Hilver Piña Lopez
Expediente 1077/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Hilver Piña Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables 1Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, y el 2Titular de la Dirección Jurídica, en representación del Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ambos con sede en la Ciudad de México, registrado bajo el número 248/2023 de su índice; de lo que se toma nota para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos los escritos firmados por el 1Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del General Secretario de la Defensa Nacional, y el 2Titular de la Dirección Jurídica, en representación del Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ambos con sede en la Ciudad de México, al que acompañan copias de sus ocursos, a través de los cuales interponen recurso de revisión en contra de la resolución constitucional del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tienen por interpuestos los recursos de revisión en contra de la resolución constitucional. Por lo que, se ordena distribuir entre las demás partes copia simple de los escritos de cuenta para su conocimiento y efectos legales procedentes. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente en que se actúa, remítase vía estafeta al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los escritos de 1 interposición de los recursos, el 2 juicio de amparo en que se actúa, y 3,4dos tomos de pruebas remitidos por el Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y por el Director General de Justicia Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional, los cuales adjuntaron a su informe de ley. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes, hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, y vía electrónica al quejoso.
- Principal
V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1077/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de la que correspondió conocer por razón de turno a este juzgado de distrito, Hilver Piña López por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de agosto siguiente, se registró dicho libelo bajo el número de expediente 1077/2022, se admitió a trámite la misma, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/20131, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"2 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado por el quejoso a las autoridades responsables consiste en: a) El Acuerdo 72894 de doce de agosto del dos mil 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación. 2 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. veintidós emitido por la Secretaria de la Defensa Nacional que ordena la baja del quejoso con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el alta en situación de retiro por presentar incapacidad para el servicio de las armas con fecha uno de septiembre del año en curso, por padecer insuficiencia renal terminal con reserva funcional de menos del 20%. b) Las consecuencias del aludido acuerdo, traducidas en la baja en las bases de datos y los sistemas informáticos de los derechos vigentes (beneficios y prestaciones) de seguridad social y la orden de privación del servicio médico integral, medicamentos y equipo quirúrgico para el impetrante, así como para sus familiares derechohabientes; y la privación o suspensión de los haberes quincenales. No se soslaya que el quejoso refiere diversos actos reclamados; sin embargo, del análisis integral de la demanda se evidencia que estos se tratan de conceptos de violación que aluden a violaciones ocurridas durante el procedimiento administrativo que concluyeron con el Acuerdo reclamado, de ahí que serán analizados más adelante. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia4 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD SUSCEPTIBLE DE SER SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO, PERO SÍ PUEDE SER PLANTEADA LA ILEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS A TRAVÉS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA 4 Registro digital: 166703, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 95/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, página 151, Tipo: Jurisprudencia. PLANTEADO SU NULIDAD EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 1Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos y Anexas de la 36/A Zona Militar, Tapachula; 2Director del Hospital Central Militar, Ciudad de México; 3Director General de Caballería de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ciudad de México; 4Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas, Ciudad de México, 5Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 6Director General de Sanidad de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ciudad de México; 7Director General de Seguridad Social Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ciudad de México; en sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Dicha postura se desvirtúa en razón de las manifestaciones realizadas por el 8Jefe de Estado Mayor de la 36/A Zona Militar, Tapachula [autoridad ejecutora]; el 9General Secretario de la Defensa Nacional, Ciudad de México; y el 10Director General de Justicia Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ciudad de México [autoridades ordenadoras], así como de las constancias que obran en autos, de las que se evidencia su participación. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que, respecto a las manifestaciones de las autoridades responsables 1Jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos y Anexas de la 36/A Zona Milita, el 2Director del Hospital Central Militar, Ciudad de México el 5Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 6Director General de Sanidad de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ciudad de México, en el sentido de que debe declararse el sobreseimiento del asunto por la inexistencia de los actos reclamados, como se expuso, tal circunstancia ha quedado superada. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. El 8Jefe de Estado Mayor de la 36/A Zona Militar, Tapachula, manifestó que debe decretarse el sobreseimiento del juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia; sin embargo, no expresó argumentos tendentes a justificar cuál hipótesis normativa se actualizaba y porqué. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 142/2006, definió criterio en el sentido de que, si bien el estudio de las causas de improcedencia es oficioso, cuando una de las partes invoca alguna sin exponer razones para sustentar su afirmación, la persona juzgadora de amparo no está obligada, por regla general, a analizarlo, salvo que se trate de una cuestión de obvia y objetiva constatación, lo que no ocurre en el caso, por tanto, no se analizará. Lo anterior se patentiza en la especie, ya que la autoridad en trato no expuso las razones por las cuáles consideraba actualizada esa causa de improcedencia, misma que se refiere a la cesación de los efectos del mismo. En ese sentido, respecto a la causal invocada resultaba indispensable que la responsable expusiera los argumentos jurídicos que permitieran a esta juzgadora analizar si en el caso se actualizaba alguna de ellas, por lo que, al no haberlo hecho así, deben declarase inoperantes las mismas. Además, con independencia de lo antepuesto, del simple análisis del acto reclamado no desprende que la causa de improcedencia hecha valer se actualice en la especie. Apoya lo anterior, el criterio sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 137/20065, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". Por otra parte, el 4Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas, Ciudad de México, alegó que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no acredita su interés jurídico. No obstante, debe desestimarse la causa de improcedencia que se propone, en razón de que esta se encuentra estrechamente relacionada con el fondo del asunto; lo anterior es así, toda vez que los motivos y razones que sirvieron de sustento para decretar la baja del quejoso como miembro activo y alta en situación de retiro por presentar incapacidad serán objeto de análisis al tenor del estudio de los conceptos de violación que hace valer el promovente. Misma suerte sigue la causal invocada por el 10Director General de Justicia Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), aplicado a contrario sensu, pues refiere que las resoluciones provisional y declarativa de incapacidad emitidas, se tratan de meros actos intraprocesales, pues no pusieron fin al procedimiento 5 Registro digital: 174086, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 137/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, Tipo: Jurisprudencia. administrativo seguido al quejoso. No obstante, como quedó precisado en el considerando atinente a la fijación del acto reclamado, el promovente formuló conceptos de violación que aluden a violaciones ocurridas durante el procedimiento administrativo, que concluyeron con el Acuerdo reclamado, por lo que, en su caso, serán analizados en el estudio de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia6 de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Asimismo, dicha potestad y el 3Director General de Caballería de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ciudad de México refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el quejoso no expresa concepto de violación alguno tendente a combatir el acto atribuido a estas. Al respecto, el máximo Tribunal del país ha sostenido que no es menester formular los conceptos de violación con el rigorismo del silogismo jurídico exigido; sin embargo, ello 6 Registro digital: 187973, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Tipo: Jurisprudencia. no exime a la parte quejosa de expresar con claridad la causa de pedir, para lo cual deberá señalarse la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley que reclama, así como los motivos que originaron ese agravio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia7 que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR". En este sentido, el impetrante refiere que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, y se encuentra indebidamente fundando y motivado, por lo que resulta inconcuso que sí se formularon conceptos de violación en contra del mencionado oficio, en consecuencia, resulta infundada la causa de improcedencia propuesta. Finalmente el 9General Secretario de la Defensa Nacional aduce que el quejoso no agotó el juicio de nulidad contenido en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. No obstante, dicha causal de improcedencia es infundada, en consideración a que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, pues así lo determinó nuestro más Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 91/2014 (10a.)8, en el sentido 7 Registro digital: 191384, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 68/2000, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 38, Tipo: Jurisprudencia. 8 Registro digital: 2007571, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 91/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 1086, Tipo: Jurisprudencia. de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es incompetente para conocer de las órdenes de baja de los integrantes de las fuerzas armadas por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares; asimismo, determinó que contra los referidos actos, el agraviado cuenta con la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto para garantizar que esa decisión no quede al margen del control judicial, la cual es del tenor siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LAS ÓRDENES DE BAJA DE LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS POR COLOCARSE EN SITUACIÓN DE NO PODER CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES MILITARES Y, POR TANTO, ÉSTOS CARECEN DE DERECHO PARA RECLAMAR LA NEGATIVA O REDUCCIÓN DE SUS PENSIONES O PRESTACIONES SOCIALES ANTE ESE TRIBUNAL. Al no existir disposición jurídica que otorgue al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la posibilidad legal de conocer de las órdenes de baja de los integrantes de las fuerzas armadas por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, ese órgano jurisdiccional es incompetente para conocer de tales actos y aquéllos carecen del derecho para reclamar la negativa o reducción de sus pensiones o prestaciones sociales, porque conforme al artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica que regula a dicho tribunal, solamente se le reservó el conocimiento de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes; de ahí que no es válido ampliarlo a supuestos no previstos en la ley -como sería una orden de baja del activo-, porque en estos casos la competencia de la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -11- jurisdicción contencioso administrativa sólo puede provenir de la voluntad del legislador federal, quien es el único facultado para modificarla en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, como el artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en forma expresa y categórica establece que la baja implica la pérdida del derecho a reclamar