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento. Por su contenido e informe apoya lo anterior, por las razones que la informan la jurisprudencia número P.J.32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo es aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, Febrero 1998, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 74/2002-PS, debido a que consideró que las anteriores reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto no pueden adminicularse o relacionarse entre sí, sin desnaturalizar los principios y reglas que rigen al juicio constitucional, debido a que precisó lo siguiente: "En efecto, a los actos dictados dentro de juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicárseles las reglas genérica y específica de procedencia del juicio de amparo indirecto que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera se obtendría una anarquía total en el sentido de que el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento judicial, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación, pues bastaría invocar alguna otra regla de procedencia del juicio de amparo para que éste procediera en contra de actos dictados dentro del juicio, aun cuando no causaran una ejecución de imposible reparación. Iguales consideraciones deben hacerse en cuanto a la regla genérica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio, así como a la regla específica contra actos dictados en ejecución de sentencia, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo indirecto resultara procedente, pasándose por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue el de evitar el abuso del juicio de garantías, siendo que la sociedad está interesada en ejecutar una sentencia definitiva por constituir una verdad legal." Es igualmente aplicable, la jurisprudencia 1ª./J.29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Novena Época, Materia Común, página 11, que establece: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías.". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de garantías en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIOY AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en los términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la ley de amparo. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Dada la trascendencia de la presente determinación por única ocasión notifíquese a la parte quejosa en domicilio que señaló en su demanda..."
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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