Hilda Gabriela Moreno Torres
Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hilda Gabriela Moreno Torres
- Juez de Primera Instancia En Materia Civil En Sahuayo, Michoacán.
- Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Con Sede En Morelia, Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió y negó la suspensión provisional así como la definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a) normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el proveído y resolución donde se concedió la medida cautelar. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, un tomo de pruebas consistente en el toca de apelación número ********************de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSA HILDA GABRIELA MORENO TORRES, MEDIANTE AVISO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LA PARTE QUE INTERESA DICE... se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************por propio derecho y en cuanto albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. SENTENCIA Uruapan, Michoacán, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 244/2022-II. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio********************, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, al que acompañó el cuaderno de incompetencia ********************, formado con la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho y ostentándose Albacea Definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de********************, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad. Lo anterior, toda vez que mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, el titular del referido órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de derechos fundamentales, al considerar que el acto reclamado, tendría ejecución en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, lugar donde este Juzgado ejerce competencia; en consecuencia se asumió el conocimiento del asunto. En el escrito de demanda, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los que a continuación se indican: Autoridad responsable Ordenadora: - Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. Autoridad responsable Ejecutora: - Juez de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Sahuayo, Michoacán. "IV.- ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. De la ordenadora, se reclama la sentencia de ********************, dictada dentro de los autos del Toca número ********************, derivado del recurso de apelación hecho valer, frente a, el auto de ********************, dictado por la Juez de Primera Instancia en materia Civil del distrito judicial de Sahuayo, Michoacán, dentro de los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario número ********************, promovido a bienes de la extinta ********************, incoado dentro de la PRIMERA SECCIÓN, específicamente dentro del INCIDENTE DE CESACIÓN por el cual revocó el proveído recurrido. De la ejecutora, se reclama el auto de ********************, dictado dentro de los autos del Juicio Sucesorio Intestamentario número ********************, promovido a bienes de la extinta ********************, incoado dentro de la PRIMERA SECCIÓN, específicamente dentro del INCIDENTE DE CESACIÓN por el que fui cesada en el cargo de albacea definitiva de la sucesión indicada." II. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Trámite del juicio de amparo. Así como se adelantó, el tres de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito, entre otras cosa aceptó la resolución de incompetencia emitida por el juzgado Homólogo; por lo que se formó el expediente, se registró en el libro de gobierno bajo el número 244/2022-II; se separaron los autos por la autoridad responsable ejecutora así como su acto reclamado, y se admitió a trámite por los actos reclamados a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Posteriormente en auto veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a ********************y********************, todos de apellidos ********************, por haber sido quienes promovieron el recurso de apelación materia del presente sumario de derechos humanos y de donde derivan los actos reclamados; quienes fueron debidamente emplazados a este juicio y únicamente Ma. Trinidad Liliana ******************** compareció a hacer valer sus derechos. Luego, después de haberse diferido, se verificó la audiencia constitucional a las diez horas con treinta y cuatro minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto cuya ejecución se llevará a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional (ciudad) . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: De la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, de Ocampo. La resolución de ********************, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, dentro del toca ********************, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de ********************, pronunciado dentro del juicio sucesorio intestamentario número ******************** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, que a bienes de********************, radicó Carlos ********************. TERCERO. Certeza del acto. La autoridad señalada como responsable Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió los autos del toca civil afecto; los cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igualmente es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Las partes no alegaron alguna causa de improcedencia, y este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna. QUINTO. Estudio de fondo. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora, resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y por ende ineficaces para obtener el amparo y protección de la justicia federal veamos el por qué. En los conceptos de violación señalados, en síntesis la parte quejosa a su parecer arguye lo siguiente: Que es violatorio de sus derechos fundamentales el considerando tercero de la sentencia reclamada, cuando la autoridad ordenadora declara fundado el único agravio expuesto, bajo el tenor de que la juzgadora pasó por alto el contenido del artículo 903 y el diverso numeral 911 y lo trascribe. Refiere que se le dejó en estado de indefensión para justificar la causa justificada del exceso en el ejercicio del encargo de albacea, ante la diversa prueba que obra dentro de las diversas constancias (instrumental de actuaciones) dentro del juicio sucesorio Intestamentario número ********************, promovido a bienes de la extinta********************, a través de las cuales, se pone de relieve la existencia de la única excepción para no contar el término de un año desde la aceptación del cargo, ante la tramitación de la acción de nulidad absoluta, dentro del juicio sumario civil concluido número ******************** seguido ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del distrito judicial de Morelia, por demanda incoada por los señores Carlos ******************** y Ma. Trinidad Liliana ******************** sobre formalización y cumplimiento de contrato de donación de ********************, cuyo juicio fue incoado frente al extinto J********************, por conducto de su albacea testamentario Gonzalo ********************, así como de la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta********************. Insiste que era indispensable la audiencia incidental, pues de haberlo tomado en cuenta, bien pudo proveer negativamente a lo solicitado, por encuadrar en única excepción para no contar el término de un año desde la aceptación del cargo, ante la existencia de litigios que se promovieron en contra de la sucesión del juicio natural, pues es de explorado derecho que, para contabilizar el plazo de albacea, se tendría que partir desde la conclusión o terminación de la litispendencia y de allí debería empezarse a contar el término, pues no puede tomarse en cuenta otra causa o factor, por la que pueda atribuirse la demora en el desempeño del albaceazgo. Apoyado sus argumentos en la tesis de rubro: "ALBACEAS, REMOCIÓN DE (LEGISLACIÓN DE PUEBLA)". Finalmente, arguye que era inconcuso que, como bien lo definió la autoridad responsable ejecutora en el acuerdo revocado por la sentencia reclamada por la autoridad ordenadora, fue correcta la determinación de remitir la cesación pedida al trámite incidental, en los términos del artículo 1013 de Código Adjetivo Civil del estado de Michoacán, el cual previene que, dentro de la primera sección se contendrá en sus respectivos casos, entre otros: "... V Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores.". Relatado lo anterior, con fundamento en el artículo 76, de la Ley de Amparo, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, y por técnica jurídica se procede al estudio conjunto de los argumentos hechos valer por la quejosa en sus conceptos de violación. Como se adelantó, son inoperantes los conceptos de violación formulados por la quejosa, ya que no controvierten de manera eficaz y directa todas las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada. Ello es así, en virtud de que, al margen de la viabilidad que pudiera existir en los argumentos vertidos en los conceptos de violación, estos se limitan a sostener que a su parecer se le dejó en estado de indefensión para justificar la causa del exceso en el ejercicio del encargo de albacea, ante la diversa prueba que obra dentro de las constancias dentro del juicio sucesorio Intestamentario número ********************, promovido a bienes de la extinta********************, a través de las cuales, se pone de relieve la existencia de la única excepción para no contar el término de un año desde la aceptación del cargo, ante la tramitación de la acción de nulidad absoluta, dentro del juicio sumario civil concluido número ******************** seguido ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia. Y que por tanto es inconcuso que, como lo definió la autoridad responsable ejecutora en el acuerdo revocado por la sentencia reclamada por la autoridad ordenadora, fue correcta la determinación de remitir la cesación pedida al trámite incidental, en los