Hipólito Yepez Carrera y Otros.
Expediente 105/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hipólito Yepez Carrera y Otros.
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO HIPÓLITO YÉPEZ CARRERA, POR CONDUCTO DE QUIEN SE OSTENTA SU DEFENSOR VOLUNTARIO JUAN PABLO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: Analizada la demanda de amparo promovida por Hipólito Yépez Carrera, por conducto de quien se ostenta su defensor voluntario Juan Pablo Fernández Hernández, contra actos de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 105/2016 en el libro de gobierno respectivo. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; 3) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asimismo, se toma en cuenta el criterio obligatorio, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, cuando el acto reclamado es el auto de formal prisión dictado en contra del indiciado que lo reclame, debido a que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 160608 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 2183 Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Jurisprudencia Materia(s): Común "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y párrafo quinto, fracción séptima del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, ejercen jurisdicción en el municipio de Cosamaloapan. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? La resolución de diez de diciembre de dos mil quince, dictada por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en los autos del toca 1998/2015 de su índice; mediante la cual confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra, en la causa penal 223/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo, cometido en agravio de quien en vida se llamara Sergio Arturo Bernal del Valle. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que la resolución que confirmó el auto de formal prisión dictado en contra de la parte quejosa, la cual resulta ser el acto reclamado en este asunto, tiene ejecución en Cosamaloapan, Veracruz, debido a que el proceso penal del cual deviene se lleva en el Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en aquel lugar, donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito. En consecuencia, este órgano jurisdiccional respetuosamente declara carecer de competencia legal para conocer de este asunto y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el asunto al Juez de Distrito del Estado de Veracruz, en Turno, con sede en Boca del Río, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución la resolución reclamada. Asimismo, se solicita de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo; con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que nombra. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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