Hilda del Rosario García León
Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Hilda del Rosario García León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, veinte de junio de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo, por conducto de su abogada patrono Hilda del Rosario García León; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente 97/2021 y del cuadernillo de amparo 1647/2021-2;, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de cuatro tomos. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 475/2022-10, promovido por *********, por conducto de su abogada patrono *********, contra los actos que reclama de la Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el uno de abril de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el cinco siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el seis posterior, Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo, por conducto de su abogada patrono Hilda del Rosario García León, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) La resolución de fecha siete de marzo de dos mil veintidós, en la que la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, declaro infundado el recurso de reconsideración, interpuesto por la suscrita." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de siete de abril de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa en los términos siguientes: "En esas condiciones, antes de proveer sobre su admisión requiérase a la promovente, para que de conformidad con lo previsto por los artículos 108, fracción V y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: PRIMERO: Acredite la personalidad con que se ostenta, esto es, su carácter de abogada patrono de Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo. SEGUNDO: Precise en concreto el acto reclamado; esto es, si lo que reclama es la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la multa impuesta. Lo anterior obedece a que en el capítulo correspondiente refiere como acto reclamado la medida de apremio que hace efectiva la autoridad responsable; y a su vez en los antecedentes del acto reclamado refiere que le causa agravios la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, en la que se confirmó la imposición de dicha multa. TERCERO: En caso de señalar como acto reclamado la resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, precise la fecha en que tuvo conocimiento o se le notificó la misma, ya que fue omisa al respecto." TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diez de mayo de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 475/2022-10; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se reservó el emplazamiento de los terceros interesados, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a Graciela Gómez Díaz y al menor de identidad reservada de siglas J.C.G.M. por conducto de su progenitora Concepción Morales Álvarez y/o Consepción Morales Álvarez, quien fue emplazada el treinta de mayo de dos mil veintidós (fojas 52 y 53 de autos); Leonardo Antonio Gerónimo Villegas, tutor en coadyuvancia del menor de identidad reservada J.C.G.M., emplazado el veinticinco de mayo del presente año (foja 54)y Arturo Gómez Flores, emplazado mediante diligencia de treinta de mayo del presente año (fojas 55 y 56 de autos). QUINTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de siete de marzo de dos mil veintidós, relativa al recurso de reconsideración planteado en contra del punto segundo del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio sucesorio 97/2021, del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto reclamado, pues así se advierte de su respectivo informe justificado y anexo que adjuntó al mismo, consistente en copia certificada del juicio sucesorio instestamentario 97/2021, de su índice. Documentos al que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ninguna de las partes expresó alguna causa de improcedencia y este órgano jurisdiccional de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco advierte que se actualice alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Como se vio, el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Sexto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en el recurso de reconsideración interpuesto contra el punto segundo del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente 97/2021, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto José Jesús Gómez Cabrera, promovido por los aquí quejosos. Para mejor comprensión de las consideraciones que sustentarán la presente resolución, es preciso reseñar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del expediente 97/2021, del índice del Juzgado responsable, que remitió la Juez del conocimiento en justificación a su informe, de los que se advierten como datos relevantes, los siguientes: ( Mediante escrito de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, los aquí quejosos Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo, denunciaron juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto José Jesús Gómez Cabrera (fojas 1 a 16 del tomo de pruebas). ( En proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, admitió a trámite la denuncia (fojas 17 a 21 del tomo de pruebas), bajo el número de expediente 97/2021. ( Desahogado