Hilda Guadalupe Guzman Alvarez

Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
312/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos
  • Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
  • Hilda Guadalupe Guzman Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 312/2021-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables, remitió diversas constancias por lo que se formó del anexo I al IV; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, a los terceros interesados Raúl Torres Alonso y Jesús Fernando Contreras Arias, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe. *********************************************** V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 312/2021-III, promovido por HILDA GUADALUPE GUZMÁN ÁLVAREZ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y turnada el mismo día a este juzgado federal HILDA GUADALUPE GUZMÁN ÁLVAREZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 312/2021-III, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se mandó a emplazar a la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor de acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se reclama la emisión del acto combatido, su ejecución, y residen las autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, de la Ley de Amparo se precisa que la quejosa reclama es: De la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Todo lo actuado en el toca 233/2019-19. De la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 556/2018-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, así como su ejecución, consistente en la orden de desalojo ordenada en el inmueble identificado como "EL LLANITO UBICADO EN ACHICHIPICO, YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Magistrada Presidenta de la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado. También es cierto el acto reclamado a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado, pues no obstante que al rendir su respectivo informe justificado, la primera de las autoridades en cita negó su existencia y la segunda se adhirió a lo informado por ésta, de la lectura del informe rendido por la Juez responsable se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, como se lee de la trascripción siguiente: ".no obstante que a los demandados RAÚL TORRES ALONSO y JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS se les notificó para que dieran cumplimiento voluntario a lo ordenado en dicha sentencia, sin que lo hubieran hecho; encontrándose el juicio natural en etapa de ejecución forzosa de la sentencia definitiva antes aludida, misma que entraña una obligación de hacer como lo es la consistente en la entrega a la parte actora del bien inmueble ubicado En Piedra del Muerto (también conocido como el Llanito) s/n, carretera Achichipico Yecapixtla, Morelos con número de cuenta catastral 6500-08-034-108, con las siguientes medidas y colindancias." (Sic) ".haciendo de su conocimiento que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Licenciada GEORGINA GÓMEZ LARA, Actuaria adscrita al Juzgado llevó a cabo la diligencia ordenada en dicho auto, entregándole la posesión del bien inmueble materia del juicio natural al actor ELEUTERIO ABARCA SALGADO." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de número de registro digital 211004, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se además corrobora con las constancias que anexó a su informe la Juez responsable, relativas al juicio ordinario civil 556/2018-2, en donde se aprecia la existencia de los actos de los que se duele la amparista; documentos a los que con fundamento en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga pleno valor probatorio, por encontrarse certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que es del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Décima Época, número de registro 2019456, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal judicial, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. El interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, es indispensable que quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Asimismo, se debe destacar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de número de registro digital 2015475, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 427, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD." Se precisó lo siguiente: ". los elementos que, como mínimo, resultarían aptos para acreditar la titularidad del derecho subjetivo a favor de la o el cónyuge tercero extraño, son: (i) la existencia del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal -aun cuando éste derive de una presunción, como no haberse pactado expresamente el de separación de bienes-; y, (ii) que el predio en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración del mismo, precisamente por la presunción legal de que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio pertenecen al patrimonio común." -Lo resaltado es propio- Es decir, para acreditar la titularidad del derecho subjetivo a favor de la o el cónyuge tercero extraño, es necesario comprobar: La existencia del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. Que el predio en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración del mismo. Ahora bien, la parte quejosa comparece como tercera extraña a juicio, reclama de la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, todo lo actuado en el toca 233/2019-19, y de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito les reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil 556/2018-2, así como su ejecución, consistente en la orden de desalojo ordenada en el inmueble identificado como "EL LLANITO UBICADO EN ACHICHIPICO, YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS", del que aduce es