Hipólito Alarcón Sangabriel

Expediente 1438/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1438/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Hipólito Alarcón Sangabriel
  • Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 1438/2021-II, promovido por Hipólito Alarcón Sangabriel; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada dentro del juicio de amparo 1438/2021-II, y celebrada a las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El Secretario licenciado Gilberto Anaya Camargo: Juicio de amparo 1438/2021-II, promovido por Hipólito Alarcón Sangabriel, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El Juez: Secretario, efectúe una relación de las constancias que integran el presente asunto. El Secretario: Se da cuenta con el escrito inicial de demanda de amparo (foja 1). Con el informe justificado rendido por la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad (fojas 13 a 20). Asimismo, se hace constar que la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en esta ciudad, omitió rendir informe justificado, no obstante que recibió el oficio por el que se le requirió desde el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, tal como se desprende de la constancia que obra en autos (foja 8). El Juez: Se tiene al secretario haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Enseguida, se declara abierto el período probatorio, Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se da cuenta con las pruebas documentales que anexó la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 13 1 20). El Juez: Con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, ténganse por admitidas y desahogadas las pruebas aludidas y al no haber más que relatar se declara cerrado dicho período y abierto el de alegatos. El Secretario: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención. El Juez: Se tiene al secretario haciendo constar que ninguna de las partes formuló alegatos, con lo anterior se cierra dicho periodo y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto, para resolver el juicio de amparo 1438/2021-II promovido Hipólito Alarcón Sangabriel, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el cuatro de noviembre siguiente, en este Tribunal Federal, Hipólito Alarcón Sangabriel, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridad y actos que a continuación se citan: Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos con asentamiento en esta ciudad. Actos reclamados: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señala en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada SEMLAB S.A DE C. V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." La solicitante del amparo señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 1438/2021-II que le correspondió, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las responsables en radicar la demanda laboral de origen, así como practicar el emplazamiento a la parte demandada en el mismo, siendo este órgano de control constitucional el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 1129/E06/2019; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada SEMLAB, S. A DE C. V. La omisión del actuario adscrito a la citada junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que el quejoso señala también como acto destacado: "La substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." "Las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que no era cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo relativo al señalamiento de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, ni de llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada, dentro del expediente laboral 1129/E06/2019, toda vez que el cinco de julio de dos mil veintiuno, acordó fijar las doce horas del trece de octubre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; posteriormente, en acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno regularizó el procedimiento laboral y fijó nuevamente las doce horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós, para la celebración de dicha audiencia, quedando debidamente notificadas la parte actora y demandada (fojas 13 a 20). Para lo cual, remitió copia certificada de los referidos proveídos, así como las diligencias de notificación a cargo del actor y la parte demandada deducidos del expediente laboral 1129/E06/2019, a las que se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo mismo cabe decir, respecto del acto reclamado a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, no obstante de que ésta fue omisa en rendir su informe justificado; lo anterior es así, puesto que al presente juicio constitucional fue llamado en su carácter de autoridad ejecutora; y como se vio, la autoridad ordenadora negó categóricamente el acto reprochado por el agraviado, y sin que resulte dable presumir la existencia del acto que se le reclama, como se explicará. En ese orden, para determinar la certeza o inexistencia del referido acto omisivo impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al órgano de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Julio de 1994, página 15, registro No. 206346, cuyo epígrafe es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Ahora bien, del sello de recepción de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, que aparece en la demanda de amparo (foja 1), se advierte que el presente juicio se promovió el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el cinco de julio y trece de octubre de dos mil veintiuno, (fojas 18 1 20) se dictaron los autos respectivos en el que se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 1129/E06/2019, es decir, con fechas anteriores a la presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno). Asimismo, cabe destacar que la responsable remitió diligencia de notificación a cargo de la parte demandada de fecha veintidós de junio dos mil veintiuno, respecto a diverso proveído de siete de mayo del año en curso, en el que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en el juicio laboral de origen (fojas 16 y 17). Atento a lo anterior, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada hasta el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, queda claramente demostrado que no existen las omisiones reclamadas; por tanto, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción VI, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1438/2021-II, promovido por Hipólito Alarcón Sangabriel, en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y a la Actuaria de su adscripción. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe. humber ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. El actuario recibe el oficio de referencia. Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto, para resolver el juicio de amparo 1438/2021-II promovido Hipólito Alarcón Sangabriel, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el cuatro de noviembre siguiente, en este Tribunal Federal, Hipólito Alarcón Sangabriel, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridad y actos que a continuación se citan: Autoridades responsables: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ambos con asentamiento en esta ciudad. Actos reclamados: "4.1.