el trámite respectivo, el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 292 a 297 ídem), la encargada del despacho por ministerio de Ley del juzgado familiar responsable, celebró la Junta de Herederos y Nombramiento de Albacea en la que intervinieron los aquí quejosos Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo (cónyuge supérstite), así como los terceros interesados Graciela Gómez Díaz y al menor de identidad reservada de siglas J.C.G.M. por conducto de su progenitora Concepción Morales Álvarez y/o Consepción Morales Álvarez, Leonardo Antonio Gerónimo Villegas, tutor en coadyuvancia del menor de identidad reservada J.C.G.M. y Arturo Gómez Flores, declarándose a éstos como únicos y universales herederos del extinto José Jesús Gómez Cabrera y como albacea a Gustavo Jesús Gómez Díaz. Posteriormente, en proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 316 y 317 del tomo de pruebas), se tuvo a Graciela Gómez Díaz y Concepción Morales Álvarez y/o Consepción Morales Álvarez, interponiendo recurso de apelación en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Mediante resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 356 a 382 del tomo de pruebas), la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió el recurso de apelación planteado en cutos resolutivos del tercero al sexto determinó revocar la junta de herederos y, en consecuencia la designación y nombramiento de albacea, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno; así como dejó sin efecto la declarativa de cónyuge supérstite a favor de María del Carmen González Jerónimo, hasta en tanto se resolviera lo planteado por la recurrente, respecto a que el de cujus José Jesús Gómez Cabrera, contrajo matrimonio civil con la denunciante María del Carmen González Jerónimo, encontrándose aún casado con María Victoria Díaz López; instó a la autoridad primigenia que a la brevedad posible, se avocara a desahogar los medios de prueba idóneos y suficientes, a fin de dilucidar si existe o no una anotación marginal en el acta de matrimonio de María Victoria Díaz López y José Jesús Gómez Cabrera y en los atestados de nacimiento marginal en la mencionada acta, que le permitan resolver con total objetividad, certeza jurídica y apegado a la realdad fáctica de los hechos planteados, lo conducente a los mismos y, hecho que sea, resuelva la aludida pretensión conforme a derecho; asimismo dejó firme la designación del tutor del menor de iniciales J.C.G.M., así como las diversas actuaciones antes de la junta de herederos. En cumplimiento a la relatada determinación, la Juez responsable, en acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó el desahogo de las inspecciones judiciales en las Oficialías del Registro Civil números 01, 06 y 03, todas del municipio de Centro, Tabasco, a efecto de dar fe del contenido íntegro de las actas de matrimonio de José Jesús Gómez Cabrera y María Victoria Díaz López; José Jesús Gómez Cabrera y María del Carmen González Jerónimo, así como del acta de nacimiento de José Jesús Gómez Cabrera; de igual manera, solicitó informe a la Dirección General del Registro Civil del Estado, respecto de las anotaciones marginales en los atestos de nacimiento de José Jesús Gómez Cabrera, María Victoria Díaz López y María del Carmen González Jerónimo; además, en el punto tercero del referido auto, requirió a los denunciantes para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que les surtiera efectos la notificación de dicho proveído, proporcionaran a esa autoridad copia certificada de las actas de nacimiento de María Victoria Díaz López y María del Carmen González Jerónimo, determinación que les fue notificada el uno de diciembre siguiente( fojas 392 y 393 del tomo de pruebas). Posteriormente, a solicitud del abogado patrono de la heredera Graciela Gómez Díaz y Concepción Morales Álvarez y/o Consepción Morales Álvarez, en acuerdo de siete de enero de dos mil veintidós (foja 404 del tomo de pruebas), la autoridad responsable requirió nuevamente a los denunciantes para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que les surtiera efectos la notificación de dicho proveído, proporcionaran a esa autoridad copia certificada de las actas de nacimiento de María Victoria Díaz López y María del Carmen González Jerónimo, y los apercibió que de no exhibir dichas documentales dentro del término legal concedido, se harían acreedores a una media de apremio consistente en una multa de (20) unidades de medida de actualización equivalente (UMA) a razón de $89.62, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, que multiplicados hacen un total de $1,792.40 (un mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 moneda nacional), en términos del numeral 129, fracción I del Código de Procesal Civil en vigor, determinación que fue notificada a los aquí quejosos el diez de enero de dos mil veintidós (foja 411 del tomo de pruebas). En el punto segundo del proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós (fojas 422 y 423 del tomo de pruebas), a solicitud del abogado patrono de la heredera Graciela Gómez Díaz y Concepción Morales Álvarez y/o Consepción Morales Álvarez, la juez responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en contra de los aquí quejosos, toda