Hipólito Alarcón Sangabriel
Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Hipólito Alarcón Sangabriel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley reglamentaria del juicio de garantías en vigor, en contra de la sentencia constitucional dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso********************; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Consecuentemente, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable ********************, para que dentro del término de tres días cumpla con la sentencia ejecutoriada de mérito; apercibida que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 761/2023-IX, promovido por la parte quejosa Hipólito Alarcón Sangabriel, contra actos de la Junta Especial Número Seis, de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, ante este Juzgado Federal, Hipólito Alarcón Sangabriel promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Junta Especial Número Seis, de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas. "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable, se reclama la omisión de calificación de pruebas de audiencia de fecha 31 de enero del 2020, demanda planteada por los suscritos en contra de la responsable, y en la cual se demanda el despido injustificado del que fuimos objeto, reclamado la reinstalación en nuestro trabajo en los términos en que viniéramos desempeñando hasta la fecha en que fuimos despedidos injustificadamente, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya realizado lo necesario por la autoridad responsable para la substanciación del juicio en términos de lo que dispone el artículo 685 y 880 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal". Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 constitucionales. SEGUNDO. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 761/2023-IX; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado por el quejoso consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en estas ciudad, de dictar el acuerdo sobre admisión de pruebas en el expediente número 1129/E06/2019, promovido por Hipólito Alarcón Sangabriel, dentro de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, que se celebró desde el diez de febrero de dos mil veinte. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención de las promoventes, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De esta manera, la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad, y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. TERCERO. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada par ello, según se advierte del sello de recibido en esa dependencia el veintinueve de junio de dos mil veintitrés (foja 6); por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Es menester destacar que en el presente asunto no se surte alguna causa que genere la improcedencia de este juicio de garantías; por tanto, lo procedente es analizar los conceptos de violación expresados por el quejoso en su demanda, sin que para ello sea obligatorio transcribirlos, atento a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden a los dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. Se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Son fundados los conceptos de violación formulados por la quejosa, suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida necesaria para ello, por ser la impetrante del amparo la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así las cosas, del contexto de la demanda se aprecia que el peticionario de garantías se duele de la violación en su perjuicio de las leyes al procedimiento por inactividad procesal ya que la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Seis, residente en esta ciudad, no ha acordado dentro del expediente 1129/E06/2019, lo que en derecho correspondiera en relación con las pruebas que ofertaron las partes en el acto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada el diez de febrero de dos mil veinte, retardando con ello el trámite de dicho asunto; destacando expresamente como acto reclamado la omisión de la responsable de dictar el proveído de pruebas en comento como la violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con motivo de la inactividad procesal, sin que hasta esta fecha lo haya emitido, ni existe prueba en contrario. En ese orden de ideas, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTICULO 17.- ...toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". Por otra parte, el diverso artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. El precepto mencionado en primer término pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De estos atributos, el que resulta útil y aplicable para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en las obligaciones de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Sentado lo anterior, se advierte claramente que la responsable incurrió en una violación a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, al incumplir con lo dispuesto en el diverso precepto legal 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que desde el diez de febrero de dos mil veinte, celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente administrativo laboral 1129/E06/2019, en donde el actor y demandado ofrecieron las pruebas de su intención, a lo que la autoridad responsable acordó reservarse en el proveído respectivo no obstante que conforme al numeral invocado 880, fracción IV, de la Ley Federal de Trabajo, debió emitirse el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas inmediatamente concluida esa etapa, sin que hasta la fecha de la emisión de esta determinación haya informado que ya lo emitió, en franca contravención con lo que dispone el referido numeral, lo que, sin duda, se traduce en violación a la garantía de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse la junta responsable a las formalidades establecidas para emitir dicho proveído. Ahora bien, la responsable se encuentra constreñida a acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes inmediatamente después de concluida la etapa de su ofrecimiento en términos del referido numeral 880, fracción IV, de la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional y, al haberse reservado el dictado del acuerdo correspondiente, se traduce en una violación a la garantía constitucional de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse a los plazos establecidos para acordar sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas en el acto de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que conlleva en términos del artículo 77 de la ley de la materia, a conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Hipólito Alarcón Sangabriel, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, provea inmediatamente lo conducente en relación con las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada dentro del expediente administrativo laboral 1129/E06/2019, el diez de febrero de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Hipólito Alarcón Sangabriel, conforme a los lineamientos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; asimismo, que ha precluido el plazo otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado; habida cuenta que quedó notificada del oficio 16331/2023, derivado del proveído de veintiocho de junio del año en curso, con el que se ordenó su emplazamiento a esta contienda constitucional y se le requirió su informativa correspondiente, tal y como se advierte del acuse de recibo visible a foja 6; en tales condiciones, se hace necesario recabar de oficio las pruebas que obren en poder de dicha autoridad, con el propósito de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de practicar el análisis adecuado del acto reclamado y estar en aptitud de resolver el fondo del presente asunto. Ahora bien, en atención a que este Juzgado de Distrito no puede obligar a las autoridades responsables omisas a rendir su informe justificado, en virtud de que expresamente hay una consecuencia y una sanción por esa omisión, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la misma legislación, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente 1129/E06/2019. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veintitrés minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guardan los autos, relativo al juicio de amparo 761/2023-IX. Conste. El Secretario.Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante que obra en autos el acuse de recibo del oficio 16331/2023 (foja 6), mediante el cual se le requirió el mismo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de quince días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que lo remita; ello dado que se encuentra gozando de su periodo vacacional que comprende del diecisiete al treinta y uno de julio de la presente anualidad. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y ocho minutos del veintidós de agosto de dos mil veintitrés, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
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