Hilda Lucia Torres Zepeda
Expediente 1576/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1576/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Hilda Lucia Torres Zepeda
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado, remite copias certificadas de las constancias de las que emanan los actos por esta vía impugnados y siete disco compacto que contienen las audiencias generadas y relacionadas con la causa de control 48/2019; en consecuencia, póngase su contenido a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en los artículos 117, cuarto párrafo y 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la oficiante las documentales que exhibe, así como las videograbaciones que remite, sin necesidad de diligencia previa, dada su propia y especial naturaleza, en el entendido de que se tiene por desahogada como instrumental de actuaciones, ya que al obrar en autos debe tomarse en consideración al momento de resolver en el presente juicio constitucional. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL.". De igual forma, apoya por igualdad de razón, la tesis XXI.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081, Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, visible en la página 703, cuyo rubro y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese. que autoriza, firma y da fe.
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1576/2019-V, promovido por Hilda Lucía Torres Zepeda, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México. ... Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se concede a Hilda Lucía Torres Zepeda, la suspensión definitiva solicitada, contra el acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7061/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria Ejecutiva de dicha comisión, quien actúa asistido del Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a diez de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hilda Lucía Torres Zepeda, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1576/2019-V. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda de amparo se ordena formar por duplicado y separado el incidente de suspensión. INTERVENCIÓN DEL AGENTE MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Acorde con el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, desé la intervención correspondiente y notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIEZ HORAS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTOS. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237 fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Además, hágasele de su conocimiento que el procedimiento penal deberá llevar su curso, hasta concluir la etapa intermedia, momento en el que se suspenderá hasta que les sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo en que se actúa, lo que es acorde al contenido del artículo 61, fracción XVll de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. "La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente"; (.)" [El énfasis es propio] Informándole que puede remitir sus informes al correo electrónico jose.neira.villarreal@correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext 3107 o 3113. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 251 y 257 fracción I de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, en términos del artículo 26, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente proveído, emplácese al Agente del Ministerio Público que intervenga en el Toca Penal 570/2019, del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México mediante oficio. Sobre el particular se invoca por analogía la jurisprudencia 2a/J.78/2003, publicada en la página 578, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2003, Tomo XVIII, Novena Época, de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR QUIEN ES ACTOR EN UN JUICIO DISTINTO DEL ORDEN PENAL. TIENE AQUEL CARÁCTER EL DEMANDADO, PUES AUNQUE NO HAYA SIDO EMPLAZADO, TIENE INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de un juicio distinto del orden penal, de lo cual se entiende que se refiere a juicios del orden civil, administrativo o del trabajo, así como a quienes hayan ocupado una posición contraria a la del promovente del amparo, sea actor o demandado, siempre que éste haya sido emplazado al juicio respectivo. Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente sea el actor en el juicio natural, únicamente tenga derecho a intervenir como tercero perjudicado el demandado que haya sido emplazado, pues la finalidad de la norma al prever en los diferentes incisos de su fracción III los sujetos que pueden ser terceros perjudicados en el juicio de garantías, fue poner de manifiesto quiénes tienen derecho a intervenir con ese carácter y no limitar esos supuestos a los sujetos procesales que pueden participar en el juicio de amparo como tales, lo que se corrobora con lo dispuesto en el inciso c) de esa fracción, que reconoce ese derecho a cualquier persona que tenga interés directo en la subsistencia del acto reclamado; y si bien esa disposición está dirigida esencialmente a la materia administrativa, revela claramente la intención del creador de la norma de no dejar fuera del concepto de terceros perjudicados a los demandados no emplazados, ya que tienen interés en la subsistencia del acto reclamado." Así como la tesis, visible en la página 1464 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2002, Tomo XVI, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." DOMICILIO PROCESAL. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. PREVENCIÓN DE AUTORIDADES INEXISTENTES. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen por anunciadas las pruebas ofertadas por el quejoso, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, para proveer sobre su admisión o desechamiento. Notifíquese.