vez que no dieron cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de siete de enero del presente año, dentro del término legal concedido el que trascurrió del doce al catorce de enero de dos mil veintidós; en tal razón, ordenó girar oficio a la Dirección Técnica de Recaudación de la Secretaría de Finanzas para que ordenara a quien correspondiera aplicara la multa de referencia a Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo, el que ordenó dejar a disposición de los solicitantes, a efecto de que le dieran el trámite correspondiente. Inconformes con el punto segundo del aludido proveído, los aquí quejosos, por conducto de su abogada patrono interpusieron recurso de reconsideración (fojas 442 a 446 del tomo de pruebas), el cual fue admitido en acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 452 y 453). Mediante resolución interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós (fojas 469 a 474), la Juez responsable resolvió el recurso de reconsideración planteado, en cual declaró infundado, como se advierte de los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y fallar el presente recurso de reconsideración interpuesto por las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 348 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en vigor. SEGUNDO. La vía escogida resultó ser la idónea. TERCERO. Por las razones apuntadas en el considerando III de este fallo, resulta infundado el recurso de reconsideración planteado por la ciudadana licenciada Hilda del Rosario García León, abogada patrono de los promoventes Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Días, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo. CUARTO. Por las razones apuntadas en el considerando V de esta resolución, se modifica el segundo párrafo del punto segundo del auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, para quedar de la siguiente manera: ".SEGUNDO. Se tiene por presentado al licenciado FRANCISCO ALEJANDRO VELÁZQUEZ CALLES, abogado patrono de la heredera GRACIELA GÓMEZ DÍAZ y ciudadana CONCEPCIÓN MORALES ÁLVAREZ y/o CONSEPCIÓN MORALES ÁLVAREZ, con su escrito de cuenta, y como lo solicita, toda vez que los denunciantes GUSTAVO JESÚS GÓMEZ DÍAZ, ELVIA GÓMEZ DÍAZ, DANIEL GÓMEZ FLORES, SAMUEL RICARDO GÓMEZ GONZÁLEZ, ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ y MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ GONZÁLEZ JERÓNIMO, no dieron cumplimiento al requerimiento ordenado mediante auto de fecha siete de enero del presente año, como se advierte del cómputo que antecede, se les hace efectiva la medida de apremio con la cual fueron apercibidos, consistente en multa de veinte días con base en la unidad de medida y actualización (UMA) a razón de $89.62 que multiplicados hacen el total de $1,792.40 (un mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 M.N.), vigente a partir de uno de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del numeral 129 fracción I del Código Procesal Civil en vigor, por lo que gírese atento oficio a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE RECAUDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, con domicilio en Paseo de la Sierra número 435 de la Colonia Reforma de esta Ciudad, para que ordene a quien corresponda aplique la multa de referencia, haciéndole saber a dicha dependencia que el domicilio de los denunciantes GUSTAVO JESÚS GÓMEZ DÍAZ y ELVIA GÓMEZ DÍAZ, es el ubicado en Calle Benito Juárez número 135 de la Colonia Gaviotas Norte de esta Ciudad; MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ GONZÁLEZ JERÓNIMO y ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ, con domicilio en Retorno once manzana 24 lote 15 del Fraccionamiento Lomas de Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, kilómetro 15, Centro, Tabasco; DANIEL GÓMEZ FLORES, con domicilio ubicado en Calle Aquiles Calderón Marchena número 518 de esta Ciudad; SAMUEL RICARDO GÓMEZ GONZÁLEZ, con domicilio en Calle Retorno uno manzana 21 lote 4 del Fraccionamiento Ocuiltzapotlán II, Centro, Tabasco, kilómetro 15, Centro, Tabasco. Para mayor seguridad adjúntese al oficio que se elabore, copia certificada del auto de fecha siete de enero de dos mil veintidós, con su debida notificación a los denunciantes, así como del presente proveído y su debida notificación, quedando a cargo de la actuaria judicial adscrita al Juzgado la entrega del oficio de referencia." QUINTO. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno." (fojas 469 a 474 ibídem). Este último constituye el acto que en esta vía constitucional se reclama. Al respecto, los quejosos, por conducto de su abogada patrono, sustancialmente expresan en su demanda de amparo que la resolución interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, les causa agravios pues declaró infundado el recurso de reconsideración planteado en contra del punto segundo del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el que determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en contra de los aquí quejosos Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo, consistente en una multa de (20) unidades de medida de actualización equivalente (UMA) a razón de $89.62, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, que multiplicados