Hernestina Guillén Rodríguez

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Hernestina Guillén Rodríguez
  • Héctor Ramírez Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ORDEN DE ARCHIVO Y SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    RATIFICACIÓN FIRMA Intégrese a los autos, el acta de ratificación de firma, de la que se advierte que los quejosos Ernestina Guillén Rodríguez o Ernestina Guillén de Ramírez y Héctor Ramírez Ponce, ratifican el contenido y firmas que calzan el escrito presentado el diez de los cursantes, registrado con el número de control interno 9456; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado el once de los actuales. ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama del Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua Delegación Morelia (CONAGUA): La negativa de conceder la PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SUPERFICIALES, otorgada mediante título de concesión número 08MCH120202/12A0GE01, con vigencia de diez años contados partir del tres de mayo de dos mil uno, fecha en el cual fue emitido el título de concesión en comento, para usar, aprovechar o explotar Aguas Nacionales de una obra hidráulica ubicada en el Municipio de Huiramba, Michoacán, para uso AGRICOLA, por un volumen de 4,500.00 m3. Anuales y recibida en la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, generando el expediente MCH-L-0085-16-02-11. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, establecida en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". Se afirma actualizada la causal de improcedencia invocada, porque la resolución que constituye el acto reclamado es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (dada la naturaleza del acto reclamado), lo anterior, porque el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo [.]". En el caso, a consideración del suscrito, la resolución que se analiza tiene el carácter de definitiva ya que el acto reclamado hecho valer por los quejosos en esta vía constitucional lo es la negativa de conceder la prórroga de la concesión de aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, otorgada mediante título de concesión número 08MCH120202/12A0GE01, con vigencia de diez años contados partir del tres de mayo de dos mil uno, fecha en el cual fue emitido el título de concesión en comento, para usar, aprovechar o explotar aguas nacionales de una obra hidráulica ubicada en el Municipio de Huiramba, Michoacán, para uso agricola, por un volumen de 4,500.00 m3. anuales y recibida en la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, con el expediente MCH-L-0085-16-02-11. De ahí que resulte, se colmen los extremos a que alude el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica en cita. Al respecto, por analogía cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 124/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades del agua, podrán interponer recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo que se trate de recursos contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal; lo que revela que el medio de impugnación contra la imposición de multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, puede interponerse a elección del afectado, o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda, que en la especie es el juicio contencioso administrativo, ya que la interpretación de tal norma debe hacerse partiendo del término "podrá" que implica la posibilidad para el particular de optar por la instancia procedente sin necesidad de agotar previamente el recurso de revisión. De acuerdo con ello, indefectiblemente debe ser admitida y tramitada la vía jurisdiccional intentada por el interesado afectado con una resolución pronunciada por la autoridad mencionada, sin que pueda cuestionarse que debió haberse interpuesto previamente el citado recurso". Además, resulta oportuno mencionar la doctrina establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio contencioso administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que se considera que no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley; criterio que se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a) de rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Máxime que de la lectura de la propia demanda, se advierte que de lo que se duelen los quejosos es de la negativa de conceder la prórroga de la concesión de aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, otorgada mediante título de concesión número 08mch120202/12a0ge01, con vigencia de diez años contados partir del tres de mayo de dos mil uno, fecha en el cual fue emitido el título de concesión en comento, para usar, aprovechar o explotar aguas nacionales de una obra hidráulica ubicada en el municipio de Huiramba, Michoacán, para uso agricola, por un volumen de 4,500.00 m3. Anuales y recibida en la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, generando el expediente