términos del artículo 1013 de Código Adjetivo Civil del Estado de Michoacán, el cual previene que, dentro de la primera sección se contendrá en sus respectivos casos, entre otros: "... V Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores.". Empero no explica con razonamientos aptos el por qué de sus afirmaciones. Por tanto se colige que ninguno de los motivos de inconformidad formulados por la demandante del amparo, combaten de manera suficiente las consideraciones en las que basó su determinación la Sala responsable al resolver y revocar el auto reclamado. En efecto, no se combatieron las consideraciones esenciales de la Sala responsable al revocar del auto de ********************, pronunciado dentro del juicio sucesorio intestamentario número ******************** del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, que a bienes de********************, radico Carlos ********************. En la que declaró los conceptos de agravio expresados por el apoderado jurídico de******************** ********************, así como por ********************, ambos de apellidos ********************, fundados, bajo los siguientes razonamientos jurídicos: Que tenían razón los apelantes al manifestar que la juez del conocimiento se equivocó por haber resuelto en el auto impugnado (.). Lo anterior porque, como aducían los recurrentes, la juzgadora pasó por alto que el artículo 903 del Código Civil para el Estado de Michoacán, claramente dispone que: "El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento.", que esto, prevé el plazo de un año para que el albacea cumpla con su encomienda, contado a partir de su aceptación, o desde que culminen los litigios que se hayan promovido sobre la validez o nulidad del testamento; luego, si ni el aludido numeral 903, ni el diverso imperativo 911, fracción V, del citado ordenamiento, que dice: "El cargo de albacea e interventor, acaba: . V. Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo;", condicionan la cesación del puesto de albacea a que la solicitud relativa se tramite vía incidental, ya que únicamente preceptúan que dicho representante debe cumplir su encomienda en el plazo de un año, y que transcurrido éste se acaba el albaceazgo, entonces, es inconcuso que la primigenia no podía negarse a resolver de plano, es decir, de manera inmediata sobre la terminación del cargo que se le pidió, como indebidamente lo hizo en la resolución impugnada. Que además, era menester poner en claro que de conformidad con los dispositivos 904 y 905 de la Ley Sustantiva Civil que, en su orden, establecen: "Sólo por causa justificada pueden los herederos prorrogar al albacea el plazo señalado en el artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año." y "Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que hayan sido aprobadas las cuentas mensuales del albacea, y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia.", para prolongar el término de un año que tiene el albacea para cumplir con su encargo, es necesario que exista causa justificada, que hayan sido aprobadas las cuentas mensuales rendidas por aquél, y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia, por lo que si en la especie, no concurren tales circunstancias, en acatamiento de lo estipulado por el invocado numeral 903, la a quo debió levantar la certificación del tiempo que la albacea lleva de desempeñar su cargo y, de haber fenecido el lapso en cuestión sin que se hubiere concedido la prórroga relativa, acordar favorablemente la petición de los aquí inconformes. Agregando que no es óbice para considerar lo anterior, el hecho de que la tesis del rubro: "ALBACEA, REMOCION DE PLANO DE ESE CARGO. EL ARTICULO 812 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE LA ESTABLECE, VIOLA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.", la cual fue citada por la primigenia en el proveído recurrido, exija la tramitación de un incidente para salvaguardar la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en razón de que la misma no es aplicable al presente asunto, ya que ese criterio se refiere a los casos en que se pretende remover a un albacea, cuya destitución obedece a faltas en el desempeño del cargo y precisa seguir un procedimiento judicial en el cual sea oído el interesado y pueda defenderse de las imputaciones que se le hagan, y no a aquellos en los que se busca cesar al mencionado representante de la sucesión por la expiración del plazo concedido por la ley, en los que el juez puede hacer la declaración de plano, en vista de las constancias existentes en los autos, sin que por esto se lesionen derechos de alguna especie, como aquí ocurre. Apoyando su argumento en la jurisprudencia de rubro: "ALBACEAS, REMOCIÓN DE LOS, POR HABER "TERMINADO EL PLAZO LEGAL DE SU GESTIÓN. Y la tesis de rubro: "ALBACEA, CESACIÓN DEL CARGO DE, POR TRANSCURSO DEL TERMINO SEÑALADO POR LA LEY". Finalizando la sala que procedía revocar el auto recurrido para el efecto de que la juzgadora pronuncie otro en el que, siguiendo los lineamientos trazados en esa ejecutoria