Hipólito Solis Alvarado

Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1012/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Hipólito Solis Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    El seis de junio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciocho al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de diez del mes y año en cita (fojas 35 a 39), dictado por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 1012/2018. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diez de mayo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, en el que se tuvo por admitido el incidente de liquidación, la que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, se tiene como prueba de su parte y dada su propia y especial naturaleza se ténganse por desahogada. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, los quejosos reclaman la omisión de pronunciar el acuerdo de admisión del incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 79/2004, presentado en la oficialía de partes de la junta en fecha once de enero de dos mil dieciocho. Ahora, la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del auto de veinticinco de abril de este año y las notificaciones personales practicadas al actor Hipólito Solís Alvarado y José Jaime Alaniz de la O (aquí quejosos, por conducto de su autorizado) y demandada Comisión Federal de Electricidad (tercero interesada) emitidos dentro del juicio laboral 79/2004, el veintiséis de abril y dos de mayo de la presente anualidad. Asimismo, la autoridad responsable de mérito en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de mayo del actual, remitió copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, en el que se acordó lo siguiente: [.] "Téngase por recibidos los escritos de fechas once y veintinueve de enero del dos mil dieciocho suscritos por los CC. LICS. GUSTAVO CASTILLO VERA Y ROGELIO JARILLO MARTÍNEZ, OSCAR, JUAN CARLOS ambos de apellidos JARILLO MARTÍNEZ Y GIBRAN FERNANDO NAVARRO MACÍAS apoderados legales de los actores dentro del expediente en que se actúa, el primero de los profesionistas LIC. GUSTAVO CASTILLO VERA en cuanto a los CC. JOSÉ JAIME ALANÍS DE LA O E HIPOLITO SOLIS ALVARADO y los CC. LICS. ROGELIO JARILLO MARTÍNEZ, OSCAR, JUAN CARLOS ambos de apellidos JARILLO MARTÍNEZ Y GIBRAN FERNANDO NAVARRO MACÍAS en cuanto al C. MARGARITO TISCAREÑO MACÍAS, las promociones en comento solicitan se señale fecha para la celebración de la audiencia INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN las cuales se procede acordar y se acuerda: Se acuerdan de conformidad las promociones en comento y se ordena se agreguen a sus autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y como lo establece el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO del dos mil dieciocho (sic) para la celebración de la audiencia INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN en donde se escuchará a las partes y ofrecerán sus pruebas sobre el incidente planteado." [.] No obstante lo anterior, la junta responsable mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, determinó dejar insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental y acordó lo siguiente: [.] "Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que por auto de fecha 19 de abril de 2018, se señaló fecha para la celebración de la Audiencia Incidental de Liquidación el día 13 de junio de 2018. LA JUNTA ACUERDA. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo se ordena regularizar el procedimiento, en consecuencia lo procedente es dejar insubsistente para todos sus efectos legales la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental de liquidación señalado en el auto de 19 de abril de 2018, luego entonces, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo SE SEÑALAN LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, a fin de que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación, donde se oirá a las partes y ofrecerán las pruebas sobre el Incidente planteado. [.] Luego, de lo antes expuesto se desprende que la junta responsable sí acordó la promoción presentada por los actores por conducto de su autorizado, el once de enero de este año, sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno sí admitió el incidente planteado, pero sí señaló día y hora para su celebración, lo que se traduce en que la omisión reclamada, dejó de existir y por ello, cesaron los efectos del acto reclamado. Además, el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, fue notificado a las partes, según constancias de veintiséis de abril y dos de mayo de la presente anualidad. Por tanto, al haberse señalado día y hora para la celebración de la audiencia incidental, no obstante que los quejosos hayan señalado la omisión de pronunciar el acuerdo de admisión del incidente de liquidación, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al auto emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, la emisión del proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, implica que la junta responsable tácitamente admitió a trámite el incidente de liquidación de laudo, tan es así que señaló día y hora para la celebración de la audiencia, donde se oirá a las partes y se ofrecerán las pruebas sobre el incidente planteado. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del catorce de mayo de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADA.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA HIPÓLITO SOLÍS ALVARADO y JOSÉ JAIME ALANIZ DE LA O., LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada del acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, en el que se tuvo por admitido el incidente de liquidación, la que con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, se tiene como prueba de su parte y dada su propia y especial naturaleza se ténganse por desahogada. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, los quejosos reclaman la omisión de pronunciar el acuerdo de admisión del incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 79/2004, presentado en la oficialía de partes de la junta en fecha once de enero de dos mil dieciocho. Ahora, la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del auto de veinticinco de abril de este año y las notificaciones personales practicadas al actor Hipólito Solís Alvarado y José Jaime Alaniz de la O (aquí quejosos, por conducto de su autorizado) y demandada Comisión Federal de Electricidad (tercero interesada) emitidos dentro del juicio laboral 79/2004, el veintiséis de abril y dos de mayo de la presente anualidad. Asimismo, la autoridad responsable de mérito en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de mayo del actual, remitió copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, en el que se acordó lo siguiente: [.] "Téngase por recibidos los escritos de fechas once y veintinueve de enero del dos mil dieciocho suscritos por los CC. LICS. GUSTAVO CASTILLO VERA Y ROGELIO JARILLO MARTÍNEZ, OSCAR, JUAN CARLOS ambos de apellidos JARILLO MARTÍNEZ Y GIBRAN FERNANDO NAVARRO MACÍAS apoderados legales de los actores dentro del expediente en que se actúa, el primero de los profesionistas LIC. GUSTAVO CASTILLO VERA en cuanto a los CC. JOSÉ JAIME ALANÍS DE LA O E HIPOLITO SOLIS ALVARADO y los CC. LICS. ROGELIO JARILLO MARTÍNEZ, OSCAR, JUAN CARLOS ambos de apellidos JARILLO MARTÍNEZ Y GIBRAN FERNANDO NAVARRO MACÍAS en cuanto al C. MARGARITO TISCAREÑO MACÍAS, las promociones en comento solicitan se señale fecha para la celebración de la audiencia INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN las cuales se procede acordar y se acuerda: Se acuerdan de conformidad las promociones en comento y se ordena se agreguen a sus autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y como lo establece el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS DEL DIA TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO del dos mil dieciocho (sic) para la celebración de la audiencia INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN en donde se escuchará a las partes y ofrecerán sus pruebas sobre el incidente planteado." [.] No obstante lo anterior, la junta responsable mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, determinó dejar insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental y acordó lo siguiente: [.] "Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que por auto de fecha 19 de abril de 2018, se señaló fecha para la celebración de la Audiencia Incidental de Liquidación el día 13 de junio de 2018. LA JUNTA ACUERDA. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo se ordena regularizar el procedimiento, en consecuencia lo procedente es dejar insubsistente para todos sus efectos legales la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental de liquidación señalado en el auto de 19 de abril de 2018, luego entonces, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo SE SEÑALAN LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, a fin de que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación, donde se oirá a las partes y ofrecerán las pruebas sobre el Incidente planteado. [.] Luego, de lo antes expuesto se desprende que la junta responsable sí acordó la promoción presentada por los actores por conducto de su autorizado, el once de enero de este año, sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno sí admitió el incidente planteado, pero sí señaló día y hora para su celebración, lo que se traduce en que la omisión reclamada, dejó de existir y por ello, cesaron los efectos del acto reclamado. Además, el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, fue notificado a las partes, según constancias de veintiséis de abril y dos de mayo de la presente anualidad. Por tanto, al haberse señalado día y hora para la celebración de la audiencia incidental, no obstante que los quejosos hayan señalado la omisión de pronunciar el acuerdo de admisión del incidente de liquidación, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al auto emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, la emisión del proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, implica que la junta responsable tácitamente admitió a trámite el incidente de liquidación de laudo, tan es así que señaló día y hora para la celebración de la audiencia, donde se oirá a las partes y se ofrecerán las pruebas sobre el incidente planteado. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con treinta minutos del catorce de mayo de dos mil dieciocho); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADA...."

  4. Principal

    El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 9553, con anexos y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por ministerio de ley, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veinticinco de abril de este año y las notificaciones personales practicadas al actor Hipólito Solís Alvarado y José Jaime Alaniz de la O (aquí quejosos, por conducto de su autorizado) y demandada Comisión Federal de Electricidad (aquí tercero interesada) dentro del juicio laboral 79/2004, el veintiséis de abril y dos de mayo de la presente anualidad. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable en su informe de cuenta refiere que el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 483 de la Ley Federal del Trabajo se señalaron las trece horas del veintidós de mayo del año en curso para la celebración de la audiencia incidental de liquidación, en la que se oirán a las partes y ofrecerán pruebas. Luego, toda vez que no allega el acuerdo en el que se admitió el incidente de liquidación de laudo presentado ante su instancia; por tanto, a fin de proveer lo conducente, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero y 117, ambos de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérasele a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, remita copias certificadas del auto en el que admitió el aludido incidente, o bien, copia fotostática certificada, debidamente foliada, sellada y rubricada; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, o no exponer los motivos legales que le impidan hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; en relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente. Lo anterior encuentra apoyo por identidad de razones, en la tesis del contenido siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE.

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