prestaciones o beneficios sociales con base en el tiempo de servicios prestados, resulta incuestionable que una vez decretada la salida del activo, los afectados con esta decisión carecen de un derecho objetivo que defender en relación con sus anteriores prestaciones de seguridad social que formaban parte de su patrimonio jurídico, pues la existencia de aquéllas estaba subordinada a la pertenencia a los institutos armados, de modo que al abandonar las filas tampoco cuentan con el derecho subjetivo que les permita demandar la protección de los beneficios prestacionales que les correspondían, pues sería tanto como pretender que quien ya no goza del estatus de militar, exija la preservación de los derechos inherentes a una calidad que ya no tiene. Finalmente, debe señalarse que la incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no vulnera el derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido por el artículo 17 constitucional, ni deja en estado de indefensión al interesado, pues aunque la legislación militar no previera algún medio de defensa expreso para reclamar una orden de baja, lo cierto es que tiene a su alcance la promoción del juicio de amparo indirecto para garantizar que esa decisión no quede al margen del control judicial. Así las cosas, al no prosperar ninguna dichas causales de improcedencia, ni se vislumbra que se acredite alguna diversa que deba estudiarse de oficio, procede abordar el análisis de los conceptos de violación hechos valer por la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -12- parte quejosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 231, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento ochenta y nueve, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Estudio de fondo. En aras de una mejor comprensión del sentido de la decisión que se adopta, resulta menester precisar el contexto fáctico de mayor relevancia del acuerdo reclamado que se desprende de las actuaciones que integran el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad instaurado al quejoso Hilver Piña López, al tenor siguiente: 1. Mediante acuerdo 19881 de veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, el General Secretario de la Defensa Nacional ordenó al Director General de Justicia Militar, iniciar JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -13- el procedimiento de retiro por incapacidad en primera categoría de la parte quejosa para el servicio activo de las armas al padecer insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20% (foja 1 [ésta y las subsecuentes del tomo II del legajo de pruebas que obra por separado]). 2. Mediante oficio ML-45191, de veintidós de marzo del dos mil diecinueve, la Dirección General de Sanidad, Hospital Central Militar, en atención a la solicitud de la Dirección General de Justicia Militar, emitió el dictamen médico certificado suscrito por dos médicos militares especialistas con el objeto de determinar si existe o no relación de causalidad entre la enfermedad que padece el Cabo de Caballería Hilver Piña López, en el que concluyeron que la causa más probable de su enfermedad es una glomerulonefritis crónica secundaria a enfermedad inmunológica, esto es, que su sistema de defensa del cuerpo lesionó sus riñones y que no tenía causalidad con actividades desempeñadas en el instituto armado (fojas 34 a 45). 3. El dieciséis de abril del dos mil diecinueve, se emitió la Declaración Provisional de Procedencia de Retiro por incapacidad contenida en el oficio SGB-IV-23532 al padecer insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, padecimiento comprendido en la fracción 43, de la Primera Categoría, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Declaración en la que se señaló que la incapacidad no había sido contraída por la parte quejosa en actos del servicio (foja 77). 4. En oficio número SPAA/4311 de once de mayo de esa anualidad, el Coronel de Caballería, con residencia en Tenosique, Tabasco, remitió a la Secretaría de la Defensa Nacional un escrito sin fecha, mediante la cual el cabo de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -14- caballería manifestó inconformidad con la Declaración Provisional de su Retiro (foja 81). 5. Por oficio número SGB-VI-10608 de fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno, la Dirección General de Justicia Militar emitió la Declaración Definitiva de Retiro del Cabo de Caballería Hilver Piña López, desahogando la inconformidad planteada, resolviendo que el aludido militar presenta padecer insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, padecimiento comprendido en la fracción 43, de la Primera Categoría, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, y que dicho padecimiento no fue contraído en actos de servicio, remitiéndose el incidente administrativo de retiro al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a fin de que el mismo emitiera la resolución correspondiente (foja 106). 6. El veinte de octubre del año en cita, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, emitió el Dictamen relacionado con el trámite administrativo de retiro del Cabo de Caballería Hilver Piña López, (foja 180). 7. Dictamen de compensación que fue sancionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio de treinta de mayo de dos mil veintidós (foja 188). 8. Derivado de lo anterior, el General Secretario de la Defensa Nacional emitió el acuerdo 72894 de doce de agosto del dos mil veintidós, por virtud del cual hizo del conocimiento del Director General de Caballería que, después de seguido el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad, se había colocado en situación de retiro al quejoso por lo que se ordenaba la baja del servicio activo y alta en situación de retiro, actuación con la que se resolvió en definitiva la JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -15- situación jurídica del impetrante en las fuerzas armadas mexicanas y que constituye el acto que por esta vía se reclama. Dos de los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante del amparo, son sustancialmente fundados, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En esencia, el impetrante aduce que el acuerdo de doce de agosto del dos mil veintidós, a través del cual se concluye el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad seguido al quejoso cabo de caballería, y se determina la baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro por padecer insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, padecimiento comprendido en la fracción 43, de la Primera Categoría, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, vulnera