y tomando en cuenta, además, lo dispuesto por los numerales 903, 904, 905 y 911, fracción V, del Código Civil, provea nuevamente lo pedido por los recurrentes en su escrito del ********************, al que recayó aquel proveído. Argumentos jurídicos de la responsable que como se adelantó no fueron atacados por la parte quejosa. Por lo tanto, la citación o transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados, y la sola cita de principios que deben regir en el juicio de amparo, no pueden ser suficientes para formular un agravio eficaz, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. Aunado a ello, de la lectura de los conceptos de violación que plasmó en su libelo de demanda, la parte quejosa solamente insiste que se le dejó en estado de indefensión para justificar la causa del exceso en el ejercicio del encargo de albacea, ante la diversa prueba que obra dentro de las constancias dentro del juicio sucesorio Intestamentario número ********************, promovido a bienes de la extinta********************, a través de la cuales, se pone de relieve la existencia de la única excepción para no contar el término de un año desde la aceptación del cargo, ante la tramitación de la acción de nulidad absoluta, dentro del juicio sumario civil concluido número ******************** seguido ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia. Y que por tanto es inconcuso que, como lo definió la autoridad responsable ejecutora en el acuerdo revocado por la sentencia reclamada por la autoridad ordenadora, fue correcta la determinación de remitir la cesación pedida al trámite incidental, en los términos del artículo 1013 de Código Adjetivo Civil del Estado de Michoacán, el cual previene que, dentro de la primera sección se contendrá en sus respectivos casos, entre otros: "... V Los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores.". Empero, no atacó los razonamientos de la Sala responsable, en el sentido que la sentencia pronunciada por esa sala el ********************, resolvió que la juzgadora pasó por alto que el artículo 903 del Código Civil para el Estado de Michoacán, y que esto, prevé el plazo de un año para que el albacea cumpla con su encomienda, contado a partir de su aceptación, o desde que culminen los litigios que se hayan promovido sobre la validez o nulidad del testamento; luego, si ni el aludido numeral 903, ni el diverso imperativo 911, fracción V, del citado ordenamiento, condicionan la cesación del puesto de albacea a que la solicitud relativa se tramite vía incidental, ya que únicamente preceptúan que dicho representante debe cumplir su encomienda en el plazo de un año, y que transcurrido éste se acaba el albaceazgo. Que era inconcuso que la primigenia no podía negarse a resolver de plano, es decir, de manera inmediata sobre la terminación del cargo que se le pidió, como indebidamente lo hizo en la resolución impugnada. Que además, era menester poner en claro que de conformidad con los dispositivos 904 y 905 de la Ley Sustantiva Civil para prolongar el término de un año que tiene el albacea para cumplir con su encargo, es necesario que exista causa justificada, que hayan sido aprobadas las cuentas mensuales rendidas por aquél, y que la prórroga la acuerde una mayoría que represente las dos terceras partes de la herencia, por lo que si en la especie, no concurren tales circunstancias, en acatamiento de lo estipulado por el invocado numeral 903, la a quo debió levantar la certificación del tiempo que la albacea lleva de desempeñar su cargo y, de haber fenecido el lapso en cuestión sin que se hubiere concedido la prórroga relativa, acordar favorablemente la petición de los ahí inconformes. Agregando la sala que no la tesis del rubro: "ALBACEA, REMOCIÓN DE PLANO DE ESE CARGO. EL ARTICULO 812 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE LA ESTABLECE, VIOLA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL.", la cual fue citada por la primigenia en el proveído recurrido, exija la tramitación de un incidente para salvaguardar la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en razón de que la misma no era aplicable al asunto en estudio, ya que ese criterio se refiere a los casos en que se pretende remover a un albacea, cuya destitución obedece a faltas en el desempeño del cargo y precisa seguir un procedimiento judicial en el cual sea oído el interesado y pueda defenderse de las imputaciones que se le hagan, y no a aquellos en los que se busca cesar al mencionado representante de la sucesión por la expiración del plazo concedido por la ley, en los que el juez puede hacer la declaración de plano, en vista de las constancias existentes en los autos, sin que por esto se lesionen derechos de alguna especie, como ahí ocurría. Razón por la cual, se estiman inoperantes sus conceptos de violación, ya que debió establecer de manera clara y precisa el por qué le ocasiona un perjuicio la sentencia que por esta vía reclama y no así verter alegaciones en el que aduce que se le dejó en estado de indefensión para justificar la