Hilda Guadalupe Barrios Ramirez
Expediente 246/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hilda Guadalupe Barrios Ramirez
- Directora General del Centro Federal de Reinsercion Social Numero 16 Cps Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 246/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de mayo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la Directora General del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 CPS, MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 246/2018-V, promovido por HILDA GUADALUPE BARRIOS RAMÍREZ. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y trámite de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en la misma fecha a este Juzgado, HILDA GUADALUPE BARRIOS RAMÍREZ y otras, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades, cuya denominación correcta es: 1) Directora General, 2) Encargada del Departamento de Servicios Médicos, y 3) Jefa del Departamento de Producción de Alimentos, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda bajo el número de expediente 246/2018-V, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. En el mismo acuerdo de admisión, se decretó que los actos reclamados por cada quejosa se tramitaran y resolvieran en un juicio individual, razón por lo que se ordenó la separación de juicios, y en el presente juicio 246/2018-V, se analizarán únicamente los actos reclamados por HILDA GUADALUPE BARRIOS RAMÍREZ. Finalmente, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en los siguientes: La omisión de proporcionarle atención médica general y especializada en psiquiatría y oftalmológica, así como la ministración de la alimentación de acuerdo a sus padecimientos. Tales actos los atribuye a las autoridades, 1) Directora General, 2) Encargada del Departamento de Servicios Médicos, y 3) Jefa del Departamento de Producción de Alimentos, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS". TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos que se le reclaman (fojas 29 a 32). Sin que en el particular la negativa de las autoridades responsables haya sido desvirtuada por la parte peticionaria del amparo, a más que éstas exhibieron fotocopias certificadas del expediente médico de HILDA GUADALUPE BARRIOS RAMÍREZ, del que se advierte que, incluso, se le ha proporcionado dicha atención médica y que recibe alimentos de acuerdo a su condición de salud. Entonces, desde un punto de vista conceptual, no basta mencionar que existe una omisión o inactividad, pues para que se configure una omisión reclamable en amparo, es imprescindible que exista obligación de realizar una conducta y que alguien la haya incumplido a fin de que pueda exigírsele que obre en el sentido que ese deber le impone. Cabe señalar que se requirió a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", para que informara si la quejosa HILDA GUADALUPE BARRIOS RAMÍREZ, había realizado peticiones por escrito solicitando la atención médica cuya omisión reclama en este juicio, respondiendo tal responsable a través de oficio recibido el dieciséis de abril de dos mil diecisiete, que no existían tales (foja 84); sin que tampoco del expediente clínico de aquélla, exhibido por las responsables como anexo a su informe justificado (ANEXO i), se advierte algún formato de solicitud de atención médica o alimentaria. Al expediente de mérito, se le otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, al ser un documento público expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, es evidente que al momento de promover el juicio de amparo, no existía la omisión de atención médica reclamada o alimentaria, lo que resulta congruente con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En adición a lo vertido, es oportuno destacar que con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, se realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), con registro 2005105, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se sustituyó el término "readaptación social" por el de "reinserción del sentenciado a la sociedad" el cual, a diferencia del primero, reconoce a la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte." Consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Ahora bien, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Bajo esas premisas, aun cuando la parte quejosa hubiese demostrado en esta instancia constitucional la existencia de un documento o escrito en el que hubiere elevado alguna petición vinculada con la atención médica, tal omisión debe ser reclamada ante el juez de Ejecución, antes de acudir al juicio de amparo, al existir un procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, al ser competencia de esa autoridad judicial en primer orden, lo que tampoco aconteció en este juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2016370, Tesis III.2o.P.135 P (10a.), que dispone: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Por lo tanto, al no demostrarse la existencia de la petición administrativa que hubiera sido omitida, realizada a la Directora del Centro de Reclusión, ni a las diversas autoridades, no puede considerarse que existiera un deber incumplido ni la omisión que se combate. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016418, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 16 de marzo de 2018, Materia(s): (Común), Tesis: 1a. XVII/2018 (10a.), del texto y rubro: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Observando que, por cuanto hace a la aplicabilidad del procedimiento referido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no incide el sistema mixto o acusatorio bajo el cual se haya decretado el acto que mantiene a la quejosa privada de la libertad; de ahí que éste sea vigente y aplicable. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2016366, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 09 de marzo de 2018 10:12 h, Materia(s): (Penal), Tesis: I.2o.P. J/3 (10a.), del tenor siguiente: "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos "procedimientos" no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. No pasa inadvertida la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014072, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.VII.P. J/3 P (10a.), Página: 1096, que a continuación se trascribe: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada.". Sin embargo, a criterio de quien resuelve, la jurisprudencia de mérito, versa sobre el reclamo de la omisión total de atención médica por las responsables, al no velar por la salud física y mental de los internos, al abstenerse de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo; tal como ahí se establece; pero en el caso particular, no es tal acto el que se combate, máxime que se demostró que sí existe el aludido diagnóstico médico inicial de la quejosa. Entonces, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por HILDA GUADALUPE BARRIOS RAMÍREZ, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de mayo de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy, y el licenciado Jadilson Alonso Navarro, está como encargado del despacho, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, según lo dispuesto en el citado artículo 43, párrafo primero, de la ley en comento, el Secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan, las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; mediante el cual la autoridad responsable desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintidós de marzo del año en curso, y para tal efecto exhibe diversa documentación. Atento a lo anterior, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, las que serán tomadas en consideración en la celebración de la audiencia que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe. Doy fe. AMARO
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