Hipolito Tránsito Pérez López

Expediente 1163/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1163/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Hipolito Tránsito Pérez López

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos; I. El oficio SEADS/692/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la adscripción de la Jueza de Distrito Ana Luisa Mendoza Álvarez, como titular de este órgano jurisdiccional a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. II. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término legal establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, que sobreseyó en este sumario fuera de audiencia. Al efecto, se acuerda: En atención a lo indicado en el punto I, se hace saber a las partes la adscripción de la titular de este Juzgado. Lo anterior, de conformidad en la jurisprudencia 104/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Respecto al punto II, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el misma HA QUEDADO FIRME para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, pues no está legitimada para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 87, párrafo segundo de la Ley de Amparo. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Finalmente, no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA; Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio signado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, anexando copia certificada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral J/O/485/2019, así como sus notificaciones, en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el oficio de cuenta y sus anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitidas las documentales que remite la autoridad oficiante, consistente en copia certificada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral J/O/485/2019, así como sus notificaciones, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. En ese orden de ideas, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de acordar escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, en el cual se solicita que ésta señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J/O/485/2019, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. De la causal antes invocada, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, la parte quejosa hace valer como acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, en el cual se solicita que la responsable señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J/O/485/2019. De ahí que, al haberse dictado el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, en el cual la autoridad responsable señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J/O/485/2019, mismo que fue notificado, es inconcuso que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. Dicha situación se equipará a la restitución al peticionario de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En esa tesitura, debe decretarse el sobreseimiento del juicio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, visto el resultado alcanzado, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las NUEVE HORAS CON TRIENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Hipólito Tránsito Pérez López, por conducto de su apoderado legal Porfirio Gutiérrez Fiallo, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 1163/2022-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Hipólito Tránsito Pérez López, por conducto de su apoderado legal Porfirio Gutiérrez Fiallo. III. Autoridad responsable. - Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. IV. Acto reclamado. - La omisión de acordar escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, en el cual se solicita señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. V. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. Sin que se soslaye el hecho de que en la parte final de la demanda de amparo, el quejoso haga alusión a que la rendición de informes previos, sin embargo, en la misma no obra el capítulo relativo o petición expresa a fin de solicitar dicha medida cautelar. VI. Audiencia. Se señalan las NUEVE HORAS CON TRIENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VII. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se les impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VIII. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedora a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. IX. Intervención del Agente del Ministerio Público. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. X. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. XI. Pruebas. Sin que se provea al respecto toda vez que la parte quejosa no las ofreció. XII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. XIII. Domicilio, autorizados, expediente electrónico y correo electrónico. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Cuarta Calle Poniente Norte Numero 260, con sede en esta ciudad. Se tiene a Guadalupe Fernández López, Lorena Hernández Alcaraz, Johana Maricel Gutiérrez Caballero, Alfonso Farrera Gutiérrez, Diana Cristal Estudillo Galeana, Roger Osmarni Bacilio Mondragón, Cruz Mirella Silias Hernández y Saúl Jonatan Gómez González, como autorizados en términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esto, es únicamente para oír y recibir notificaciones, por haberlo solicitado así la parte quejosa. Atento a lo peticionado de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a al antes citado, registrado con el nombre de usuario "Porfirio25", para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Así pues, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, el correo electrónico, es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. XIV. Terceros Interesados. No ha lugar a tener como terceros interesados a "FARMACIA CINTIFICO PROFESIONALES "BIOS" S.A. DE C.V. Y COMERCIALIZADORA BIOS VIDA AURA S.A. DE C.V. Y/O OTROS", toda vez que del propio escrito de demanda se advierte que no han sido emplazados al juicio principal de origen, es decir, aun no existe relación procesal y por tanto no han resentido afectación en su esfera jurídica. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J. 67/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia Común, página 265, cuyo rubro y texto son: TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). XV. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de las autoridades que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XVI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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