causa del exceso en el ejercicio del encargo de albacea, ante la diversa prueba que obra dentro de las constancias dentro del juicio sucesorio Intestamentario número ********************, promovido a bienes de la extinta********************, a través de las cuales, se pone de relieve la existencia de la única excepción para no contar el término de un año desde la aceptación del cargo, ante la tramitación de la acción de nulidad absoluta, dentro del juicio sumario civil concluido número ******************** seguido ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia. Y que por tanto la resolución de primer grado, fue correcta la determinación de remitir la cesación pedida al trámite incidental, en los términos del artículo 1013 de Código Adjetivo Civil del Estado de Michoacán. Por último, cabe precisar que la hoy parte quejosa refiere la violación a sus derechos fundamentales, sin precisar en qué consiste la citada violación y qué derecho humano fue transgredido en su perjuicio, por lo cual sus argumentos de igual forma resultan inoperantes. Orienta en lo particular a las anteriores consideraciones de derecho, la jurisprudencia 499, publicada en la página 351 del Tomo IV, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY.- Si en el juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada". Asimismo, tiene aplicación la Jurisprudencia de la Novena Época, instancia Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, página 621, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Y la tesis de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, que reza: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse de inoperante". En esas condiciones, por los fundamentos y motivos establecidos en este fallo, esta operadora jurídica considera que los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa resultan inoperantes, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja; consecuentemente, es dable NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa ********************por propio derecho y en cuanto albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de********************. La negativa decretada se hace extensiva a los actos de ejecución. PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. SÉPTIMO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificado de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************por propio derecho y en cuanto albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXHORTO. Téngase por recibido el oficio enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 78/2023 (orden 263/2023), del índice de este juzgado, por medio del cual se ordenó emplazar al tercero interesado Sergio Moreno Solís, por conducto de su asesor jurídico Armando Guadarrama Romero, mismo que se verificó por medio de lista de acuerdos que se publicó el diez de marzo actual en los estrados del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Sin que haya lugar a acusar recibo de dicha comunicación, en virtud de que, éste se genera de forma automática a través del sistema de interconexión por el que se enviaron las constancias de cuenta. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno respectivo. SE TIENE POR EMPLAZADO A JUICIO AL TERCERO INTERESADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, inciso b), en relación con el 5°, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente emplazado al presente asunto al tercero interesado Sergio Moreno Solís, por conducto de su asesor jurídico Armando Guadarrama Romero, para todos los efectos legales a que haya lugar. SE DESIGNAN LAS LISTAS DE ACUERDOS PARA NOTIFICAR A LA PARTE TERCERO INTERESADO. Por otro lado, de las constancias que se acompañaron al oficio de cuenta, se advierte que el tercero interesado Sergio Moreno Solís, fue debidamente notificado del proveído de veintiocho de febrero de la anualidad que corre, mediante lista de acuerdos que se publicó en los estrados del juzgado exhortado el diez de marzo del presente año, sin que a la fecha haya señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones dentro del término que se le concedió para tales efectos (tres días hábiles computados legalmente). Se ilustra: MARZO 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 06 07 08 09 10 (Notificación) 11 Inhábil 12 Inhábil 13 (surte efectos) 14 (1) (Inicia término) 15 (2) 16 (3 Fenece término) 17 18 Inhábil 19 Inhábil En consecuencia y toda vez que ya transcurrió el término de tres días que se le concedió en autos al tercero interesado para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído de veintiocho de febrero de la anualidad en curso y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente proveído y los diversos que le resulten con motivo de la tramitación del presente juicio, aun aquellos que deban ser notificados de manera personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado; lo anterior, hasta en tanto señale uno diverso en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.
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