Horacio Acuña Guzman

Expediente 111/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
111/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Horacio Acuña Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo registrada con el número 111/2019-I-B, promovida por Horacio Acuña Guzmán; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido..Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ********* contra actos de Encargado del Área Educativa del Centro Penitenciario Estatal, residente en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 14, 16, 18 y 22 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 111/2019-I-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que el quejoso señala que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario en esta ciudad y reclama el maltrato tanto verbal como físico que atribuye a un diverso interno de nombre Roberto Soto Payan. Bien, en los artículos 113, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" Asimismo, en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." El numeral transcrito regula un procedimiento de impugnación de las personas privadas de su libertad, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", ello actualizaría la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Dicho criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Tomo I, Diciembre de 2018, página 230, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ********* En el caso, el acto que por esta vía se combate consiste en el maltrato verbal y físico que el quejoso atribuye al diverso interno Roberto Soto Payan, de lo que señala tienen conocimiento las autoridades del Centro Penitenciario donde se encuentra recluido y que también refiere han hecho caso omiso. En ese contexto, se advierte que contra el acto reclamado procede el mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues a través de éste el quejoso se encuentra en aptitud de impugnar ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, los actos u omisiones inherentes a las condiciones de su internamiento que estime vulneran sus derechos, como es lo relativo al trato que aduce recibe por parte de un diverso interno, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo. En esa tesitura, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; motivo por el cual, procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además en el invocado numeral 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo aquí determinado, que el promovente hubiese señalado como precepto constitucional trasgredido el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, toda vez que de la lectura de la demanda y atento a lo narrado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, no se advierte la actualización de los actos a que hace alusión el citado numeral. NOTICACIONES A LA PARTE QUEJOSA Dado que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Estatal en esta ciudad, notifíquesele personalmente este proveído y las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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