Hipolito Solís Alvarado
Expediente 701/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jaime Alanis de la O
- Hipolito Solís Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de julio del año en curso, que sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en el expediente laboral 079/2004 en seis tomos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 701/2016-3, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado (por conducto de su Presidente), con sede en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y por legalmente emplazado al tercero interesado Comisión Federal de Electricidad. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas se da cuenta con las documentales que remitió la Junta responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en el expediente laboral 079/2004, en seis tomos, así como copia certificada de la notificación practicada a los quejosos de la resolución de veinte de junio del presente año. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la ley reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, con fundamento en el artículo 124 de la ley en consulta, se tiene por reproducidos los que hizo valer el agente del Ministerio Público de la Federación, en su pedimento 499/2016, con registro 13453 recibido en este Juzgado de Distrito el veinticinco de julio del presente año. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del precepto legal antes invocado, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 701/2016-3; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, HIPOLITO SOLÍS ALVARADO y JAIME ALANIS DE LA O solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Ciudad. Acto reclamado: "La omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo, dentro del juico laboral que se tramita bajo el número 79/2004." Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales vulnerados los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el expediente 701/2016-3; y en proveído de veinte de mayo del año en curso se ordenó su admisión; emplazar a la parte tercero interesada; dar la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente Acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos, con criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención de los promoventes, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo entro del juicio laboral 79/2004. Existencia del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". Es cierto el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues así lo reconoció expresamente en el informe justificado que rindió por conducto de su Presidente [f. 12]. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias que integran el expediente laboral 79/2004, que en seis tomos remitió el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en apoyo a su informe justificado; documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Esta resolutora considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precisado quedó en párrafos que anteceden que de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo dentro del expediente laboral marcado con el número 79/2004. Ahora bien, entre las constancias que integran el citado sumario del que emana el acto reclamado, obra la resolución interlocutoria de veinte de junio del presente año [f. 3161 a la 3293 del Tomo VI], cuya omisión de pronunciarse se reclama en este juicio de amparo, la cual se notificó a la parte quejosa el día veintidós de ese propio mes y año, como se advierte de la constancia que obra agregada en autos [f. 26]. Como se ve, los antecedentes relacionados ponen de relieve que en la especie, si bien es verdad que en la fecha en que se presentó la demanda de garantías en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado (diecinueve de mayo de dos mil dieciséis), la autoridad responsable no había resuelto el incidente de liquidación de laudo dentro del juicio laboral 79/2004; también lo es que durante la sustanciación de este juicio de amparo dicha autoridad, mediante interlocutoria de veinte de junio del presente año resolvió dicho incidente; por lo que en ese contexto, es inconcuso que ello se traduce en que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce de las garantías tuteladas por el artículo 17 de la Constitución Federal que invocó como vulneradas en su perjuicio, al haberse satisfecho sus pretensiones en los términos antes apuntados. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio constitucional. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 701/2016-3, promovido por HIPÓLITO SOLÍS ALVARADO y JAIME ALANIS DE LA O, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE.
- Principal
En siete de julio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de veintiocho de junio del presente año se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en apoyo su informe justificado remitió la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido de dichos constancias y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo de dos mil quince, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS EL AUTO MDE 28 DE JUNIO DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "En veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 12012 y anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiuno del presente mes y año, remite copia certificada de la constancia relativa a la notificación practicada a los quejosos, respecto de la resolución interlocutoria dictada el veinte del mes y año citados; por tanto, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia naturaleza, la constancia que la referida autoridad adjunta a su comunicado; sin perjuicio de relacionarla y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Con la referida documental y con el expediente laboral 079/2004 en seis tomos, que la citada responsable remitió en apoyo a su informe justificado, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
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