Hildegardo Hernández Maldonado

Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Hildegardo Hernández Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito con anexo de cuenta, signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a la prevención de diecinueve de octubre del año en curso, toda vez que exhibe copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el peticionario del amparo Hildegardo Hernández Maldonado, en favor de los promoventes Farid Ignacio Santamaría Bueno y José Arturo Castañeda Villalobos. Por lo tanto, téngase a los referidos Farid Ignacio Santamaría Bueno y José Arturo Castañeda Villalobos, promoviendo el presente juicio de amparo, en cuanto apoderados jurídicos del citado quejoso Hildegardo Hernández Maldonado, por así acreditarlo con la documental que anexan al ocurso de cuenta, consistente en el mencionado poder general para pleitos y cobranzas otorgado en su favor, ante la fe del Notario Público número 113, con ejercicio y residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de un análisis integral del escrito inicial de demanda, así como de las documentales que anexó, se advierte que en esencia, la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: El proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en autos del juicio ordinario civil 11/2021, en que determinó lo siguiente: toda vez que han trascurrido los 3 tres días concedidos a la parte actora-reconvenida Hildegardo Hernández Maldonado, para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en autos; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó en proveído de 27 veintisiete de septiembre del año en curso marcado con el número 2 dos, por ende, se procede a su ejecución forzosa y se fijan días y horas hábiles de despacho para que el personal de este Juzgado se constituya en legal y debida forma en los inmuebles que se describen en la sentencia ejecutoriada, y una vez que sean identificados los inmuebles de mérito, proceda a ponerlos en posesión real y material de la parte demandada - reconventora; asimismo, se autoriza el uso de la fuerza pública, gírese oficio al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública de esta ciudad, para proporcione los elementos suficientes para la práctica de la diligencia respectiva, autorizándose el uso de cerrajero en caso de ser necesario. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de amparo y constancias que se acompañaron, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De lo anterior se desprende que cuando se trata de actos de ejecución, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que esas reglas específicas de procedencia del juicio biinstancial fueron instrumentadas por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que este medio de control constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución sin que múltiples amparos obstaculicen dicha ejecución; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, hasta en tanto se dicte la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la parte quejosa en la demanda de amparo; siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, se tramita el juicio ordinario civil 11/2021, promovido por el peticionario del amparo Hildegardo Hernández Maldonado, frente a Ma. de la Luz Mirella Moreno Guizar, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Josefina Guizar Osegura, respecto de la prescripción positiva sobre el bien inmueble ubicado en Privada de José María Morelos y Pavón, número 82, colonia Centro, de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 2. Instaurada la demanda que dio origen al citado juicio, Martín Cabezas Valdovinos, en cuanto apoderado jurídico de la citada Ma. de la Luz Mirella Moreno Guizar, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Josefina Guizar Osegura, interpuso reconvención por reivindicación del referido inmueble, en contra del actor, aquí quejoso, Hildegardo Hernández Maldonado. 3. Una vez seguido el juicio por sus trámites legales, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia por parte del Juez responsable, la cual fue impugnada mediante el recurso de apelación, hecho valer por la parte demandada. 4. Así, mediante resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en autos del toca de apelación I-103/2022, se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se surtió la competencia de este Juzgado para conocer y resolver en definitiva el presente controvertido. SEGUNDO. Por los motivos precisados en el considerando respectivo, no ha procedido la demanda que sobre prescripción positiva de inmueble, ejercitó Hildegardo Hernández Maldonado, por conducto de sus apoderados frente a la sucesión a bienes de Guillermo Calderón Espinoza y la sucesión a bienes de Josefina Guizar Oseguera; absolviendo a los demandados de las prestaciones reclamadas a su cargo. TERCERO. Por otra parte, resultó fundada la acción reivindicatoria que en vía de reconvención se hizo valer por Ma. de la Luz Mirella Moreno Guizar, albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Josefina Guizar Oseguera, frente a Hildegardo Hernández Maldonado, por lo que se le condena a desocupar y entregar con sus frutos y accesiones el bien inmueble ubicado en la calle privada de José María Morelos y Pavón, número 82 ochenta y dos, colonia centro de Apatzingán, Michoacán, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, a favor de Guillermo Calderón Espinoza y Josefina Guizar Oseguera, bajo los registros números 12399 y 13872, de los tomos 77 y 78, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Apatzingán, Michoacán, apercibiéndole que, de no hacerlo de manera voluntaria, se procederá a su ejecución forzada". 5. Posteriormente, en cumplimiento a dicha resolución, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en autos del juicio ordinario civil 11/2021, dictó el proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, en que determinó: ". toda vez que han trascurrido los 3 tres días concedidos a la parte actora-reconvenida Hildegardo Hernández Maldonado, para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en autos; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó en proveído de 27 veintisiete de septiembre del año en curso marcado con el número 2 dos, por ende, se procede a su ejecución forzosa y se fijan días y horas hábiles de despacho para que el personal de este Juzgado se constituya en legal y debida forma en los inmuebles que se describen en la sentencia ejecutoriada, y una vez que sean identificados los inmuebles de mérito, proceda a ponerlos en posesión real y material de la parte demandada - reconventora; asimismo, se autoriza el uso de la fuerza pública, gírese oficio al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública de esta ciudad, para proporcione los elementos suficientes para la práctica de la diligencia respectiva, autorizándose el uso de cerrajero en caso de ser necesario". Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Antecedentes que, como se mencionó, la parte quejosa, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Además, de que anexó a su escrito inicial de demanda, copia certificada de diversas documentales, con las que se acredita dichas manifestaciones. Ante tales razonamientos, esta juzgadora arriba a la conclusión de que en el caso, se está ante un acto respecto del cual no es procedente el juicio de amparo, toda vez que lo reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de origen. En efecto, en el caso que nos atañe, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, toda vez que el promovente de amparo acude a la presente instancia constitucional, en reclamo del proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, en que en esencia, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el contradictorio de origen, así como el cumplimiento de la misma. Sin embargo, no debe perderse de vista que la determinación aquí combatida, constituye una actuación emitida en la fase de ejecución de sentencia; es decir, se trata de actos intermedios para lograr el cumplimiento de una sentencia y no será hasta que se realice la entrega total de los inmuebles materia del acto reclamado a la parte reivindicatoria, la que constituya la última resolución en el procedimiento respectivo. Pues como fue especificado, si bien es cierto que los actos reclamados se encuentran emitidos en la etapa procesal de ejecución de sentencia, éstos no constituyen precisamente la última determinación jurídica previa a su ejecución material, pues se orientan en forma directa a preparar y lograr ese objetivo; por lo que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del numeral 61 del mismo ordenamiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P.J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, (Febrero 1998), de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento jurídico. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito con anexo de cuenta, signado por la parte quejosa, a través del cual da cumplimiento a la prevención de diecinueve de octubre del año en curso, toda vez que exhibe copia cotejada del poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el peticionario del amparo Hildegardo Hernández Maldonado, en favor de los promoventes Farid Ignacio Santamaría Bueno y José Arturo Castañeda Villalobos. Por lo tanto, téngase a los referidos Farid Ignacio Santamaría Bueno y José Arturo Castañeda Villalobos, promoviendo el presente juicio de amparo, en cuanto apoderados jurídicos del citado quejoso Hildegardo Hernández Maldonado, por así acreditarlo con la documental que anexan al ocurso de cuenta, consistente en el mencionado poder general para pleitos y cobranzas otorgado en su favor, ante la fe del Notario Público número 113, con ejercicio y residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de un análisis integral del escrito inicial de demanda, así como de las documentales que anexó, se advierte que en esencia, la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: El proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en autos del juicio ordinario civil 11/2021, en que determinó lo siguiente: toda vez que han trascurrido los 3 tres días concedidos a la parte actora-reconvenida Hildegardo Hernández Maldonado, para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en autos; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó en proveído de 27 veintisiete de septiembre del año en curso marcado con el número 2 dos, por ende, se procede a su ejecución forzosa y se fijan días y horas hábiles de despacho para que el personal de este Juzgado se constituya en legal y debida forma en los inmuebles que se describen en la sentencia ejecutoriada, y una vez que sean identificados los inmuebles de mérito, proceda a ponerlos en posesión real y material de la parte demandada - reconventora; asimismo, se autoriza el uso de la fuerza pública, gírese oficio al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública de esta ciudad, para proporcione los elementos suficientes para la práctica de la diligencia respectiva, autorizándose el uso de cerrajero en caso de ser necesario. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis del epígrafe siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de amparo y constancias que se acompañaron, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el primer normativo invocado, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley, mientras que la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De lo anterior se desprende que cuando se trata de actos de ejecución, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que esas reglas específicas de procedencia del juicio biinstancial fueron instrumentadas por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que este medio de control constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución sin que múltiples amparos obstaculicen dicha ejecución; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad está interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, hasta en tanto se dicte la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la parte quejosa en la demanda de amparo; siendo los siguientes: 1. Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, se tramita el juicio ordinario civil 11/2021, promovido por el peticionario del amparo Hildegardo Hernández Maldonado, frente a Ma. de la Luz Mirella Moreno Guizar, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Josefina Guizar Osegura, respecto de la prescripción positiva sobre el bien inmueble ubicado en Privada de José María Morelos y Pavón, número 82, colonia Centro, de Apatzingán, Michoacán de Ocampo. 2. Instaurada la demanda que dio origen al citado juicio, Martín Cabezas Valdovinos, en cuanto apoderado jurídico de la citada Ma. de la Luz Mirella Moreno Guizar, en cuanto albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Josefina Guizar Osegura, interpuso reconvención por reivindicación del referido inmueble, en contra del actor, aquí quejoso, Hildegardo Hernández Maldonado. 3. Una vez seguido el juicio por sus trámites legales, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia por parte del Juez responsable, la cual fue impugnada mediante el recurso de apelación, hecho valer por la parte demandada. 