hacen un total de $1,792.40 (un mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 moneda nacional). Así, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permite arribar a la conclusión de que éstos son inoperantes, sin que exista deficiencia de la queja que suplir, conforme al numeral 79 de dicho ordenamiento legal, por las siguientes consideraciones. La parte quejosa esencialmente refiere -en los conceptos de violación sintetizados en los puntos primero y segundo del apartado correspondiente, que la determinación de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Juez Sexto Familiarl de Primera Instancia de Centro, Tabasco, es inconstitucional, en la medida de que dicha autoridad responsable determinó infundados sus agravios en el recurso de reconsideración planteado, en contra del punto segundo del acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el que ordenó hacer efectiva la medida de apremio consistente en una multa de veinte días con base en la unidad de medida y actualización (UMA) a razón de $89.62 que multiplicados resulta la cantidad de $1,792.40 (un mil setecientos noventa y dos pesos 40/100 moneda nacional). Argumenta que la responsable está violando en su perjuicio los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al manifestar en la resolución recurrida, que pudieron evitar la imposición de la multa combatida acatando la orden judicial decretada, ya que fue una prevención que se les hizo y que estaban advertidos de su aplicación en caso de incumplimiento. Al respecto refiere que sus representados no actuaron con mala fe o en el sentido de desobediencia a la autoridad, toda vez que lo que aconteció, es que fue imposible la obtención de las actas requeridas ante el registro civil en el término requerido, por lo que solicitaron prórroga para su cumplimiento. Señaló que la juez responsable no analizó correctamente la actitud procesal de los quejosos y sin fundamento impuso la multa recurrida, toda vez que se encontraban gestionando las actas de nacimiento motivo del requerimiento, por lo que la juez responsable debió reconsiderar la multa impuesta. Manifiesta además, que la multa impuesta transgrede los principios rectores del debido proceso y violenta los derechos humanos de los quejosos, respecto a su seguridad y certeza jurídica. Así también, aduce la parte quejosa que le causa perjuicio el resolutivo cuarto de la sentencia interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, en la que señala que se modifica el párrafo segundo del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en virtud de que resolvió con imparcialidad (sic), con afán de beneficiar al abogado patrono de la heredera Graciela Gómez Díaz y Consepción Morales Álvarez. De la misma forma, refiere que la juez responsable actúo con dolo y mala fe, pues la aplicación de la multa en nada perjudica a las anteriormente mencionadas, ni a la juzgadora, ya que dieron cumplimiento a la exhibición de las actas, por lo que consideran arbitrario, excesivo, anticonstitucional e infundado el citado resolutivo. En efecto, dichas manifestaciones resultan ser inoperantes, porque los inconformes, por conducto de su abogada patrono no atacan los razonamientos torales por los cuales se emitió la resolución que combate y que, en su criterio, es contraria a la norma fundamental. Es así, ya que en ellas sustancialmente se refiere a las cuestiones relacionadas con la imposibilidad que tuvieron de exhibir en tiempo y forma las actas de nacimiento requeridas por la responsable, por la cual se les impuso la medida de apremio con motivo del incumplimiento a tal requerimiento y que toda vez que fueron exhibidas con posterioridad debía dejarla sin efectos. En efecto, los conceptos de violación deben consistir en razonamientos de carácter lógico-jurídico, tendientes a poner de manifiesto las consideraciones que rigen el acto reclamado, son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica o por lo menos manifestaciones que se desprendan la causa de pedir. Los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida; en consecuencia, la parte quejosa debe expresar con claridad los razonamientos que expongan las violaciones a la norma positiva, por lo que si no señala algún argumento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto a que no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas y deberán calificarse de inoperantes. Así las cosas, de los argumentos vertidos por la parte aquí promovente, se puede apreciar que no combate las consideraciones en que se basó la responsable del conocimiento para emitir la resolución en la forma en que lo hizo, ya que el Órgano responsable, expuso en el acto reclamado las razones por las cuales resultó improcedente el recurso de reclamación intentado, lo que se corroboró con las actuaciones que obran en el expediente de origen e invocó los preceptos legales que estimó aplicables; sin soslayar que se pronunció respecto de cada argumento hecho valer; pues al efecto, en dicha interlocutoria, previa narrativa de los antecedentes del asunto, medularmente se sostuvo: Que el cumplimiento del apercibimiento que se les hizo en el punto segundo del auto de siete de enero de dos mil veintidós, obedece a una prevención especial formulada a los