Hilario Antonio Hernández
Expediente 1977/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1977/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Hilario Antonio Hernández
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de enero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de once de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....M-VI
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Pachuca de Soto, Hidalgo; once de enero de dos mil veintitrés. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado de autos se advierte que el promovente del amparo no dio cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia debe entenderse como aquella circunstancia que se advierte de primera mano, claramente y sin mayor raciocinio, por lo que se genera la certeza de que aun superadas las exigencias probatorias en el juicio de amparo, la causa de improcedencia pervive porque no puede ser desvirtuada. Sirve de apoyo, por identidad de sustancia jurídica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro:1 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Los extremos apuntados se actualizan en el caso, 1 Página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. porque se considera que este juicio es improcedente, en tanto que la demanda que motivo la formación del presente expediente carece de firma electrónica del directo quejoso ***, lo que conduce a su desechamiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 5 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se advierte que la demanda presentada en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación fue firmada electrónicamente por *** persona diversa al quejoso. Por lo tanto, no puede considerarse como una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la parte quejosa para que comparezca a ratificar la demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte; asimismo, cabe hacer mención que dicha demanda se promovió por propio derecho. Cabe citar en apoyo de esta determinación la Tesis P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, cuyos rubro y texto que dicen: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Ello es así, en atención a que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta a través de su firma y, en la especie, la demanda carece de firma electrónica, del directo quejoso, requisito indispensable por haber sido presentada en la modalidad de juicio en línea; habida cuenta que es el quejoso, y no otra persona, quien debe colmar tal requisito, por ser inherente al principio de instancia de parte agraviada. Por ende, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercer la acción constitucional en contra de los actos de las autoridades que señala como responsables, por lo que no se cumple con los extremos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que prescribe que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2152, de rubro y texto siguientes: DEMANDA. FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. En efecto, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 5 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal3, si la demanda de 2 Último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 147. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. amparo carece de firma, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Cabe mencionar, que si bien es cierto que la demanda de amparo puede presentarse electrónicamente, como lo prevé el artículo 3 de la ley de la materia, también es verídico que la validez de dicho escrito está condicionada a que se requisite con firma electrónica, propia del quejoso, misma que se expide conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Esto es, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y produce los mismos efectos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias. No obstante, en el caso de la demanda electrónica, la Ley de Amparo prevé un caso de excepción en cuanto a que III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. no cuente con firma electrónica. Esto ocurre cuando el juicio de amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la citada legislación; es decir, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; incorporación forzosa al Ejército o cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, circunstancias que no acontecen en el caso, pues no aduce que dicha imposibilidad se actualice. Fuera de esos casos, la demanda de amparo, ya sea que se presente por escrito o electrónicamente, debe estar firmada por quien la formula, en este último caso mediante la firma electrónica, pues tal formalidad es indispensable, por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, por no plasmarse su firma de su puño o no existir la firma electrónica, reflejada por la evidencia criptográfica, debe considerarse que no se ha promovido legalmente el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que si la demanda no cuenta con firma electrónica, del directo quejoso, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la incoación de la instancia constitucional. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida; de ahí que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada electrónicamente por ***.VI