4. Así, mediante resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en autos del toca de apelación I-103/2022, se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se surtió la competencia de este Juzgado para conocer y resolver en definitiva el presente controvertido. SEGUNDO. Por los motivos precisados en el considerando respectivo, no ha procedido la demanda que sobre prescripción positiva de inmueble, ejercitó Hildegardo Hernández Maldonado, por conducto de sus apoderados frente a la sucesión a bienes de Guillermo Calderón Espinoza y la sucesión a bienes de Josefina Guizar Oseguera; absolviendo a los demandados de las prestaciones reclamadas a su cargo. TERCERO. Por otra parte, resultó fundada la acción reivindicatoria que en vía de reconvención se hizo valer por Ma. de la Luz Mirella Moreno Guizar, albacea testamentaria de la sucesión a bienes de Josefina Guizar Oseguera, frente a Hildegardo Hernández Maldonado, por lo que se le condena a desocupar y entregar con sus frutos y accesiones el bien inmueble ubicado en la calle privada de José María Morelos y Pavón, número 82 ochenta y dos, colonia centro de Apatzingán, Michoacán, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, a favor de Guillermo Calderón Espinoza y Josefina Guizar Oseguera, bajo los registros números 12399 y 13872, de los tomos 77 y 78, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Apatzingán, Michoacán, apercibiéndole que, de no hacerlo de manera voluntaria, se procederá a su ejecución forzada". 5. Posteriormente, en cumplimiento a dicha resolución, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, en autos del juicio ordinario civil 11/2021, dictó el proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, en que determinó: ". toda vez que han trascurrido los 3 tres días concedidos a la parte actora-reconvenida Hildegardo Hernández Maldonado, para que cumpliera voluntariamente con la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en autos; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó en proveído de 27 veintisiete de septiembre del año en curso marcado con el número 2 dos, por ende, se procede a su ejecución forzosa y se fijan días y horas hábiles de despacho para que el personal de este Juzgado se constituya en legal y debida forma en los inmuebles que se describen en la sentencia ejecutoriada, y una vez que sean identificados los inmuebles de mérito, proceda a ponerlos en posesión real y material de la parte demandada - reconventora; asimismo, se autoriza el uso de la fuerza pública, gírese oficio al Encargado de la Dirección de Seguridad Pública de esta ciudad, para proporcione los elementos suficientes para la práctica de la diligencia respectiva, autorizándose el uso de cerrajero en caso de ser necesario". Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Antecedentes que, como se mencionó, la parte quejosa, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Además, de que anexó a su escrito inicial de demanda, copia certificada de diversas documentales, con las que se acredita dichas manifestaciones. Ante tales razonamientos, esta juzgadora arriba a la conclusión de que en el caso, se está ante un acto respecto del cual no es procedente el juicio de amparo, toda vez que lo reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de origen. En efecto, en el caso que nos atañe, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, toda vez que el promovente de amparo acude a la presente instancia constitucional, en reclamo del proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, en que en esencia, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en el contradictorio de origen, así como el cumplimiento de la misma. Sin embargo, no debe perderse de vista que la determinación aquí combatida, constituye una actuación emitida en la fase de ejecución de sentencia; es decir, se trata de actos intermedios para lograr el cumplimiento de una sentencia y no será hasta que se realice la entrega total de los inmuebles materia del acto reclamado a la parte reivindicatoria, la que constituya la última resolución en el procedimiento respectivo. Pues como fue especificado, si bien es cierto que los actos reclamados se encuentran emitidos en la etapa procesal de ejecución de sentencia, éstos no constituyen precisamente la última determinación jurídica previa a su ejecución material, pues se orientan en forma directa a preparar y lograr ese objetivo; por lo que, en el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del numeral 61 del mismo ordenamiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número P.J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, (Febrero 1998), de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento jurídico. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Farid Ignacio Santamaría Bueno y/o José Arturo Castañeda Villalobos, quienes se ostentan apoderados jurídicos Hildegardo Hernández Maldonado, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 628/2022-IV, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. A fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento del libelo constitucional, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el numeral 110 y 114, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su bogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, realicen, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda, respecto de lo siguiente: Acrediten con documento idóneo la personalidad que les permita tramitar el presente juicio de amparo en cuanto apoderados jurídicos del citado Hildegardo Hernández Maldonado. Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de la ley de la materia; pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona, pero sólo en aquellos casos que establecen los artículos 15 y 109, de la ley de la materia. En apoyo a la anterior consideración, se cita la tesis de jurisprudencia que dispone: Tesis: P./J. 43/96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 200084 1 de 1 Pleno Tomo IV, Julio de 1996 Pag. 48 Jurisprudencia (Común) "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la parte quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia (común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; esto es, el ubicado en Segunda Privada de Ecuador, número 125, planta baja, colonia El colorín, de esta ciudad. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Ochoa Equihua, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. No así, a los diversos Juan Arzate Ramírez, Mirley Alejandra Figueroa Durán, Griselda Ivonne Sánchez Torres y César Cedeño Castañeda, a quienes se autoriza únicamente de conformidad con la última parte del párrafo segundo del citado precepto legal, por no cumplir con el requisito mencionado. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que una vez que se normalicen las labores en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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