en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable realiza actos de discriminación en su contra debido a su estado de salud, toda vez que emite el acuerdo reclamado sin que se hubiese acreditado que su padecimiento le impide el debido desempeño de actividades inherentes a su grado. Agrega que el padecimiento que presenta no es impedimento para desempeñar sus funciones y continuar desempeñándose como tal, aunado a que de ello no existe prueba en contrario, y que en caso de haber quedado debidamente acreditado, la autoridad debió optar por cambiarlo a otro servicio en el que pudiera desempeñarse adecuadamente, y así agotar otras instancias antes de decretar su baja, puesto que ello le impide completar los tres JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -16- años que requiere para causar baja del activo y alta en situación de retiro percibiendo los haberes de retiro correspondientes y como consecuencia recibir el servicio médico especializado que requiere. Afirma que por ello, la determinación de la autoridad violenta en su perjuicio el derecho a la salud y permanencia en el empleo, toda vez que aquélla carece de debida fundamentación y motivación. Como se dijo en párrafos que preceden, los conceptos de violación hechos valer son esencialmente fundados. Es así, en virtud de que hubo contra el quejoso una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa por afectar los derechos humanos de no discriminación y de salud consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Para justificar la postura anterior, es necesario tener presente el contenido de los artículos 1, primer y segundo párrafos, 4° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que expresamente prevén lo siguiente: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -17- derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4° Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." "Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -18- resolución judicial." Dichos artículos no pueden analizarse de forma aislada, sino en relación con los artículos 24, fracción IV, en relación con el 226, Primera Categoría, fracción 43, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que disponen lo siguiente: "Artículo 24. Son causas de retiro: IV. Quedar incapacitado en actos fuera del servicio, conforme a lo establecido en los artículos 174 y 183 de esta Ley. Artículo 226. Para la determinación de las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den origen a retiro por incapacidad se aplicarán las siguientes tablas: Primera Categoría 43. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional menor del 20%. De lo anterior, se advierte que el artículo 1, párrafo primero, del Texto Fundamental establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Por otra parte, el artículo 1, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -19- tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 4, párrafo cuarto, de la Carta Magna señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Luego, el artículo 5 del Pacto Federal prevé el derecho fundamental al trabajo, cuyo ejercicio no podrá ser impedido, salvo en los casos que el propio artículo señala. En suma, conforme a los numerales 1°, 4° y 5°, se concluye que la Constitución Federal protege el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la dignidad y el derecho a la salud. Asimismo, el artículo 24, fracción IV, en relación con el diverso 226, Primera Categoría, fracción 43, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establecen como causa de retiro quedar incapacitado en actos fuera del servicio, en específico, por padecer insuficiencia renal crónica con reserva funcional menor del 20%. Ahora, a efecto de resolver el presente asunto resulta necesario tomar en consideración la tesis de jurisprudencia 2a./J. 177/20109, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "MILITARES. EL ARTÍCULO 226 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, VIGENTE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. CONSTITUCIONALES. Los artículos 24, fracción IV, 35 y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 9 Registro digital: 163317, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a./J. 177/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 577. Tipo: Jurisprudencia JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -20- vigentes hasta el 20 de noviembre de 2008, prevén como causa de retiro por "inutilidad" para los militares en activo alguno de los accidentes o enfermedades enlistados en el último precepto. Ahora bien, la circunstancia de que el referido artículo 226, en sus distintas categorías, no aclare en los supuestos de enfermedades que presenten distintos grados de afección a cuál de ellos se refiere o si abarca cualquiera, no viola las garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad aplicadora en estos casos deberá realizar una interpretación acorde con el aludido precepto y considerar que sólo cuando el grado de avance de la enfermedad provoque invalidez podrá invocarse como causa de baja del Ejército, interpretación que, por una parte, impide la discriminación de dichos elementos por motivos de enfermedad y, por otra, preserva la eficacia de ese sector, permitiéndole cumplir cabalmente su misión. En dicha de jurisprudencia la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, vigente hasta el veinte de noviembre de dos mil ocho, no viola los artículos 1 y 4 de la Constitución Política, porque los artículos 24, fracción IV, 35 y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, vigentes hasta el veinte de noviembre de dos mil ocho, prevén como causa de retiro por "inutilidad" para los militares en activo alguno de los accidentes o enfermedades enlistados en el último precepto. Así, la circunstancia de que el referido artículo 226, en sus distintas categorías, no aclare en los supuestos de enfermedades que presenten distintos grados de afección a cuál de ellos se refiere o si abarca cualquiera, no viola las JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -21- garantías de igualdad y no discriminación contenidas en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad aplicadora en estos casos deberá realizar una interpretación acorde con el aludido precepto y considerar que sólo cuando el grado de avance de la enfermedad provoque invalidez podrá invocarse como causa de baja del Ejército. Interpretación que, por una parte, impide la discriminación de dichos elementos por motivos de enfermedad y, por otra, preserva la eficacia de ese sector, permitiéndole cumplir cabalmente su