Hilario Sánchez Soberano

Expediente 1636/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1636/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Hilario Sánchez Soberano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Hilario Sánchez Soberano; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en el presente expediente documento original consistente en oficio 8091, de siete de diciembre de dos mil veintiuno, con sello de recibido de la autoridad responsable el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, exhibido por la parte quejosa. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger dicho documento original aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverán los documentos a que se alude. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este Juzgado durante la contingencia sanitaria es de lunes a viernes de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1636/2021-10, promovido por Hilario Sánchez Soberano, contra los actos que reclama del Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco y otros, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada al día siguiente hábil en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional, Hilario Sánchez Soberano, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- LA ORDEN DE PAGO, ORDENADA POR LA JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO DEDUCIDA DEL EXPEDIENTE NUMERO 1482/2009, RELATIVO AL JUICIO DE COMPARECENCIA VOLUNTARIA DE PENSION ALIMENTICIA PROMOVIDO POR MARCELA OLIVA GONZALEZ, en contra de HILARlO SANCHEZ SOBERANO, cuya ORDEN FUE GIRADA POR LA JUEZ PRIMERO FAMILIAR CITADA, A LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, EN VIRTUD DE QUE LA PENSION ALIMENTICIA QUE COBRABA LA CIUDADANA MARCELA OLIVA GONZALEZ, QUEDO CANCELADA POR DICHA JUEZ PRIMERO FAMILIAR, A CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE LA ANTES MENCIONADA. POR CONSECUENCIA LA CITADA JUEZ MEDIANTE EL OFICIO NUMERO 8091, DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL 2021, ORDENO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE PAGARME TODAS LAS PENSIONES RETENIDAS DESDE EL FALLECIMIENTO DE MI CITADA ACREEDORA ALIMENTICIA HASTA LA FECHA ORDENADA POR DICHA JUEZ, SIN EMBARGO LA CITADA AUTORIDAD RESPONSABLE SE NIEGA A PAGARME EL DINERO QUE LEGALMENTE ME CORRESPONDE Y QUE LA JUEZ CITADA LE ORDENO QUE DE INMEDIATO ME PAGARAN, Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SU SEÑORIA, MANIFIESTO QUE EL SUSCRITO ACUDI DE MANERA PERSONAL A LAS OFICINAS DEL h. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, PARA EFECTOS DE QUE ME INFORMEN EN RELACIÓN AL PAGO ORDENADO POR LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, Y GRANDE FUE MI SORPRESA AL MANIFESTARME LA ENCARGADA DE CAJA EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO, QUE ELLOS POR EL MOMENTO NO TIENEN FECHA PARA PAGARME, AUN EXISTIENDO UN MANDATO JUDICIAL, YA QUE ELLOS LO HARAN PERO IGNORAN LA FECHA, CABE MENCIONAR A USTED SU SEÑORIA, QUE CON ANTERIORIDAD LA JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, MEDIANTE OFICIO NUMERO 6554 DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, ORDENO LA CANCELACIÓN Y ADEMÁS QUE SE ME PAGARA LA CANTIDAD RETENIDA, Y ES EL CASO QUE LA MISMA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL CITADO AYUNTAMIENTO, ME INFORMO QUE NO ME PAGARAN NADA Y ANTE ESTA CIRCUNSTANCIA ME VI EN LA NECESIDAD A TRAVES DE MI ABOGADA SOLICITAR A LA MULTICITADA JUEZA GIRARA NUEVAMENTE OTRO OFICIO CON APERCIBIMIENTO DE LEY PARA EFECTOS DE QUE SE ME PAGUE, PERO TODO FUE EN VANO YA QUE DICHA INSTITUCIÓN SOLO SE LIMITO A DECIRME QUE NO TENIAN FECHA PARA CUANDO PAGARME, LO CUAL ES INJUSTO, PORQUE DICHA CANTIDAD ES MI DINERO FRUTO DE MI TRABAJO Y SE ME ESTUVO RETENIENDO DESDE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 FECHA EN QUE FALLECIO LA EXTINTA ACREEDORA, POR LO TANTO DICHA INSTITUCIÓN, ME ESTA RETENIENDO EL PAGO ORDENADO LEGALMENTE POR LA JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, CAUSANDOME SEVEROS AGRAVIOS EN MIS DERECHOS PATRIMONIALES. AUTORIDAD RESPONSABLE DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DIRECTOR DE CONTRALORIA DIRECTOR DE FINANZAS SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 1636/2021-10, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. REQUERIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, en términos del artículo 111 fracción II, en relación con el 17 primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, para que dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, manifestará su era su deseo o no ampliar la demanda respecto a la autoridad Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, al ser la autoridad ordenadora dentro del acto reclamado, dentro del juicio de comparecencia voluntaria de pensión alimenticia 1482/2009, de su índice. Apercibido el quejoso, que en caso de no cumplir en el plazo señalado con ese requerimiento, se resolvería el