Hilda Saldaña Olmos y Otros.

Expediente 1052/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1052/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Hilda Saldaña Olmos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    El Juzgado Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, devuelve diligenciado el despacho... del índice de este Juzgado, mediante el cual se encomendó notificar al promovente del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: ***, ***, ***, *** y *** promueven, por propio derecho, juicio de amparo contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1052/2022 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, de los artículos 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se advierte que la facultad de ejercer la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. La noción perjuicio, para la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar el cese de esa transgresión. Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo establece que la parte quejosa es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, respecto de la norma, acto u omisión reclamados que considere ser violatorios de los derechos previstos en el artículo 1 de la ley mencionada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimada para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular de ese derecho, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés de la parte quejosa: a) Que cause algún perjuicio o afectación a la persona gobernada, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. b) Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos de la parte quejosa de forma directa o indirecta, ya sea por ser la destinataria del acto o por la especial situación frente al orden jurídico. En consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Resulta aplicable la tesis siguiente: Localización: Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704 PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama. De acuerdo con el criterio señalado, corresponde a la parte quejosa demostrar la procedencia de la acción constitucional; para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; por tanto, no basta la existencia del acto para concluir que éste necesariamente perjudica a la parte promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. Ahora bien, en relación con el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada en un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe tener el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Asimismo, la Sala referida ha dispuesto que la falta de este presupuesto procesal (interés legítimo) puede evidenciar la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduciría a desechar la demanda. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2014433 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Página: 1078 INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. HECHOS En el caso el acto reclamado en este apartado es el siguiente: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar que los promoventes manifiestan que son integrantes del Frente Nacional Ciudadano (FRENA); sin embargo, que promueven el amparo por propio derecho debido a que dicha asociación no se encuentra formalmente constituida, sino que es un ente colectivo. Por otra parte, los promoventes manifiestan que son defensores de derechos humanos y que realizan protestas pacíficas para exigir la renuncia del Presidente de la República. En ese aspecto, los promoventes señalan que el hecho de que los elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada permanente se encuentren en funciones de seguridad pública, podrían traer afectaciones en su perjuicio en las subsecuentes manifestaciones que decidan realizar; asimismo, citan diversos links de noticias con los que pretenden demostrar las intervenciones que han realizado esos elementos de seguridad pública en sus actos pacíficos, lo que aducen que le han violado sus derechos al libre tránsito, de deambulación, de reunión y manifestación pública a otras personas, lo cual consideran como un hecho notorio que evidencia un peligro inminente. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que el acto reclamado, al menos en este momento, no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de manera patente y real de los promoventes, debido a que las facultades de seguridad pública otorgadas a la Guardia Nacional y a la Fuerza Armada Mexicanos en el Decreto reclamado no implica una violación directa a sus derechos humanos de reunión y manifestación pacífica; por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. Máxime que los promoventes acuden al amparo por propio derecho, sin señalar la afectación individual que reciben con motivo de la emisión del acto reclamado, pues en su escrito de demanda señalan que podrían ser afectados en sus derechos con motivo de las manifestaciones que realicen con el colectivo al que dicen pertenecer. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado precisado con anterioridad. DESPACHO Por otra parte, los promoventes señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***. Al respecto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juzgado Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por conducto de quien corresponda efectúe la notificación personal de este acuerdo a cualquiera de los promoventes, de forma indistinta; de igual forma, deberá requerirles para que dentro del término de tres días, contado a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, señalen domicilio en esta ciudad donde puedan oír y recibir notificaciones, apercibidos que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsanen esa omisión. Se comisiona desde este momento al personal actuante del Juzgado Municipal, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz, para que de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se constituyan en diversos horarios, incluso en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva; en caso de no encontrar a la persona interesada, le dejará el respectivo citatorio, el cual será entregado a los parientes, empleados o domésticos de la parte interesada, o a cualquier otra persona, previo cercioramiento de que vive o trabaja ahí la persona que debe ser notificada, para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acudan a dicho órgano jurisdiccional a notificarse y, en caso de no acudir, deberá hacer la notificación encomendada por lista de acuerdos que se publique en el juzgado de su adscripción, deberá remitir copia certificada de ésta, en la que se haga constar dicha notificación, como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase al Juzgado Municipal, con residencia en Emiliano Zapata, Veracruz, para que dé cumplimiento a esta determinación dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de igual manera, se hace de su conocimiento que incluso cuando la comunicación oficial que se envía, llegue con posterioridad a la fecha indicada para la celebración de la audiencia constitucional, o que se encuentre próxima su celebración, ello no es obstáculo para su diligenciación, debido a que la notificación que se solicita es indispensable para la debida integración de este juicio de amparo; apercibido que de no hacerlo, le será impuesta una multa consistente en cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de la autoridad requerida. REPRESENTANTE COMÚN Por otro lado, con fundamento en el artículo 13, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los promoventes a Hilda Saldaña Olmos. MEDIO DE COMUNICACIÓN Tómense en cuenta la dirección de correo electrónico proporcionada por los promoventes en caso de considerarse necesario, en términos del artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, puedan consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico . DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    ... anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1052/2022... se concluye respetuosamente que el acto reclamado, al menos en este momento, no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de manera patente y real de los promoventes, debido a que las facultades de seguridad pública otorgadas a la Guardia Nacional y a la Fuerza Armada Mexicanos en el Decreto reclamado no implica una violación directa a sus derechos humanos de reunión y manifestación pacífica; por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo. Máxime que los promoventes acuden al amparo por propio derecho, sin señalar la afectación individual que reciben con motivo de la emisión del acto reclamado, pues en su escrito de demanda señalan que podrían ser afectados en sus derechos con motivo de las manifestaciones que realicen con el colectivo al que dicen pertenecer... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... los promoventes señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en... gírese atento despacho al Juzgado Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, por conducto de quien corresponda efectúe la notificación personal de este acuerdo a cualquiera de los promoventes, de forma indistinta... se tiene como representante común de los promoventes a... Tómense en cuenta la dirección de correo electrónico proporcionada por los promoventes en caso de considerarse necesario...

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