Hipolita Gomez Alfaro

Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
266/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Hipolita Gomez Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de abril de dos mil veintidós. NOTIFICACIONES POR LISTA Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que se le concedió a la quejosa Hipólita Gómez Alfaro, en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por lo que, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo. Por tanto, con fundamento en los artículos 27 fracción II y 29, de la Ley de Amparo, realícense por lista todas las notificaciones, aun las de carácter personal a la quejosa de mérito, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal fin. CAUSA ESTADO Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desecho la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En relación con tal determinación, se hace constar que el presente juicio de amparo fue desechado, sin que la parte promovente interpusiera recurso alguno. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d)1 del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales . d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Erick Manuel Ruiz Abarca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y anexos, con el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 69/2022, orden 114/2022 del índice de este juzgado, del que se advierte que notificó a la quejosa Hipólita Gómez Alfaro de los proveídos de diez y dieciséis de marzo de dos mil veintidós, derivado del presente expediente. Atento a lo anterior, dese de baja la citada comunicación en el libro respectivo y háganse las anotaciones pertinentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Erick Manuel Ruiz Abarca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que el domicilio finca marcada con el número 133 del 1 retorno de Margarita de Gortari de Salinas en el fraccionamiento Siglo XXI, señalado por la quejosa Hipolita Gómez Alfaro para oír y recibir notificaciones, se localiza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y no en esta ciudad. Por lo tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo [en términos del artículo 2º], se ordena librar atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, realice lo siguiente: ? Comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en finca marcada con el número 133 del 1 retorno de Margarita de Gortari de Salinas en el fraccionamiento Siglo XXI, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y notifique a la quejosa Hipolita Gómez Alfaro del proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del presente juicio de amparo 266/2022. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 2 ? Asimismo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibiéndole que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de la lista de acuerdos, conforme a los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para alcanzar ese cometido, se habilita a la potestad comisionada, para que lleve a cabo todas las actuaciones y emita las determinaciones que estime pertinentes y estén a su alcance para realizar la diligenciación del medio de comunicación oficial de trato. De igual manera, se le faculta para que habilite los días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo el desahogo de la diligencia de trato. Una vez diligenciada la comunicación la devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su diligenciación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de marzo de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Hipólita Gómez Alfaro, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Tonalá, Chiapas y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 266/2022-V-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo vigente, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 2 El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.- Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la promovente hace consistir los actos reclamados en: a). El auto de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 430/2020 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en el cual ha fijado fecha y hora para que tenga verificativo el desahogo del interrogatorio del perito tercero en discordia. b). La notificación realizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que el actuario del JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 3 ??????????????? Juzgado Segundo Civil en compañía de la actora le enseñaron una serie de papeles y le dijeron que la diligencia de interrogar perito tercero en discordia se efectuaría el veintidós de marzo de la anualidad en curso. Se estima que respecto al acto reclamado identificado como a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo.1 De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente), es necesario que el acto de autoridad que se combate, sea de imposible reparación, entendiéndose como tal, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 4 procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio- Diciembre de 1989, página 291 Registro digital: 207343 que dice: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Órgano Judicial, que anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 5 ??????????????? que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, aunque no lesionara derechos sustantivos; sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 6 el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Así se advierte de la jurisprudencia IV.2o.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 7 ??????????????? PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P. /J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 8 interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 9 ??????????????? En el caso, se reclama el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil número 430/2020 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en el cual se ha fijado fecha y hora para que tenga verificativo el desahogo del interrogatorio del perito tercero en discordia. En conclusión, dicho acto reclamado no causa un perjuicio a la parte quejosa que sea de imposible reparación, y por lo mismo debe refutarse como acto intraprocesal, que se debe impugnar al momento de inconformarse con la resolución definitiva, la cual hasta el momento no ha sido pronunciada, y que incluso podría serle favorable a sus intereses, resultando evidente que la violación que pudiera ocasionarle la resolución constitutiva del acto reclamado, sería reclamable hasta que se concluya dicho procedimiento en forma definitiva, siempre y cuando esa violación repercuta en dicha resolución. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, es evidente que se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida. Desechamiento por definitividad respecto del acto señalado en el inciso b) JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 10 Respecto de dicho acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 11 ??????????????? El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, de acuerdo con el cual el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, previamente a su promoción el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o agrarios, establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o agrarios; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 12 Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 13 ??????????????? defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, porque la notificación que se tilda de ilegal, realizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 430/2020 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la aquí quejosa, lo que evidencia que se trata de un acto emitido por un Juzgado del Ramo Civil y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otro lado, los artículos 1349, 1350, 1353, 1354, 1355 y 1357 del Código de Comercio, establecen, en su orden, lo siguiente: Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350.- Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1353.- Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 14 Artículo 1354.- En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. Artículo 1355.- Cuando las partes no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los tres días siguientes. Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. De los preceptos transcritos, se aprecia la forma en que deben substanciarse los incidentes que surjan en el juicio ejecutivo mercantil, y que no tengan señalada una tramitación especial, como ocurre con los de nulidad de notificaciones. Cono se dijo, la quejosa reclama como diverso acto la ilegal notificación realizada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en el expediente 430/2020 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la aquí quejosa, por lo que debe plantear su nulidad a través del incidente previsto en el artículo 1353 transcrito. Por todo lo anterior, existe la obligación legal de agotar el incidente que se comenta, y de no resultar favorable a sus intereses lo que se resuelva en el mismo, impugnar la notificación realizada como violación procesal acorde a lo establecido en el artículo 172 fracción V de la Ley de Amparo. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 15 ??????????????? Por tanto, será hasta que se dicte la sentencia definitiva, y de ser el caso, se interponga el recurso que proceda, cuando posteriormente se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de las violaciones al procedimiento, que hayan trascendido al resultado de dicha resolución. Lo anterior es así, ya que el artículo 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Ilustra por las razones que la contienen la Jurisprudencia número IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1303, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, que establece: JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 16 VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio. Por tanto, como la solicitante de amparo no agotó el recurso ordinario conducente, en el caso concreto se estima que no se cumplió con el principio de definitividad. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047, registro digital: 2020845, Décima Época, Materias: Civil, del rubro y texto: INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 17 ??????????????? MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 18 en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Así como, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1575, del Tomo XXXIX, Materia: Civil, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registró 361716, del rubro y texto: NULIDAD EN MATERIA MERCANTIL, TÉRMINO PARA INTERPONERLA. Como las leyes procesales, ordinarias o locales, sólo pueden aplicarse en asuntos mercantiles cuando son necesarias supletoriamente, es decir, en los casos de omisión de las leyes mercantiles, o en cuanto a detalles o particularidades de las instituciones en éstas consignadas, debe considerarse que tratándose del incidente de nulidad de actuaciones, puede promoverse dentro de los tres días que fija el artículo 1079 del Código de Comercio, pues debe tenerse en cuenta que el indicado ordenamiento no fija término alguno para promover dicho incidente. En consecuencia, en casos de esta naturaleza, es indebido aplicar como supletorias, leyes locales. Por tanto, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 19 ??????????????? Resulta ilustrativa a la anterior decisión, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 20 la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Por su parte, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su escrito de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. JOSE ALFREDO AREVALO TREVIÑO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.dd.8c 25/10/22 22:31:57 21 ??????????????? RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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