misión. En ese orden, conforme a la tesis de jurisprudencia referida, se concluye que la autoridad aplicadora de las causas de retiro previstas en el artículo 24, fracción IV, en relación el 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, deberá realizar una interpretación acorde y considerar que sólo cuando el grado de avance de la enfermedad provoque invalidez podrá invocarse como causa de baja del Ejército. En el caso concreto, el Secretario de la Defensa Nacional responsable, a través del acuerdo reclamado de doce de agosto del dos mil veintidós, ordenó que el quejoso causara baja del Servicio Activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y el alta en situación de retiro, por presentar insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, padecimiento comprendido en la fracción 43, de la Primera Categoría, del artículo 226, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Del referido acuerdo reclamado, se advierte que el quejoso se desempeñó como Cabo de Caballería dentro del Ejército, y que fue diagnosticado con insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, señalando JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -22- que no fue un padecimiento contraído en actos del servicio. Razón por la cual se le inició el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad, prevista en la fracción 108 de la Primera Categoría de las tablas de enfermedades contenidas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mismo que concluyó con la orden de baja del servicio activo y alta en situación de retiro, emitida por el General Secretario de la Defensa Nacional. La orden de baja y alta se fundó en la causa de retiro prevista en el artículo 226, Primera Categoría, fracción 43, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, esto es, la causa consiste en quedar incapacitado en actos fuera del servicio, específicamente por padecer insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%. El argumento toral por el que la autoridad responsable decretó la incapacidad del quejoso, fue porque una de las condiciones para permanecer en las fuerzas armadas, es contar con un estado de salud óptimo, como consecuencia de las actividades militares que el servicio implica. Debido al padecimiento que presenta, no le es posible desempeñar con plenitud los servicios ni cumplir con las obligaciones inherentes a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Al efecto, refirió que éste realiza con limitaciones el desempeño de sus actividades castrenses al permanecer en un regimiento de caballería, el cual demanda buena capacidad física y mental de su persona, y que debido a la insuficiencia renal aludida no puede llevarlas a cabo, toda vez que no puede participar en acciones cívicas, realizar obras JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -23- sociales que tiendan al progreso del país, auxiliar a la población civil en caso de necesidades púbicas, participar en operaciones contra la delincuencia organizada, para garantizar la seguridad interior de la Nación, participar en operaciones para reducir la violencia en nuestro país, en caso de desastre no puede prestar ayuda para el mantenimiento del orden, formar parte de equipos de búsqueda, rescate y reconstrucción en zonas afectadas por fenómenos naturales, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, ya que no puede integrarse a los equipos de auxilio a la población, se encuentra imposibilitado para realizar todo tipo de actividad física (caminar, correr, marchar, nadar) así como portar y manipular el armamento y equipo orgánico que se le ministra para su uso, desarrollar su capacidad adecuada con su armamento orgánico ante cualquier situación de peligro, incrementar su conocimiento, habilidad y destreza en el empleo de armamento, aumentar su capacidad combativa, cumplir con las tareas de educación física y actividades recreativas en equipos de diferentes disciplinas (basquetbol, natación, etc.) funciones relacionadas con la aplicación de la Ley Federal Armas de Fuego y Explosivos, integrar servicios de arma o formar parte de puestos militares de seguridad, escoltas, desfiles, servicios de guardia en prevención, formar parte de las bases de operaciones y destacamentos, participar dentro del marco de operaciones encaminadas a reducir la violencia en el país. Añadió que el solicitante del amparo presenta limitaciones particulares de acuerdo a su grado [cabo], actividades que son desempeñadas por el personal Militar dentro del Instituto Armado conforme a su arma o servicio, así como que por no desempeñarse en forma eficiente, sus actividades impactan de manera negativa en el resultado de las operaciones militares, en razón de que no da exacto JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -24- cumplimiento de sus deberes y funciones encomendadas conforme al artículo 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Asimismo, respecto a la forma en la que el quejoso contrajo la insuficiencia renal con reserva funcional menos del 20% refirió que siendo valorado por el Servicio de Nefrología, en razón de los estudios de laboratorio y gabinete concluyeron que el inconforme presentaba enfermedad renal crónica terminal, la cual tuvo su origen por una Glomerulonefritis crónica; proponiendo inicio del tratamiento sustitutivo de la función renal por medio de diálisis peritoneal, el cual no fue aceptado por el impetrante; que posteriormente fue re hospitalizado por presentar un deterioro de sus condiciones generales y con urgencia de iniciar terapia dialítica siendo aceptada hasta esa fecha; concluyendo que la incapacidad que presenta el militar, no fue originada con motivo de las actividades que ha desempeñado en la esfera castrense, es decir, que no fue adquirida durante la ejecución de algún servicio que se le hubiere nombrado, tampoco por razón de alguna comisión que se le impuso en base a su condición militar, ni durante el cumplimiento de una misión, precedida de una orden que hubiere recibido de alguna autoridad militar, con motivo del desempeño de las funciones operativas o administrativas que le competen según su jerarquía, cargó o comisión en las Fuerzas Armadas. De las anteriores consideraciones que sustentaron el acto reclamado en el presente juicio de amparo, se advierte que el Secretario de la Defensa Nacional no fundó ni motivó que la insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20% del promovente Hilver Piña López no fuera originada con motivo de las actividades que ha desempeñado en el ámbito castrense, ni que el mismo le impide u obstaculiza la realización de las tareas