- Incidental
V) Toluca, Estado de México a diez de diciembre de dos mil diecinueve. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1576/2019-V, promovido por Hilda Lucía Torres Zepeda, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, se integra por duplicado el presente incidente. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. Informándoles a las autoridades que pueden remitir sus informes previos al correo electrónico jose.neira.villarreal@correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext. 3107 o 3103. SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. En los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) La apariencia del buen derecho. PRECISIÓN ACTO RECLAMADO. La quejosa tilda de inconstitucional lo siguiente: a) El auto de vinculación a proceso emitido el siete de octubre de dos mil diecinueve en el Toca de Apelación 570/2019 del índice de la Sala responsable-formulación de imputación sin detenido- . b) La resolución por la cual se impone una medida cautelar -presentación periódica- dictada el siete de octubre de dos mil diecinueve en el Toca de Apelación 570/2019 del índice de la Sala responsable-formulación de imputación sin detenido-. CONCESIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Por cuanto al acto reclamado marcado con el inciso a), y toda vez que el delito que se le imputa (fraude procesal) no amerita prisión preventiva oficiosa y que el quejoso se encuentra en libertad; debe precisarse que en la especie, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 128, 129, 132, 139, y 168 de la Ley de Amparo, en virtud que el quejoso solicita expresamente la suspensión, además con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; en consecuencia, se concede la suspensión provisional para el único efecto de que se continúe con la tramitación del proceso penal de origen, el cual deberá ser suspendido por lo que se refiere al quejoso una vez concluida la etapa intermedia, ello hasta que sea notificada la suspensión definitiva o bien, la resolución que recaiga en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Lo que además es acorde al contenido del artículo 61, fracción XVll de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" [El énfasis es propio] Cabe destacar que la suspensión decretada no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridad distinta a la señalada como responsable o si el acto resulta ser uno distinto al combatido en el presente asunto. Sin que en el caso resulte procedente hacer pronunciamiento respecto a la libertad personal del impetrante, toda vez que en el caso, el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado no incide en la libertad material del quejoso y solo lo constriñe ante el Juez de Control para la continuación del proceso respectivo. Lo anterior, toda vez que la quejosa Hilda Lucía Torres Zepeda, no se encuentra privado de su libertad, ya que como bien lo señala en su escrito inicial de demanda, se encuentra bajo una medida cautelar, la cual consiste en la presentación periódica ante la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al segundo acto reclamado consistente en la resolución por la cual se impone una medida cautelar-presentación periódica- dictada el siete de octubre de dos mil diecinueve en el Toca de Apelación 570/2019 del índice de la Sala responsable-formulación de imputación sin detenido-, con apoyo en el último párrafo del artículo 166 en relación con el diverso 128 ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, pues de concederse la medida paralizante y en atención a la ponderación de principios se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, de conformidad con lo previsto por penúltimo párrafo del artículo 128, de la Ley de Amparo, precepto legal que en lo conducente establece: "Artículo 128. Con excepción de los de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretara, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de éste artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitara en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (.)" Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia número 536, publicada en la página 637, Tomo III, materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del contenido siguiente: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así como la jurisprudencia PC.I.C. J/81 C (10a), publicada en la página 1842, Tomo II, materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018474, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). El párrafo citado establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, de una interpretación teleológica, se advierte que la adición de esa porción normativa obedeció a la necesidad de atender a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que instauró un nuevo sistema de justicia penal; por ello, considerar que dicho párrafo rige también para medidas cautelares dictadas en procesos civiles o mercantiles, sería contrario a la intención que se infiere de la exposición de motivos del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Amparo y de otros ordenamientos legales, publicado en el medio de difusión oficial indicado el 17 de junio de 2016, en cuanto a adecuarlos para coadyuvar a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal, máxime que uno de sus fundamentos es el decimocuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que deriva que los Jueces de Control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. De acuerdo con lo anterior, la prohibición para decretar la suspensión en el amparo contra una medida cautelar concedida por autoridad judicial, contenida en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, se refiere a determinaciones emitidas en procedimientos penales de corte acusatorio y no en procesos civiles, lato sensu, que merecen un tratamiento jurídico diverso, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES." AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 26 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa en el escrito de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa, es decir, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia interlocutoria, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Notifíquese.
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