propietaria y poseedora. Refiere que no fue oída ni vencida en juicio, sino solamente su esposo. Expresa que ella debió de ser llamada a juicio ya que al encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal, adquirió derechos y obligaciones, por lo que las propiedades adquiridas durante el vínculo matrimonial corresponden a ambos. Precisado lo anterior, se relatarán los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos, así como de lo informado en el informe justificado rendido por la Jueza responsable: 1. Por escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ELEUTERIO ABARCA SALGADO demandó en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción reivindicatoria de JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS y RAÚL TORRES ALONSO, la restitución del bien inmueble ubicado en "piedra del muerto sn (también conocido como el llanito) carretera Achichipico Yecapixtla Morelos con número de cuenta catastral 6500-08-034-108, inmueble que cuenta con una superficie de 2,458.56 metros cuadrados." (Sic) 2. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, quien la radicó bajo el número 556/2018, y la admitió a trámite en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 45 del anexo I). 3. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva bajo los siguientes puntos resolutivos (fojas 275 a 289 del anexo I): "PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver y la vía elegida es la procedente. SEGUNDO.- La parte actora ELEUTERIO ABARCA SALGADO, probó la acción reivindicatoria que adujo contra los demandados RAÚL TORRES ALONSO Y JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS, así como la propiedad del bien inmueble identificado como el Llanito también conocido como Piedra del Muerto, ubicado en carretera Achichipico, Municipio de Yecapixtla, Morelos, con clave catastral 6500-08-034-108 y con una superficie de 2,458,56 m2, cuya medidas y colindancias están detalladas en la presente resolución. TERCERO.- Se condena a los demandados RAÚL TORRES ALONSO Y JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS, a la desocupación y entrega del bien inmueble objeto del juicio ." 4. Inconforme con ello, los demandados interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve, confirmó la resolución del A Quo (fojas 310 a 323 del anexo I). 5. Contra de la anterior determinación, los demandados del juicio de origen promovieron juicio de amparo directo, el que fue radicado con el número 890/2019 en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito y, resuelto en sesión de doce de junio de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal (fojas 325 a 345 anexo I). 6. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó en autos del juicio natural la ejecución forzosa de la sentencia definitiva y poner en posesión de la parte actora el bien inmueble motivo del juicio, lo que aconteció mediante diligencia desahogada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Ahora bien, la quejosa refiere que la orden de desalojo resulta violatoria de sus derechos humanos, al desposeerla del bien inmueble que refiere también es de su propiedad. Por lo que es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, se estima que la quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, debido a que no demostró en esta instancia constitucional que el acto reclamado le afecte en su prerrogativa fundamental de propiedad y posesión que aquí pretende defender. Como ya se mencionó, la parte quejosa aduce que la orden de lanzamiento combatida, resulta violatoria de sus derechos humanos, al desposeerla del bien inmueble identificado como "EL LLANITO UBICADO EN ACHICHIPICO, YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS", puesto que no tuvo la oportunidad de ser oída y vencida en juicio, dado que solo fue llamado al juicio natural JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS, quien refiere es su esposo y con quien se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Para acreditar su interés jurídico, la promovente ofreció como medio de convicción: Original del acta de matrimonio de número 68902, bajo el régimen de sociedad conyugal, de fecha de registro ocho de abril de mil novecientos ochenta y tres, en el que aparecen como contrayentes Jesús Fernando Contreras Arias e Hilda Guadalupe Guzmán Álvarez. Sin embargo, tal documento es insuficiente para acreditar su interés jurídico, pues para que la propiedad y posesión sea objeto de la protección constitucional debe emerger de un título, el cual debe encontrarse sustentando en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho, de manera que la promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Esto es, para efectos del juicio de amparo la quejosa debe acreditar, además del vinculo matrimonial que la une con la parte demandada del juicio de origen, el hecho o acto jurídico del que se deriva la posesión cuyo desposeimiento constituye el acto reclamado, puesto que no es procedente tutelar cualquier tipo de posesión. Y si bien con la documental exhibida acredita la celebración del contrato matrimonial entre Jesús Fernando Contreras Arias e Hilda Guadalupe Guzmán Álvarez, en el año mil novecientos ochenta y tres, éste es insuficiente para acreditar que la propiedad o posesión del bien inmueble que detenta la quejosa se haya adquirido a titulo legal y que haya ingresado a los bienes del contrato matrimonial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.7o.C.14 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 1140, con número de registro digital 197067, de rubro: "POSESIÓN. EL ACTA DE MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA." Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro digital 2018690, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 224, de rubro: "INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL." Ello, en virtud que la posesión tiene relieve de alta jerarquía en el derecho constitucional, pues la legislación recoge la posesión como un factor que requiere el reconocimiento de su protección, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, el que precisa que nadie podrá ser privado de sus posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En consolidación de ese principio, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento. Dicho derecho humano asegura que previo al acto de privación, debe existir un juicio previo, y que el acto de molestia en la posesión conste por escrito de autoridad competente, que lo funde y motive. En efecto, la posesión constituye un poder de hecho que se encuentra conformado por dos elementos esenciales; uno material y otro psicológico. El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelen el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituye el poder sobre ella; el segundo elemento, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativos a la cosa, de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, puesto que siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer. De ahí que no basta la tenencia física de la cosa, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permite al poseedor actuar con derecho sobre el bien de que se trata; por ello, la persona que tiene la cosa pero carece de la intención, puede decirse que solamente la detenta y, en consecuencia, carece del elemento volitivo de someter ésta a su poder; así, el detentador no es poseedor, y no es procedente tutelar la simple detentación a través del juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia número P./J. 1/2002, Sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, de número de registro 187733, de rubro: ""POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De tal manera que el acta de matrimonio exhibida en el presente juicio resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico que le asiste para cuestionar la regularidad constitucional del acto de autoridad refiere le afecta, pues con ello no demuestra, para los efectos de este juicio de amparo, que en realidad detente jurídicamente el bien inmueble de trato, o que éste haya ingresado a los bienes del matrimonio. Pues el hecho de que hubiera demostrado que se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal, sin justificar que el inmueble cuya afectación reclama, forma parte de la misma, no la legitima para reclamar el acto desposesorio; por ende, la circunstancia de que la amparista no haya sido señalada como demandada ni se siguiera el juicio con su presencia, no constituyen circunstancias que hagan procedente la acción constitucional, pues al no demostrar un derecho propio sobre el bien afectado en la litis natural, no sufre un menoscabo en su esfera de derechos, debido a que sólo las partes en el referido asunto tienen la facultad de reclamarlos, de donde resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al no causarse un agravio personal y directo en su perjuicio. Esto es así, pues no adjuntó a su escrito de demanda, ni tampoco se desahogó durante la tramitación del sumario constitucional, algún elemento de prueba idóneo que la legitimara para reclamar los actos de molestia relacionados con el bien inmueble de trato, pues no justificó que la orden que reclama le ocasionara un agravio personal y directo a sus derechos de posesión o propiedad que aduce tener. No se soslaya que en su demanda de amparo la quejosa refiera acreditar el carácter de propietaria del inmueble materia del juicio ordinario civil 556/2018-2, con el contrato de compraventa de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, que aduce obra agregado en éste como medio de convicción, sin embargo, de las constancias que integran el juicio civil de origen, no se evidencia que la parte demandada hubiere ofrecido la documental referida por la aquí quejosa, lo que se corrobora del escrito de contestación de demanda que obra en autos (fojas 61 a 67 y 69 a 76 anexo I), así como del auto de siete de enero de dos mil diecinueve por el que la Juez responsable provee sobre las pruebas ofrecidas en el juicio natural (fojas 112 a 115 anexo I). Tampoco obra en autos del toca civil derivado del juicio de origen, documento alguno del que se pueda deducir que la aquí quejosa, cuenta con título o acto jurídico generador del derecho de propiedad o posesión con los que se ostenta, ni se invocó documento alguno en ese sentido. Resulta pertinente aclarar que tampoco es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la peticionaria de amparo, el hecho de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados, pues una cosa es tener por existentes los actos de molestia, y otra el perjuicio que éstos puedan depararle a la quejosa; luego, le correspondía a ella comprobar el interés jurídico con algún elemento de prueba que acredite que efectivamente los actos impugnados le causan perjuicio en su esfera jurídica y, por lo mismo, tenía la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de amparo, misma que no satisfizo. Es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, de número de registro digital 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Por lo expuesto, es evidente que se surte la hipótesis invocada y por lo mismo este juicio es improcedente, lo que amerita su sobreseimiento en términos de lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. QUINTO. Cambio de Titular. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HILDA GUADALUPE GUZMÁN ÁLVAREZ, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hoy veinticinco de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 312/2021-III, promovido por HILDA GUADALUPE GUZMÁN ÁLVAREZ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el siete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y turnada el mismo día a este juzgado federal HILDA GUADALUPE GUZMÁN ÁLVAREZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número 312/2021-III, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Publico de la adscripción, se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, se mandó a emplazar a la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor de acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se reclama la emisión del acto combatido, su ejecución, y residen las autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, de la Ley de Amparo se precisa que la quejosa reclama es: De la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Todo lo actuado en el toca 233/2019-19. De la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 556/2018-2, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, así como su ejecución, consistente en la orden de desalojo ordenada en el inmueble identificado como "EL LLANITO UBICADO EN ACHICHIPICO, YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la Magistrada Presidenta de la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado. También es cierto el acto reclamado a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicho juzgado, pues no obstante que al rendir su respectivo informe justificado, la primera de las autoridades en cita negó su existencia y la segunda se adhirió a lo informado por ésta, de la lectura del informe rendido por la Juez responsable se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, como se lee de la trascripción siguiente: ".no obstante que a los demandados RAÚL TORRES ALONSO y JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS se les notificó para que dieran cumplimiento voluntario a lo ordenado en dicha sentencia, sin que lo hubieran hecho; encontrándose el juicio natural en etapa de ejecución forzosa de la sentencia definitiva antes aludida, misma que entraña una obligación de hacer como lo es la consistente en la entrega a la parte actora del bien inmueble ubicado En Piedra del Muerto (también conocido como el Llanito) s/n, carretera Achichipico Yecapixtla, Morelos con número de cuenta catastral 6500-08-034-108, con las siguientes medidas y colindancias." (Sic) ".haciendo de su conocimiento que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Licenciada GEORGINA GÓMEZ LARA, Actuaria adscrita al Juzgado llevó a cabo la diligencia ordenada en dicho auto, entregándole la posesión del bien inmueble materia del juicio natural al actor ELEUTERIO ABARCA SALGADO." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de número de registro digital 211004, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se además corrobora con las constancias que anexó a su informe la Juez responsable, relativas al juicio ordinario civil 556/2018-2, en donde se aprecia la existencia de los actos de los que se duele la amparista; documentos a los que con fundamento en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les otorga pleno valor probatorio, por encontrarse certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que es del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Décima Época, número de registro 2019456, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de un tribunal judicial, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. El interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, es indispensable que quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Asimismo, se debe destacar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de número de registro digital 2015475, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 427, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD." Se precisó lo siguiente: ". los elementos que, como mínimo, resultarían aptos para acreditar la titularidad del derecho subjetivo a favor de la o el cónyuge tercero extraño, son: (i) la existencia del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal -aun cuando éste derive de una presunción, como no haberse pactado expresamente el de separación de bienes-; y, (ii) que el predio en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración del mismo, precisamente por la presunción legal de que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio pertenecen al patrimonio común." -Lo resaltado es propio- Es decir, para acreditar la titularidad del derecho subjetivo a favor de la o el cónyuge tercero extraño, es necesario comprobar: La existencia del vínculo matrimonial celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. Que el predio en controversia se haya adquirido con posterioridad a la celebración del mismo. Ahora bien, la parte quejosa comparece como tercera extraña a juicio, reclama de la Sala Civil del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, todo lo actuado en el toca 233/2019-19, y de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos y Actuario adscrito les reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil 556/2018-2, así como su ejecución, consistente en la orden de desalojo ordenada en el inmueble identificado como "EL LLANITO UBICADO EN ACHICHIPICO, YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS", del que aduce es propietaria y poseedora. Refiere que no fue oída ni vencida en juicio, sino solamente su esposo. Expresa que ella debió de ser llamada a juicio ya que al encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal, adquirió derechos y obligaciones, por lo que las propiedades adquiridas durante el vínculo matrimonial corresponden a ambos. Precisado lo anterior, se relatarán los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos, así como de lo informado en el informe justificado rendido por la Jueza responsable: 1. Por escrito de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ELEUTERIO ABARCA SALGADO demandó en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción reivindicatoria de JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS y RAÚL TORRES ALONSO, la restitución del bien inmueble ubicado en "piedra del muerto sn (también conocido como el llanito) carretera Achichipico Yecapixtla Morelos con número de cuenta catastral 6500-08-034-108, inmueble que cuenta con una superficie de 2,458.56 metros cuadrados." (Sic) 2. De dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, quien la radicó bajo el número 556/2018, y la admitió a trámite en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 45 del anexo I). 3. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva bajo los siguientes puntos resolutivos (fojas 275 a 289 del anexo I): "PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver y la vía elegida es la procedente. SEGUNDO.- La parte actora ELEUTERIO ABARCA SALGADO, probó la acción reivindicatoria que adujo contra los demandados RAÚL TORRES ALONSO Y JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS, así como la propiedad del bien inmueble identificado como el Llanito también conocido como Piedra del Muerto, ubicado en carretera Achichipico, Municipio de Yecapixtla, Morelos, con clave catastral 6500-08-034-108 y con una superficie de 2,458,56 m2, cuya medidas y colindancias están detalladas en la presente resolución. TERCERO.- Se condena a los demandados RAÚL TORRES ALONSO Y JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS, a la desocupación y entrega del bien inmueble objeto del juicio ." 4. Inconforme con ello, los demandados interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve, confirmó la resolución del A Quo (fojas 310 a 323 del anexo I). 5. Contra de la anterior determinación, los demandados del juicio de origen promovieron juicio de amparo directo, el que fue radicado con el número 890/2019 en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito y, resuelto en sesión de doce de junio de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal (fojas 325 a 345 anexo I). 6. Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó en autos del juicio natural la ejecución forzosa de la sentencia definitiva y poner en posesión de la parte actora el bien inmueble motivo del juicio, lo que aconteció mediante diligencia desahogada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Ahora bien, la quejosa refiere que la orden de desalojo resulta violatoria de sus derechos humanos, al desposeerla del bien inmueble que refiere también es de su propiedad. Por lo que es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. En el caso, se estima que la quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, debido a que no demostró en esta instancia constitucional que el acto reclamado le afecte en su prerrogativa fundamental de propiedad y posesión que aquí pretende defender. Como ya se mencionó, la parte quejosa aduce que la orden de lanzamiento combatida, resulta violatoria de sus derechos humanos, al desposeerla del bien inmueble identificado como "EL LLANITO UBICADO EN ACHICHIPICO, YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS", puesto que no tuvo la oportunidad de ser oída y vencida en juicio, dado que solo fue llamado al juicio natural JESÚS FERNANDO CONTRERAS ARIAS, quien refiere es su esposo y con quien se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Para acreditar su interés jurídico, la promovente ofreció como medio de convicción: Original del acta de matrimonio de número 68902, bajo el régimen de sociedad conyugal, de fecha de registro ocho de abril de mil novecientos ochenta y tres, en el que aparecen como contrayentes Jesús Fernando Contreras Arias e Hilda Guadalupe Guzmán Álvarez. Sin embargo, tal documento es insuficiente para acreditar su interés jurídico, pues para que la propiedad y posesión sea objeto de la protección constitucional debe emerger de un título, el cual debe encontrarse sustentando en alguna figura jurídica o precepto de la ley que genere ese derecho, de manera que la promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Esto es, para efectos del juicio de amparo la quejosa debe acreditar, además del vinculo matrimonial que la une con la parte demandada del juicio de origen, el hecho o acto jurídico del que se deriva la posesión cuyo desposeimiento constituye el acto reclamado, puesto que no es procedente tutelar cualquier tipo de posesión. Y si bien con la documental exhibida acredita la celebración del contrato matrimonial entre Jesús Fernando Contreras Arias e Hilda Guadalupe Guzmán Álvarez, en el año mil novecientos ochenta y tres, éste es insuficiente para acreditar que la propiedad o posesión del bien inmueble que detenta la quejosa se haya adquirido a titulo legal y que haya ingresado a los bienes del contrato matrimonial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.7o.C.14 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 1140, con número de registro digital 197067, de rubro: "POSESIÓN. EL ACTA DE MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA." Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustentan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro digital 2018690, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 224, de rubro: "INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL." Ello, en virtud que la posesión tiene relieve de alta jerarquía en el derecho constitucional, pues la legislación recoge la posesión como un factor que requiere el reconocimiento de su protección, tal como lo dispone el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, el que precisa que nadie podrá ser privado de sus posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En consolidación de ese principio, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento. Dicho derecho humano asegura que previo al acto de privación, debe existir un juicio previo, y que el acto de molestia en la posesión conste por escrito de autoridad competente, que lo funde y motive. En efecto, la posesión constituye un poder de hecho que se encuentra conformado por dos elementos esenciales; uno material y otro psicológico. El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelen el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituye el poder sobre ella; el segundo elemento, como animus, es la intención en el autor de los actos materiales relativos a la cosa, de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, puesto que siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer. De ahí que no basta la tenencia física de la cosa, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permite al poseedor actuar con derecho sobre el bien de que se trata; por ello, la persona que tiene la cosa pero carece de la intención, puede decirse que solamente la detenta y, en consecuencia, carece del elemento volitivo de someter ésta a su poder; así, el detentador no es poseedor, y no es procedente tutelar la simple detentación a través del juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia número P./J. 1/2002, Sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, de número de registro 187733, de rubro: ""POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." De tal manera que el acta de matrimonio exhibida en el presente juicio resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico que le asiste para cuestionar la regularidad constitucional del acto de autoridad refiere le afecta, pues con ello no demuestra, para los efectos de este juicio de amparo, que en realidad detente jurídicamente el bien inmueble de trato, o que éste haya ingresado a los bienes del matrimonio. Pues el hecho de que hubiera demostrado que se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal, sin justificar que el inmueble cuya afectación reclama, forma parte de la misma, no la legitima para reclamar el acto desposesorio; por ende, la circunstancia de que la amparista no haya sido señalada como demandada ni se siguiera el juicio con su presencia, no constituyen circunstancias que hagan procedente la acción constitucional, pues al no demostrar un derecho propio sobre el bien afectado en la litis natural, no sufre un menoscabo en su esfera de derechos, debido a que sólo las partes en el referido asunto tienen la facultad de reclamarlos, de donde resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al no causarse un agravio personal y directo en su perjuicio. Esto es así, pues no adjuntó a su escrito de demanda, ni tampoco se desahogó durante la tramitación del sumario constitucional, algún elemento de prueba idóneo que la legitimara para reclamar los actos de molestia relacionados con el bien inmueble de trato, pues no justificó que la orden que reclama le ocasionara un agravio personal y directo a sus derechos de posesión o propiedad que aduce tener. No se soslaya que en su demanda de amparo la quejosa refiera acreditar el carácter de propietaria del inmueble materia del juicio ordinario civil 556/2018-2, con el contrato de compraventa de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, que aduce obra agregado en éste como medio de convicción, sin embargo, de las constancias que integran el juicio civil de origen, no se evidencia que la parte demandada hubiere ofrecido la documental referida por la aquí quejosa, lo que se corrobora del escrito de contestación de demanda que obra en autos (fojas 61 a 67 y 69 a 76 anexo I), así como del auto de siete de enero de dos mil diecinueve por el que la Juez responsable provee sobre las pruebas ofrecidas en el juicio natural (fojas 112 a 115 anexo I). Tampoco obra en autos del toca civil derivado del juicio de origen, documento alguno del que se pueda deducir que la aquí quejosa, cuenta con título o acto jurídico generador del derecho de propiedad o posesión con los que se ostenta, ni se invocó documento alguno en ese sentido. Resulta pertinente aclarar que tampoco es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la peticionaria de amparo, el hecho de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados, pues una cosa es tener por existentes los actos de molestia, y otra el perjuicio que éstos puedan depararle a la quejosa; luego, le correspondía a ella comprobar el interés jurídico con algún elemento de prueba que acredite que efectivamente los actos impugnados le causan perjuicio en su esfera jurídica y, por lo mismo, tenía la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de amparo, misma que no satisfizo. Es aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, de número de registro digital 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Por lo expuesto, es evidente que se surte la hipótesis invocada y por lo mismo este juicio es improcedente, lo que amerita su sobreseimiento en términos de lo establecido en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. QUINTO. Cambio de Titular. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HILDA GUADALUPE GUZMÁN ÁLVAREZ, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hoy veinticinco de enero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en el municipio de Cuautla, mediante el cual remite copia sellada del oficio por el que devolvió el despacho 113/2021-III (orden 184/2021) del índice de este Juzgado; el que se ordena agregar a los autos sin mayor acuerdo, en razón que por auto de diecinueve de agosto del año en curso, se tuvo por recibida dicha comunicación oficial. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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