propias de su cargo o JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -25- empleo, y que la reubicación o reclasificación de Arma, Cuerpo o Servicio del Cabo no es posible legalmente en razón de que este se encuentra catalogado como padecimiento de Primera Categoría. Lo anterior, toda vez que de las consideraciones que sostuvo la autoridad responsable para declarar en definitiva el retiro del quejoso por incapacidad contraída fuera de actos del servicio militar, resultan insuficientes para tener en un primer aspecto, por acreditado que el padecimiento que se le diagnosticó, dado el grado en el que se presenta, le ha generado afectaciones que impiden u obstaculizan la realización de las tareas propias de su cargo o empleo, en otro al determinar sobre la reubicación o reclasificación de Arma, Cuerpo o Servicio del Cabo, así como que dicho padecimiento no fuera contraído con motivo de las actividades que ha desempeñado como militar. En efecto, de las consideraciones expuestas en la determinación de baja reclamada, no se advierte que la autoridad aplicadora haya señalado que el solicitante del amparo, bajo el grado de cabo de caballería, al momento de ordenarle hacer alguna actividad propia de su especialidad, ésta no hubiera podido desarrollarla, por ejemplo, una de vigilancia, demostrando con ello su incapacidad para desempeñar sus actividades en el instituto armado, de acuerdo a su grado y especialidad, pues se limitó a señalar que al padecer Insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, por la naturaleza de su tratamiento de sustitución de la función renal (diálisis peritoneal), requiere permanecer en un lugar limpio para realizar los recambios de las bolsas de diálisis peritoneal, las cuales permanecen en el abdomen por un periodo de 4 horas y se realizan 4 veces al día aproximadamente y así evitar complicaciones como una peritonitis (infección de la cavidad peritoneal), requiriendo JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -26- además del baño corporal diario y mantener perfectamente limpio el catéter de diálisis peritoneal, lo imposibilita para el desempeño de sus actividades castrenses que le corresponde realizar como integrante del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de cualquier otra actividad en la que requiere contar con la plena capacidad física y mental, siendo que uno de los requisitos de permanencia en el ejército es precisamente gozar de un estado de salud que permita considerar a los militares aptos para desarrollar cualquiera de esas tareas; así como diversas limitaciones relacionadas con el adiestramiento militar tendentes a mantener al personal apto para cumplir eficientemente las misiones que el servicio castrense les impone de acuerdo a su grado y arma. Sin que obste a ello que, al precisar las limitaciones particulares de acuerdo a su grado, la autoridad aplicadora debió explicar de manera precisa, dónde radicaba la incapacidad del quejoso para el desempeño de las funciones de su especialidad, es decir, tuvo que haber señalado porqué la Insuficiencia renal terminal con reserva funcional menos del 20%, le impide realizar cualquier tipo de actividad dentro del servicio militar y en específico como cabo de caballería, para de esta forma justificar en qué medida su condición de salud afecta la prestación del servicio encomendado y la imposibilidad de mantenerlo dentro de los miembros del propio ejército; esto es, que no haya alternativas en el propio organismo para la prestación de sus servicios en las circunstancias en que lo realizaba. Lo antepuesto en razón de que al determinar sobre la reubicación o reclasificación de Arma, Cuerpo o Servicio del Cabo, éste se constriñó a señalar que en razón de que su padecimiento encuadra en uno catalogado en Primera Categoría y ello no le permite ser reclasificado a otro servicio. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -27- Aunado a lo anterior, la responsable refiere que la forma en la que el quejoso contrajo la insuficiencia renal con reserva funcional menos del 20% no fue por actividades propias del servicio militar, pues se limitó a la valoración realizada por el Servicio de Nefrología, en razón de los estudios de laboratorio y gabinete que concluyeron en que el Cabo Hilver Piña López presentaba enfermedad renal crónica terminal, la cual tuvo su origen por una Glomerulonefritis crónica. No obstante del acuerdo reclamado ni del dictamen médico de relación de causalidad firmado por los dos médicos militares especialistas, se advierte que la Glomerulonefritis crónica, misma que refieren es autoinmune y que ésta es la que genera el daño progresivo a sus riñones no fuera derivada del tipo de vida que desarrolla con motivo de sus actividades castrenses, ello tomando en consideración que el quejoso refiere que durante el tiempo que lleva laborando, únicamente se ha dedicado a las actividades operativas instruidas por sus superiores todo el día. Ello porque únicamente se limitaron a aludir que la causa más probable de la insuficiencia renal terminal con reserva funcional de menos del 20% es una Glomerulonefritis crónica secundaria a enfermedad inmunológica, sin que tenga causalidad con actividades desempeñadas en el instituto armado, soslayando precisar, si en su caso, existen diferentes tipos de Glomerulonefritis, el origen de ésta, cómo se llegó a la conclusión del tipo que padece y de manera detallada se descarte cualquier posibilidad de que la diagnosticada no tuvo origen con motivo de las actividades que desempeña como militar durante los diecisiete años que lleva laborando, circunstancia que se estima menester justificar en razón de que el emitido es dogmático. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -28- No se inadvierte el hecho de que en el acuerdo reclamado, se hayan puntualizado diversas "limitaciones" que el quejoso presenta para la prestación del servicio, como lo es que no pueda auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, que no pueda participar en operaciones para reducir la violencia en nuestro país, en caso de desastre no puede prestar ayuda para el mantenimiento del orden, formar parte de equipos de búsqueda, rescate y reconstrucción en zonas afectadas por fenómenos naturales, que no pueda desplazarse en el agua, etcétera. Sin embargo, no existe motivación alguna que demuestre: 1. La inutilidad e invalidez total para desempeñar cualquier tipo de actividad -como las administrativas- dentro de la institución castrense a la que pertenece. 