Hilda Baltazar Simón
Expediente 901/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Hilda Baltazar Simón
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la determinación adoptada mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso tuviere la firmeza debida; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Hilda Baltazar Simón, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; visto su contenido, se tiene a la quejosa Hilda Baltazar Simón dando cumplimiento a la prevención realizada en acuerdo de veinte de julio de dos mil veintiuno, y precisa los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables.DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que contra los actos que reclama la quejosa de mérito, resulta improcedente el juicio de amparo, por acreditarse en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia que se analizarán a continuación. Al caso encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser 2desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.IMPROCEDENCIA DEL AMPARO RESPECTO DEL ACTO ATRIBUIDO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Para apoyar lo anterior, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XX, que señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otOrgamiento de la suspensión provisional,independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; La disposición legal transcrita establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, el amparo será improcedente.En el caso, se estima que la promovente del amparo no cumplió con dicho principio, por las siguientes razones. La quejosa reclama del Agente del Ministerio Público Orientador, Especializado en Justicia para Adolescentes adscrito al Centro de Atención Temprana del Segundo Turno del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, la omisión, negativa, dilación y parcialidad en la integración de la carpeta de investigación con Número Único de Caso 13- 2019-01351; sin embargo, esos actos son impugnables mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que deben ser combatido a través de ese medio de impugnación.Para la aplicación de las anteriores consideraciones a la materia penal que aquí nos ocupa, es preciso transcribir el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a 4 pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno De la lectura del anterior precepto se desprende que,dentro de los medios de impugnación contemplados por la ley procesal penal, se encuentra el innominado que procede, entre otros casos, contra abstenciones del ministerio público en la etapa de investigación.De ahí que, como los actos reclamados en el presente juicio de amparo se hace consistir en la omisión, negativa, dilación y parcialidad en la integración de la carpeta de investigación con Número Único de Caso 13-2019-01351, se estima procedente el recurso innominado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es a través de dicho medio que la quejosa puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora.En efecto, del análisis del artículo antes descrito se puede establecer que las omisiones en que incurra el representante social en esa etapa del procedimiento, pueden ser corregidas por el juez de control; consecuentemente, y en consideración a los actos que en esta vía se reclaman, resulta incuestionable que procede el recurso antes aludido. Además, el artículo 16 constitucional, en lo relativo a la figura del juez de control, establece: "Artículo 16. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas 5 las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Como puede observarse, dicha base constitucional encomienda a los jueces de control la labor de resolver de manera inmediata, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control constitucional. Asimismo, el deber de garantizar los derechos de los indicados y de las víctimas. Entonces, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales; para el efecto, ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia. En el caso, como se dijo, los actos reclamados consisten en la omisión, negativa, dilación y parcialidad en la integración de la carpeta de investigación con Número Único de Caso 13-2019-01351; sin embargo, previo a instar el juicio de amparo, la promovente debió interponer el recurso innominado previsto en el artículo 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es precisamente ese medio de defensa el que prevé la ley ordinaria; por tanto, es inconcuso que el amparo resulta improcedente. Ello es así, ya que de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora son impugnables en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el juez de control; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto. 6 Además, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, analizó si existe un medio de defensa ordinario para impugnar las omisiones de la autoridad ministerial durante la etapa de investigación, o si debe acudir directamente al juicio de amparo, concluyendo lo siguiente: "93. En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución." De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) consultable en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, registro 2017640, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto,previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Entonces, si el remedio procesal aludido tiene como finalidad revocar o modificar las decisiones u omisiones del ministerio público reclamadas, se considera eficaz para satisfacer el derecho fundamental de seguridad jurídica y los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso, frente a una posible ilegalidad de la actuación del representante social responsable. Además, dicho recurso es idóneo porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258 prevé expresamente su procedencia contra la determinación de no ejercicio de la acción penal.Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2017641, de rubro y texto: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Esados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a 8 derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En conclusión, al contener la ley que rige el acto reclamado un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por la quejosa, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio. IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO ATRIBUIDO AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Por otro lado, respecto del acto que la quejosa reclama del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 9 Municipal de Tizayuca, Hidalgo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el 10 caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos legales antes transcritos se advierte que, por regla general, para la promoción de la demanda de amparo, el término será de quince días, cuyo cómputo deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.En el entendido que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo.De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional.En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los 11 actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, tratándose de núcleos de población ejidal o comunal, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Al tener a la vista el escrito de cuenta, esta juzgadora federal advierte que Hilda Baltazar Simón precisó que el cinco de junio de dos mil diecinueve tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia constitucional del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tizayuca, Hidalgo; narración que la quejosa efectuó bajo protesta de decir verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción V del numeral 108 de la Ley de Amparo.En ese sentido, es evidente que para realizar el cómputo de los quince días a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe atenderse a la regla identificada en el inciso b), pues la promovente en el escrito de cuenta ha manifestado expresamente la fecha en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados; esto es, el cinco de junio de dos mil diecinueve, como ya se explicó en el párrafo que antecede. 12 Por ende, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha en que se presentó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, esto es, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la quejosa ya tenía conocimiento de los actos que reclama; por lo tanto, había transcurrido en exceso el plazo de quince días a que se refiere el numeral invocado, los que se deben contar a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado (es decir, el término de quince días para promover la demanda de amparo transcurrió del seis al veintiséis de junio de dos mil diecinueve, sin incluir en dicho cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de junio del citado año, por haber sido inhábiles). Por lo tanto, como la quejosa formuló su demanda de amparo que dio origen a este expediente 901/2021-VII fuera del término legal, esto es, hasta el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se entiende que consintió tácitamente los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tizayuca, Hidalgo; de ahí que resulte incuestionable la extemporaneidad e improcedencia del ejercicio de la acción constitucional, pues en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de Ley de Amparo. Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." 13 También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar en Materia Común, publicada en la página 353, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 205-216, Séptima Parte, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTARLA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1035, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, Materia Común, cuyos texto y rubro dicen:"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación 14 de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." En consecuencia, quedaron acreditadas de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia estudiadas en los párrafos que preceden; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por Hilda Baltazar Simón.Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 15 Sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.....VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de agosto de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; se tiene al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, devolviendo diligenciado el despacho 606/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Se ordena dar de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno de comunicaciones oficiales enviadas y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)....VII
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de julio de dos mil veintiuno. RECURSO DE REVISIÓN. Visto lo de cuenta, se tiene a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la titular de la Unidad Jurídica, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se acuerda: 1. Distribúyanse entre las partes distintas a la recurrente copias simples del escrito de expresión de agravios; y, 3. Dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se integre debidamente el expediente, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito del Vigésimo Noveno Circuito, acompañando el original y copia del escrito de agravios, para que lo turne al órgano jurisdiccional que deba conocer del recurso. En el entendido de que, deberá reservarse la remisión del diverso recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contra la misma resolución, hasta en tanto el medio de impugnación referido en párrafos precedentes se encuentre debidamente integrado, a fin de que sean turnaos conjuntamente al órgano revisor que corresponda. Finalmente, no ha lugar a ordenar la integración del cuadernillo auxiliar de antecedentes, en virtud de que, en acuerdo de quince de este mes, ya se proveyó al respecto.-. M-V
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