Homero de Leon Portales
Expediente 501/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Homero de Leon Portales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Noveno Circuito; y, en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada el siete de los presentes mes y año, en el recurso de queja 272/2022, emitido por el referido Tribunal. Por su parte, destrúyase el legajo de copias certificadas que remite, por ser innecesarias. Acúsese recibo y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de junio de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución por la que se desechó la demanda de amparo; medio de impugnación que se registró bajo el expediente 272/2022, ante dicha superioridad. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa y siete copias que acompaña, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de diecisiete de los presentes mes y año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este Juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente expediente, así como el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito aclaratorio de demanda signado por el promovente Homero de León Portales, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento ordenado en autos y al efecto precisa las autoridades, los actos reclamados y, del mismo modo, amplía los antecedente del acto reclamado. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano judicial tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano judicial se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales en cita, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, esto es, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente respectivo. Asimismo, del contenido del párrafo tercero de dicho numeral, se tiene que en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento -que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución-. La interpretación del referido precepto permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual, además, podrán impugnarse los vicios que en su caso se hubiesen cometido durante el mismo y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por "última resolución", debe entenderse como aquella determinación en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total -y no parcial- de la sentencia respectiva o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Mientras que el tercer párrafo de la citada fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, es claro en establecer que en los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Debe decirse también, que se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla de excepción antes mencionada, se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar, en cantidad líquida, la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto antes mencionado la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De acuerdo con lo aquí expuesto de forma breve, podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Establecido lo anterior, y confrontando tales conceptos con el caso en particular, este órgano de control constitucional considera que respecto de la acción de amparo intentada por Homero de León Portales, deviene una causal de improcedencia, pues en el caso en particular, la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de retener cierta cantidad respecto del salario de la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1543/2019 de origen, con motivo de la ejecución de la sentencia respectiva. Esto es, el acto reclamado consiste en la negativa por parte de la Directora de la Unidad Jurídico Administrativa y de Relaciones Laborales de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de consignar determinada cantidad de dinero, derivado del embargado trabado sobre la parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1543/2019 de origen, siendo que dicha parte demandada es trabajador de Gobierno del Estrado; ello, no obstante el requerimiento elevado por el Juez Primero del Ramo Mercantil de esta capital, rector del aludido proceso mercantil. Negativa que fue acordada dentro de la fase de ejecución de sentencia del expediente respectivo, empero que no es aquella por la cual se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, tal y como lo exige el aludido precepto legal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por tanto, y conforme a lo señalado en párrafos precedentes, se tiene que el presente juicio de control constitucional no fue intentado en contra de la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución en que se encuentra el juicio natural, en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a través del ocurso de cuenta, la parte promovente refiera desistirse del acto atribuido al Juez Primero del Ramo Mercantil; ello, pues como se ha visto, el propio promovente refirió bajo protesta de decir verdad que la negativa expresada por la Directora de la Unidad Jurídico Administrativa y de Relaciones Laborales de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, deriva de un requerimiento elevado por el citado juez, emitido con el fin de lograr el cumplimiento de la sentencia correspondiente.Por su parte, tampoco se desatiende el hecho de que el impetrante pretenda ampliar su escrito inicial de demanda en contra del artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, atribuido a diversas autoridades que participaron en el proceso legislativo de su creación; sin embargo, debe recordarse que cuando se promueve el juicio de amparo contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. Como consecuencia, al haberse decretado la improcedencia en el presente asunto respecto del acto de aplicación, es indudable que el presente juicio se torna también improcedente por lo que hace al precepto legal reclamado. Luego, ante la obligación de no desvincular el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación, se determina que el estudio de la porción normativa que se reclama, se torna, a su vez, improcedente, precisamente por ser improcedente el juicio de amparo indirecto respecto del primer acto de aplicación de esa norma. Sin que lo anterior implique que el aquí quejoso no pueda promover el juicio relativo en el momento procesal oportuno. En esa tesitura, es evidente que la acción de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA. Notifíquese personalmente al quejoso.
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