2. Que el padecimiento que tiene no lo haya obtenido con motivo de las actividades que desempeña como elemento activo de las fuerzas armadas. De ahí que los argumentos vertidos por la responsable sean insuficientes para convalidar la constitucionalidad del acuerdo reclamado. En virtud de lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional determinó, automáticamente, la baja del servicio activo y el alta en situación de retiro de la parte quejosa, al considerar únicamente la "incapacidad" que deriva de haberse ubicado en el supuesto del artículo 226, Primera Categoría, fracción 43, por padecer insuficiencia renal con reserva funcional menos del 20%. Lo anterior, produce un trato discriminatorio prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales de los que el Estado JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -29- Mexicano es parte, pues omite tomar en consideración que conforme al derecho fundamental a la salud, la indicada dependencia, en su doble carácter de órgano del Estado y patrón, debe, en términos del artículo 1° del texto constitucional, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud del quejoso, brindándole los medios necesarios para gozar del mayor nivel de salud y, aun cuando no remediar su enfermedad, tiene la obligación de realizar un análisis de razonabilidad en el que justifique si la Glomerulonefritis crónica que le ha generado dicho padecimiento efectivamente no guarda relación con el desempeño de la actividad que el cabo ha desarrollado en los diecisiete años de servicio como miembro activo. También dilucidar si en el caso, el problema de salud le permite o no desplegar con solvencia la actividad para la cual fue contratado, nombrado o reclutado y, en su caso, atender al grado de avance de su enfermedad y disminución de su capacidad física, para brindarle alternativas de empleo dentro de la estructura de la Secretaría de Estado, que respete las condiciones en que desarrollaba sus servicios. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 130/200710, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y 10 Registro digital: 170740, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 130/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 8, Tipo: Jurisprudencia. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -30- proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados." Así como la tesis I.4o.A.69 A (10a.)11, aplicada por analogía emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. SI LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL DETERMINA AUTOMÁTICAMENTE LA PROCEDENCIA DEFINITIVA DEL RETIRO DE UN MILITAR, AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE LA INCAPACIDAD QUE DERIVA DE HABERSE UBICADO EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 226, TERCERA CATEGORÍA, FRACCIÓN 33, DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO -PADECER OBESIDAD CON UN ÍNDICE DE MASA CORPORAL ENTRE 30 Y 34.9-, SE PRODUCE UN TRATO DISCRIMINATORIO PROHIBIDO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE. En el artículo 18, fracción XXII, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se previó como una de las prestaciones de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, el servicio médico integral, lo que conlleva procurar que los derechohabientes cuenten con salud y su recuperación 11 Registro digital: 2004796, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.4o.A.69 A (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1900, Tipo: Aislada. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -31- cuando ésta se vea afectada. Por otro lado, aun cuando en el procedimiento de retiro previsto en los artículos 177 a 208 de la referida ley, no se señaló que en padecimientos como la obesidad deba proporcionarse un tratamiento médico o de rehabilitación, debe entenderse implícita la exigencia de que la institución para la que presta sus servicios el militar ha procurado los medios para recuperar la salud y así cumplir con el deber que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a toda autoridad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales, dada la finalidad y los objetivos que tiene asignados el referido instituto. Consecuentemente, si la Secretaría de la Defensa Nacional determina automáticamente la procedencia definitiva del retiro de uno de sus miembros, al considerar únicamente la incapacidad que deriva de haberse ubicado en el supuesto del artículo 226, tercera categoría, fracción 33 -padecer obesidad con un índice de masa corporal entre 30 y 34.9-, se produce un trato discriminatorio prohibido por nuestra Constitución y diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, al omitir tomar en cuenta que conforme a los derechos fundamentales a la salud y a la permanencia en el empleo, la indicada dependencia, en su doble carácter de órgano del Estado y patrón, debe, en términos del citado artículo 1o., promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud del quejoso, brindándole los medios necesarios para gozar del mayor nivel de salud y, de ser posible, remediar su enfermedad, con la obligación de realizar un análisis de razonabilidad en el que dilucide si, en el caso, el problema de salud del derechohabiente le permite o no desplegar con solvencia la actividad para la cual fue contratado, nombrado o reclutado y, en su caso, atender al grado de avance de su enfermedad y disminución de su capacidad física, para brindarle alternativas de empleo dentro de la estructura de la secretaría de Estado, que respete las condiciones en que desarrollaba sus JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -32- servicios. Por lo expuesto con antelación, resulta evidente que el acuerdo reclamado viola los derechos humanos a la salud y a la no discriminación por condiciones de salud, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Máxime que, de conformidad con el principio pro persona previsto en el artículo 1° constitucional, dispone que todas las autoridades estatales se encuentran obligadas a llevar una interpretación estricta y limitada respecto de las normas que prevean posibles afectaciones a derechos humanos, por lo que si el artículo 226, en relación con el diverso 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas regulan los casos por los cuales se puede dar de baja a un militar por el padecimiento de una enfermedad, dichos artículos deben ser interpretados de la forma más amplia posible y atendiendo a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad respecto de las consecuencias que se establezcan para aquéllas personas que perteneciendo al Ejército adquieran una de las enfermedades de referencia, pues sólo de esta manera se podrán proteger los