juicio en las condiciones en que actualmente se encontraba. Lo anterior, se notificó a la parte quejosa, por lista de estrados el diez de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que la parte a notificar no se presentó al Juzgado a oír notificación personal dentro de los dos días hábiles siguientes al que se dejó la cita o aviso. Por lo tanto, dicho término transcurrió del catorce de febrero al cuatro de marzo de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa ampliara la demanda de amparo por la autoridad responsable requerida. Por lo que se tiene por no ampliada el juicio de amparo por la autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de cancelar la pensión alimenticia que se le descontaba a Hilario Sánchez Soberano, a favor de la extinta Marcela Oliva González, ordenada mediante oficio 6554 de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, derivado del expediente 1482/2009, relativo al juicio de comparecencia voluntaria de pensión alimenticia promovido por Marcela Oliva González en contra de Hilario Sánchez Soberano; de igual forma, en caso de existir alguna cantidad retenida, desde la fecha de fallecimiento de la acreedora alimentaria, a partir del treinta e julio de dos mil veinte, para ser entregada al deudor alimentario Hilario Sánchez Soberano. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Director de Asuntos Jurídicos, Contraloría Municipal y Director de Finanzas, todos del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, toda vez que al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora toda vez que la Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado si bien lo negó, de su contenido se desprende su existencia. En efecto, la autoridad responsable manifestó que ha realizado los trámites ordenados por el Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, en relación al reintegro de las cantidades a favor de Hilario Sánchez Soberano, retenidas por concepto de pensión alimenticia. Por lo tanto, los actos atribuidos a las autoridades responsables Director de Asuntos Jurídicos, Contraloría Municipal y Director de Finanzas, todos del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, no existen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO respecto el acto que se les atribuye a las autoridades precisadas en este considerando. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO.- CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado la autoridad responsable al rendir su informe justificado, si bien lo negó, lo cierto es que de sus manifestaciones se desprende su existencia, pues de sus manifestaciones se advierte que ha realizado los trámites ordenados por el Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Tabasco, en relación al reintegró de las cantidades a favor de Hilario Sánchez Soberano, retenidas por concepto de pensión alimenticia. Lo que se corrobora, con las documentales consistentes en copias certificadas de los oficios DA/SRH/DP/2167/2021, DF/SUBDE/0712-2/2021, y DF/SUBDE/00062/2022, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, siete de enero de dos mil veintidós, respectivamente; así como treinta y ocho cheques, expedidos a nombre de Hilario Sánchez Soberano. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso, respecto del acto antes precisado se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 1° y 5º, fracción II, del propio ordenamiento, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los numerales transcritos se puede establecer que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama un acto u omisión de un ente que por sus características propias no puede considerarse como autoridad responsable, por encontrarse desprovistos de obligatoriedad y coercitividad, elementos necesarios, para que sus resoluciones (actos u omisiones) puedan trascender a la esfera fundamental del justiciable. Por ello, a fin de establecer si a quienes se les atribuyen los actos, tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio constitucional, debe atenderse a la naturaleza propia del acto que se les reclame; esto es, examinar si la norma legal los faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. En principio, el concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, en esa medida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, emitió la tesis P.XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, página 118, registro 199459 de la Novena Época, cuyo rubro, es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones plasmadas en esa ejecutoria, estimó que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Concluyéndose que las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: I. Que tenga características de órgano público -con la precisión respecto de los particulares que se señalará más adelante-. II. Que las normas Jurídicas le otorguen potestad para actuar; III. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera Jurídica de los gobernados; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Institución que se encuentra plasmada en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, página 1089, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Criterio, que si bien fue establecido con los supuestos de la Ley de Amparo abrogada, continúa en vigor de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que los requisitos establecidos en dicha jurisprudencia fueron retomados en el texto actual del citado artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, con la única diferencia que, en el párrafo segundo de dicha fracción, se incluyó como figura novedosa que los particulares pudieran tener la calidad de autoridad responsable, lo cual se configura siempre y cuando sus actos sean equivalentes a los ya citados y que sus funciones se encuentren establecidas en una norma general. Empero, dado que la litis en el presente asunto versa sobre la naturaleza de actos omitidos por un órgano jurisdiccional en el caso el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, esto es, por autoridades formales, y no por un particular, en el caso no se hará mayor referencia respecto de los particulares que pudieran tener esa calidad. En ese orden de ideas, se establece que las relaciones jurídicas se pueden clasificar, desde el punto en el que se encuentre el justiciable en referencia al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico, en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad. Es importante apuntar, con fines ilustrativos, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales (coercitividad). Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones ahí explicadas, la Tesis: I.15o.A.36 K3 , emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Expuestas las anteriores premisas, se estima que en la especie, lo reclamado por la parte quejosa deriva de un acto de coordinación con el ente que señaló como autoridad responsable. En ese sentido, al analizar el contexto en el cual surge el acto reclamado antes precisado, se llega al convencimiento de que, en el caso, la señalada como autoridad responsable carece de tal carácter, toda vez que no actúa en un plano de supra a subordinación respecto del quejoso, sino más bien, en un plano de coordinación que se da en torno al carácter de auxiliar que tiene con el diverso órgano jurisdiccional que dirige el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia, de esta ciudad, específicamente en el expediente 1482/2009, relativo al Juicio de comparecencia voluntaria de pensión alimenticia promovida por Marcela Oliva González en contra de Hilario Sánchez Soberano, y quien le requirió mediantes oficios 6554 y 8091, de cuatro de octubre y siete de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, respectivamente a la Subdirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco al haber extinguido el proceso relativo al juicio especial de alimentos y como consecuencia solicitó la cancelación la pensión alimenticia definitiva decretada en la cláusula tercera de la sentencia definitiva de fecha treinta de noviembre de dos mil diez, consistente en el veinte por ciento del salario y demás prestaciones que se le descontaba al trabajador Hilario Sánchez Soberano, en favor de la extinta Marcela Oliva de Sánchez, así como en caso de existir alguna cantidad retenida desde la fecha del deceso de la acreedora alimentaria. En el entendido que de no hacerlo haría efectiva las medidas de apremio previstas en el artículo 129 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. De lo expuesto, es claro que la calidad que tiene la autoridad que señala la quejosa como responsable Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Centro, Tabasco, con relación al requerimiento derivado del juicio familiar en el que se emitió el requerimiento cuya omisión se reclama, es la de auxiliar; por ello, lo omitido, de realizarse, no crea, modifica o extingue una situación jurídica en contra de la quejosa. Apoya lo anterior, el precedente judicial con registro 189914, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, Tomo XIII, de abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Tampoco es dable concluir que la autoridad señalada como responsable, al actuar como auxiliar del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, de donde deviene el juicio de pensión alimenticia de origen pueda considerarse como particular que actúa como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que, el acto omisivo que se le atribuye no lo hace con facultades de imperio, es decir, como cuando se dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, en tanto que la respuesta que otorgue, en cumplimiento al requerimiento, no las realiza con algún margen de discrecionalidad, sino que, en todo caso, se limitará a responder en los términos solicitados. En tales condiciones, se concluye que el acto reclamado a la Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco relativo a la omisión de cancelar la pensión alimenticia que se le descontaba a Hilario Sánchez Soberano, a favor de la extinta Marcela Oliva González, ordenada mediante oficio 6554 de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, derivado del expediente 1482/2009, relativo al juicio de comparecencia voluntaria de pensión alimenticia promovido por Marcela Oliva González en contra de Hilario Sánchez Soberano; de igual forma, en caso de existir alguna cantidad retenida, desde la fecha de fallecimiento de la acreedora alimentaria, a partir del treinta se julio de dos mil veinte, para ser entregada al deudor alimentario Hilario Sánchez Soberano, se da en su calidad de auxiliar del órgano jurisdiccional requirente, lo cual implica que no actúan en un plano de supra a subordinación, con base en alguna disposición legal que les dé cierta facultad para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica de la quejosa; tampoco puede considerarse que actúen como un particular con la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que, se insiste, su actuación carece de la particularidad de tener un margen de discrecionalidad en la respuesta que realicen al requerimiento que se les efectúa, pues como fue precisado, en la especie, únicamente se limitarán a cumplir con lo peticionado por el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, sin que ésta le confiera atribuciones para actuar como autoridad del Estado con ese margen de discrecionalidad, es decir, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En cambio, la relación es de coordinación y, en tanto que el acto reclamado tiene como pretensión final que dicha autoridad rinda el informe que le fue requerido, lo que no puede considerarse un acto de autoridad porque se origina dentro de la relación que tiene la citada autoridad como auxiliar del órgano jurisdiccional requirente, al dirigir el proceso de origen. De ahí que, como se anticipó, válidamente puede llegarse a la conclusión de que los reclamos deben ser dilucidados ante el Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia en el Estado de Tabasco, que tramita el expediente en el que se realizó el requerimiento, quien, en su caso, aplique las medidas de apremio establecidas en la propia ley civil a efecto de vencer la contumacia de la que se duele la quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.6o.T.298 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1227, Novena Época, registro digital: 174701, que dice: "INFORME PREVISTO EN EL ARTÍCULO 803 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SI LA AUTORIDAD RESPECTIVA CONDICIONA SU DESAHOGO AL PAGO DE DERECHOS, LA JUNTA DEBE REQUERIRLE QUE LO RINDA, APERCIBIÉNDOLA CON LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE APREMIO." En consecuencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° y 5º, fracción II, y 113, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de cancelar la pensión alimenticia que se le descontaba a Hilario Sánchez Soberano, a favor de la extinta Marcela Oliva González, ordenada mediante oficio 6554 de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, derivado del expediente 1482/2009, relativo al juicio de comparecencia voluntaria de pensión alimenticia promovido por Marcela Oliva González en contra de Hilario Sánchez Soberano; de igual forma, en caso de existir alguna cantidad retenida, desde la fecha de fallecimiento de la acreedora alimentaria, a partir del treinta de julio de dos mil veinte, para ser entregada al deudor alimentario Hilario Sánchez Soberano. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En ese sentido, para que esta Juzgadora conociera del acto reclamado, la parte quejosa, debió señalar como autoridad responsable al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia de esta ciudad; sin embargo, a pesar de haberse otorgado en proveído de tres de febrero de este año, al quejoso el término de quince días para ampliar su demanda de amparo en contra de la mencionada autoridad, no lo hizo, por lo que al no haberlo hecho, resulta imposible analizar su constitucionalidad. "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.- Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 65, 73 a 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Hilario Sánchez Soberano, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; de la certificación de cuenta se desprende que el término de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de tres de febrero del año en curso, para que manifestara si es su deseo ampliar su demanda de amparo, transcurrió del catorce de febrero último al cuatro de marzo actual, sin que haya hecho lo propio. En esa razón, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el precitado auto; esto es, se ordena la continuación del procedimiento en los términos planteados originalmente en su demanda. Notifíquese.

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