promoventes, que especificaba un mandamiento judicial debidamente fundado y motivado de una acción que debía cumplirse, y se concretó en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que podía en caso de incumplimiento y que les fue notificado personalmente de manera oportuna. Que respecto a lo manifestado por la recurrente que sus patrocinados fueron todos contagiados de covid 19 y que por ello no pudieron dar cumplimiento al requerimiento hecho, bien pudieron hacerlo del conocimiento de esa autoridad en tiempo y forma, ya que tal requerimiento ya se había hecho en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno y que fue por ello, que se les conminó en el punto segundo del acuerdo de siete de enero del presente año, que de no exhibir dichas documentales, serían multados. De igual manera precisó que los promoventes pudieron evitar la imposición de la multa con la que fueron apercibidos, acatando la orden judicial decretada, porque fue una prevención especial donde se especifica el hacer o dejar de hacer algo, que debía cumplirse y que se concreta en una advertencia conminatoria, respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Que el artículo 17 constitucional exige una administración de justicia pronta, completa e imparcial y constituye una facultad otorgada a la autoridad judicial para obtener el cumplimiento de sus determinaciones, y por tanto, la imposición de una medida de apremio se produce como consecuencia de la conducta contumaz del obligado frente a la orden que contiene el apercibimiento de imposición de multa o decreta ésta, con el fin de hacer cumplir el mandato judicial, por lo que cuando se señala una medida de apremio, lo que se subyace es el desacato de una determinación judicial; esto es, la obstaculización a la pronta y efectiva impartición de justicia que hizo necesaria la determinación de tal medio de coerción que se encuentra a disposición de las autoridades judiciales. Que respecto a lo manifestado por el diverso recurrente licenciado Francisco Alejandro Velázquez Calles, respecto a arrojarle la carga a sus patrocinados para realizar el trámite de la entrega del oficio y exhibición de las copias correspondientes, determinó que la garantía de acceso a la impartición de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial y que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Igualmente precisó que la determinación decretada de conminar con la medida sancionadora implica que cualquier situación ordenada por esa autoridad por el incumplimiento de deberes impuestos, debe ser solventada por esa autoridad jurisdiccional realizando las gestiones correspondientes, conforme lo establece el artículo 3º fracción I del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado. De ahí que si la parte quejosa no hizo manifestaciones tendientes a refutar los argumentos de la responsable, es fácil deducir que no atacó los razonamientos torales de la resolución reclamada, esto es, no combatió con argumentos lógico-jurídicos los diversos razonamientos expuestos por la responsable con los cuales se fundamentó en el sentido que lo hizo, por lo que al no haberlo hecho así, resultan inoperantes los concepto de violación en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable en la Página 1138, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Asimismo, la diversa Tesis XVII.1o.C.T.38 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible a foja 2501, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN DIRIGIDO CONTRA LA DESESTIMACIÓN DE UN AGRAVIO. RESULTA INOPERANTE POR INSUFICIENTE SI NO ATACA TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESA DETERMINACIÓN. Si la autoridad responsable se basó en varias consideraciones para desestimar un específico agravio que, por sí solas, cada una por separado sustentan el sentido de esa determinación, y el concepto de violación formulado sobre ese particular sólo controvierte una o algunas de esas consideraciones, sin desvirtuarlas todas, entonces se torna inoperante por insuficiente, pues aun fundado lo aducido no produciría beneficio conceder la protección constitucional por ese solo motivo, ante la subsistencia de la consideración o consideraciones no destruidas que continúan rigiendo esa desestimación." Ello, pues se tratan de manifestaciones realizadas casi de manera literal a las que se formularon en el recurso de reconsideración intentado por los hoy quejosos, por conducto de su abogada patrono, en contra del punto segundo del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en que hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de enero anterior y se ordenó hacer efectiva la multa impuesta (fojas 442 a 446 ibídem). Consecuentemente, si en los conceptos de violación únicamente se reiteraron los argumentos vertidos en el recurso que dio origen al acto reclamado, dichos motivos de inconformidad son inoperantes. Por identidad jurídica, se cita como apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 109/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 77, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." En esas circunstancias, ante la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por la parte promovente, lo procedente es negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, por