Hipólito Ruiz Badillo
Expediente 813/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Hipólito Ruiz Badillo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Hipólito Ruiz Badillo o José Hipólito Ruiz Badillo, contra actos de la Junta Especial treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 813/2021-V. De la lectura íntegra de la demanda constitucional se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama: ? El acuerdo dictado el diecinueve de agosto pasado, en el que se señaló el veinte de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1119/2019. En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De la intelección de los citados preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos dictados en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Asimismo, el transcrito artículo 107, fracción V, de la ley de la materia define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos cuyos efectos no afectan materialmente en forma directa e inmediata prerrogativas fundamentales, como son la libertad, la propiedad, la posesión, o que la resolución reclamada se hubiere emitido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, o por autoridad incompetente, de manera verbal, sin fundamentación o motivación, entre otras. En el caso, la parte quejosa impugna el acuerdo emitido el pasado diecinueve de agosto, en el que se señaló el veinte de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1119/2019; lo anterior pone de manifiesto que la parte quejosa exclusivamente combate violaciones acaecidas dentro de un procedimiento jurisdiccional. Es de resaltarse que el acto omisivo que se impugna no es de aquellos contra los cuales pueda promoverse el juicio de amparo indirecto de manera inmediata por cuanto que no es de ejecución irreparable, puesto que se trata de una violación de carácter adjetivo. De consiguiente, se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Los argumentos anteriores se sustentan en el criterio establecido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja 50/2018 y 36/2020, derivados de los juicios de amparo 204/2018 y 185/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que refiere, al tratarse de un asunto en materia de trabajo y el quejoso ostentarse parte trabajadora en la controversia de origen. Únicamente para efectos de entablar comunicaciones no procesales que de aquí deriven, tómese nota del correo electrónico y los número telefónicos proporcionados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Hipólito Ruiz Badillo o José Hipólito Ruiz Badillo, contra actos de la Junta Especial treinta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 813/2021-V. De la lectura íntegra de la demanda constitucional se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama: ? El acuerdo dictado el diecinueve de agosto pasado, en el que se señaló el veinte de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1119/2019. En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De la intelección de los citados preceptos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos dictados en juicio cuyos efectos no son de imposible reparación. Asimismo, el transcrito artículo 107, fracción V, de la ley de la materia define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso, de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable. Entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos cuyos efectos no afectan materialmente en forma directa e inmediata prerrogativas fundamentales, como son la libertad, la propiedad, la posesión, o que la resolución reclamada se hubiere emitido sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, o por autoridad incompetente, de manera verbal, sin fundamentación o motivación, entre otras. En el caso, la parte quejosa impugna el acuerdo emitido el pasado diecinueve de agosto, en el que se señaló el veinte de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1119/2019; lo anterior pone de manifiesto que la parte quejosa exclusivamente combate violaciones acaecidas dentro de un procedimiento jurisdiccional. Es de resaltarse que el acto omisivo que se impugna no es de aquellos contra los cuales pueda promoverse el juicio de amparo indirecto de manera inmediata por cuanto que no es de ejecución irreparable, puesto que se trata de una violación de carácter adjetivo. De consiguiente, se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Los argumentos anteriores se sustentan en el criterio establecido por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al resolver los recursos de queja 50/2018 y 36/2020, derivados de los juicios de amparo 204/2018 y 185/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que refiere, al tratarse de un asunto en materia de trabajo y el quejoso ostentarse parte trabajadora en la controversia de origen. Únicamente para efectos de entablar comunicaciones no procesales que de aquí deriven, tómese nota del correo electrónico y los número telefónicos proporcionados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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