Holga Guadalupe Gómez Gordillo
Expediente 1208/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1208/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2022
Partes del expediente
- Holga Guadalupe Gómez Gordillo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin haber sido recurrido el acuerdo dictado en este sumario el siete de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo indirecto promovida por la parte quejosa Holga Guadalupe Gómez Gordillo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; es susceptible la destrucción de este expediente, en virtud de ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), relativo al citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a consideración de este órgano jurisdiccional, no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó por duplicado y separado incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurrido el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos ni Tomos exhibidos por la quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio número CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, ante Víctor Hugo Albores Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por Holga Guadalupe Gómez Gordillo, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar con sede en Tuxtla Gutiérrez y otra autoridad. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1208/2022-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I,3 de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: ? La resolución interlocutoria dictada con fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del incidente de partición y venta de los bienes que conforman la sociedad conyugal correspondiente al juicio ordinario 1436/2014 (divorcio necesario). Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un órgano jurisdiccional; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento donde se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de la demanda, se advierte el acto en esta vía reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la resolución interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del incidente de partición y venta de los bienes que conforman la sociedad conyugal correspondiente al juicio ordinario 1436/2014 (divorcio necesario), del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar con sede en Tuxtla Gutiérrez, por el cual la autoridad responsable ordenadora resolvió procedente dicha incidencia promovida por Julio César Guillén Trujillo. Expuesto lo anterior, se estima que contra la resolución interlocutoria reclamada, procede el recurso de apelación, en términos de lo previsto por el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que se transcribe: "Artículo 671.- De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el Juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el Estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. [.]." En efecto, del análisis al normativo transcrito, se pone de manifiesto que mediante la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar la resolución tildada de inconstitucional, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa, y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, impide realizar el estudio de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello es así, porque al ser apelable la resolución interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, que la Juez Primero de lo Familiar en Tuxtla Gutiérrez emitió a instancia de la contraparte de la quejosa, dentro del incidente de partición y venta de los bienes que conforman la sociedad conyugal relativo al juicio ordinario 1436/2014 (divorcio necesario), conforme con lo dispuesto en el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en relación con sus numerales 663, 666 y 667,4 por lo cual, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponer el recurso de apelación contra la interlocutoria reclamada, pues a través de dicho medio de impugnación, ésta puede ser revocada o modificada, y al no agotar ese recurso, previo a ocurrir al juicio de amparo, dicha resolución carece de la debida definitividad. Es así, toda vez que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos el de "definitividad", según el cual, para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previo al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios previstos en los preceptos aplicables, pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en este caso concreto el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños y en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal sentido, la persona afectada por determinado acto, debe agotar los recursos ordinarios que procedan, en la medida en que están instituidos para que los haga valer, en observancia al principio de definitividad del juicio de amparo, medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad que genera ese acto lesivo, el juicio constitucional se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo invadiría las facultades de aquélla. Al efecto, es observable la tesis XX.1o.P.C.2 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, página 3103; Décima Época; registro digital 2014854: RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE PAGO DE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN, AL TENER POR EFECTO LIQUIDAR LA CONDENA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Contra la sentencia interlocutoria que decide el incidente de pago de saneamiento por evicción, procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 495 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque acorde a su naturaleza, se trata esencialmente de un incidente tramitado en la etapa de ejecución, que tiene por efecto liquidar la condena impuesta en la sentencia definitiva; por ende, debe estarse a la regla específica contenida en ese numeral, y no a la diversa regla general prevista en el numeral 697, fracción II, que establece la procedencia del recurso de queja contra las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia. Por lo cual, es evidente que contra la resolución señalada como acto reclamado, el medio ordinario de defensa especifico, es el recurso de apelación, previsto en el artículo 671, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitivita y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".5 Consecuentemente, al no haber agotado la quejosa el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, es evidente se actualiza la causal de improcedencia que se encuentra prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que origina su desechamiento en términos del artículo 113, de la propia ley de la materia. Por tanto, en el caso opera lo expuesto, esto es, resulta procedente agotar el recurso de apelación contra la determinación reclamada en la demanda de cuenta, en la medida en que el cumplimiento de la sentencia definitiva origen del mismo, está sujeta a los medios ordinarios que, en este caso, la parte actora tiene a su alcance ante la potestad común. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, con fundamento en su artículo 113, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Holga Guadalupe Gómez Gordillo, por los motivos ya expuestos. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, página 509, Novena Época, registro 203580, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."6 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la 10ª Oriente Norte, número 398-A, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se tiene como autorizado de la quejosa a Rosenber López Zebadúa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados de la quejosa a Glandy del Rosario Acero Cundapí, Erick Francisco Javier Estrada Magdaleno y Alejandro Hernández Castro, esto es, sólo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que así lo solicitó. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Conforme con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... uxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo indirecto promovida por Holga Guadalupe Gómez Gordillo, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar con sede en Tuxtla Gutiérrez y otra autoridad. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1208/2022-IX y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA".2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I,3 de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: ? La resolución interlocutoria dictada con fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del incidente de partición y venta de los bienes que conforman la sociedad conyugal correspondiente al juicio ordinario 1436/2014 (divorcio necesario). Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un órgano jurisdiccional; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento donde se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de la demanda, se advierte el acto en esta vía reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en la resolución interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del incidente de partición y venta de los bienes que conforman la sociedad conyugal correspondiente al juicio ordinario 1436/2014 (divorcio necesario), del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar con sede en Tuxtla Gutiérrez, por el cual la autoridad responsable ordenadora resolvió procedente dicha incidencia promovida por Julio César Guillén Trujillo. Expuesto lo anterior, se estima que contra la resolución interlocutoria reclamada, procede el recurso de apelación, en términos de lo previsto por el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que se transcribe: "Artículo 671.- De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el Juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el Estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo. [.]." En efecto, del análisis al normativo transcrito, se pone de manifiesto que mediante la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar la resolución tildada de inconstitucional, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa, y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, impide realizar el estudio de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello es así, porque al ser apelable la resolución interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, que la Juez Primero de lo Familiar en Tuxtla Gutiérrez emitió a instancia de la contraparte de la quejosa, dentro del incidente de partición y venta de los bienes que conforman la sociedad conyugal relativo al juicio ordinario 1436/2014 (divorcio necesario), conforme con lo dispuesto en el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en relación con sus numerales 663, 666 y 667,4 por lo cual, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponer el recurso de apelación contra la interlocutoria reclamada, pues a través de dicho medio de impugnación, ésta puede ser revocada o modificada, y al no agotar ese recurso, previo a ocurrir al juicio de amparo, dicha resolución carece de la debida definitividad. Es así, toda vez que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos el de "definitividad", según el cual, para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previo al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios previstos en los preceptos aplicables, pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en este caso concreto el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños y en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal sentido, la persona afectada por determinado acto, debe agotar los recursos ordinarios que procedan, en la medida en que están instituidos para que los haga valer, en observancia al principio de definitividad del juicio de amparo, medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad que genera ese acto lesivo, el juicio constitucional se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo invadiría las facultades de aquélla. Al efecto, es observable la tesis XX.1o.P.C.2 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, página 3103; Décima Época; registro digital 2014854: RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE PAGO DE SANEAMIENTO POR EVICCIÓN, AL TENER POR EFECTO LIQUIDAR LA CONDENA IMPUESTA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Contra la sentencia interlocutoria que decide el incidente de pago de saneamiento por evicción, procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 495 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque acorde a su naturaleza, se trata esencialmente de un incidente tramitado en la etapa de ejecución, que tiene por efecto liquidar la condena impuesta en la sentencia definitiva; por ende, debe estarse a la regla específica contenida en ese numeral, y no a la diversa regla general prevista en el numeral 697, fracción II, que establece la procedencia del recurso de queja contra las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia. Por lo cual, es evidente que contra la resolución señalada como acto reclamado, el medio ordinario de defensa especifico, es el recurso de apelación, previsto en el artículo 671, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitivita y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".5 Consecuentemente, al no haber agotado la quejosa el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, es evidente se actualiza la causal de improcedencia que se encuentra prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que origina su desechamiento en términos del artículo 113, de la propia ley de la materia. Por tanto, en el caso opera lo expuesto, esto es, resulta procedente agotar el recurso de apelación contra la determinación reclamada en la demanda de cuenta, en la medida en que el cumplimiento de la sentencia definitiva origen del mismo, está sujeta a los medios ordinarios que, en este caso, la parte actora tiene a su alcance ante la potestad común. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, con fundamento en su artículo 113, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Holga Guadalupe Gómez Gordillo, por los motivos ya expuestos. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, página 509, Novena Época, registro 203580, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."6 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la 10ª Oriente Norte, número 398-A, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se tiene como autorizado de la quejosa a Rosenber López Zebadúa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados de la quejosa a Glandy del Rosario Acero Cundapí, Erick Francisco Javier Estrada Magdaleno y Alejandro Hernández Castro, esto es, sólo para recibir notificaciones e imponerse de autos, toda vez que así lo solicitó. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Conforme con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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