derechos de no discriminación y salud de las personas que se encuentren al servicio de la Institución Armada. Lo anterior, ya que si bien debe protegerse y salvaguardarse la eficacia y el buen funcionamiento del Ejército, la conservación de la disciplina militar no puede inobservar otras normas de rango constitucional, específicamente, las que prevén derechos humanos. Es por ello que cuando dos o más normas coligen entre sí -en este caso el funcionamiento del Ejército y los derechos de igualdad, y salud-, deben balancearse utilizando el JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -33- principio pro persona como parámetro de interpretación para que los límites que se impongan a cada uno sean proporcionales y razonables. De lo contrario, dichos derechos se verían violados, pues la baja de los elementos que padezcan una enfermedad sería desproporcional, injustificada y arbitraria. Apoya el razonamiento anterior, por analogía, la jurisprudencia 131/200712 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 226, SEGUNDA CATEGORÍA, FRACCIÓN 45, DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA CAUSA LEGAL DE RETIRO POR INUTILIDAD BASADA EN LA SEROPOSITIVIDAD A LOS ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), VIOLA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El legislador a través de dicha causa legal de retiro persigue, como finalidad constitucionalmente válida, la eficacia de las fuerzas armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y de terceros; sin embargo, dicha regulación implica una distinción legal entre los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas violatoria de las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud contenidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que carece de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, toda vez que: 1) es inadecuada para alcanzar la finalidad mencionada, porque la ciencia médica, reflejada en distintas directrices nacionales e internacionales, ha demostrado la inexactitud de que quienes porten dichos virus sean -per se- agentes de contagio directo y en consecuencia, individuos ineficaces 12 Registro digital: 170590, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 131/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 12, Tipo: Jurisprudencia. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -34- para desempeñar las funciones requeridas dentro del Ejército; 2) es desproporcional, porque el legislador, para alcanzar el mencionado objetivo, tenía a su disposición alternativas menos gravosas para el militar implicado, considerando que la legislación castrense hace posible su traslado a un área distinta, acorde a las aptitudes físicas que va presentando durante el desarrollo del padecimiento, como sucede con diversas enfermedades incurables; y, 3) carece de razonabilidad jurídica, en virtud de que no existen bases para justificar la equiparación que ha hecho el legislador del concepto de inutilidad con el de enfermedad o, en este caso, con la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pues bajo esa concepción habría múltiples casos en los que la merma en la salud permitiría justificar la separación inmediata del trabajo y la sustracción a los servicios de salud respectivos, sin analizar previamente si los efectos del mal le permiten o no desplegar con solvencia la actividad para la cual hubiera sido contratado, nombrado o reclutado. En tal virtud, ante lo fundado de los conceptos de violación que se hicieron valer y que fueron analizados en este apartado, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. De conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; por tanto, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable Secretario de la Defensa Nacional, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo 72894 de doce de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -35- agosto del dos mil veintidós, a través del cual se concluyó el procedimiento administrativo de retiro por incapacidad seguido al quejoso Cabo de Caballería Hilver Piña López y se determinó la baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en situación de retiro, por padecer trastorno depresivo recurren insuficiencia renal con reserva funcional menos del 20%. 2. Emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que resuelva lo que en derecho proceda sobre la situación jurídica del quejoso, previo requerimiento de un nuevo dictamen en el que se detalle lo relativo al tipo glomerulonefritis que padece, y si esta tiene o no causalidad con motivo de las actividades desarrolladas en el tiempo que lleva el quejoso como elemento activo dentro de las fuerzas armadas, lo que deberán justificar y acreditar con pruebas fehacientes los especialistas designados para tal efecto. 3. Asimismo, se ocupe de exponer razonadamente por qué a su consideración el cabo de caballería, aquí quejoso, no puede desempeñar las funciones que le son inherentes a la milicia ni siquiera aquellas administrativas soslayando el argumento de que es en razón de que el padecimiento del quejoso es uno de Primera Categoría; circunstancias para las cuales deberá invocar las pruebas que obran en ese procedimiento, que den sustento a las aseveraciones que realice. 4. Instruya a las autoridades competentes a dejar sin efectos los actos que estime necesarios dictados dentro del expediente administrativo, así como todos aquellos actos emitidos en ejecución del acuerdo reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 67/9813, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b4.aa 11/01/24 10:02:10 JUICIO DE AMPARO 1077/2022 -36- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Hilver Piña López, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación y lístese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. ? Autoridad cumple requerimiento. Glósese a los autos el oficio signado por el Subjefe de Estado Mayor de la 36/a Zona Militar, Tapachula, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de ocho de noviembre actual, y remite un cuadernillo de copias certificadas que contienen los oficios S-2(PNAL) 6515/11024, 09572 y S-2(PNAL.) 7464. ? Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. ? Se deja sin efectos apercibimiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento de multa decretado en auto de referencia, y en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su oficio de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. ? Designa delegados. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia. Notifíquese.
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