MCH-L-0085-16-02-11, no así de la carencia de fundamentación y motivación, por tanto, se advierte que el motivo de disenso planteado devienen en cuestiones de legalidad, las cuales deben ser resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos plasmados en los párrafos que preceden. En mérito de lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa en virtud de ser notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Intégrese al presente juicio el escrito mediante el cual se pretende cumplir con la prevenciones formuladas en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso; sin embargo previo a proveer en cuanto al fondo su contenido, requiérase a Hernestina Guillén Rodríguez o Ernestina Guillén de Ramírez y Héctor Ramírez Ponce (quejosos), para que comparezcan ante este juzgado debidamente identificados con documento oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifiquen el contenido y firmas del ocurso de cuenta, toda vez que éstas son, a simple vista y sin ser perito en la materia, notoriamente distintas de la que se estamparon en la demanda; apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el referido escrito. Al ser necesaria la comparecencia de los promoventes para que puedan manifestar si es su deseo ratificar el contenido y firmad del ocurso de cuenta, debe decirse que, de conformidad con el arti´culo 6, fraccio´n I, del Acuerdo General Plenario 21/2020, cuando el titular requiera la comparecencia física de las partes, sera´ el o´rgano jurisdiccional quien generara la cita respectiva, por lo que, atento a ello, se fijan las diecisiete horas del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, para que los quejosos acudan a este juzgado de distrito, plenamente identificados, a fin de que reconozcan las firmas y ratifiquen el contenido del escrito de cuenta; para tal efecto, se instruye al actuario judicial de la adscripción que, al realizar la notificación del presente proveído, anexe los códigos QR para el acceso respectivo de los quejosos.

  4. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por HERNESTINA GUILLEN RODRÍGUEZ y HÉCTOR RAMÍREZ PONCE, por propio derecho, contra actos y autoridades siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: a).- GERENTE ESTATAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DELEGACIÓN MORELIA (CONAGUA), IV. ACTO RECLAMADO. Lo negativa de conceder la PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SUPERFICIALES, que me fuera otorgado mediante Título de Concesión número 08MCH120202/12A0GE01, con vigencia de 10 diez años contados partir del día jueves 03 tres de mayo de 2001 dos mil uno, fecha en el cual fue emitido el Título de Concesión en comento, para usar, aprovechar o explotar Aguas Nacionales de una obra hidráulica ubicada en el Municipio de HIRAMBA, Estado de Michoacán, para uso AGRICOLA, por un volumen de 4,500.00 m3. Anuales y recibida en la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, generando el expediente MCH-L-0085-16-02-11, aun cuando la resolución de concesión de la prórroga, fue dictada con fecha 12 doce de mayo de 2011 dos mil once, y se vencería dicha vigencia el 3 tres de mayo de 2021 dos mil veintiuno, o bien de acuerdo a la emisión de la resolución se vencería el 12 doce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, aun cuando el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales refiere que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de cincuenta años. Lo anteriormente lo acredito con la copia cotejada ante fedatario público, y copia simple de la certifica de la resolución que en copia simple exhibo, antes referida para que surtan sus efectos legales correspondientes. Pero como tal autoridad solamente nos concedió 10 años, los suscritos con un mes de anticipación a su vencimiento, solicitamos cita en tal comisión esto debido a la pandemia que nos aqueja, y la cita nos fue dada para el día 19 diecinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno, en un horarios de las 11:00 once horas y acudimos, lo que acredito debidamente con la cita que imprimí y que exhibo para que surta sus efectos legales correspondientes, indicándonos los funcionarios que deberíamos solicitarla por escrito, lo que así hicimos el día 20 veinte de mayo de 2021 dos mil veintiuno, ante la Oficialía de partes a las 9:24 nueve horas con veinticuatro minutos, tal y como se acredita con el escrito de solicitud de prórroga de concesión, debidamente sellado que me permito exhibir. Con posterioridad a las referidas solicitudes de prórroga, me dieron contestación con fecha 11 once de mayo de 2021 dos mil veintiuno, en el que me refiere el C. Ingeniero Eliseo Villagrana Villagrana, en su carácter de Director Local de Michoacán, de la Comisión Nacional del Agua, que las solicitudes deberán presentarse al menos seis meses antes de su vencimiento, para después argumentar que la solicitud presentada a fenecido, por lo cual ya ni es posible autorizar la prórroga que solicitamos. Ante tal negativa, que se contradice con los escritos y solicitudes que hemos presentado en tiempo legal, resulta procedente la presente demanda de garantías, con fundamento en lo señalado por la fracción VI del artículo 107 de la Nueva Ley de Amparo". Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número I472/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Consideraciones previas. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a los promoventes para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. Por otro lado, conviene precisar el artículo 114 de la Ley de Amparo. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Por su parte, el diverso 108 de la ley en la materia dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado, expresamente el siguiente: "Lo negativa de conceder la PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES SUPERFICIALES, que me fuera otorgado mediante Título de Concesión número 08MCH120202/12A0GE01, con vigencia de 10 diez años contados partir del día jueves 03 tres de mayo de 2001 dos mil uno, fecha en el cual fue emitido el Título de Concesión en comento, para usar, aprovechar o explotar Aguas Nacionales de una obra hidráulica ubicada en el Municipio de HIRAMBA, Estado de Michoacán, para uso AGRICOLA, por un volumen de 4,500.00 m3. Anuales y recibida en la Dirección Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, generando el expediente MCH-L-0085-16-02-11, aun cuando la resolución de concesión de la prórroga, fue dictada con fecha 12 doce de mayo de 2011 dos mil once, y se vencería dicha vigencia el 3 tres de mayo de 2021 dos mil veintiuno, o bien de acuerdo a la emisión de la resolución se vencería el 12 doce de mayo de 2021 dos mil veintiuno, aun cuando el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales refiere que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de cincuenta años. Lo anteriormente lo acredito con la copia cotejada ante fedatario público, y copia simple de la certifica de la resolución que en copia simple exhibo, antes referida para que surtan sus efectos legales correspondientes. Pero como tal autoridad solamente nos concedió 10 años, los suscritos con un mes de anticipación a su vencimiento, solicitamos cita en tal comisión esto debido a la pandemia que nos aqueja, y la cita nos fue dada para el día 19 diecinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno, en un horarios de las 11:00 once horas y acudimos, lo que acredito debidamente con la cita que imprimí y que exhibo para que surta sus efectos legales correspondientes, indicándonos los funcionarios que deberíamos solicitarla por escrito, lo que así hicimos el día 20 veinte de mayo de 2021 dos mil veintiuno, ante la Oficialía de partes a las 9:24 nueve horas con veinticuatro minutos, tal y como se acredita con el escrito de solicitud de prórroga de concesión, debidamente sellado que me permito exhibir.". Ahora, de la copias que adjunta el quejoso a su escrito inicial de demanda, se advierte que la autoridad responsable mediante oficio B00.915.01.00345, de fecha once de mayo del año en curso, resolvió solicitud de prórroga de concesión de aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, presentada el veinte de abril de dos mil veinte, correspondiente al título de concesión número 08MCH120202/12A0GE01, emitido a nombre de ERNESTINA GUILLEN DE RAMIREZ Y HECTOR RAMIREZ PONCE. Sin embargo, la parte quejosa en el apartado de acto reclamado manifiesta que la solicitud de prórroga de licencia, fue por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, esto es, una fecha posterior a la contestación que se reclama. Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracciones III, y V, y 114, fracción I y IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con las siguientes prevenciones: I. Exprese con claridad, en qué fecha hizo la solicitud de prórroga de licencia a la responsable. II. Si existe otra solicitud de prórroga de licencia, de ser así, cuál fue el acuerdo que recayó a ésta. Apercibimiento. Se hace saber a la parte promovente que el artículo 2611 de la Ley de Amparo, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, o presenten documentos falsos. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se le formula, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En el entendido de que la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, y no por medio de algún autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confiere a este último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 50/2014 (10a.) 2sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Señalamiento de domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Laguna de Parras, número 392, local A, colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo a Jaime Silva Becerra, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

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