conducto de su abogada patrono *********, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones establecidas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente 97/2021 y del cuadernillo de amparo 1647/2021-2; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, manéjense ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Ahora, del contenido del informe que se provee se advierte que les reviste el carácter de terceros interesados en el presente asunto a los siguientes: Graciela Gómez Díaz y al menor de identidad reservada de siglas J.C.G.M. por conducto de su progenitora Concepción Morales Álvarez y/o Consepcion Morales Álvarez, con domicilio en: Calle Ayuntamiento número 203 de la Colonia Gil y Sáenz de esta ciudad, con número telefónico 9933857746. Leonardo Antonio Gerónimo Villegas, Tutor en coadyuvancia el menor de identidad reservada J.C.G.M., con domicilio Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el interior del Edificio de los Juzgados Civiles y Familiares. Arturo Gómez Flores, con domicilio ubicado en Calle Aquilés Calderon Marchena número 518, colonia Gaviotas Sur, Villahermosa, Tabasco. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de dichos terceros interesados al presente juicio de amparo, en el domicilio antes mencionado, por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, el auto admisorio, así como el presente auto, y les haga saber que en caso de que lo estimen conveniente se apersonen al presente juicio, a hacer valer sus derechos; así también, le informe que la audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados.
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NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del expediente 97/2021 y del cuadernillo de amparo 1647/2021-2; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, manéjense ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Ahora, del contenido del informe que se provee se advierte que les reviste el carácter de terceros interesados en el presente asunto a los siguientes: Graciela Gómez Díaz y al menor de identidad reservada de siglas J.C.G.M. por conducto de su progenitora Concepción Morales Álvarez y/o Consepcion Morales Álvarez, con domicilio en: Calle Ayuntamiento número 203 de la Colonia Gil y Sáenz de esta ciudad, con número telefónico 9933857746. Leonardo Antonio Gerónimo Villegas, Tutor en coadyuvancia el menor de identidad reservada J.C.G.M., con domicilio Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el interior del Edificio de los Juzgados Civiles y Familiares. Arturo Gómez Flores, con domicilio ubicado en Calle Aquilés Calderon Marchena número 518, colonia Gaviotas Sur, Villahermosa, Tabasco. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento de dichos terceros interesados al presente juicio de amparo, en el domicilio antes mencionado, por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, el auto admisorio, así como el presente auto, y les haga saber que en caso de que lo estimen conveniente se apersonen al presente juicio, a hacer valer sus derechos; así también, le informe que la audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y emplácese a los terceros interesados. ACUERDO mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por escrito de veintiséis de abril del presente año, presentado el veintisiete siguiente en la oficialía de correspondencia común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, se tuvo a Hilda del Rosario García León, anexando cédula de notificación personal de ocho de febrero de dos mil veintiuno, del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, de la que se advierte el carácter de abogada patrono de Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo. En consecuencia, se tiene a Hilda del Rosario García León, en su carácter de abogada patrono de Gustavo Jesús Gómez Díaz, Elvia Gómez Díaz, Daniel Gómez Flores, Samuel Ricardo Gómez González, Alfredo Gómez González y María del Carmen González Jerónimo, personalidad que acredita y se le reconoce en este mismo acto, con la cedula de notificación personal de ocho de febrero de dos mil veintiuno, del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01(99-3) 3-10-50-23, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de las penas en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veintidós. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En cuanto a los terceros interesados que señala la impetrante como terceros interesados, se reserva su emplazamiento hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado, ya que omisa en proporcionar un domicilio para tales efectos. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente de mérito ofreciendo como pruebas en el presente asunto, la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, probanzas que se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza, por no requerir forma especial para su desahogo, sin perjuicio de que se haga nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinales invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la promovente de amparo, y en relación a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado con anterioridad. Notifíquese.
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