Hilaro Trinidad Deheza y Otros.
Expediente 700/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2017
Partes del expediente
- Hilaro Trinidad Deheza y Otros.
- Teódulo Alberto Trinidad Bruno y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a loa autos la comunicación remitida vía electrónica por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, por medio del cual, comunica que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del asunto. Sin que sea obstáculo que dicho oficio haya sido recibido vía electrónica, toda vez que se trata de una comunicación enviada entre órganos del Poder Judicial de la Federación, en la que se realizó la certificación correspondiente. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 1a. XXXII/2001, visible en la página 277, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de esta ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica se encuentra el fax, que es un medio de transmisión de datos que emplea la red telefónica, por el cual se envía un documento que se recibe por el destinatario en copia fotostática, a la cual también ordinariamente se le denomina fax; de ahí que las constancias transmitidas por este medio, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si están certificadas por el secretario de Acuerdos del tribunal judicial al que se transmite el mensaje, sobre la hora y fecha de recepción del fax y la persona del órgano jurisdiccional federal que lo remitió, tienen pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fueron comunicadas dichas constancias, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del fax recibido". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, la comunicación oficial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual acusa recibo del oficio 15776/2017, e informa que los autos fueron turnados para su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez. Ahora bien, solicítese vía fax a dicho juzgado, que de no tener inconveniente alguno, informe si acepto o no la competencia para conocer del presente asunto, que le fue planteada en auto de veintinueve de junio del año en curso. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil Vista la demanda de amparo promovida por ****** contra el acto que reclaman del Juez en Materia Penal del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con sede en esa ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno con el número 700/2017-XV. INCOMPETENCIA Ahora bien, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , este juzgador considera que es legalmente incompetente para conocer de este asunto. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i) Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii) Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii) Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. Luego, precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que conforme a las características y naturaleza de lo aquí reclamado, la hipótesis de competencia es aplicable a la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto impugnado. Lo anterior se considera así, porque en la especie, el acto reclamado se hace consistir en: ". la negativa de la Autoridad responsable en declarar procedente el Incidente de desvanecimiento de datos promovido por los suscritos a efecto de dejar sin efecto el auto de formal prisión que pesa en nuestra contra, por el que se nos tiene privado de nuestra libertad, por cuanto a la fecha se desvanecieron las prueba<s que en su momento presentó la Fiscalía para fundar nuestra detención, resolución interlocutoria que la consideramo9s contraía constancias procesales infundada y no motivada, que amerita su análisis en sede Jurisdiccional Federal." Asimismo, de lo manifestado por los quejosos en su demanda, deriva que actualmente se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. De lo anterior se colige que los quejosos en la actualidad se encuentran en el centro de reclusión con sede en Tonalá, Chiapas y que el proceso se instruye por una autoridad judicial a la que se le atribuye el acto reclamado, quien también tiene su residencia en el municipio antes mencionado, por tanto es que las consecuencias de la sentencia interlocutoria del Incidente de libertad por desvanecimiento de datos, dictado en autos de la causa penal *****, por la autoridad judicial responsable, tiene su ejecución en el municipio de Tonalá, Chiapas. Es así pues, el acto reclamado es considerado un acto con efectos positivos pues afecta la libertad personal de los quejosos, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectuó, perjudicó a su libertad, lo que se producirá invariablemente en el lugar donde se encuentra interno. En esas condiciones, la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. De lo que se sigue que no existe indicio alguno de ejecución del citado acto reclamado, en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional. De ahí que, como el acto reclamado por la parte quejosa es de una jurisdicción diferente a la de este resolutor; se estima que es competente el Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para conocer de la demanda de amparo, ya que es dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción tal órgano de control constitucional donde tendrá ejecución el acto reclamado. Pues, como ya se dijo, si en el caso los promoventes se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas y la resolución combatida fue dictada por una autoridad jurisdiccional con sede en aquélla localidad, deviene incontrovertible que los efectos de los actos combatidos en cita, tendrán lugar en el sitio aludido en último término, ya sea por ser el lugar en que se instruye la causa o por ser aquél en que tendría ejecución el acto por encontrarse recluido el promovente; y, por tanto, se considera que en aquellos juzgados federales radica la competencia por razón de territorio. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para resolver de este asunto, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado se ejecutará. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en esta ciudad, y autorizando en términos restringidos con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese por lista de estrados a la parte quejosa.
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