Hilda Trinidad Ortiz
Expediente 792/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2016
Partes del expediente
- Hilda Trinidad Ortiz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de dos mil dieciséis, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Hilda Trinidad Ortiz, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente que nos ocupa. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito signado por la quejosa Hilda Trinidad Ortíz, a través del cual expresa su conformidad a lo acordado en auto de dos de junio del año en curso y solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito inicial de demanda. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes y dígase a la promovente que una vez que se declare firme el auto de dos de junio pasado, se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre del año pasado, se ordenó remitir copia certificada del presente juicio de amparo a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, con la propuesta de relación de juicio en que se actúa con el diverso juicio de amparo 895/2015 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México. De igual manera, se advierte que en por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil quince (fojas 361 a 364), se remitieron copias certificadas del presente juicio de amparo, así como del diverso juicio 895/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a efecto de que dicha autoridad resolviera quién debe conocer del presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya pronunciamiento alguno de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos informará a este juzgado federal respecto de la solicitud realizada, a efecto de que sea este último el que conozca del presente asunto. Y por auto de diecisiete de marzo del año en curso, se solicitó a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, informara a este juzgado federal la respuesta dada a la solicitud de concentración formulada, sin que a la fecha haya proporcionado dicha información. Ante la imposibilidad de celebrar la audiencia señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del once de julio de dos mil dieciséis. Finalmente, solicítese de la manera más atenta a la Comisión de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar a esta autoridad, la respuesta dada a la solicitud de concentración formulada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido de Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo promovida por Hilda Trinidad Ortiz, contra actos del Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; fórmese el expediente correspondiente, asiéntese en el libro de gobierno con el registro 792/2016-IV. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero, la procedencia del juicio de amparo, pues la causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis publicada con el número I.4o.A.269 A, en la página 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora, la quejosa reclama: la falta de contestación respecto del escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, por el que solicita el pago de la pensión por fallecimiento. En esos términos, se debe desechar la demanda que nos ocupa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Dicha circunstancia, ya que el Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, no tiene el carácter de autoridad responsable en el caso que nos ocupa. Antes, conviene destacar el texto del artículo 1° de la Ley de Amparo a efecto de abordar el estudio de la causa de improcedencia en comento: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." Como se advierte del artículo transcrito, el juicio de amparo sólo procede en contra de actos de autoridad, así como contra actos de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicha normatividad. Asimismo, en el artículo 5°, fracción II, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio en el cual se defiendan derechos fundamentales (aquellas dependencias, que con independencia de su naturaleza formal, las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; o en algunos casos los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general); pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, atendiendo al primer párrafo del referido numeral 5°, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Además, acorde al segundo párrafo, en dicho concepto se incluye a los particulares que estén efectuando actos de la misma naturaleza, atendiendo a las facultades que les fueron otorgadas por alguna legislación. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son los siguientes: Que tenga características de órgano público y/o de particular (en el caso de que alguna legislación determine funciones similares a las que se otorgan a una dependencia de gobierno). Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. La naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste sea improcedente contra actos de particulares en los casos de que ninguna legislación les otorgue facultades similares a las que tiene un órgano de gobierno. Así, debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación; las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, las partes están en el mismo nivel, en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la página 39 del Tomo XIV, noviembre 2001, Novena Época, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, o bien, puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular, como en la relación asimilada a la laboral que guarda con sus servidores públicos. En el mismo orden de ideas, la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado o un particular, que por circunstancias de derecho o, en el primer caso de hecho, dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio o, en el segundo, aquel particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, pero cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es decir, dichos entes pueden dictar actos que afectan la esfera jurídica de los particulares, por sí y ante sí de manera unilateral, esto es, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y del consenso de la voluntad del afectado, que implican el ejercicio de facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, y que por ende constituyen un poder ejecutivo, una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y no se agota, y que por tanto, sí se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Resulta imprescindible aclarar, que el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposición directa de la fuerza pública y la naturaleza jurídica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo. En ese sentido, dado lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, resulta procedente citar el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, página 1500, de rubro y texto: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Continuando con esa línea argumentativa, en relación al concepto que se atiende, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ejemplo de lo anterior, es la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997; página 118, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Cabe destacar que en las razones que dieron origen a la tesis transcrita, se determinó que para fijar con precisión si se estaba o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, era indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, dado que existen actos emitidos por personas que están inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos impugnables en el juicio de garantías, a pesar de que modifiquen, creen o extingan situaciones jurídicas. Sentado lo anterior, se tiene que en el caso concreto, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y como acto reclamado la falta de contestación respecto del escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, por el que solicita el pago de la pensión por fallecimiento. Tal circunstancia, pues el máximo Tribunal del país ha determinado que las Instituciones de Seguridad Social, además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador, que contra la omisión atribuida a tal dependencia de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de amparo pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente. En ese tenor, resulta aplicable al caso en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 303, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Tomo XXX, de registro 165782, de contenido siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencias señaladas; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha la demanda que nos ocupa. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 26, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la demanda. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Neri Israel Becerra Flores y a las personas restantes únicamente para los efectos de la última parte del párrafo segundo del ordinal 12 de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones y documentos, porque no tienen registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes
- Hilda Lidia Jaimes Carbajal1802/2014
- Hilda Lucia Torres Zepeda1576/2019
- Hilda Oralia Celis Carreño859/2023
- Hilda Oralia Celis Carrero941/2023
- Hilda Ortega Encarnación1241/2011
- Hilda Rojas Reyes1800/2016
- Hildo Omar Vera Garcia888/2015
- Hinder Hoffer Guadarrama Barrera579/2018
- Hipolito Valencia Romero1336/2023
- Hipólito Velasco San Agustin1498/2016
- Hipollito Tenorio Aldana861/2017
- Hiram Rios Kuri858/2021