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. LA PARTE QUEJOSA PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN REALIZADA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, por medio del cual pretende dar cumplimiento a lo requerido en auto de veinte de diciembre del año en curso; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad por lo siguiente: Lo anterior, porque en el referido proveído se requirió a la parte quejosa para que expusiera, entre otros, lo siguiente: Refiera si acude a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en representación de su esposa *** su hijas *** y de su nieta *** y, de ser ese el caso, exhiba el documento con el que demuestra dicha representación. Señale con precisión cuál es el acto que reclama de: 1. La Asamblea General de la localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo; 2. Comisariado Ejidal de la localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo; 3. Delegado de la localidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo; 4. Presidenta Municipal de San Felipe Orizatlán, Hidalgo; 5. Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del San Felipe Orizatlán, Hidalgo; y, 6. Subsecretaría de Gobierno en la Huasteca con sede en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Y, teniendo a la vista el escrito de cuenta, se advierte que el peticionario de amparo: Precisa que comparece en representación de su esposa *** sus hijas *** así como de su nieta *** sin embargo, no exhibe documento con el que acredita tal representación. En efecto, acompañó copia del acta de matrimonio que celebró con *** documental que además de que no fue fotocopia de manera completa, pues no se observan los datos contenidos en su parte derecha, es insuficiente para estimar que el promovente ejerce actos de representación con relación a su cónyuge, sino únicamente que contrajo matrimonio con ella, sin advertirse la fecha de dicho acto. Por lo que hace a la representación que aduce tener con relación a sus hijas *** y de su nieta *** únicamente exhibió copia certificada de sus respectivas actas de nacimiento, de las que se advierte que las primeras dos citadas, son mayores de edad, por haber nacido, respectivamente, el quince de agosto de mil novecientos noventa y seis y, el quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres; lo que evidencia que cuentan con veintiséis y veintinueve años, por tanto, el compareciente ya no ejerce la representación legal derivad del hecho de ser sus hijas. Finalmente, con relación a su nieta *** si bien es menor de edad, pues cuenta con tres meses, al haber nacido el veinte de septiembre de dos mil veintidós; no corresponde al promovente ejercer su representación legal por no ser su progenitor. Por todo lo anterior, se reitera, el promovente no exhibe documento idóneo con el que acredite la representación que ostenta con relación a su esposa *** sus hijas *** y de su nieta ***. Por otra parte, con relación a la precisión de los actos que atribuye a las autoridades que señala como responsables, (con excepción del acto atribuido al Comisariado de su comunidad), su señalamiento continúa siendo ambiguo e impreciso, pues: A la Asamblea General de la localidad de Palma Sola, en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, le atribuye el acto consistente en: aceptar en su reglamento interno que se hiciera justicia por propia mano; sin precisar cuál es el acto u omisión que de manera precisa actualiza la aceptación a que hace referencia. Respecto al acto que atribuye al Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, citó que se trata de: no acudir en reiteradas ocasiones para otorgarle la medida de protección consistente en el apoyo inmediato de las corporaciones policiacas al sentirse amenazado; sin embargo, no precisa las fechas en que ocurrió tal omisión ni las circunstancias, específicas en que aconteció, precisión que resulta necesario realizar a fin de que la autoridad responsable se encuentre en posibilidad de pronunciarse con relación a su existencia. Con relación a los actos que atribuye a la Presidenta Municipal de San Felipe Orizatlán, Hidalgo, citó que consiste en: no darle la atención debida. Al Subsecretario de Gobierno de Huasca con sede en Huejutla de Reyes, Hidalgo, atribuyó: el no promover y vigilar los preceptos constitucionales con relación a los derechos humanos que se le han violentado. Del Delegado de la Comunidad de Palma Sola, San Felipe Orizatlán, Hidalgo, reclama: el no realizar labores de vigilancia y no trabajar en conjunto con las autorirdades. Señalamientos que, se reitera, continúan siendo ambiguos e imprecisos, pues no se refieren a un acto u omisión concreto actualizado en época y lugar determinado. De ahí que no se tiene por cumplida la prevención contenida en el auto de veinte de diciembre de este año; en el entendido de que el promovente aún cuenta con cuatro días para dar cumplimiento a la misma, dado que ésta le fue notificada el veintiuno de diciembre siguiente y, el término se interrumpió con la presentación del escrito de cuenta, que ocurrió el veintiséis de diciembre del año en curso; término que correrá a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Se invoca por ser aplicable, la tesis III.2o.A.38 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1323, con el rubro: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA.VI
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de diciembre de dos mil veintidós. EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 1272/2022-IV-B, del índice de este juzgado federal, a través del cual se notificó al perito *** el proveído de veintinueve de noviembre del año en curso. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Sin que haya lugar a confirmar la recepción de estilo, toda vez que al momento de enviar la comunicación oficial de mérito por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se generó el acuse de recibo correspondiente.IV
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