Hilda Arévalo Galván
Expediente 586/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hilda Arévalo Galván
Actuaciones
- Principal
SE AVOCA A CONOCIMIENTO Intégrese el comunicado suscrito por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual, informa que en nueve de los actuales, dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Hilda Arévalo Galván, que dio origen al juicio del que deriva este cuaderno de antecedentes; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente en el cual se declinó la competencia. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos, dado que en el caso concreto se declinó el conocimiento del asunto a un diverso juzgado de distrito.
- Principal
RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS Intégrese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 563/2020 de su índice y diversas constancias, entre las cuales obra la resolución emitida el diez de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia para conocer de ese juicio y ordenó remitirlo a este juzgado; acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. ANÁLISIS DE COMPETENCIA En ese contexto y por ser los presupuestos procesales de la acción, entre ellos la competencia, una cuestión de orden público que asegura la garantía del debido proceso, se procede a examinar ese tópico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 35, 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, a lo que se provee: En primer término, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Aunado a lo anterior, el artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto - quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora bien, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio del suscrito juzgador, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde llevará a cabo ésta, para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En ese contexto, del análisis de las constancias allegadas por la oficiante, se desprenden varios aspectos importantes, a saber: i. El quince de mayo de dos mil diecinueve, Ángel Lara Morales, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de las acciones de inexistencia y nulidad absoluta demandó a la aquí quejosa Hilda Arévalo Galván diversas prestaciones. Demanda que correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán, misma que fue registrada bajo el número de expediente 475/2019. ii. Mediante auto de seis de agosto de dos mil diecinueve la impetrante de amparo recusó sin expresión de causa al Juez Segundo Civil de Uruapan, por lo que el conocimiento del asunto pasó al Juez Primero de Primera Instancia en Materia civil de Uruapan, Michoacán, quien radicó el expediente bajo el número 775/2019. iii. Seguido el juicio de mérito por sus etapas procesales, el quince de junio de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva, la que fue recurrida en apelación por el actor. iv. El conocimiento del recurso de apelación interpuesto correspondió al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, quien lo registró bajo el número de toca I-191/2020 y, mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, determino dejar sin efectos la sentencia definitiva apelada y en su lugar ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia para efectos de que el a quo integrara debidamente un litisconsorcio pasivo necesario, a fin de que se llame y se emplace a dos personas que intervinieron en los actos jurídicos cuya nulidad se demandó; ordenando dejar subsistente todo lo actuado en juicio, salvo la contestación de la demanda presentada por Hilda Arévalo Galván. Siendo este último el acto reclamado por la quejosa Hilda Arévalo Galván en esta instancia constitucional, el cual atribuye a las autoridades responsables: ? Ordenadora Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, con residencia en Morelia ? Ejecutora Juez Primero de Primera instancia en Materia Civil de Michoacán, con residencia en Uruapan. En ese contexto, se desprende que el acto que se pretende combatir por esta vía, es la resolución dictada en segunda instancia que ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia para que se integrara debidamente un litisconsorcio pasivo necesario, a fin de que se llame y se emplace a dos personas que intervinieron en los actos jurídicos cuya nulidad se demandó. Ahora bien, la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento es de carácter jurisdiccional, al tener por objeto que se repare la violación cometida en el expediente ordinario civil de origen y, si bien este tipo de resoluciones pueden caracterizarse como decisiones jurisdiccionales declarativas de violaciones; empero, éstas presentan como un diverso elemento una orden de hacer dirigida al órgano jurisdiccional de primera instancia, tendente a restaurar la situación procesal declarada contraria a derecho; por ende, no basta la simple emisión de la reposición del procedimiento, sino que es necesario que ésta se materialice, pues no creó, ni modificó o extinguió la relación jurídica o situación existente, sino que conmina u ordena al órgano de primera instancia a un hacer procesal, lo cual presenta un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, pues su efectividad precisa de un conjunto de actos encaminados a que lo ordenado por el tribunal revisor se ejecute jurídica y materialmente. En tales condiciones, si el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado", y como se expuso anteriormente, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen un principio de ejecución, entonces, debe ser del conocimiento del Juez de Distrito más cercano al órgano jurisdiccional de primera instancia, que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectiva, con el fin de lograr la eficacia del proceso de amparo y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada, y por ser acorde a los diversos principios del debido proceso, acceso efectivo y seguridad jurídica. Es aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción PC.VII.C.J/2 K (10ª) de la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Tomo II, página 1667, Registro Digital 2010518, cuyo rubro y texto disponen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se estima que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; ello, en virtud de que el acto que combate la quejosa, habrá de ejecutarse en esa misma localidad, lugar donde reside el primigenio y en la que ejercen jurisdicción los juzgados de Distrito que ahí residen. Remisión de demanda Por tal motivo, este órgano jurisdiccional considera que cuenta con elementos determinantes para declinar la competencia de este asunto a un juzgado legalmente competente en la ciudad de Uruapan, Michoacán; es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como, la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Por tanto, en acatamiento a lo previsto por el numeral 37, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítasele la referida demanda y sus anexos originales, presentados en forma física ante este órgano jurisdiccional, a través de la empresa de mensajería acelerada "Estafeta" a dicho similar, para los efectos legales correspondientes; solicitándose se sirva acusar el recibo correspondiente. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, por no encontrarse en alguno de los supuestos revistos en el artículo 48 de la Ley de Amparo, que remite a lo establecido en el numeral 15 del mismo ordenamiento legal, es decir, por no tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Dado que la promovente señala un domicilio para recibir oír y recibir notificaciones ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, se le notificarán por lista esta determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo JUZGADO 4° DE DISTRITO de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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