- De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señala en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada SEMLAB S.A DE C. V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento." La solicitante del amparo señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 1438/2021-II que le correspondió, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las responsables en radicar la demanda laboral de origen, así como practicar el emplazamiento a la parte demandada en el mismo, siendo este órgano de control constitucional el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del estudio integral de la demanda de garantías y de la constancia que obra en autos, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en: La omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al no señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 1129/E06/2019; y, La omisión de ordenar el emplazamiento de la parte demandada SEMLAB, S. A DE C. V. La omisión del actuario adscrito a la citada junta de llevar a cabo el emplazamiento a la demandada. No escapa para este Juzgado de Distrito que el quejoso señala también como acto destacado: "La substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal." "Las notificaciones personales que se deba realizar durante todo el procedimiento." Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, refirió que no era cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo relativo al señalamiento de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, ni de llevar a cabo el emplazamiento a la parte demandada, dentro del expediente laboral 1129/E06/2019, toda vez que el cinco de julio de dos mil veintiuno, acordó fijar las doce horas del trece de octubre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; posteriormente, en acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno regularizó el procedimiento laboral y fijó nuevamente las doce horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós, para la celebración de dicha audiencia, quedando debidamente notificadas la parte actora y demandada (fojas 13 a 20). Para lo cual, remitió copia certificada de los referidos proveídos, así como las diligencias de notificación a cargo del actor y la parte demandada deducidos del expediente laboral 1129/E06/2019, a las que se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo mismo cabe decir, respecto del acto reclamado a la actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, no obstante de que ésta fue omisa en rendir su informe justificado; lo anterior es así, puesto que al presente juicio constitucional fue llamado en su carácter de autoridad ejecutora; y como se vio, la autoridad ordenadora negó categóricamente el acto reprochado por el agraviado, y sin que resulte dable presumir la existencia del acto que se le reclama, como se explicará. En ese orden, para determinar la certeza o inexistencia del referido acto omisivo impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al órgano de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Julio de 1994, página 15, registro No. 206346, cuyo epígrafe es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Ahora bien, del sello de recepción de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, que aparece en la demanda de amparo (foja 1), se advierte que el presente juicio se promovió el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el cinco de julio y trece de octubre de dos mil veintiuno, (fojas 18 1 20) se dictaron los autos respectivos en el que se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 1129/E06/2019, es decir, con fechas anteriores a la presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno). Asimismo, cabe destacar que la responsable remitió diligencia de notificación a cargo de la parte demandada de fecha veintidós de junio dos mil veintiuno, respecto a diverso proveído de siete de mayo del año en curso, en el que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial en el juicio laboral de origen (fojas 16 y 17). Atento a lo anterior, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada hasta el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, queda claramente demostrado que no existen las omisiones reclamadas; por tanto, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción VI, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1438/2021-II, promovido por Hipólito Alarcón Sangabriel, en contra de actos atribuidos a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y a la Actuaria de su adscripción. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la Presidenta por ministerio de ley, de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia, con las documentales que remite para apoyar su informe. Por otra parte, visto el estado de autos, se aprecia que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la que evidentemente con motivo de la recepción del informe justificado reseñado, a la llegada de ese día deberá marcarse nueva data para su desahogo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha revelada en el párrafo que antecede, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Por contener consideraciones aplicables al caso, lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.5o.C.1K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Febrero de 2013, Materia Común, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad y Actuaria adscrita a dicha Junta, no rindieron su informe justificado dentro del plazo de quince días como se les requirió mediante oficios 45366/2021 y 45367/2021, de los cuales quedaron debidamente notificadas desde el ocho de noviembre del año en curso, como se advierte de la constancia de notificación; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Ahora bien, a efecto de que este Juzgado de Distrito se encuentre en aptitudes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que reclama el agraviado, en términos del artículo 75 de la ley de la materia, a fin de recabar de oficio los medios de prueba que permitan a éste juzgador integrar debidamente la litis y con ello, emitir el fallo que en derecho corresponda, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, para que dentro del término de tres días envíe copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa. Por las consideraciones que la informan, lo anterior encuentra apoyo en la Tesis VI.1°.85 K, visible en la página 521, tomo XV-II, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. PROCEDE CUANDO FALTAN CONSTANCIAS NECESARIAS PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN. Cuando ante la autoridad responsable se aporta determinada prueba y ésta o su copia certificada no se acompaña con el informe justificado, siendo necesaria para la resolución del asunto, el juez de amparo debe diferir la audiencia constitucional y recabarla de oficio, en términos del artículo 78 de la Ley de la Materia, para no dejar en estado de indefensión al quejoso; y, si no se hace así, procede ordenar la reposición del procedimiento para ese efecto. " Apercibido que en caso de incumplimiento, o de no informar lo conducente, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, moneda nacional); ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por tales motivos, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra señalada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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