Horacio Acuña Guzmán
Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Horacio Acuña Guzmán
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de abril de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 126/2019, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En esa tesitura, analizada en su integridad la demanda que nos ocupa, se advierte que en la especie, el acto reclamado se hace consistir en el maltrato verbal y físico que el quejoso atribuye a diverso interno ...y de lo cual refiere tienen conocimiento las autoridades del Centro Penitenciario en donde se encuentra recluido. Bien, como se desprende de la certificación de cuenta, existe una demanda de amparo que fue registrada con el número 111/2019 de la estadística de este Juzgado, en la que se reclamó de la autoridad citada, idéntico acto al que ahora se impugna, así como que el referido juicio se encuentra en trámite, al no haber sido concluido en su totalidad; datos que constituyen hechos notorios para el que esto resuelve, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral segundo, por lo que, se ordena glosar copia certificada a este expediente de la demanda en donde consta el sello de recibido y demás autos que obran en el mismo, ello con apoyo en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Ahora, en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se dispone: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; En efecto, si la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida por Horacio Acuña Guzmán, contra la misma autoridad y por el propio acto que se reclama en el diverso juicio de amparo 111/2019 del índice de este Tribunal, mismo que, como se dijo, a la fecha se encuentra en trámite al no haber sido concluido en su totalidad; por tanto, la demanda que ahora se promueve resulta notoriamente improcedente, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, es decir, se promueve contra actos que son materia de diverso juicio constitucional, en el caso, el registrado con el número 111/2019. De tal suerte que, es dable decir que el promovente del amparo no puede interponer válidamente el juicio de amparo en contra del mismo acto, tantas veces como considere conveniente, dado que su instancia se encuentra sujeta a diversos requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio válido de ese medio de defensa. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis clave XI.2o.8 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 817, tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En lo conducente, es aplicable la tesis VII.P. 83 K, sostenida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV, enero de 1995, página 260, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo en el invocado numeral 113, de la ley de la materia en cita. Sin que sea óbice a lo aquí determinado, que el promovente hubiese señalado como precepto constitucional trasgredido el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de la lectura de la demanda y atento a lo narrado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, no se advierte la actualización de los actos a que hace alusión el citado numeral. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis I.11o.C. J/7 (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 809, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRECLUSIÓN. ES UN PRINCIPIO QUE OPERA EN EL JUICIO DE AMPARO. La preclusión es una sanción que otorga seguridad al desarrollo del procedimiento, pues consiste -en una de sus vertientes-, en la consumación de una facultad procesal, al establecer un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible. Ahora bien, la Ley de Amparo, atento al principio de preclusión -consustancial a todo procedimiento judicial-, prevé la promoción de un juicio constitucional por acto que se reclame pues, expresamente, el artículo 61, fracción XI, de la ley citada, dispone que la acción constitucional es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Por otra parte, si bien el desechamiento de una demanda de amparo implica que no se analizó la constitucionalidad del acto reclamado, ello no faculta al quejoso para intentar una nueva acción constitucional contra ese mismo acto, pues de acuerdo con el principio de preclusión que rige su procedencia, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Por tanto, el desechamiento de una primera demanda de amparo con sustento en una causal de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, genera la carga procesal al quejoso de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y no hacerlo implica su conformidad, tanto con esa determinación como con las consideraciones que la sustentan. De modo que, mientras subsista jurídicamente la determinación que desechó la primera demanda, es inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto." NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA Dado que el quejoso ..., notifíquesele personalmente este proveído y las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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